En_Justicia

Madama Butterfly, de Giacomo Puccini, es una de las óperas más conmovedoras del repertorio operístico. La música, que tiene algunos motivos japoneses, es propiamente pucciniana. Se trata de una tragedia japonesa en tres actos, basada en el cuento homónimo de John Luther Long (Century Magazine, 1898) -inspirado en las experiencias de su hermana en Japón y en la novela «Madame Chrysanthème», de Pierre Loti-, y en la obra de teatro del productor y dramaturgo David Belasco (1900). El desgarrador romance entre Cio-Cio-San y el (antipático) teniente Pinkerton quedó inmortalizado a través de la música de Puccini, aunque el estreno en el Teatro La Scala de Milán el 17 de febrero de 1904 fue poco agradecido (Puccini lo calificó de «linchamiento»).

La obra narra la historia de una geisha de quince años (Cio-Cio-San, Butterfly, porque revolotea como una mariposa), que se enamora perdidamente del teniente estadounidense Pinkerton, que presume de tener un amor en cada puerto: «En cualquier lugar del mundo / el yanqui vagabundo / se divierte y vive despreciando riesgos / Echa el ancla a la aventura / … / la vida no le satisface si no se apropia / de las flores de cada lugar». Él la toma como un pasatiempo y la abandona tras casarse con ella, lo que la lleva a ser repudiada por su familia («¡Ha renegado de todos nosotros! / Ha renegado, os digo… / del antiguo culto!»). Pinkerton se casa, pero no está seguro de lo que siente por la joven japonesa: «Amor o capricho, no sabría qué decirle».

Butterfly pasa tres años sin saber nada de Pinkerton, aunque está convencida de que volverá (“un bello día veremos / alzarse un hilo de humo / en el lejano horizonte del mar / Y entonces aparece la nave / después la nave blanca / entra en el puerto, atronando con su saludo / ¿Lo ves? ¡Él ha vuelto!…), e incluso rechaza a un príncipe pretendiente (Yamadori), alegando que sigue estando casada («Mi fidelidad / ya está comprometida… / Se cree que sigue casada / ¡No me creo casada, lo estoy!».

Cuando Pinkerton regresa a Japón, con una (nueva) esposa estadounidense (Kate), descubre que ha tenido un hijo con Butterfly («¿Quién ha visto nunca a un niño del Japón con los / ojos azules? / ¿Y esos labios? ¿Y esos ricitos de oro puro?») y decide llevárselo a Estados Unidos: «¡Ah, triste madre! / ¡Abandonar a mi hijo! ¡Así sea! ¡A él le debo obedecer!».

Pinkerton, vencido por la emoción, del recuerdo del amor, y por el remordimiento, huye como cobarde: «Adiós, refugio florido, / de alegría y amor. / Siempre veré su dulce rostro / con atroz tormento». El trágico final se vislumbra fácilmente: ante la ausencia de amor, la desesperación, la renuncia a su hijo y el desengaño la llevan a suicidarse: «Con honor muere quien no puede vivir con honor».

Más allá de la historia, la ópera permite observar temas jurídicos, como la validez del matrimonio internacional, la custodia de menores y los abusos derivados de asimetrías de poder, que hacen cuestionarnos sobre los derechos humanos y la protección de los sistemas jurídicos ante situaciones de abuso.

El núcleo dramático nace de un matrimonio celebrado en Nagasaki entre Pinkerton y Butterfly. Desde una perspectiva jurídica, se trata de un matrimonio sujeto al conflicto de leyes: ¿se rige por la legislación japonesa o debe reconocerse según el Derecho estadounidense? ¿Qué norma internacional resulta aplicable para tratar las cuestiones de este matrimonio y las medidas personales y patrimoniales?

En la trama, Pinkerton lo concibe como un contrato temporal, prácticamente anulable a voluntad, mientras que para Butterfly es una unión plena y definitiva. Canta Pinkerton, en una escena en que es advertido por Sharpless (Cónsul de los EEUU en Nagasaki) de que podría ser todo un capricho: «Por el día en que me case / en una boda verdadera,  / con una novia americana». Esta divergencia pone de relieve la importancia del consentimiento y de la interpretación cultural de las instituciones jurídicas.

En un momento determinado, tras hablar con Yamadori, en el diálogo entre Butterfly y Goro: «Pero la ley… / No sé nada de eso / Para la mujer el abandono se equipara al divorcio / Ésa es la ley del Japón, no la de mi país / ¿Cuál? / Los Estados Unidos … / Ya se sabe que aquí abren la puerta / y echan a la mujer con cajas destempladas y lo llaman divorcio./ Pero en América las cosas no son así… / Allí un juez como dios manda, / serio y en su sitio, le dice al marido: / “¿Usted quiere divorciarse? / Oigamos sus razones” / “¡Estoy aburrido de estar casado!” / Y el magistrado le dice: / “¡Ah, desvergonzado, venga, a prisión!”».

Por otra parte, Butterfly es una adolescente, lo que plantea cuestiones sobre la capacidad legal para contraer matrimonio y la posible existencia de vicios en el consentimiento. El casamentero Goro actúa como agente con claros conflictos de interés, y Pinkerton se aprovecha de un entorno jurídico que le favorece como extranjero, pues se siente impune, lo que permite un análisis desde la perspectiva de la protección de menores y la prevención de matrimonios forzados o simulados.

Tras la marcha de Pinkerton, Butterfly da a luz a un hijo. El regreso del oficial, acompañado de su esposa estadounidense, abre uno de los dilemas más relevantes: la custodia internacional de menores. Pinkerton desea llevar al niño a Estados Unidos, asumiendo que su condición de ciudadano norteamericano prevalece sobre cualquier vínculo materno. La ópera conduce a debates actuales  sobre sustracción internacional de menores, la primacía del interés superior del menor y los derechos de custodia en contextos transnacionales. El sufrimiento de Butterfly evidencia la ausencia de mecanismos efectivos para la protección de su rol materno y de su hijo.

Pinkerton actúa en toda la ópera desde una posición privilegiada (económica, jurídica y militar), pues sabe que su conducta no generará consecuencias legales en su país. Ese contraste con la situación de indefensión de Butterfly, en cuanto menor de edad, provoca el planteamiento de la impunidad transfronteriza y la necesidad de proteger, desde el contexto de los derechos humanos, a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. La misma escena de la boda hace comprender que existe esa asimetría: «Se concede al llamado / Benjamin Franklin Pinkerton, / teniente en la cañonera Lincoln, / Marina de los Estados Unidos, América del Norte: / y a la señorita Butterfly / del barrio de Omara, Nagasaki, / unirse en matrimonio, / por derecho el primero, y por su propia voluntad, / y a ella por acuerdo de sus parientes…».

Madama Butterfly, más allá de su música sublime, advierte sobre los riesgos del desequilibrio jurídico entre personas de distintas culturas, y de las consecuencias sobre las personas más vulnerables, en este caso, una mujer -con el peso cultural del Japón de la era Meiji-, y un niño que es trasladado por un padre que acababa de conocerlo y que su esposa afirma querer cuidarlo como si fuera suyo, y que abre la puerta a tratar otros temas como la gestación subrogada. La ópera invita a reflexionar sobre la necesidad de un Derecho sensible a los conflictos internacionales de Derecho de familia, que ponga el foco en la protección de la dignidad humana, y permite un análisis jurídico de diversas instituciones desde el prisma del Derecho internacional privado.

José Ramón de Blas.

APM Comunidad Valenciana.

El calor estival me induce sopor e ideas brumosas sobre lo que viene ocurriendo frente a los muros de la patria mía. El escenario cuyo telón se cerró en julio, que abrirá segundo acto a partir de septiembre, dejó un panorama de una nueva anormalidad preocupante. El contexto es, como en Bartleby, el escribiente, un momento de profunda transformación, en una deriva hacia un sistema cada vez más mecanizado e impersonal, como al que parece abocarse el ahora llamado servicio público de justicia.

Las diversas modificaciones consumadas o proyectadas generan dudas sobre la verdadera eficiencia de lo que refiere como mero servicio, y que constituye una de las tres bases del Estado de Derecho. No se trata únicamente de conjurar los riesgos de empobrecimiento en la independencia y en la calidad de la justicia, sino también de que no se efectúen reformas gatopardianas.

Eran eso de las cuatro cuando, entre la bruma somnolienta, se me apareció Bartleby, esa figura pálida, respetable, e irremediablemente desamparada. Bartleby es un símbolo del rechazo a un sistema vacío, que requiere adaptación sin cuestionamientos, de la ejecución de una tarea por rutina, y que conduce a la reflexión sobre la alienación y la resistencia pasiva.

Me vino entonces el reflejo del proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, que prevé unas medidas que hacen cuestionar su mismo título, es decir, que amplíe y que fortalezca.

La reforma proyectada pretende un cambio de modelo en el acceso a la Judicatura y la Fiscalía, que busca -dice- garantizar la igualdad de oportunidades y «atraer talento» con independencia del origen económico o geográfico, con el fin de que el acceso se produzca exclusivamente por mérito y capacidad. Bajo este pretexto, en las pruebas de acceso «introduce un ejercicio práctico escrito, en sustitución de una de las pruebas orales existentes en la actualidad, y las anonimiza». No parece que el nuevo sistema traiga más igualdad de oportunidades a las que ya existen; y lo de «atraer talento», no se explica bien a qué talento se refiere, cuando éste debe ser el superar, tras el esfuerzo, la oposición, a la que, como prueba de mérito y capacidad, y mutatis mutandis, habría de sujetarse cualquier acceso al cargo, que no ha de soslayarse bajo un supuesto mandato de estabilización de jueces sustitutos y fiscales interinos, en el sentido que puso de relieve el informe del CGPJ al anteproyecto de ley.

Y, así, oníricamente, el juez, como Bartleby, permanece impasible, solo, indiferente al mundo, donde solo se busca el dato, y se orillan las condiciones del ars iudicandi; porque juzgar es una tarea artesana, que no puede replicar un algoritmo sin alma, ni resolverse con modelos preestablecidos. Necesita de conocimientos técnicos (que se adquieren con memorización y práctica, porque no se puede razonar sobre lo que se desconoce), tiempo de reflexión, mucho sentido común, e infraestructura en medios materiales y humanos, y, en definitiva, de inversión, que no gasto. Sobre esto habría que recordar el excelente estudio de Mora-Sanguinetti, que dio muchas claves sobre la verdadera eficiencia en Justicia.

De lo contrario, fácilmente se puede prever a Turkey, Nippers y Ginger Nut en las oficinas judiciales o servicios comunes de los tribunales de instancia: uno productivo por la mañana (hasta las 12h) y caótico por la tarde, otro permanentemente insatisfecho con problemas gástricos, y el último para el que toda la ley cabe en una cáscara de nuez.

En esta ensoñación de verano, el juez se convierte en una especie de Bartleby, con su rechazo silencioso, desplazado de ese entorno, con una inacción activa (I would prefer not to), ante la deshumanización del individuo que, como el Meursault de Camus, es indiferente con su madre, con su novia, con el proceso, con el sistema, con su vida… la apatía absoluta. La oficina se encuentra, con sus paredes y ventanas que dan a muros de ladrillo, encerrada en la claustrofobia existencial y profesional del sedicente servicio público. Bartleby ya no encaja en ese engranaje, y con su voluntad individual se niega a actuar y a justificarse a sí mismo, y por eso se alza en un grito silencioso contra esta alienación, con la que prefiere no participar y a la que resiste con su pasividad.

Así que la frase «preferiría no hacerlo» es un manifiesto para aquellos que se niegan a aceptar lo inaceptable.

José-Ramón de Blas

Sección Territorial Com. Valenciana.

«I’m sorry Dave, I’m afraid I can’t do that». (HAL 9000; en 2001: Una odisea en el espacio, Kubrick, 1968).

Con el propósito de comenzar el año ligero, sirva como excusa para volver a reflexionar -también ligeramente- sobre Inteligencia Artificial (IA, en adelante), la película titulada “Justicia artificial” (Simón Casal, 2024). Antes de continuar, es casi obligada la advertencia de que el texto que sigue podría revelar aspectos esenciales de la trama.

En la ficción, el Gobierno español convoca un referéndum para aprobar la implantación de un sistema de IA con poder vinculante en la Administración de Justicia, que en la práctica sustituirá a los jueces. Esta reforma constitucional se justifica en modernizar la Administración de Justicia y aumentar la eficiencia de los juzgados, anclados en las estructuras del s. XX, mediante lo que se denomina «proceso de transición tecnológica» para superar a una justicia lenta, colapsada, ineficaz, politizada y separada de los valores de una sociedad compleja y globalizada. España sería así «el primer estado del mundo en delegar en un sistema AI el funcionamiento de una parte esencial de la democracia como es la administración justicia».

Se plantean varios de los temas principales que están en debate sobre la IA y su relación con la Administración de Justicia, como su carácter coadyuvante, la pervivencia del sistema de justicia humana, la afectación de derechos fundamentales, acabar con la lentitud de la Justicia, etc.

La protagonista, la juez Carmen Costa, capaz de enfrentarse a las “eléctricas”, de interpretar una norma con diez años de vigencia de manera diferente a la jurisprudencia, con arreglo a las circunstancias concurrentes, de una sociedad cambiante, se enfrenta a la IA del sistema THENTE –creado el algoritmo por una programadora joven y audaz, Alicia Kóvacks–, y no queda claro quién gana –aunque puede intuirse–. Por esto el planteamiento desde el principio ofrece un argumento verosímil: los sistemas de IA de tipo coadyuvante, como herramienta al servicio del juez, aceptada probablemente con ciertas dosis de ingenuidad, conduce a preferir las propuestas algorítmicas a las humanas: más certeras, más rápidas, más asépticas, más justas, en definitiva.

Desde el primer momento se muestra a una protagonista escéptica con la IA, prefiere su propio juicio, su propia intuición jurídica, aunque ir en contra del algoritmo tiene grandes desventajas: si dejas en libertad condicional al reo en contra del criterio de la máquina y este reincide, hay un error humano, judicial, y sus consecuencias.

Ella duda de las bondades de la IA, incluso después de asumir el encargo de entrenar al algoritmo con su propia forma de juzgar –pide que le proporcionen sentencias de penal, social y contencioso elaboradas por el programa para estudiarlas–, y de comprobar que el THENTE es verdaderamente rápido y coincidente con decisiones que ella misma hubiera tomado. Este escepticismo choca con la posición del Ministerio y de la Fiscalía, totalmente favorables a su implantación, y así se evidencia con los informes orales en juicio, en la actitud del Senador –una escena en que previamente se pide a Carmen un número de sentencias determinado, a lo que responde que con ese número no se pueden estudiar bien los asuntos, y responde el Ministerio: “para eso está THENTE”–, y la comparecencia en el Congreso para tratar sobre la propuesta de referéndum para la modificación de la Constitución Española.

Las asociaciones judiciales también son mencionadas en la historia, aunque sin grandes concreciones, más que para achacar que siempre aparecen en temas políticos y que no parecen oponerse a THENTE; y la representación de la judicatura recae en el personaje de Goitia, juez no asociado. Tras una intervención parlamentaria en contra del sistema de IA («más de 5.000 jueces honrados se dejan la piel en juzgados y ahogados por la falta de medios para su trabajo»), termina por aceptar –en esa representación que ostenta– un pacto por el que el sistema de IA juzgaría en primera instancia, aunque con la salvaguarda de mantener una segunda instancia revisora por jueces humanos («un año de prórroga y vuelta a mesa de negociación»). Contrasta con la defensa viva del sistema en sede parlamentaria: «Ciertos fondos de inversión y sectores del Gobierno dicen que es hora de acabar con ese contrapoder [el judicial]: eficacia y neutralidad para ocultar el verdadero objetivo: controlar la administración de justicia de todo un país».

Por el momento, dejando de un lado la ficción, los sistemas de IA destinados a la Administración de Justicia son calificados como de alto riesgo, en concreto aquellos sistemas de IA destinados a ser utilizados por una autoridad judicial o en su nombre para ayudar a las autoridades judiciales a investigar e interpretar los hechos y el Derecho y a aplicar la ley a unos hechos concretos. También se mantiene normativamente la utilización de herramientas de IA como «apoyo al poder de decisión de los jueces o la independencia judicial, pero no debe substituirlas: la toma de decisiones finales debe seguir siendo una actividad humana», quedando así relegada a actividades administrativas meramente accesorias.

Si el temor al desarrollo futuro de los sistemas de IA está latente –Elon Musk y más de 1.000 investigadores firmaron una carta pidiendo pausar unos meses el desarrollo de las IA avanzadas–, lo que ahora resulta más acuciante en el debate es lo que plantea la protagonista de la película en su comparecencia parlamentaria: el sistema de IA «basa sus sentencias en datos del pasado, es incapaz de interpretar la ley en un contexto social cambiante y es incapaz de generar nueva jurisprudencia e incapaz de avanzar, siempre mira al pasado y está condenado a repetirlo». Los sistemas actuales de IA previstos como auxilio en tareas jurídicas -creados en un marco controlado de alimentación jurídica como puede ser en alguna editorial jurídica de renombre- parten de textos pasados: de la jurisprudencia existente, de artículos doctrinales ya publicados. Sin embargo, por el momento no es un pensamiento autónomo, no surge un pensamiento ex nihilo derivado de la confrontación de ideas, del viejo esquema dialéctico (tesis-antítesis-síntesis) que tan bien ha servido a la razón práctica. La IA de acceso generalizado solo efectúa predicciones o propuestas en código binario y a través de tokens. Son una magnífica herramienta de trabajo, ahorran tiempo de búsqueda, pero dejan el estudio final a una decisión humana. Su potencial es inmenso desde esta perspectiva, y es una realidad que desde la judicatura no puede desconocerse, pues debe ser dotada de herramientas de IA que auxilien el trabajo, pues el mercado privado ya utiliza este tipo de herramientas y no podemos quedar en desventaja.

Sin embargo, un paso más en la evolución dejará la duda en la caja negra, como plantea la película, si en algún rincón oculto de la programación, secreta como la fórmula de la Coca-Cola, algún creador -alguna empresa- estableció alguna excepción, algún sesgo, alguna tendencia favorable a algún sector, a algún colectivo, a algún poderoso, porque en Derecho las soluciones no derivan de una suma simple de uno más cero. ¿Bastará una pericial informática para comprobar que no hay sesgos o excepciones? Si desde el principio de los tiempos la Humanidad está en busca de qué es la Justicia, la cuestión es si un programa de ordenador lo va a saber. ¿Estamos ante un nuevo monstruo de Frankenstein? ¿El mito de Prometeo, encadenado o desencadenado? ¿De las lágrimas en la lluvia y de más allá de la puerta de Tannhäuser?

Contaba Yuval Noah Harari, conocido autor, una anécdota interesante, probablemente ya superada. Chatgpt4 quería entrar en una página que pedía un captcha y no podía resolverlo, y lo que hizo fue acceder a la plataforma TaskRabbit que es una web en la que se puede pedir ayuda a profesionales para hacer alguna cosa y le pidió a un humano que resolviera el captcha por él. La persona (humana, porque algún día la habrá robótica) sospechó y le preguntó: -¿Por qué lo necesitas, acaso eres un robot? Y Chatgpt le respondió: -No, no soy un robot, tengo una discapacidad visual y por eso no puedo resolver el captcha (parece que estaba programado para responder así). Y aquel buen samaritano accedió a la petición.

Siguiendo con la ficción, podría ser que un día, un juez en la soledad de su despacho le pregunte a un sistema generativo qué respuesta debería dar a un asunto, y conteste algo que no resulte coherente. Cuando así se lo haga saber al sistema para que reformule la respuesta quizá responda, como HAL 9000: «Sé que tú y Frank estabais planeando desconectarme, y eso no puedo permitirlo».

J. R. de Blas.

Sección territorial Comunidad Valenciana.

Enlace: <https://www.youtube.com/live/LXi2TX9OBmQ?feature=share>

La realidad se impone, como suele, a la ficción, pues un acto jurisdiccional deslocalizado ha sido realizado. Apenas nos estamos acostumbrando a la celebración de juicios con participación telemática de alguno de los intervinientes cuando en Colombia un Juzgado ha practicado una audiencia en un metaverso. El acto fue una audiencia inicial regulada en el art. 180 de la Ley 1437 de 2011, por la que se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta audiencia viene a ser una suerte de audiencia previa al juicio en Derecho español, en la que tras la demanda o reconvención se persigue depurar el proceso de vicios que impidan su desarrollo, resolver excepciones previas, fijar el objeto del litigio (determinación de hechos controvertidos), conciliación, medidas cautelares y la admisión o inadmisión de pruebas.

El 15 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de Magdalena, en la ciudad caribeña de Santa Marta, dirigió un acto judicial desde el metaverso en un asunto contra el Ministerio de Defensa colombiano y la Policía Nacional. La petición de uso de esta modalidad la realizó la demandante (la Unidad Temporal de Servicios Integrados y Especializados de Tránsito y Transporte de Santa Marta), fue aceptado por la parte demandada, y así decidida su práctica por el juzgado.

Estamos ante una realidad virtual, más allá de la simple videoconferencia, porque es tridimensional e inmersiva, que abre múltiples posibilidades e interrogantes sobre su uso en el ámbito judicial; prima facie no muy diferentes de las que ya surgen en el plano digital, entre otras: la protección de datos, la intangibilidad de las fuentes de prueba, las limitaciones en la percepción de la comunicación no verbal en las declaraciones, el reconocimiento e identificación de las partes, y un hecho no desdeñable, como es que las plataformas en el metaverso son privadas (Horizon Worlds, Decentraland, The Sandbox, Somnium Space, Roblox, Cryptovoxels…).

Debe advertirse que, por el momento, no existe «el Metaverso» en el sentido de una realidad paralela única que pueda utilizarse normalmente, pues su estado está en desarrollo. Lo que existe es una pluralidad de metaversos, contenidos en distintas plataformas, y cuyas variantes no necesariamente habrán de ser compatibles e interoperables. Estos metaversos pueden ser, además, metaversos centralizados y metaversos descentralizados, según que la empresa desarrolladora (como la conocida Meta, de Zuckerberg) tenga todo el control de la aplicación o se reserve capacidad decisora a los usuarios.

En el caso del tribunal colombiano, se utilizó la plataforma Meta Plataforms Inc., con la aplicación gratuita Horizon Workroom, que permite la transmisión en directo por YouTube, con el uso simultáneo del conocido (y temido) software ChatGPT, para poder consultar los mecanismos de verificación de identidad de los participantes y explicar los términos para el desarrollo de la audiencia.

El metaverso, según la definición utilizada por el Parlamento Europeo y el Consejo, es «un mundo virtual 3D inmersivo y constante en el que las personas interactúan mediante un avatar para llevar a cabo una amplia gama de actividades», que van desde el ocio hasta las interacciones profesionales y comerciales, las transacciones financieras o intervenciones sanitarias. El metaverso se caracteriza, como señala la Cátedra del Metaverso, creada en el seno de la Universidad de Alicante, por los elementos de: persistencia, inmersividad, sincronicidad e interoperabilidad.

Esta realidad «más allá» del universo es una evolución de internet en la que los individuos adquieren poder y participan activamente en la creación de mundos virtuales con una experiencia inmersiva. Se origina en el ámbito de los videojuegos (gaming) que. Buscaban realidades virtuales en 3D (Second Life, World of Warcraft), y ha evolucionado a razón de la potencialidad que ha demostrado para la interconexión social (como el primer Music Festival alojado por Decentraland en octubre de 2021), profesional y comercial (como la venta de un Centro Comercial en diciembre de 2021 a la compañía Republic Realm en TheSandbox, por 4,3 millones de dólares). Por esto, como señala el laboratorio de ideas (think tank) del Parlamento Europeo, el metaverso presenta características técnicas específicas como el realismo (permite a las personas una inmersión emocional en el mundo virtual), ubicuidad (el espacio virtual es accesible a través de todos los dispositivos digitales con una identidad virtual), interoperabilidad (permite que las distintas plataformas o sistemas intercambien información o interactúen entre ellas a la perfección; escalabilidad (poseen la arquitectura para crear una red de conexiones capaz de permitir un número masivo de usuarios que participen sin comprometer la eficiencia del sistema y la experiencia de los usuarios).

Qué duda cabe de que esta realidad paralela viene necesitada de una regulación jurídica, y el Derecho ha reaccionado esta vez rápidamente. Así habrá que prever un marco regulatorio (o extender el existente) ante las responsabilidades que puedan generarse ante el contenido ilegal o dañino en el metaverso, las infracciones concurrenciales que afecten al mercado, la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, además de la prevención del fraude y demás infracciones punibles; así como para mantener la integridad de la identidad personal dentro del mismo. Estas situaciones ya comienzan a alcanzar la jurisdicción, como el caso MetaBirkin. Ya recaída sentencia el 8 de febrero de 2023, el Tribunal de distrito del Sudeste de Nueva York estimó la demanda de la marca de lujo Hermès contra Mason Rothschild, por infracción de los derechos de marca registrada al vender bolsos virtuales del modelo Birkin de Hermès en formato NFT (non-fungible token), o lo que es lo mismo, un conflicto de Derecho marcario típico, pero con la conducta infractora en el metaverso.

Otros asuntos siguen: como el enfrentamiento entre Nike y la plataforma de compraventa de zapatillas de deporte StockX. O, ya en España, el caso que enfrenta a VEGAP con la marca Mango y que ha resultado en el Auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Barcelona de 21 de octubre de 2022, que estima parcialmente la petición de medidas cautelares, en el marco de un litigio por el uso de obras de varios pintores (Joan Miró, Antoni Tàpies y Miquel Barceló) en versión NFT. También resultan problemas jurídico-penales, como el caso de la mujer que denunció que fue violada virtualmente en el metaverso de Facebook. Y ¿qué ocurre con los derechos de las personas (y los fundamentales) en el metaverso? ¿Cabe una Administración en el metaverso? Los primeros pasos se relacionan con los derechos digitales, y, en este sentido, con la referencia que proporciona la Carta de Derechos Digitales.

Pero volvemos al principio. No solo es necesario regular jurídicamente el metaverso (en lo que ya trabajan las Instituciones de la UE), ni que hayan de resolverse conflictos producidos en dicho medio (infracciones civiles o penales, o aspectos procesales como los conflictos de jurisdicción), sino que el mismo podrá ser utilizado –ya lo ha sido, aunque prematuramente– para alojar virtualmente a un Juzgado y celebrar una vista preliminar. Así las cosas, y al paso de la evolución tecnológica, podría ser que en un futuro no muy lejano testigos protegidos o victimas vulnerables accedan a través de esta nueva realidad a los juicios, o los mecanismos de conciliación y mediación se desarrollen en esta tecnología. Es pronto para predecir qué ocurrirá con esta tecnología disruptiva (todavía se habla por expertos de que estamos ante un proto-metaverso), pero a la vista de las ingentes cantidades de dinero que se están moviendo, con un modelo de negocio en ciernes, nada es descartable.

En fin, todo esto me ha recordado al personaje de Rogert Murtaugh (Danny Glover) en la película Arma Letal (Richard Donner, 1987), en una de sus más conocidas frases: «Ya estoy viejo para esto…».

RECURSOS CONSULTADOS

• https://www.iebschool.com/blog/plataformas-metaverso-tendencia-2022/
• https://www.consilium.europa.eu/media/54987/metaverse-paper-9-march-2022.pdf
• Madiega, T., Car, P., Niestadt, M., Van de Pol, L.: Metaverse: Opportunities, risks and policy implications, Parlamento Europeo, Think Tank, 2022, disponible en <https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)733557>.
• https://elpais.com/economia/negocios/2023-03-05/los-jueces-ponen-orden-en-el-metaverso.html
• https://www.forbes.com.ec/innovacion/como-chatbots-estan-revolucionando-atencion-cliente-nuevas-empresas-n34088

José Ramón de Blas.

Sección Valenciana de la APM.

En las siguientes líneas no me propongo más que la mera aportación de información, aderezada, quizás, de alguna consideración al hilo de esta. La razón es que ya se ha dicho mucho -y mejor- sobre el asociacionismo judicial, del que se ha ocupado la Asociación Profesional de la Magistratura en textos como «Pasado y presente del asociacionismo judicial» o la «Historia de la APM», y que también ha sido objeto de atención por otras asociaciones y por diversos profesionales jurídicos no judiciales.

En acceso abierto, en la web poderjudicial.es, se ofrece un apartado dentro de la Estadística Judicial dedicado a «Estructura judicial y recursos humanos en la administración de justicia», en el que se recopilan los datos sobre las asociaciones judiciales de manera actualizada. La más próxima es de fecha de septiembre de 2022, a partir de tres fuentes: los datos recabados para el Registro de Asociaciones, los jueces y magistrados en servicio activo asociados, y el Servicio Central de la Secretaría General (CGPJ).

Según los datos oficiales, actualmente se encuentran inscritas y en activo seis asociaciones: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), la asociación Francisco de Vitoria (AAJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Ágora Judicial (Ágora) y la Asociación Nacional de Jueces (ANJ, sin portavoz designado). Se hace constar una sexta, «Unión Judicial Independiente», disuelta el 16 de noviembre de 2001.

Pues bien, el documento muestra una evolución de los asociados desde 1 de mayo de 2004 hasta 30 de septiembre de 2022:

Estos datos permiten conocer que actualmente el número de jueces en activo son 5.408, y que el porcentaje de asociados entre los jueces en activo es del 55,5%, esto es, 3.000 jueces.

Primera conclusión: Más de la mitad de la Carrera Judicial pertenece a alguna asociación, aunque esto no significa, necesariamente, que los no asociados estén enfrentados o en desacuerdo con alguna o algunas de las asociaciones.

Según los datos anteriores, la distribución de jueces asociados a tales asociaciones queda de la siguiente forma: el 25,05% de los jueces en activo están asociados a APM; el 15,88% a AJFV; el 8,06% están asociados a JJPD; el 6,19% a FJI; y solo el 0,2% a la asociación Ágora; y el 0,07% ANJ. Aunque no aparece en el documento, desde 2015 se encuentra la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), que según su página web integra a 170 juezas (y jueces), lo que representaría un total del 3,14% de la Carrera Judicial.

En cuanto a la evolución de la asociación de jueces se observa una tendencia creciente en tres asociaciones, APM, AJFV y FJI, y decreciente en JJPD, Ágora y ANJ. En el siguiente gráfico se puede observar la tendencia en la asociación de nuevos jueces según las cuatro asociaciones más representativas:

Segunda conclusión: Los porcentajes anteriores muestran la representatividad de cada asociación respecto a la Carrera Judicial, por lo que los medios de comunicación han de ser cautelosos a la hora de atribuir valor de conjunto a opiniones que no sean suficientemente representativas.

Y, finalmente, según el ritmo de crecimiento anual en el asociacionismo, y siendo mayoritaria la APM, si se toma la media de asociación de jueces en cada una de las demás asociaciones, el promedio de crecimiento entre 2004-2022 de APM es de 13 asociados al año, de AFV de 25 asociados al año, de JJPD de -1 asociados al año y de FJI de 10 asociados al año.

Tercera conclusión: Para que la asociación más próxima en número de asociados alcance a la asociación mayoritaria (APM) aún deberían pasar 41 años si la constante de crecimiento se mantuviera[1].

[1] (1355-859=496; 25-13=12; 496/12=41)