La digitalización de la justicia

La digitalización de la justicia

binary-1396296_1920El 1 de enero de 2016 dio comienzo un proyecto de digitalización de la Administración de Justicia que pretende modernizarla, hacerla más eficaz y evitar el uso del papel. Sin embargo, el proceso se ha revelado más complicado de lo previsto y su culminación es todavía un deseo por cumplir.

La situación de la Justicia.

España es uno de los países europeos que, junto a Grecia, Letonia, Malta, Bulgaria o Rumanía, está en materia de Justicia a la cola en gasto público por habitante. Tradicionalmente, la Administración de Justicia ha sido objeto de escasa atención por los responsables políticos. La situación de muchos Juzgados y Tribunales es claramente deficiente. La carga de trabajo para un gran número de jueces, duramente soportable. Pasan las décadas pero las inversiones en medios humanos o materiales y las reformas necesarias han sido insuficientes, ineficaces o simplemente inexistentes.

El proyecto de digitalización desplegado por el Gobierno es ambicioso. Pretende una Justicia de calidad, ágil y eficiente, adaptada al siglo XXI. No obstante, los primeros meses de su implantación han demostrado que los deseos chocan con la realidad y que los objetivos no son tan fáciles de alcanzar.

LexNet

El primer paso en la digitalización de la Justicia ha tratado de conseguir la notificación electrónica y la presentación telemática de escritos.

LexNet es el sistema de comunicación telemática que se utiliza en casi todo el territorio nacional. Navarra, el País Vasco y Cantabria, sin embargo, han decidido crear instrumentos propios y diferenciados. Cataluña y la Comunidad Valenciana acuden a LexNet sólo como vehículo de notificación.

Su desarrollo presenta todavía limitaciones evidentes. La capacidad de transmisión de documentos es reducida. No se ha alcanzado un acceso generalizado. Otros no están obligados a su uso hasta el 1 de enero de 2017, como sucede con el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y los servicios sanitarios.

A ello se une la integración con los sistemas de gestión procesal y su diversidad e incompatibilidad, inconvenientes añadidos que dificultan una solución tecnológica global y efectiva.

Críticas desde todos los frentes.

Desde el inicio del proceso las críticas sobre LexNet han surgido sin cesar desde todos los sectores implicados: abogados, procuradores, sindicatos de funcionarios o asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia. Todos coinciden al hablar de precipitación, falta de medios materiales, descoordinación, ausencia de formación, caídas reiteradas del sistema, escasa capacidad e irregular desarrollo.

En el mes de marzo de 2016 las críticas arreciaron cuando se conoció por la prensa un informe de evaluación de la Fiscalía General del Estado, en donde se vertía una duro juicio a la implantación de LexNet. En él se ponían de manifiesto todas sus carencias y se mostraban serias dudas sobre la necesaria aplicación al orden jurisdiccional penal, por la ineficiencia, inseguridad e incremento de la carga de trabajo.

Sin embargo, a finales de abril el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, compareció ante la prensa y defendió la buena marcha de la implantación de las nuevas tecnologías, pese a lo que denominó “lógicas incidencias”. Afirmó que se habían realizado más de 18 millones de comunicaciones telemáticas entre los profesionales y la Administración de Justicia y que se habían presentado más de medio millón de demandas por vía electrónica en los cuatro primeros meses del año.

Con todo, las críticas no han pasado desapercibidas. Para estabilizar el sistema se ha lanzado un Plan para la mejora de LexNet, con diversas medidas: mejoras en la infraestructura de los servidores, nuevo soporte a profesionales, posibilidad de guardar borradores, presentación de escritos de personación, aumento de la capacidad a 15Mb o sincronización de los censos de abogados, procuradores y graduados sociales, entre otras.

El expediente electrónico.

La realización de notificaciones y la presentación telemática de escritos es la primera fase del proceso de digitalización de la Justicia. El verdadero reto para completar la tarea es el que se refiere al expediente electrónico o digital.

Dentro del territorio del Ministerio de Justicia se ha ido desplegando la solución tecnológica denominada Justicia Digital en los partidos judiciales de Cuenca, Cáceres y Burgos. Igualmente, los Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo y las Salas de lo contencioso-administrativo y de lo Social de la Audiencia Nacional funcionan ya con ella. En el mes de mayo se prevé la implantación en lugares como Ibiza, Palencia, Segovia, Ciudad Real y Salamanca.

El Ministro de Justicia ha prometido que el expediente digital se encontrará operativo en los principales partidos judiciales sobre los que ejerce competencias para el 7 de julio de 2016. En esta fecha vence el plazo establecido en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, para que en toda España la tramitación procesal sea completamente electrónica.

La consecución de este objetivo en la fecha prevista y en todo el territorio nacional se antoja muy complicada. Cada Comunidad Autónoma va a su ritmo. Esto hace muy difícil predecir cuándo podrán implantarlo. De hecho, algunas como la valenciana ni siquiera han iniciado la presentación telemática de escritos, con lo que todo el proceso está muy atrasado. La particular distribución de competencias en materia de Justicia revela aquí sus disfunciones y muestra la dificultad de lograr los mismos objetivos a nivel nacional. La inversión y la implicación de los distintos Gobiernos son distintas. Y si no existe una efectiva coordinación se hace especialmente difícil conseguir una Justicia igual para todos los españoles, vivan donde vivan, al mismo tiempo. La consecuencia es que la Justicia se mueve a muchas velocidades.

 La digitalización y los jueces.

La carrera judicial ha mantenido una actitud constructiva ante el proyecto digital. Sus virtudes son innegables. Hemos sido los primeros en ofrecer colaboración y mostrar capacidad de adaptación pero la necesidad de una Justicia de calidad pasa ineludiblemente por describir las carencias, reconocer las necesidades y exigir el mantenimiento de unas condiciones profesionales a la altura de la función que la Constitución encomienda a los integrantes del Poder Judicial.

A día de hoy nuestros Juzgados y Tribunales no disponen de las herramientas tecnológicas adecuadas. No existen dobles pantallas para todos los jueces. Las salas de vistas carecen en muchos casos de ordenadores adecuados para ver documentos. Los sistemas operativos están anticuados y los terminales necesitan ser renovados. No se ha dado formación alguna sobre el expediente electrónico o acerca del programa visor. No es posible trabajar en lugares distintos al despacho. Y tampoco se ha provisto a todos los Magistrados de firma digital, absolutamente necesaria. Lo cierto es que si no se resuelven satisfactoriamente estas deficiencias el proyecto digitalizador fracasará en última instancia y hará más gravoso el quehacer judicial.

La implantación del “papel cero” tiene, además, una incidencia relevante en el trabajo que desarrollamos. Nuestra tarea no es mecánica, no consiste en tramitar automáticamente resoluciones uniformes o disposiciones sencillas, para las que el expediente digital se muestra muy útil. Es un trabajo intelectual, de reflexión y de redacción, que exige un esfuerzo mental particular.

Recientes estudios han demostrado que la capacidad humana para el pensamiento abstracto se reduce significativamente cuando se utilizan dispositivos electrónicos en vez de leer en el papel. Es razonable pensar que el análisis, la concentración y el razonamiento jurídico se realizan de manera más satisfactoria cuando los escritos de las partes y otros documentos relevantes están en papel. El Juez puede leerlos, revisarlos, contrastar los argumentos de unos y otros y redactar su sentencia de forma más efectiva.

Garantizar la posibilidad de estudiar los autos de esa forma no es incompatible con la efectiva implantación de las nuevas tecnologías, las notificaciones electrónicas o el expediente digital. Simplemente es mantener la calidad de la Justicia combinando lo mejor de los dos sistemas.

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Jorge Fernández Punset

Magistrado Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Oviedo

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One thought on “La digitalización de la justicia

  1. desde Valladolid puedo decir que casi siempre somos “piloto” de pruebas por ser ciudad mediana al parecer útil para experimentos. Contamos con doble pantalla, cursode visor y firma electrónica hecho, y ya. Desde luego ni PC´s modernos capaces, ni herramientas en sala para recepción y proyección inmediata, ni escaneres profesionales, ni capacidad en servidor, etc. Y en cuanto a los juzgados de Instrucción, no se ha pensado en las decenas de personas que declaran cada día (¿cómo firman?), ni en que hay delitos que precisan de periciales sobre firmas, piezas de convicción, CD´s con videos que no entran en el sistema, por señalar lo más elemental. Por supuesto los cacareados portátiles para facilitar el trabajo, y conectados a Minerva Digital no aparecen. En suma, buena idea inicial, pero si todo va a coste 0 como dicen las leyes del 2015, es evidente que “nasti de plasti” en cuanto a la realidad de expediente digital correcto, completo y seguro.

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