Los coches rojos corren más
Desde pequeño me lo decían. Un Ferrari. Un Porsche. El GTI. Eran rojos –o debían serlo–. Y generaba buena sensación que tu coche, un utilitario sencillo, fuese rojo… corría más.
Dicen que la Justicia va lenta. Que está saturada. Que necesita un cambio profundo. Y la nueva Ley Orgánica 1/2025 promete transformarlo todo. La modernización se escribe en mayúsculas, pero el presupuesto va en letra pequeña.
La Justicia española lleva años circulando cuesta arriba. Ahora nos dicen que será más “eficiente”. Y si hace falta, pintaremos unas llamas. Pero, ¿y si a pesar de la reforma no lo consigue? Será culpa del conductor. Otra vez.
La eficiencia disfrazada de milagro
El diagnóstico lleva décadas repitiéndose: lentitud, colapso, falta de medios. Lo saben todos los operadores jurídicos. Y en lugar de inversión, la solución parece pasar por eficiencia. Eficiencia como sistema. Eficiencia como dogma.
Pero eficiencia no es eficacia. Es hacer más con menos. Algo que los juzgados llevan haciendo años. La LO 1/2025 eleva esa situación a modelo. Pero sin dotación suficiente, el riesgo es que institucionalice la precariedad.
Más cerca… y más lejos
Tribunales de Instancia, Oficinas de Justicia en los municipios, servicios comunes reordenados. Todo suena moderno, técnico, prometedor. Pero sin medios materiales ni humanos, el riesgo es que todo se quede en una operación cosmética. Una reforma real exige planificación, dotación y acompañamiento.
Y aquí aparece la paradoja: sacamos al juez del juzgado – que deja de existir como tal – y lo trasladamos a una macro-estructura. Al mismo tiempo, acercamos la Justicia al ciudadano con oficinas municipales, pero alejamos al juez. Se descentraliza la ventanilla, pero se centraliza la decisión. Lo que debería reforzar el acceso, puede debilitar la confianza si no se implementa con sensibilidad institucional. La Justicia gana presencia en el territorio, pero puede perder proximidad en la decisión.
Hablar de transformación sin abordar esta base material y simbólica es reformar sin sostener. Hablar de eficiencia sin garantizar eficacia es reformar sin transformar.
Tecnología sin soporte, digitalización sin medios
Automatizar procedimientos, racionalizar agendas, implementar nuevas herramientas digitales. Es necesario, sin duda. Pero no es automático. Requiere formación, soporte técnico, interoperabilidad real. Y eso no siempre está garantizado.
Lo que debería aligerar, puede acabar sobrecargando. Si los sistemas fallan, si no hay formación o si la transición no está acompasada, el peso recaerá sobre quienes están dentro: jueces, LAJ y funcionarios. Otra vez.
Desigualdad como resultado previsible
La implantación del nuevo modelo dependerá de la capacidad organizativa de cada Comunidad Autónoma. Un diseño pensado para la homogeneidad corre el riesgo de generar una Justicia a distintas velocidades.
Esto compromete la igualdad de acceso. Y, en última instancia, el principio de unidad del Estado de derecho.
El primer día: ¿qué puede salir mal?
La pregunta no es irónica. Toda reforma con ambición estructural comporta riesgos, pero la cuestión clave es por qué se aplica un modelo tan exigente sobre un sistema ya tensionado, sin pruebas previas.
Una ley ambiciosa como la LO 1/2025 requiere una implantación igual de ambiciosa. Pero el día que entre en vigor, se producirán fricciones reales y previsibles si no se acompasa su despliegue a la realidad judicial. Algunos problemas son casi inevitables:
- Dudas sobre el reparto de asuntos en los nuevos Tribunales de Instancia: aún sin criterios uniformes y con normas pendientes de interpretación o desarrollo reglamentario.
- Descoordinación entre Secciones y Oficinas Judiciales por falta de formación o protocolos claros.
- Desigual en la implantación territorial: algunos partidos judiciales estarán en condiciones de aplicar el nuevo modelo, otros no.
- Falta de interoperabilidad entre sistemas informáticos, especialmente entre CCAA con competencias transferidas y el resto del Estado.
- Ausencia de adaptación física: hay juzgados que no tienen espacios para alojar la nueva estructura colegiada ni infraestructuras para la inmediatez digital.
- Incidencias en el servicio de atención al público y en registros civiles municipales, convertidos ahora en Oficinas de Justicia, que no contarán desde el primer día con los medios prometidos.
- ¿Y el Juez? En su primer día desconoce cuál es su sala de vistas, sus juicios o con quien le corresponde celebrarlos. Si es trabajo de oficina le llegarán una serie de asuntos por resolver, pero no sabrá de dónde vienen ni a donde van. Números.
Todo ello se traduce en un inicio accidentado que puede afectar no solo a la organización interna, sino también a la confianza del ciudadano en la Justicia.
Eficiencia no es justicia
Porque ser eficiente no significa ser justo. Y menos aún en un servicio público que no tiene como objetivo optimizar costes, sino garantizar derechos.
La eficiencia bien entendida es una herramienta. Puede ayudar a mejorar procedimientos, reducir demoras, usar mejor los recursos disponibles. Pero cuando se convierte en finalidad, cuando sustituye a la idea de eficacia, cuando se presenta como solución para todo, entonces deja de ser útil para ser tiránica.
La Justicia necesita cambios, sí, pero no a cualquier precio. Necesita coherencia entre la norma y el presupuesto. No importa la promesa, importa el resultado.
Basta con que funcione
La Justicia no necesita correr más. Necesita llegar mejor. Porque cuando se convierte en una carrera por optimizar recursos, quien pierde no es solo el sistema, sino las personas que dependen de él. El verdadero progreso no se mide en velocidad, sino en garantía de derechos.
Y eso nos incluye a todos: a quienes juzgan, a quienes sostienen la maquinaria, y a quienes acuden a ella en busca de amparo. Si de verdad creemos que la Justicia es un servicio público esencial, entonces no basta con reformarla. Hay que sostenerla.
No hace falta que parezca un Ferrari. Basta con que funcione. Porque detrás de los números hay personas. Y lo que se pide no es que se reorganice, sino que se resuelva.
Alejandro González Mariscal de Gante