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Categoría: Opinión

La Asociación Desconocida

La Asociación Desconocida

Pasadas algunas semanas tras la celebración de nuestro último Congreso en Santander, creemos oportuno traer aquí una reflexión sobre la auténtica dimensión de las decisiones que allí se adoptaron. Lo hacemos porque consideramos que esas decisiones han introducido ya un cambio profundo en la estructura y funcionamiento de nuestra Asociación y lo han hecho en un grado tan intenso que, necesariamente, ha de influir en su misma esencia. Queremos entonces hablar sobre lo que hemos dejado de ser y sobre lo que ahora somos. Y no solo lo hacemos por coherencia con la posición que sostuvimos ante la propuesta de reforma estatutaria, cuando advertimos sobre los riesgos que comportaba. Sino también porque esa reforma y los motivos que la sostienen no fueron lo suficientemente explicados, del mismo modo que ahora se ha querido trasladar a los asociados una visión sobre su impacto en la fisionomía de la asociación que soslaya su verdadero significado.

Nuestra asociación estaba basada en tres pilares fundamentales. Hasta ahora, primer pilar, el Congreso era nuestro principal órgano de participación, al que acudían compromisarios distribuidos por secciones territoriales según su número de asociados para, de forma deliberativa, adoptar las decisiones fundamentales que afectaban al futuro de la asociación. Como segundo pilar se daba la fórmula de democracia representativa: las decisiones se adoptaban en el Congreso por la mayoría de compromisarios, que a su vez representaban a la mayoría de asociados. Del mismo modo y en tercer lugar, nuestra asociación garantizaba un adecuado equilibrio entre todos los territorios, procurando celosamente la participación de las secciones territoriales dotadas de un número menor de jueces.

El Congreso y, por añadidura, el resto de la estructura orgánica de la asociación, nos asimilaba con el funcionamiento de las organizaciones profesionales y políticas más eficientes y sólidas de España. Hasta ahora, la asociación ha encontrado en los órganos de los que estaba dotada el cauce idóneo para abundar en el desarrollo de sus fines. La democracia representativa, como vía de participación de todos los asociados, ha garantizado que las decisiones sean fruto de un intercambio de todos ellos para, desde la reflexión compartida, dotar a la asociación de acciones con auténtica trascendencia jurídica y penetración política y social. En definitiva, por los dos primeros pilares hemos sido, dicho sin afectación, la primera asociación judicial de este país y la más influyente a la hora de conformar corrientes de opinión sobre las cuestiones que nos afectan. Por último, nuestra singular organización territorial, sin parangón en cuanto al resto de asociaciones judiciales se refiere, ha permitido, en el contexto español de administración judicial descentralizada, atribuir la misma relevancia a las exigencias y necesidades en materia de justicia de todos los territorios autonómicos. Esta era la asociación que conocíamos, comprometida con sus decisiones, adoptadas de forma responsable con sus consecuencias y solidaria para con las necesidades de todos.

Por el contrario, la reforma adoptada, según nos parece conveniente explicar, incurre en dos graves riesgos. El primero es la creación de una Presidencia sin contrapesos eficientes. Un Presidente legitimado por un sistema de elección directa que es solo aparente y que lo convertirá en una figura omnipotente, sin auténticos límites en el ejercicio de sus funciones. El segundo riesgo es, precisamente, la introducción de mecanismos de participación y transparencia en la toma de decisiones que no son tales, puesto que en su diseño final puede hacerse una aplicación de ellos que los vacíe de contenido. Comenzaremos por este segundo riesgo que, según entendemos, da la auténtica dimensión del primero.

La reforma más impactante de las introducidas es el establecimiento de un sistema de sufragio universal y directo para la elección de la Presidencia. De nuevo pueden advertirse dos grupos de efectos perjudiciales vinculados a la reforma. Por una parte, si el sistema de sufragio universal y directo es desde luego democrático, en nuestro caso está llamado a menoscabar nuestro sistema orgánico. Cuesta imaginar cuál será, desde ahora y en adelante, el sentido de conservar en su integridad los órganos de gobierno de los que hasta ahora estábamos dotados, puesto que su principal valor ha sido el de ser transmisores de la voluntad de los asociados de cada territorio, dando primero oportunidad a la reflexión y a la toma de decisiones de manera colegiada. Pero, por otra parte y como efecto perjudicial más grave, porque no se ha establecido un verdadero sistema de voto personal, porque no se ha regulado siquiera de forma ligera cómo deberá desarrollarse el proceso electoral y de qué manera podrán los asociados, como sus destinatarios, participar en él y de él, no haremos sino reproducir los vicios que son apreciables en otros procesos electorales que ya conocemos sobradamente. Es el caso de las elecciones a la Sala de Gobierno de los respectivos TSJ, donde las bonanzas que se nos dicen de este sistema de participación se diluyen hasta el punto en que, reconocidamente, todo el proceso de toma de decisiones y de emisión de opiniones se limita a la delegación del voto en otro compañero. El proceso electoral en estos casos se resume a la sola captación de esas delegaciones. Así, no se garantiza la puesta a disposición de los asociados de la información suficiente para que estos conformen un juicio crítico. No se permite que estos asociados contrasten su parecer con el de otros compañeros, para enriquecerse y cooperar profesionalmente, como fin primero de la asociación. Pero también introducirá grandes limitaciones para que un asociado pueda recabar la confianza del resto de compañeros de otras secciones territoriales, especialmente para aquellos jueces que desempeñen su labor en territorios más pequeños.

A su vez, sesgo presidencialista, la segunda de las grandes reformas introducidas, que es la de la posibilidad de realizar consultas entre los asociados bajo la apariencia de fomentar su participación y dotar de mayor trasparencia los procesos de toma de decisiones, es igualmente contraproducente. En primer lugar, porque permite un sistema para que el Presidente o las Secciones Territoriales mayoritarias puedan alterar la capacidad de la Comisión Permanente para limitar las decisiones presidenciales o conservar los equilibrios territoriales de la asociación. En segundo lugar, porque la participación en una consulta de este tipo, para las que por cierto tampoco está delimitada materia o procedimiento con la profundidad exigible, se convierte antes en un acto de adhesión que no fomenta ni la asunción de responsabilidades, ni la discusión colaborativa entre los asociados, ni la necesaria dimensión institucional de la asociación en la toma de posición ante el asunto de que se trate. Porque, en tercer lugar y en relación con este último apunte, pese a que se insiste en el carácter no vinculante de esas consultas, muy difícilmente podrán ser obviadas, lo que nos acerca, entendemos que de forma indeseable, a colectivos y grupos en los que la toma de decisiones, la acción de gobierno, es de naturaleza asamblearia.

Para nuestra asociación, nosotros queremos dirigentes responsables, que no se excusen en la opinión de quienes no pueden disponer la información necesaria para encontrar la mejor respuesta para nuestro colectivo ante los desafíos que, necesariamente, están por llegar. Para nuestra asociación, nosotros ambicionamos un sistema de participación que fomente la asunción de responsabilidades personales en la formación de corrientes de opinión y toma de decisiones. Para nuestra asociación, nosotros deseamos conservar su identidad, ser el reflejo de lo mejor que hasta ahora hemos sido. Porque queremos también asumir la obligación de transmitir a los jueces de las generaciones futuras la misma organización que recibimos de nuestros antecesores.

Y porque el único daño a la participación de los asociados y a la transparencia en la toma de decisiones proviene de la instrumentalización y abuso del prestigio e influencia de la asociación para la satisfacción de meros intereses personales en materia de nombramientos judiciales, lo que durante los últimos años ha producido el efecto refractario de alejar de la vida asociativa a muchos jueces y desincentivar la incorporación de otros, consideramos que el auténtico desafío -y la exigencia y anhelo de todos- será, en su caso, la reforma de nuestros estatutos para la introducción de mecanismos que impidan cualquier parasitación de la posición asociativa. En este sentido, soportamos con gran frustración la discusión que durante la celebración de nuestro Congreso mereció esta propuesta de reforma estatutaria, en contraste con la escasa atención que se prestó al ya inmediato proceso de renovación del CGPJ.

Por todo ello, consideramos que esta reforma estatutaria, que no ha sido debidamente explicada, es perjudicial para los intereses de la asociación. La desfigura hasta el punto de hacérnosla desconocida, nos mimetiza con tendencias a las que siempre nos hemos opuesto y nos aleja de la defensa de los intereses de la mayoría de los asociados.

En torno a la seguridad juridica

En torno a la seguridad juridica

reichstag-1741126_1920Entre los grandes avances de la humanidad resulta incuestionable que se encuentra la organización de la vida social bajo la fórmula del Estado de Derecho. Lo que en su día supuso una auténtica revolución es hoy en día afortunadamente –bien es cierto que con algunas excepciones- materia de estudio en los tratados de historia.

Todos los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos a la ley y al Derecho; a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico dicen los artículos 9 y 103 de la Constitución. Las reflexiones que plantea la creciente demanda de “seguridad jurídica” en nuestra sociedad parecen enfrentarse, aunque sea de modo indirecto, a esta máxima de imperio de la ley. Seguridad y orden jurídico parecen conceptos que debieran resultar tan sólo expresión de un marco integral precisamente derivado de esa función de la norma como garantía del pleno ejercicio de los derechos y protección de los intereses legítimos de las personas. Las divergencias que encontramos en esa materialización de la seguridad jurídica son objeto de preocupación notable en el ámbito de la comunidad jurídica.

De forma incuestionablemente sintética pretendemos aproximarnos a esta preocupación compartida a lo largo de las siguientes consideraciones.

1.- En palabras de Hans KELSEN, la primera función del poder ejecutivo es la ejecución de las leyes.

2.- La función en una democracia del Parlamento sabemos que es su elaboración.

3.- Objeto de la jurisdicción es, mucho más allá de lo que defendía MONTESQUIEU, la interpretación y aplicación del Derecho protegiendo los legítimos derechos e intereses de los ciudadanos a través de la tutela efectiva. Es más: en palabras de ENTERRÍA, “No hay Derecho sin Juez”.[1]

En este entramado de funciones cierto es que algunas se han ido desdibujando más o menos. Las leyes que aprueba el Parlamento se nutren fundamentalmente de la iniciativa legislativa del Gobierno, y a su vez éste, mediante la potestad reglamentaria impulsa un interminable número de normas cuya trascendencia resulta esencial y cuya disparidad cambiante ha sido numerosas veces denunciada. Es en medio de este escenario donde tenemos que enarbolar la defensa de la seguridad jurídica, garantizada expresamente en el artículo 9 de nuestro texto constitucional.

Ahora bien: tan perseguido objetivo –todo un clásico en las sucesivas propuestas de mejora del sistema judicial- ofrece un amplio marco de actuación. Tal vez sea necesario, si no queremos morir en el intento, acotar con carácter previo el propio concepto de seguridad jurídica. No se trata de un concepto unívoco, y se ve relacionado en nuestra opinión con dos objetivos esenciales del orden jurídico: la estabilidad y las garantías apriorísticas.

Por citar la última proclamación normativa de tan necesaria mejora podemos referirnos al encabezamiento del Preámbulo de la L.O. 1/2015, de reforma del Código Penal. Podemos leer en dicho texto que: “La necesidad de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia hace preciso poner a su disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles que, además, sean percibidas en la sociedad como justas…”. El legislador incide en esta afirmación en la vertiente de la previsibilidad de la decisión judicial como esencia de la seguridad jurídica, y hemos de aceptar que se trata de un enfoque acertado. Pero aún así –con independencia de que el texto legal en el que se incluye esta afirmación no cuenta entre sus objetivos prioritarios con la seguridad jurídica- el anhelo confesado debe conducirnos a otros ámbitos más ambiciosos que el puramente normativo.

Desde qué resortes? Varios. Entendemos que entre ellos cabe destacar:

1.- El judicial.- La integración de las lagunas legales, la aclaración de los conceptos jurídicos, la interpretación del alcance de una conducta, su distinción con las que pueden resultar próximas, la evaluación de la voluntad a través de la prueba… la aplicación judicial del Derecho es tan amplia en sus puntualizaciones como la disparidad normativa a la que tiene que enfrentarse continuamente.

Por otra parte, la pluralidad de órganos que conforman nuestra planta judicial facilita el que en no pocas ocasiones se produzcan resoluciones basadas en criterios dispares y sostenidos que constituyen una verdadera quiebra de la seguridad jurídica.

La solución no está por alumbrarse. Hace tiempo que asistimos al debate en torno a la verdadera función del Tribunal Supremo, y al que se aproxima a la redefinición de la Jurisprudencia en el sistema español de las fuentes del Derecho[2].

La orientación abordada ya hace tiempo en el orden jurisdiccional social en torno a la unificación de doctrina, y las reformas acometidas en el orden penal a propósito del recurso de casación penal en la Ley 41/2015, de 5 de octubre entendemos que se orientan en la dirección correcta. Pero quiebra un presupuesto de base: Un Tribunal Supremo que dicta miles de resoluciones cada año se aleja bastante del modelo de unificación y elaboración doctrinal que debería corresponderle. Ha pasado en alguna medida de tener que cumplir su función de “faro interpretativo” doctrinal a dar respuesta a un excesivo número de recursos que lo conciben como una última instancia, y ello pese al carácter técnicamente extraordinario del recurso de casación. Por ello entendemos que hace falta un paso más decidido: el fortalecimiento en la medida que resulte necesaria de la facultad discrecional (por puro interés casacional) del Alto Tribunal en la selección de aquellos asuntos que, por su índole o grado de controversia, precisen de una respuesta más ágil que la que hoy en día puede ofrecer. Sólo así podremos asistir a la paulatina conversión del Tribunal Supremo en una auténtica y más eficaz fuente doctrinal.

2.- El político.- Ampliando las miras de lo que concierne a la seguridad jurídica, no resulta desproporcionado exigir al Poder Legislativo una dosis mayor de prudencia que la demostrada en los últimos años a la hora de impulsar o reformar las leyes. Las entradas de artículos de opinión que podemos encontrar en la red a propósito de lo que ha llegado a denominarse una auténtica “diarrea legislativa” son muy numerosas.

Varias circunstancias influyen en este fenómeno, y de diverso calado: desde la simple ocurrencia de impronta política hasta la realidad de diecisiete Parlamentos Autonómicos con unas competencias amplísimas.

El fenómeno es complejo y su solución no es fácil. Tan sólo dejamos reseña de algunos apuntes para la reflexión:

– La conveniencia de trabar verdaderos pactos de Estado en torno a las cuestiones esenciales.

– La redefinición de materias de competencia legislativa de las Comunidades Autónomas.

– Una mayor agilidad en la trasposición del Derecho Comunitario.

 3.- Particular referencia entendemos que merece el ámbito gubernativo Judicial. Es difícil entender la singularidad de su casi permanente vocación cambiante. Mucho más difícil es despojar a la ciudadanía de la percepción de que es un campo de batalla (más) de los intereses políticos. Lo peor es que el contagio de esta percepción alcanza –injustamente- a la jurisdicción. Nos atrevemos a decir que resulta imperdonable.

Ninguno de los órganos de naturaleza constitucional ha sido objeto en nuestro período democrático –ni de lejos- de tantas reformas estructurales como el Consejo General del Poder Judicial desde su constitución.

  1. a) La Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, regulaba el C.G.P.J. En su artículo 12 determinaba el sistema de elección de sus miembros que la APM defendió siempre (en solitario) que era el que se acomodaba sin atisbo de duda al espíritu constitucional.
  2. b) La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, en un giro copernicano en la materia, establece el sistema de elección parlamentaria exclusivo para todos los miembros del Consejo.
  3. c) La Ley Orgánica 2/2001, de 28 de junio, introduce un sistema matizado, que contempla la celebración de elecciones o el acopio de avales para formar una lista de candidatos que se remite al Congreso de los Diputados y al Senado con el fin de que entre los candidatos de las listas se produzca la elección.
  4. d) La Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, que añade el nuevo Libro VIII a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y si bien no modifica el sistema de elección de sus miembros, lleva a cabo una tan profunda reforma de la concepción y funcionamiento interno del Consejo que debe incorporarse dicha norma a los anales de lo que es ya una sucesión encadenada de tensiones que no hacen más que fomentar el desprestigio de un órgano constitucional cuya inserción en nuestro sistema jurídico llevaba a concebir una expectativas diametralmente contrarias a las que la práctica parece empeñada en presentarnos como logro.

Por qué tanto interés en legislar sobre el órgano encargado de velar por la independencia judicial? Desde luego no es en aras… de la seguridad jurídica.

[1] GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: Democracia, Jueces y control de la Administración, Civitas, Madrid, 1995. Pág. 120.

[2] La última ocasión en la que se puso de manifiesto con intensidad esta faceta del debate aludido fue la discusión del Anteproyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que habría de desembocar en la Ley Orgánica 4/2013. La previsión en el texto inicial del anteproyecto sobre el valor vinculante de la Jurisprudencia decayó antes del trámite parlamentario, al entenderse que colisionaba con nuestro sistema de fuentes.

¡VARSOVIA, tan lejos, pero tan cerca!

¡VARSOVIA, tan lejos, pero tan cerca!

TC polaco

Hace unos días, en la página web del Consejo General del Poder Judicial [i] apareció publicada la “Declaración de Varsovia, 1-3 de junio del 2016: Sobre el futuro de la Justicia Europea”.

Lo que más me llamó la atención era el seguimiento [ii]de la evolución en Turquía y Polonia para garantizar que los principios básicos subyacentes a la independencia del Poder Judicial sean respetados”. Y me pregunté: ¿Qué pasa en Polonia y Turquía que merezca un seguimiento?

Respecto de Turquía, en la declaración se mostraba la preocupación de los redactores por la situación de los jueces turcos, y se proponían medidas urgentes, pero, en el caso de Polonia la declaración era mucho más ambigua: “En lo que respecta a la situación en Polonia, la RECJ destaca la importancia de que el Poder Ejecutivo respete la independencia del Poder Judicial, y de que sólo lleve a cabo reformas del sistema de justicia tras una consulta significativa con el Consejo de Justicia y los propios jueces

Que eso se diga en Varsovia, que sigue siendo la capital de Polonia, evidencia que lo que ocurre en Polonia “no queda en Polonia”, sino que trasciende a los demás miembros de la Unión. Voy a tratar de explicar el porqué.

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Sobre la espinosa cuestión de recibir a las partes en privado

Sobre la espinosa cuestión de recibir a las partes en privado

30888Las apelaciones a la cercanía del poder judicial, hacia el trato ciudadano o el deber de recibir sus quejas, han hecho proliferar solicitudes de audiencia o entrevistas de las partes pendiente el litigio o el recurso, sea o no acompañadas de su letrado. Pero , preguntamos ¿debe el Juez recibir o escuchar a una parte sin estar presente la otra? Y si la respuesta es negativa ¿Resulta conveniente tal audiencia a las partes al margen de la establecida procesalmente?

Hace poco tiempo leía un artículo de un abogado sobre esta cuestión, lo que me obligó a reflexionar sobre cuán implantada estaba esta práctica. El proceso, en limpia igualdad de armas, proscribe toda ventaja que se conceda a otra parte al margen de la ley. Toda audiencia a una parte ajena a la otra puede percibirse como un indicador de corrupción. De hecho, es una de las constantes en las que se asientan los indicadores en Países con sospecha de corrupción judicial.

Los Tribunales Españoles no son ajenos a esta práctica, pero lejos del denostado indicador de corrupción, en realidad, la motivación se asienta en la popularidad del argumento que presenta a un Juez cercano y amable con los Justiciables. Un modelo de Juez que recibe a las partes. Y si bien, como todas las ideas que parecen asentarse en la comunicabilidad, suenan bien, debemos valorar con ahínco las consecuencias de tal afirmación, para delimitar en qué supuestos sería ético admitir dicha Audiencia y en qué supuestos no la debemos admitir.

La lógica, en mi opinión, impone que mientras esté pendiente el litigio el Juez no debe atender en privado las razones de una de las partes, excluyendo de participación a la otra. Nuestras leyes procesales ya regulan un sistema de derechos y cargas, con alegaciones de las partes y con su preclusión. En la pureza de dicho sistema está la garantía de un adecuado derecho de defensa.

Pudiéramos admitir que el Juez pudiera recibir a la parte para otras cuestiones de mero trámite, gestión de asuntos o quejas del trato de funcionarios o relacionadas con la actividad procesal, aunque dicha afirmación se ve en la actualidad muy matizada dadas las amplias funciones de los Letrados de la Administración de Justicia en la gestión procesal de dichos trámites. Pero en todo caso todo recibimiento a las partes sub iudice ha de plantearse con cautela.

Finalmente y como colofón, existen cada vez más voces que abogan por la petición de una reglamentación de tales audiencias, de forma que solicitada en determinados supuestos se convocara igualmente a la otra parte. Temo que tales peticiones de reglamentación generen un miniproceso dentro del proceso, que solo iba a agravar la carga que pesa ya sobre los Jueces españoles, salvo supuestos muy puntuales o problemas a dirimir en la vista que pudieran tener dicho cauce al estilo anglosajón.

En definitiva, el Juez no puede ser siempre condescendiente, ya que tutela con imparcialidad y sometimiento a la legalidad los intereses de todos los implicados, no pudiendo favorecer a uno sobre el otro. Debe, pues, ponderar las ocasiones en las que pueda o no pueda dar audiencia y proscribir aquellas reuniones con una de las partes que pretendan argumentarle la bondad de su posición. Pues aunque todos sabemos que las mismas no amenazan la imparcialidad del Juzgador, ya que las escucha con paciencia pero con independencia, lo cierto es que la función judicial ha de presentarse como transparente y ajena a toda sospecha de favorecimiento a una u a otra de las partes implicadas.

 

El Juez y el domingo. Una extraña pareja, resignación, apunte de la realidad

El Juez y el domingo. Una extraña pareja, resignación, apunte de la realidad

Domingo. O festivo, igual da. Hoy madrugo algo menos, sí que se nota. Este fin de semana también nos hemos quedado en casa. Mejor, así tengo algo más de tiempo para sacar la sentencia que me trae loco. Dos semanas llevo con ella, pero en el despacho no hay manera de avanzar, las interrupciones, los compañeros que te saludan, me distraigo más fácil. En casa es distinto, me pongo un té a mi gusto, enciendo el ordenador, esparzo por la mesa el pleito y sus tentáculos, mis notas. Tan ricamente.

Sí, miro por la ventana y veo gente que no está trabajando, algunos tienen cara de ir a misa, otros vienen de caminar por el parque. Da igual, yo soy capaz de resistir la tentación, que ser juez tiene mucho de vocacional, siempre me lo dijeron, y aunque yo en el café con los compañeros lo niego (“y dale con la vocación, esto es un oficio como otros, …”), en mi interior lo llevo grabado a fuego. Aún se observa a algunos que empalman las copas de la noche con los churros de la mañanita temprana. Se me está torciendo ya el gesto, lo noto. Bueno, al lío, voy a poner primero estas medidas cautelares, que miro la torre de papel sobre la mesa, esa que me persigue desde hace días y me entran sudores fríos. Luego seguiré con el pulpo.

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Presentación

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forest-868715_1920Bienvenidos al Blog “En_Justicia” que administra la Asociación Profesional de la Magistratura.

Para quienes llegan hasta esta página sin conocer nada de nosotros, indicar simplemente que somos una asociación judicial integrada por jueces españoles, mayoritaria en nuestro país, cuya principal finalidad es la defensa de la independencia judicial, removiendo los obstáculos y fomentando las condiciones para que esta se haga realidad en el ámbito profesional. Promovemos un modelo de juez independiente, técnico, profesional, sometido exclusivamente al amparo de la ley.

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