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Categoría: Opinión

Sobre el sistema de acceso a la carrera judicial

Sobre el sistema de acceso a la carrera judicial

Desde hace un tiempo viene siendo un tema recurrente por parte de ciertos sectores la necesidad de someter a opinión pública la modificación del sistema de acceso a la carrera judicial. Lo cierto es que no se trata de un debate real que sea necesario acometer en este momento, al existir otras cuestiones más relevantes a tratar en el ámbito de la justicia, pero aprovechando la magnífica oportunidad que me ofrece esta entrada de blog, me gustaría efectuar una serie de reflexiones.

Hemos de acudir a los datos públicos -y, por tanto, accesibles a todo aquel que quiera informarse para hablar con el más mínimo fundamento-, para conocer cuál es la situación real de las últimas promociones. En la propia página de Poder Judicial, se muestran datos recopilados desde la 48ª promoción correspondiente al curso 1.996 y 1.997 hasta la 74ª promoción relativa al curso 2024-2025, es decir, un total de 27 promociones de jueces. La distribución por sexos será la siguiente: 1.308 hombres- el 34,18%- y 2.519 mujeres -un 65,82%-.

De igual forma, se refleja que un 74,72%[1] de los más de 3.000 jueces encuestados han manifestado que no han tenido o tienen un familiar ejerciendo una profesión en el sector jurídico hasta el segundo grado de consanguineidad; un 5,94% de los casos manifestó haber tenido o tener un familiar juez o magistrado y un 19,34% desempeñar otra profesión jurídica.

Por tanto, de los más de 3.000 jueces encuestados –en concreto, 3.046- procedentes de las últimas 23 promociones, solo 180 de ellos tenían algún familiar directo juez o magistrado -5,94%-, mientras que 589 contaban en sus familias con alguien dedicado al mundo del derecho sin ser juez o magistrado -19,34%- y 2.275 jueces manifestaron no tener a nadie cercano al mundo del derecho -74,72%-. Por tanto, puede desmontarse de forma rotunda la afirmación de que los jueces provienen de familias de jueces, o la existencia de “estirpes o sagas judiciales”, puesto que los datos desarman todas las confabulaciones que se puedan hacer en ese sentido. Pero es que ya no solo ha de rechazarse esta afirmación, sino que también ha de descartarse que provengan de familia de juristas, puesto que menos del 25% de las últimas 23 promociones analizadas, en más de dos décadas, tenía familiares juristas. Considero que los datos son lo suficiente demoledores como para mantener ciertas dudas sobre la cuestión. Existen ciertas cuestiones opinables, pero la realidad se impone y los datos demoscópicos son objetivos.

De todas formas, considero que el actual sistema garantiza la objetividad en el proceso de selección, por lo que no representará un problema el hecho de que algunos aprobados cuenten con familiares pertenecientes a la carrera judicial. Carece de sentido cuestionar estos aprobados cuando, convocatoria tras convocatoria, ha quedado demostrado que el actual sistema es el mejor posible con el paso del tiempo al ser totalmente libre de injerencias, público y transparente de principio a fin.

Por otro lado, se dice que la judicatura proviene de familias de clase alta al tener que estar “tantos años estudiando”. Estaremos de acuerdo en que aprobar una oposición de esta envergadura es el mejor ascensor social. Si bien, llama poderosamente la atención que únicamente se cuestionen estas oposiciones -a la carrera judicial- y nada se diga sobre las de abogados del estado, notarios, registradores, inspectores de Hacienda e incluso de fiscales, tratándose de la misma oposición. Todas ellas exigen años de estudio, esfuerzo, dedicación y disciplina en las que tanto los gastos como la rutina del opositor será muy semejante. Como denominador común, deberá de abonarse un preparador, sin que pueda decirse que los gastos asociados por tal concepto en el caso de la carrera judicial sean más costosos que en ninguna otra de las oposiciones citadas, así como recordar que en alguna de ellas el periodo medio de aprobado es superior a judicatura, pero únicamente se cuestiona la relativa a la carrera judicial. Y, mayoritariamente, se cuestiona por quienes no la han aprobado. Curioso. Por qué será.

Pero lo mismo ocurre en el caso de los universitarios que desean ser médicos: seis años de grado, más un mínimo de un año y máximo de cinco como MIR dependiendo de la especialidad. Esto, contando que se apruebe todo a la primera y que no haya que repetir ningún examen, sin perjuicio de recordar que muchos acuden a academias para preparar dicho examen -como en el caso de los opositores, sin que pueda defenderse que los importes de unos y otros varíen en exceso al tratarse cuantías semejantes-. Cierto es que durante la residencia perciben una retribución, pero su formación se prolonga tras finalizar el grado durante varios años hasta que perciben su salario como médico. Todo esto se entiende sin perjuicio de que aquellos que deseen adquirir su plaza en propiedad deberán superar la correspondiente oposición en la CCAA donde ejerzan. Por tanto, en caso de apreciarse ciertas deficiencias en este sentido, lo que debería de hacerse es establecer un adecuado sistema de becas en vez de cuestionar a todos aquellos que deciden preparar una oposición como la de juez. 

Una situación parecida ocurre con otras profesiones -economistas, arquitectos, ingenieros- en las que los estudiantes tras finalizar la carrera han de complementar su formación con múltiples másteres, cursos, etc.… destinando importantes cantidades de dinero y en las que, fruto de la situación del mercado laboral actual, es posible que tarden más este tipo de profesionales en percibir un salario acorde a su dedicación previa y formación que en el caso de los jueces aprobar la oposición.

Otra crítica es que los jueces no toman parte ni se implican en el proceso de transformación social, siendo necesario que la oposición garantice una formación más amplia, de manera que permita al futuro juez entender la realidad social, debiendo examinarse si poseen ciertas facultades -tales como la empatía o la inteligencia emocional[2] -sin embargo, examinar cualquiera de estas cuestiones implicaría valorar el perfil subjetivo del opositor frente a la calidad y valía que demuestre con su conocimiento técnico.  A mi modo de ver hay que evitar la introducción de cualquier elemento de discrecionalidad. El acceso a la carrera judicial por oposición permite que la selección se realice conforme a los criterios de mérito y capacidad y la elección de los funcionarios bajo este criterio ha de considerarse como un pilar básico del Estado de derecho por lo que, en caso de que se pretendiera introducir cualquier tipo de reforma, la misma ha de garantizar igual o mayor objetividad que la ofrecida por el sistema actual.

Resulta incuestionable el elevado nivel de preparación de todo aquel que aprueba la oposición y finaliza el correspondiente periodo formativo -Escuela Judicial, prácticas tuteladas y fase de sustitución y/o refuerzo -. La memoria es un instrumento esencial para el conocimiento: el dominar la regulación permite hacer relaciones, comprender el sistema en su conjunto, razonar y obtener conclusiones. Creo que estaremos de acuerdo en que resulta prácticamente imposible memorizar 328 temas -con la extensión suficiente para ser recitados en 12 minutos ante el tribunal seleccionador- sin comprenderlos, ni capacidad para retenerlos sin relacionarlos. De la misma forma se cuestiona que no se evalúan la capacidad de comprensión, razonamiento y redacción, si bien, la nota final obtenida por el juez en prácticas -aquella que determinará un puesto u otro en el escalafón- es la media que proviene tanto de los exámenes orales celebrados en el Tribunal Supremo como la obtenida durante la Escuela Judicial y las prácticas tuteladas. Durante toda esa fase se elaboran proyectos de resolución y se celebrarán actos procesales -vistas, declaraciones…-, siendo objeto todo ello de valoración académica por lo que no puede afirmarse que la preparación sea exclusivamente teórica, sino que se trata de una combinación de teoría y práctica.

Realmente se desconocen las verdaderas razones que ofrecen algunos para justificar un cambio en el sistema de acceso. O bueno, no. Sus principales argumentos ya han sido rebatidos en líneas anteriores, quedando demostrada su inconsistencia. Los jueces únicamente han de estar sometidos a la ley y no a otros condicionamientos al margen de lo legal como en los que se pretenden amparar “los reformistas”. El permanente cuestionamiento del sistema de acceso daña a la imagen de la Justicia, lo cual es realmente grave al ser los jueces garantes de los derechos y las libertades de los ciudadanos. No se puede permitir que se dude de quienes somos los encargados de impartir justicia, puesto que, de lo contrario, el sistema se desvanece. Los ciudadanos tienen que confiar en nosotros.

Y, lo cierto es que la oposición es el mejor sistema que garantiza un proceso de selección conforme el mérito y la capacidad de todos los opositores. El actual sistema garantiza que todo aquel que supera el proceso selectivo posea las habilidades necesarias para cumplir la función jurisdiccional. Así es la forma en la se garantiza la independencia del Poder Judicial frente al resto de poderes. Sin embargo, tengo el presentimiento, -podré estar equivocado, ojalá- que lo que se busca es modificar la composición de la carrera judicial sustituyéndose por jueces afines – y a poder ser, dóciles-. Somos incómodos e independientes. Un poder del Estado sometido únicamente al imperio de la ley. Y eso, a algunos, no les gusta. Resistamos.

Javier Lapeña Azurmendi


[1] Dato relativo a las últimas 23 promociones de jueces que van desde la número 52 -curso 2.000/2.002- hasta la número 74 -curso 2024/2025- al ser el que muestra la estadística, existiendo un total de 3.221 jueces en prácticas y cuestionarios 3.046.

[2] Sumar propone al Congreso estudiar la viabilidad de un MIR para las profesiones de la carrera judicial (europapress.es)

Ningún ingeniero informático recomendaría unas elecciones telemáticas.

Ningún ingeniero informático recomendaría unas elecciones telemáticas.

Alfonso Peralta Gutiérrez.

En los últimos días ha surgido el debate sobre elecciones y voto telemático en Sala de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia por parte de los jueces y magistrados. Como sabemos, estas elecciones, junto con las elecciones a los decanos electivos son la máxima y únicas expresiones democráticas en la carrera judicial. Quizás de ahí su principal importancia. Cierto es, que también se ha podido votar a la Comisión Ética Judicial y de manera telemática, y sin perjuicio de la importancia de su función y lo valioso de sus informes, no menos cierto es que los aspectos gubernativos puede decirse que suponen una afectación más directa al día a día de los jueces que los dilemas éticos más puntuales. Otra diferencia en sí en las elecciones a la Comisión Ética es que principalmente se vota a personas sin candidaturas asociativas propiamente dichas.

Lo cierto es que la discrepancia entre las distintas asociaciones no es sobre la metodología ni la tecnología del voto sino que APM se opone a las elecciones telemáticas por falta de cobertura legal, ya que no está contemplada está opción ni legal ni reglamentariamente.

Por su parte, el 25 de abril, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado y por mayoría continuar los trabajos para la modificación del Reglamento 01/2000 de los órganos de gobierno de los tribunales para incluir la posibilidad de emitir el voto de forma telemática en las elecciones a las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia.

Así, los miembros del órgano de gobierno de los jueces han decidido convalidar el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente el pasado 2 de noviembre -en el que se aprobó un informe del Gabinete Técnico del CGPJ relativo a la viabilidad legal y reglamentaria del voto telemático en esas elecciones y se acordó constituir un grupo de trabajo- y continuar con la tramitación de la modificación reglamentaria.

Por ello, sin ser un experto informático ni auditor o consultor en el tema, pero sí al menos estando certificado con la ISO 27001 en seguridad de la información, tengo que añadir a este debate el aspecto técnico correspondiente a seguridad de la información y ciberseguridad.

Y es que según la nota de prensa del CGPJ si bien consta un informe del Gabinete Técnico sobre la viabilidad legal y reglamentaria, salvo omisión, no consta un informe sobre la viabilidad técnica y sobre todo sobre la ciberseguridad del voto telemático.

Así, a dichos trabajos debería añadirse la petición de un informe al Centro Criptológico Nacional sobre la viabilidad en materia de ciberseguridad de unas elecciones telemáticas como órgano competente en materia de soporte y despliegue de seguridad de los sistemas de las tecnologías de la información de la Administración que procesan, almacenan o transmiten información en formato electrónico, que normativamente requieren protección, y que incluyen medios de cifrado[i]. Y es que dicha tecnología debería cumplir con el mínimo del Esquema Nacional de Seguridad, el cual resulta de aplicación a todo el sector público y supone los principios básicos y requisitos mínimos necesarios para una protección adecuada de la información tratada y los servicios prestados por las entidades de su ámbito de aplicación, con objeto de asegurar el acceso, la confidencialidad, la integridad, la trazabilidad, la autenticidad, la disponibilidad y la conservación de los datos, la información y los servicios utilizados por medios electrónicos que gestionen en el ejercicio de sus competencias[ii].

Y es que no podemos olvidar frente a ataques informáticos, no sólo la importancia del poder judicial como un poder del estado, su carácter estratégico frente a amenazas y el impacto significativo que puede suponer en un estado su vulnerabilidad, ya que además no es la primera vez que ha sufrido ataques la institución en sí, o bien las credenciales de algunos de sus miembros.

Siendo en ciberseguridad algunos de los principios básicos la prevención, la formación, y la ya clásica seguridad y privacidad por defecto y desde el diseño, antes de la implantación de cualquier herramienta de voto electrónico deberíamos no tener dudas de que al menos cumple los estándares del Esquema Nacional de Seguridad y existe una viabilidad técnica en materia de seguridad de la información.

Para ello, se puede comprobar por ejemplo, si hay alguna herramienta al respecto en el Catálogo de Productos de Seguridad de las Tecnologías de la Información y Comunicación (CPSTIC), el cual recoge los Productos Aprobados para el manejo de información clasificada y los Productos Cualificados para el manejo de información sensible, de forma que pueda servir de referencia a las organizaciones obligadas por el ENS.

De igual manera, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.3 del Real Decreto 311/2022, los pliegos de prescripciones administrativas o técnicas de los contratos que celebren las entidades del sector público, incluidas en el ámbito de aplicación del ENS, contemplarán todos aquellos requisitos necesarios para asegurar la conformidad con el ENS de los sistemas de información en los que se sustenten los servicios prestados por los contratistas, tales como la presentación de las correspondientes Declaraciones o Certificaciones de Conformidad con el ENS.

Por supuesto, además de ello, sería muy recomendable que la tecnología cumpla con la denominada Directiva NIS2 de ciberseguridad[iii] así como las normas estandarizadas de seguridad de la información como productos Common Criteria u otra certificación de producto reconocida internacionalmente.

Así, en un análisis de riesgos de unas elecciones telemáticas lo primero que hay que contemplar es si el sistema que se pretende garantiza la seguridad y la confidencialidad. De tal manera que no permita usurpaciones, suplantaciones o existan medidas técnicas y organizativas para evitarlo, pero a su vez, garantice un voto secreto. Y que además, los recuentos y sistemas de servidores sean seguros de tal manera que no pueda producirse una manipulación de los resultados.

Por ejemplo, el Artículo 9.3, 10.2 de la Ley 39/2015 o 122.2.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en cuanto a identificación y firma, en caso de tratarse de datos personales, y más tratándose de categorías especiales de datos del Art. 9 del RGPD de “opiniones políticas” o “afiliaciones sindicales”, deberían tratarse en servidores ubicados en España.

Además, cuando hay un recuento electrónico, hay alguien que “controla” ese recuento, que pone el sistema y los servidores. ¿A quién cedemos ese control? ¿Al Ministerio de Justicia, a INDRA, a empresas privadas?

¿Y cuál sería el resultado de comprobar todo esto? Pues ya se lo adelanto. Que no existe sistema de elecciones telemáticas que lo cumpla. Que es IMPOSIBLE. NO EXISTE. NO SE HA INVENTADO. NO SE CONOCE. Tan imposible como romper la ley de la gravedad o pedir manzanas al olmo o como no podemos saber cuántos mundos hay en el universo.

Y es que parece que como en Justicia vamos tan atrasados a nivel tecnológico, a ver si podemos avanzar con algo que sea telemático, tecnológico o informático.

Pero ojo, que si no hay ningunas elecciones serias en el mundo que sean telemáticas, pues por algo será. Porque por mucha inteligencia artificial, blockchain, o demás, hoy en día en esta materia, lo único verdaderamente confiable es el papel.

El voto telemático no puede ser seguro y secreto a la vez. Si es seguro  (por certificado electrónico, por ejemplo, debe ser al menos un sistema de doble autenticación), es trazable. Y por lo tanto no es secreto. Se podría trazar el voto de cada uno y revelarse los votos de todos los jueces y magistrados de España mediante sistemas de desanonimización inversa.

Lo segundo es si el servidor sería seguro. Ya que los resultados de una votación telemática podrían ser hackeables y manipulables.

Y si el voto es anónimo, nunca será seguro y será fácilmente manipulable porque nunca podrás asegurar su trazabilidad.

No hay un sistema seguro y de voto secreto telemático. Y no hay un sistema informático de resultados telemáticos que no sea hackeable y manipulable. Y por lo tanto no hay un sistema de voto electrónico confiable. Y si no puedes confiar en las elecciones, te cargas uno de los pilares de la democracia. Y por eso no hay ningunas elecciones serias con voto electrónico.

Así, por ejemplo, cuando se ha hecho uso de sistemas de voto electrónico en primarias de partidos políticos, al final se han acabado investigando por manipulación electoral. Y alguien podría decir, en algunas votaciones a rector ha habido votación electrónica, por ejemplo en la Universidad de Granada.  Pues sí, y la empresa que las hizo ha acabado en liquidación, por algo será. Suiza llegó a implantar bastante masivamente el voto electrónico, hasta que lo acabó quitando en 2019 porque la democracia suiza era demasiado valiosa para experimentos.

Y cuando se habla de Estonia, su sistema de e-voting fue auditado y las conclusiones son las siguientes:

Lo que encontramos nos alarmó. Había lagunas asombrosas en la seguridad operativa y de procedimiento , y la arquitectura del sistema lo deja abierto a ataques cibernéticos de potencias extranjeras , como Rusia. Estos ataques podrían alterar los votos o dejar los resultados electorales en disputa. Hemos confirmado estos ataques en nuestro laboratorio: son amenazas reales. Recomendamos urgentemente que Estonia deje de utilizar el sistema.

Pero es que en Estonia, el voto secreto se ha considerado como el derecho del ciudadano a emitir su voto de manera solitaria[iv]. ¿Por qué? Porque en el voto por internet el estado no está en condiciones de asegurar el aspecto privado del procedimiento. No el derecho a que no se sepa su sentido del voto. En Estonia por ejemplo las listas de votantes tienen la información sobre quién ha votado y quién no y de qué manera. El voto secreto no abarca el derecho a revelar o no si votas o no. ¿Es el mismo concepto de voto secreto que puede tener nuestra Constitución, la LOPJ o la LOREG?

Y los estonios no votan con credenciales de email ni cosas así, sino con (…) su tarjeta de identificación nacional o un identificador móvil con certificados y PINs válidos, un lector especial de tarjetas y una aplicación de voto que verifica de forma automática si el votante es elegible para emitir su voto”.

La Electronic Frontier Foundation, una organización sin ánimo de lucro por los derechos digitales que acaba de cumplir 30 años, desaconseja frontalmente el voto electrónico y se opone a cualquier ley electoral que no incluya estas dos medidas: votos individuales de papel y auditorías o comprobaciones que limiten los riesgos para cada elección.

No hablamos de la organización sin ánimo de lucro contra la digitalización, la modernización y por la vuelta a las cavernas. No. Hablamos de una organización por los derechos digitales. De gente que sabe. Igual que los anteriores.

Francia o Estados Unidos han dado un portazo al voto electrónico. Pero es que somos juristas, si queréis dejamos de lado las frikadas. La Corte Constitucional Alemana declaró la inconstitucionalidad del e-vote. Y os dejo algunas de sus argumentaciones:

“Los problemas de seguridad de los aparatos electorales afectan a los principios electorales de libertad, igualdad y secreto del voto. Si los votos pueden ser capturados, desviados o espiados, se vulnera el principio de libertad electoral. Si no se sabe si el voto será contabilizado efectivamente, se vulnera el principio de igualdad electoral. Estas manipulaciones también pueden afectar al principio del secreto del voto. Para lesionar estos principios electorales es suficiente que la utilización de las máquinas electorales permita la concurrencia de estos errores”.

“el fraude que se puede realizar con el software supera en mucho las posibilidades del sistema tradicional”

Así que, por favor, ya que no podemos elegir nuestro órgano de gobierno, tomémonos en serio las elecciones que tenemos y que nos afectan, dejémonos de experimentos y reflexionemos lo que hay que digitalizar. No porque algo sea digital, tiene que ser necesariamente mejor, puede también empeorar. Y si la única ventaja es que votar desde tu despacho es más cómodo, pues hagamos un pequeño sacrificio para las pocas elecciones que tenemos.

Para más información:


[i] Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Centro Criptológico Nacional.

[ii] Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

[iii] DIRECTIVA (UE) 2022/2555 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de diciembre de 2022 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión, por la que se modifican el Reglamento (UE) n.o 910/2014 y la Directiva (UE) 2018/1972 y por la que se deroga la Directiva (UE) 2016/1148 (Directiva SRI 2)

[iv] Madise, Ülle & Maaten, Epp & Vinkel, Priit. (2014). Voto por Internet en Estonia.

Y ahora, ¿qué?

Y ahora, ¿qué?

Es viernes 26 de abril de 2024, y pensando en la entrada que escribir para el blog, se me viene a la cabeza sin querer, una y otra vez, la carta que el Presidente del Gobierno dirigió a la “ciudadanía” el miércoles 24 de abril de 2024. Día bonito 24/04/24.

“Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor”

Nada en la historia de nuestra democracia parecido, me atrevería a decir, ni de cualquier democracia. Suárez no necesito un periodo público de reflexión, el 29 de enero de 1981 dimitió. Un Presidente del Gobierno, una institución a través de una persona que representa al Gobierno de España (unas de las principales economías de la Unión Europea, aliado de la OTAN que participa muy activamente en la operaciones de defensa de la frontera en Europa del Este ante la crisis de Ucrania), que dirige la acción del Gobierno, que coordina las funciones de los demás miembros de éste, que determina las directrices de la política interior y exterior, que refrenda al Rey, que convoca, preside y fija el orden del día del Consejo de Ministros, o que, teniendo en cuenta las amenazas mundiales actuales, preside el Consejo de Seguridad Nacional, necesita reflexionar sobre si quiere ser Presidente… y lo hace público.

Claro, la pregunta que se viene inmediatamente a la cabeza es, y ahora, ¿qué?.

De momento, según su misiva sólo ha cancelado su agenda pública por lo que sus funciones no serán asumidas por la Vicepresidenta Primera.

El lunes sucederá;

1.- Que, una vez hecha la reflexión, continúe en el cargo, con lo que nada más que decir.

2.- Que considere que debe renunciar a este alto honor. En este momento, el Gobierno entrará en funciones, y se aplicará el art. 99 de la Constitución. No es necesario convocar elecciones. Dice el precepto, “Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, (pérdida de la confianza parlamentaria, dimisión o fallecimiento) el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno”

Por lo tanto, no hay que preocuparse, al menos de momento, por convocar elecciones, puesto que se comenzaría por la ronda de consultas del Rey, y éste propondría un candidato a la Presidencia del Gobierno.

Continúa estableciendo el precepto, Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.

Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.

Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.”

Si el Presidente quisiera disolver las Cámaras y convocar elecciones no podría hacerlo hasta el 30 de mayo, teniendo en cuenta que el artículo 115 apartado 3 de la Constitución establece que ,“No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5.”, y el último Real Decreto de disolución y convocatoria de elecciones es de fecha 29 de mayo de 2023.

También me surge la pregunta, ¿y el Presidente tiene el “derecho laboral” a cogerse cinco días para reflexionar si le merece la pena ser nuestro Presiente?.

Sólo ha cancelado su agenda pública, dice en su carta que seguirá ejerciendo sus funciones de Presidente, sin embargo, su “agenda pública”, que no es otra cosa que representar al Gobierno España, también forma parte de su “trabajo”, de sus funciones. La Ley del Gobierno no establece el régimen estatutario del Presidente, tampoco lo hace la Ley 3/2015 de 30 de marzo reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Podríamos entender de aplicación supletoria el Estatuto Básico del Empleado Público, y entonces debería haber sido un médico el que hubiese considerado que el Presidente no se encuentra bien y necesita cinco días de baja laboral, pero en todas sus funciones, no en parte.  

Cuando uno accede a un cargo de tal dignidad no representa a un partido político ni mucho menos a si mismo, sino a toda la ciudadanía, a todos los españoles, de una ideología política y de otra; poniéndonos filosóficos podríamos decir que el cargo trasciende a la persona.

Con esto no quiero decir que el Presidente del Gobierno tenga que soportar cosas ilegales, pero sí que tiene que soportar cosas que están dentro de una normalidad democrática, como es la crítica, la libertad de expresión, la libertad ideológica y de libre pensamiento. También está obligado a soportar que su persona y la de su familia se someta al imperio de la ley, porque dentro de una normalidad democrática se encuentra el hecho de que cualquier persona, incluido el Presidente del Gobierno y su familia, puedan, si se cumplen los requisitos legales, ser sometidos a un proceso judicial, y ello lo debe hacer el Presidente y su familia sin cuestionar la legalidad de ese proceso judicial, porque cuando en una sesión de control al Gobierno, el Presidente dice “a pesar de todo creo en la justicia”, lo que hace es poner en cuestión ese imperio de la ley, la democracia que pese a estos cinco días de “reflexión” y pese a que se vaya o se quede, va a continuar existiendo en España.

Termino de escribir este artículo con la declaración del Presidente del Gobierno de que continúa en el cargo… solo faltaba.

Sonia Martín Pastor.

Magistrada del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº3 de Palma de Mallorca.

NOSTALGIA

NOSTALGIA

          Esta semana se ha celebrado el día del libro, y ello me ha recordado que hace poco tiempo, en un club de lectura al que pertenezco leímos “La papelería de Tsubaki”,  de Ito Ogawa (Ed. Navona, enero 2024), que  no es un libro trepidante, pero  precisamente eso es lo que lo hace especial. En síntesis, trata de una chica que regresa a la ciudad en la que creció con motivo del fallecimiento de su abuela,  y se hace cargo del negocio de ésta, una papelería.

          En la citada papelería, además de vender los objetos propios de ese establecimiento, Hatoko, la protagonista, redacta cartas por encargo, de todo tipo (amor, desamor, negocios, condolencias, etc), y es entonces cuando he sentido nostalgia.

          Hatoko recibía a sus clientes  en su tienda de forma pausada, les hacía acomodarse, les ofrecía  algún tipo de té o  dulces, todos diferentes y escuchaba atentamente cuál era el objeto de misiva que habría de redactar. A continuación,  ella seleccionaba, no sólo el contenido y el tono de la carta en función de a quién iba dirigida, sino el papel o incluso la pluma adecuada a tal fin. Esto me recordó a un tiempo en el que también nosotros nos comunicábamos por correspondencia y ahora esa acción la concibo como acto de generosidad.

          En efecto, una vez que tenías decidido que era hora de escribir a alguien, te dirigías a la papelería para elegir el papel, pues los había de todos los tamaños, colores e incluso olores, para, posteriormente, comprar un sobre y el sello adecuados. Llegados a casa, tenías que sentarte, parar, reflexionar y pensar en la otra persona, qué le ibas a contar, cuáles eran tus sentimientos o tus últimas vivencias, e incluso dabas respuestas a preguntas que  el destinatario te podría formular como si de una conversación se tratara. Finalmente, tenías que buscar el buzón donde habrías de depositar la carta. A ello le seguía cierto nerviosismo, pues lo lógico era que días o semanas después te convertirías en el destinatario de la carta que daría respuesta a la que tú enviaste. 

          En época navideña era preceptivo mandar el correspondiente christmas a la familia o amigos, previamente  adquiridos en la tienda o, muchas de las veces,  se trataba de christmas confeccionados por nosotros en la clase de plástica o pretecnología. Es más, cuando ibas de viaje, uno de  los regalos o recuerdos más típicos era comprar una postal con una imagen del lugar en el que estabas, lo que constituía una prueba fehaciente de que, ciertamente, habías estado en ese sitio. Actos todos ellos, insisto, de generosidad, de pararse a pensar que a otra persona le podría gustar aquello que te habías parado a  elegir  y comprar.

          Sin embargo, ahora todo son prisas e inmediatez. Basta con un whatssap, que a  modo de ejemplo, se diga “qdamos mñana? (seguido de unas manos a modo de rezo o el emoji de la flamenca), a lo que puede seguir una respuesta como: “ (emoji de cara triste con una lágrima saliendo del ojo) otro día (seguido de emoji de cara lanzando un beso). Actos de comunicación que, además de aberraciones o patadas al diccionario y a la ortografía, constituyen, en muchas ocasiones,  verdaderos actos de descifrado de jeroglíficos.

          O algo peor todavía. Hace unos días uno de mis hijos quedó con sus amigos y al recogerlo los ví a todos sentados, inmersos en un silencio casi sepulcral. Les pregunté que por qué no estaban jugando o hablando, y ellos, casi ofendidos, me aseguraron que estaban hablando, y la verdad es que así era, pero a través de sus teléfonos móviles.

          Y eso es a lo que me refería con un acto de generosidad. Antes, encontrabas siempre un momento para conversar con otra persona, o sentarte y pensar en ella para dedicarle unas palabras, no importaba cuáles, las suficientes y precisas para evidenciarle que seguías ahí.

          Retomando el argumento del libro, otro de los personajes que me parece entrañable es Bárbara, una señora de avanzada edad, que pese a sus años no escatimaba el tiempo, ni sus esfuerzos en  hacer todo tipo de actividades, bien sola o acompañada de sus amigos. Bárbara era la vecina de la protagonista, y siempre tenían tiempo para desayunar juntas, tomar un café o simplemente saludarse cada mañana al asomarse a su ventana. De hecho, define mucho a este personaje una frase del libro. Hatoko le preguntó cuál era su estación favorita, a lo que ella respondió “Todas ¡faltaría más! -ni siquiera tuvo que pensarlo- En primavera florecen los cerezos, en verano, puedes ir a nadar, en otoño, la comida sabe mejor, y en invierno, las estrellas son más bonitas que nunca y el mundo parece en paz”.

          En cambio, ahora creo que es más difícil encontrar a alguien que conozca a los vecinos de su edificio y no es inusual que cuando entras en un ascensor,  la persona que esté dentro sustituya el saludo por una inclinación de la cabeza hasta el suelo, buscando su móvil para consultar cualquier cosa, pese a saber que la cobertura no es buena,  para hacer menos incómoda la llegada  a la planta de destino y evitar cualquier cruce de palabras con una persona desconocida.

          Con todo esto no quiero decir que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero quizás sí que hemos olvidado cultivar nuestras relaciones de amistad, familiares, etc.

          En definitiva,  como  expresé al comienzo del artículo, este libro no es trepidante, pero sí constituye una exaltación al disfrute de cada día, de cada instante, de pararse a escuchar y compartir momentos con quienes nos rodean,  dedicarles tiempo. Sé que esto resulta ñoño o empalagoso,  quizás estoy en un momento especialmente sensible, pero valoro esos momentos. Aún así, soy una persona muy afortunada, pues mi familia siempre tiene tiempo para mí y especialmente, tengo amigas, muchas de ellas “judiciales”, y ellas saben quiénes son, que siempre buscan ese hueco, para hablar de cualquier cosa, no tiene por qué ser nada profundo, ni trascendental, pero siempre me arrancan  unas risas, que no sólo sonrisas. Son personas medicina.

          La moraleja, si la hubiera, es que disfrutéis de todo aquello que nos rodea, del día a día, en definitiva, como diría nuestra Bárbara, convertid todas las estaciones en vuestra favorita.

          María de las Nieves Rico Márquez

TURISTIFICACIÓN, TURISMOFOBIA Y GENTRIFICACIÓN.

TURISTIFICACIÓN, TURISMOFOBIA Y GENTRIFICACIÓN.

            El documental Síndrome de Venecia (2012), dirigido por Andreas Pichler, analiza el fenómeno de la turistificación, según el cual, los habitantes huyen de los centros urbanos por culpa del aumento del precio de la vivienda  y la invasión de hoteles y apartamentos dedicados al turismo y que amenaza incluso “la propia supervivencia del sector turístico”.

            En los centros históricos de las ciudades se viene dando un turismo intensivo que está generando unos impactos socio-espaciales ya visibles para la sociedad. Esto hace que se haya generado un debate sobre gentrificación en ciertas áreas urbanas centrales solapándose con los estudios de turistificación, lo que podría entenderse como una gentrificación turística.

            Tres conceptos  interesan en esta materia, turistificación, turismofobia y gentrificación.

La turistificación (que aún no está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua), palabra empleada para referir la saturación de turistas y visitantes en lugares con molestias para la población residente. De otro lado la turismofobia (palabra tampoco introducida en el diccionario) se define a priori como un sentimiento de rechazo a los turistas mientras que la gentrificación es un proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo.

            El exceso de explotación turística en núcleos urbanos con patrimonio histórico cultural de mayor intéres ha derivado en un temor, aversión o rechazo social que sienten los ciudadanos locales de un destino hacia los turistas debido por lo general a la mala planificación de políticas turísticas, cuya explotación provoca la destrucción del tejido social y tiende a un decrecimiento de la calidad de vida local.

            El ruido de ruedas de maletas inunda ciudades, también los apartamentos turísticos, muchos ilegales o incluso legalizados donde convive el turista-  ocasional de cualquier procedencia- con el vecino permanente que ve alterada la paz y orden en la que desarrollaba su vida diaria.

            Hay ejemplos muy ilustrativos sobre lo que viene ocurriendo, ciudades al límite como Venecia, Roma, Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. Son impactantes las imágenes de turistas subiendo el Everest, un abanico de colores sobre la nieve donde se originan colas. Increíble.

            La planificación y reorganización de los destinos se hace imprescindible. Las ciudades convertidas en parques temáticos no son atractivas. No se ve ni puede verse la vida local, costumbres, vecindad, comidas autóctonas. No convive el turista con el residente que lo ve como invasor e intruso. El efecto es perverso pues, ocupan espacios públicos y lugares con interés cultural espantando a los ciudadanos de su hábitat y expulsándolos a barrios periféricos o a otros municipios. Se inicia el proceso de gentrificación en el mejor de los casos.

Tendría que revisarse este efecto y el interés que suscita para el visitante ver ciudades sin alma, llenas de franquicias donde se come, bebe y compra  lo mismo en todas ellas.

A lo anterior se une la locura de los apartamentos turísticos, los usuarios poco dinero dejan a las arcas locales. Comen en ellos, no ocupan hoteles, no pagan tasas o impuestos, no hay controles sanitarios o de seguridad, un dislate.

           Son acciones pendientes de revisión en muchas ciudades. La regulación más severa de las autorizaciones, control, limites según zonas para no tensionar la ocupación, abono efectivo de impuestos en su caso.

            Todo el mundo quiere viajar, pero esto es desplazarse. Se produce una saturación turística, un crecimiento excesivo de visitantes que hace que un lugar se masifique y los residentes sufran las consecuencias y cambios permanentes en sus estilos de vida, su bienestar social y su acceso a los servicios y bienes comunes.

El modelo de masificación turística no funciona, no gusta a la ciudad ni al visitante.

            Las ciudades europeas exploran la fórmula para mantener los ingresos generados por el sector y evitar sus efectos adversos. El éxito de los destinos urbanos plantea un nuevo escenario donde viajeros y vecinos deben convivir a fin de evitar la turistificación y turismofobia.

            Son varias las capitales europeas que empiezan a adoptar medidas concretas para controlar el turismo y limitar sus consecuencias negativas ante el peligro a morir de éxito.

            Consecuencias colaterales son las subidas en los precios del alquiler y de la cesta básica de la compra, la desaparición de negocios tradicionales en virtud de tiendas de souvenirs, ruidos y fiestas, manadas de turistas por las calles o el éxodo vecinal a la periferia. En definitiva, la degradación de la calidad de vida en determinadas zonas urbanas de poblaciones cada vez más afectadas.

Como posibles soluciones los expertos han apuntado, desestacionalizar el turismo para repartirlo durante todo el año, proponer nuevos recorridos en la ciudad para evitar aglomeraciones en los lugares de siempre, establecer una capacidad máxima de visitantes o fomentar un mayor gasto en el destino.

            Crear tributos disuasorios, por ejemplo en Venecia han puesto precio al acceso. El consistorio de la capital de la región del Véneto, en el norte de Italia, empezó a cobrar 5 euros por entrar en la ciudad a partir de 2024. Esta medida tiene como objetivo fomentar las estancias largas en detrimento del turismo de un solo día. Es una suerte de “contribución de acceso”, que obliga a pagar este tributo a todos los visitantes que lleguen a la ciudad, incluidos los que lo hagan en crucero, con el fin de desalentar el turismo diario. Es el primer destino del mundo que establece este tipo de medida.

            Ámsterdam es otro ejemplo, prohíbe el atraque de cruceros desde julio. Monumentos como el Coliseo, la Sagrada Familia o la Torre Eiffel parecen condenados a soportar el asedio turístico. En este sentido, el Gobierno de Grecia ha anunciado que el número de turistas autorizados a visitar la Acrópolis de Atenas se limitará a 20.000 personas diarias a partir de la primavera de 2024. Este monumento recibe una media de 23.000 visitantes al día. Pero si hablamos de problemas asociados al turismo sin control, hablamos de Barcelona.

            La turistificación produce efectos negativos y genera tendencias en áreas como alquileres, alojamientos  o incluso intercambio de viviendas.

En el apartado alquileres, una de las consecuencias más evidentes del auge del turismo urbano es la subida del precio de los alquileres que hace imposible el acceso en muchos casos.

En cuanto al alojamiento, entre 2010 y 2019 las plazas de alojamiento turístico en España pasaron de 350.000 a casi 800.000, según el informe Urbantur 2022, elaborado por Exceltur. Cambios que se han producido sin la regulación que se adapte a la velocidad que el sector necesita y de forma desestructurada.

 De acuerdo con Inside-Airbnb, en 2022, de un total de 17.000 anuncios de Airbnb, solo 8.000 de ellos contaban con licencia. La explotación de viviendas de uso particular como viviendas vacacionales se ha convertido en una fuente de ingresos para muchas personas. Los locales de negocio se vienen transformando en explotaciones turísticas de forma masiva en algunas ciudades, y los pisos ofertados incluso con el propietario dentro que renta habitaciones con espacios comunes.

            En contraposición pero en línea con la turistificación, ha surgido en los últimos años una nueva tendencia el intercambio de casas. Aunque la visión de vivienda y turismo es distinta. Según sus creadores se fomenta un turismo más sostenible, donde el viajero intercambia su casa con otros que desean conocer el destino. El portal cuenta con 120.000 usuarios a escala mundial, de los que 17.646 se encuentran en España. Después de Francia, el mercado español es el más relevante para la marca.

            La progresiva expulsión de la población local, debido a los desalojos y la conveniencia de vender, tiene consecuencias serias. Por un lado, la desaparición de la vida urbana local -mercados, festividades locales- y su reemplazo por actividad únicamente centradas en el turismo. Por otro, que el Estado cada vez cierra más servicios públicos para los habitantes locales, en tanto la población es cada vez más escasa y no basta para sostener escuelas, servicios de correo, etc. Muchos de quienes compran las casas en lugares turísticos estratégicos lo hacen con fines comerciales; básicamente, alquileres para turistas. El aspecto de la ciudad, debido a ese incesante flujo de turismo, se empieza a tornar particularmente extraño, con poca vida costumbrista.

            Existen fuertes indicios de una relación entre el incremento de los apartamentos turísticos y pérdidas de residentes en los centros históricos de las ciudades más afectadas.

            Por todo ello se hace necesario caminar hacia otro modelo que respete a las poblaciones locales y el medio ambiente y que beneficie a todos. Que permita un manejo más adecuado de la afluencia turística. Que conjugue la satisfacción de expectativas del turista pero también a las comunidades que lo acoge en función de la participación en las ganancias que la actividad produce que lleguen efectivamente a la vida ciudadana local.

De otro modo en casos extremos pero cada vez más frecuentes, se desarrolla lo que ha venido denominándose turismofobia, el odio y rechazo al turista.

            Como solapamiento con los estudios de turística acción se analiza la gentrificación como fenómeno urbano que se ha vuelto cada vez más común en las últimas décadas en muchas ciudades del mundo. El término se refiere al proceso de transformación de un barrio de una zona de bajos ingresos a una zona de alta renta, donde los antiguos residentes son expulsados debido al aumento de los precios de la vivienda y el costo de vida.

            En el proceso de gentrificación, hay varios grupos que pueden verse beneficiados. En primer lugar, los propietarios de viviendas y los desarrolladores inmobiliarios pueden obtener grandes beneficios financieros al aumentar los precios de la vivienda y obtener una mayor rentabilidad en las propiedades que poseen o que compran en zonas gentrificadas.

            Además, los nuevos residentes con mayor poder adquisitivo también pueden beneficiarse de la gentrificación al acceder a mejores servicios e infraestructuras, así como a una mayor oferta de opciones de ocio y entretenimiento. En muchos casos, estos nuevos residentes también pueden beneficiarse de la mejora en la seguridad y la limpieza de la zona.

            Por otro lado, hay analistas que argumentan que la gentrificación también puede tener un impacto positivo en los residentes de bajos ingresos que permanecen en la zona. La mejora en la infraestructura y los servicios puede beneficiar a estas personas, y la revitalización de áreas urbanas degradadas también puede mejorar la calidad de vida en general.

            Sin embargo, es importante destacar que los efectos positivos de la gentrificación a menudo están limitados a ciertos grupos de personas. Por ejemplo, los nuevos residentes con mayores ingresos pueden beneficiarse, mientras que los residentes de bajos ingresos pueden verse expulsados de sus hogares y comunidades debido al aumento de los precios de la vivienda y el costo de vida. Por lo tanto, es esencial considerar cuidadosamente las implicaciones sociales y económicas de la gentrificación y trabajar en soluciones equilibradas y justas para todas las partes involucradas.

            Si se busca un balance para entender si la gentrificación tiene un resultado positivo o negativo, por un lado, revitaliza un barrio deteriorado y le da una segunda vida, atrayendo nueva población y negocios florecientes. Por otro lado, supone el desplazamiento de clases populares que no pueden sostener el coste del nuevo entorno.

           Muchas zonas afectadas por este fenómeno combinan el uso turístico o han sido absorbidas por el mismo. De modo que se convierten en parques temáticos, normalmente cercanos a lugares de interés histórico-artístico se instalan viviendas turísticas, apartamentos turísticos y hoteles- estos dos últimos más controlados los primeros no-.

            En definitiva es necesario abordar el problema de manera seria y responsable limitando la explotación turística y número de turistas para lograr combinar el uso local con estas actividades que no todos los residentes aceptan ni de las que se benefician. Difícil solución política y complicadas e impopulares decisiones que deberán ser jurídicas y limitativas.

En definitiva apoyo al viajero y no al turista.

Celia Belhadj Ben Gómez

Magistrada y doctora en derecho

MARICARMEN GARCÍA, ANTROPONIMIA Y REGISTRO CIVIL

MARICARMEN GARCÍA, ANTROPONIMIA Y REGISTRO CIVIL

El Preámbulo de la Ley 20/2011, del Registro Civil, dice:

«El nombre y apellidos se configura como un elemento de identidad del nacido derivado del derecho de la personalidad y como tal se incorpora a la inscripción de nacimiento».

Casi culminada la transición por la que los jueces dejarán la llevanza del Registro Civil y como homenaje a todos aquellos que lo llevaron, en esta entrada se hablará de los apellidos —más que de los nombres—.

La cuestión de los apellidos, qué se puede y qué no se puede hacer registralmente con ellos, interesa a duchos y es curioso para legos.

También interesa a los jueces de instancia. Piénsese, por ejemplo, en expedientes de adopción o en juicios de privación de patria potestad. 

Pongamos que hablo de María Carmen García Zuzunaga, Maricarmen para los amigos.

Este nombre y apellidos no se ha escogido al azar. María Carmen es el nombre más común en España (636.109 mujeres se llaman así).

García es el primer apellido más común (1.449.647 personas se apellidan así, de primer apellido). Zuzunaga es el segundo apellido menos común (19 personas se apellidan así, de segundo apellido).

María Carmen se apellida García, porque su padre, Antonio —segundo nombre propio más común en España—, se apellida García de primero. Maricarmen se apellida Zuzunaga de segundo, porque su madre, María, se apellida Zuzunaga de primero.

Maricarmen García Zuzunaga se apellida así porque así lo convinieron sus padres, quienes podrían haber convenido que llamase María Carmen Zuzunaga García.

Ahora bien, lo que los padres de Maricarmen hubiesen acordado en cuanto al orden de sus apellidos deberían mantenerlo para todos sus sucesivos hijos.

Tampoco podrían llamar a ninguna de sus otras hijas María Carmen, salvo que Maricarmen, lamentablemente —y con muy mal gusto por parte de sus padres— hubiese fallecido.

Si nada hubiesen determinado o hubiese desacuerdo, sería el Encargado del Registro Civil el que decidiese. También, Maricarmen, podría invertir el nombre de sus apellidos cuando alcanzase la mayoría de edad.

Si Maricarmen hubiese sido abandonada por su madre María después de su nacimiento, decidiría sobre los apellidos el Encargado del Registro Civil, que nunca podría apellidarla «Expósito» o con un nombre propio.

El Encargado del Registro Civil debería imponer apellidos de uso corriente —García, Rodríguez, Vázquez, etc.—.

Si María Zuzunaga, la madre, no supiese quién es el padre de su hija Maricarmen, Maricarmen tendría sus dos apellidos. Si Maricarmen fuese adoptada por su padrastro, tomaría el apellido de su padre adoptivo y transmitirlo a sus descendientes.

Si Antonio García fuese condenado por atentar contra su mujer María —madre—, Maricarmen podría suprimir el apellido de su padre.

Si Maricarmen tuviese la mala suerte de que su madre se llamase María Carmen Mier (2.169 personas se apellidan así) y su padre Antonio de Cilla (265 personas se apellidan así), también podría cambiar sus apellidos si el Encargado estimase que la combinación es deshonrosa.

Si María Zuzunaga, la madre de Maricarmen, la hubiese tenido con un súbdito chino llamado Li Huáān, podría llamarse María Carmen Juan —adaptación fonética y gramática de apellido extranjero— Zuzunaga. Mejor dicho y como se dirá más abajo, María Carmen de Juan Zuzunaga.

Si Maricarmen, que tienen ínfulas nobiliarias, quisiese llamarse María Carmen de García Zuzunaga, no podría hacerlo.

No podría hacerlo porque «García» no es un nombre propio. Si Maricarmen se apellidase, por ejemplo, Juana, sí podría imponer un «de». Es decir, sí podría llamarse María Carmen de Juana Zuzunaga.

Fuera de estos casos, a los apellidos a los que les precede un «de» suelen responder a una designación geográfica. Piénsese, por ejemplo en Miguel de Cervantes o Francisco de Quevedo. O, por ejemplo, «De la Fuente» o «De la Torre».

Sin embargo, Maricarmen, que tiene ínfulas nobiliarias, si podría imponer un «y» entre sus apellidos. Es decir, podría llamarse María Carmen García y Zuzunaga.

Ahora bien, en contra de la creencia popular, ello no lo convierte en un apellido.

Esta referencia jocosa a las «ínfulas nobiliarias» se hace por la también creencia popular de que los apellidos con «y» o con «de» denotan apellidos de alcurnia.

Nada más lejos de la realidad. La anteposición de «de» se usa para designar lugares de origen o para distinguir un apellido de los que, habitualmente, designan un nombre propio («De Alonso», «De Juan», «De María»).

Por otro lado, la conjunción «y» no une dos apellidos. Más bien lo contrario; los separa.

Habitualmente se hacía constar la «y» en las inscripciones de nacimientos entre el primer y segundo apellido. Actualmente, en la inscripción consta el nombre y apellidos con la debida separación —una línea para el nombre, otra para el primer apellido y otra para el segundo apellido—.

Por el contrario, sí se convierte en un apellido dos apellidos que se unen con un guión. Ahora bien, este cambio se resuelve por el Ministerio de Justicia —no por el Encargado del Registro Civil—.

Y esta unión, a diferencia de lo que ocurre con la inversión del orden o la agregación de una «y», no se admite el cambio por la sola voluntad del interesado.

Además de los requisitos generales exigidos —que la unión no exceda de dos palabras, sin contar el guión, partícula o artículo; o que los apellidos cuya unión se pretende pertenezcan legítimamente al interesado—, se exige un requisito indispensable, que es el que fundamenta el cambio: que se trate de evitar la desaparición de un apellido netamente español.

Por ejemplo, si Antonio García, padre de Maricarmen, se apellidase de segundo «Sandemetrio» (151 personas en España); Maricarmen, no sin pasar por un tedioso expediente previo resuelto por el Ministerio de Justicia, podría pasar de llamarse María Carmen García Zuzunaga a llamarse María Carmen García-Sandemetrio Zuzunaga.

Alfonso Zarzalejos Herrero.

    Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ribeira.

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Más allá del éxito de los Criptoactivos. Dos propuestas de reforma penal.

Más allá del éxito de los Criptoactivos. Dos propuestas de reforma penal.

En los últimos años, los activos criptográficos están revolucionando el sector financiero. Estos activos digitales respaldados por la tecnología del blockchain están cada vez más presentes en la sociedad. Ya no son solo un producto para minorías, sino que emergen progresivamente como una alternativa más o menos solvente para cualquier ciudadano medio que desee rentabilizar sus ahorros. Se trata de un producto atractivo que cada vez llama más la atención de los consumidores.

Como todo fenómeno tecnológico, su aparición promete traer consigo importantes ventajas, en términos de rapidez y eficacia en los pagos e inversiones, pero también plantea importantes desafíos en términos de regulación y seguridad jurídica.

El año pasado, la Unión Europea aprobó el Reglamento (UE) 2023/1114, conocido como MiCA, que se espera entre en vigor en diciembre de 2024. Se trata de un esfuerzo legislativo para regular estos activos sin precedentes en otros ordenamientos internacionales, superando los debates tradicionales sobre la regulación de las criptomonedas. Sin embargo, debe observarse que la rapidez con la que evoluciona el sector y su complejidad, hacen difícil que pueda verse como una solución única y definitiva para todos los problemas que enfrentamos en este ámbito

Al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, la falta de una regulación sigue siendo la nota predominante en esta materia. Recientemente, la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC), órgano federal, y por tanto con competencia en todo el país, autorizó la comercialización de ETFs vinculados al bitcoin. ETF es el acrónimo de las siglas Exchange-Traded Fund, y se refiere a fondos de inversión vinculados a criptomonedas y que por tanto pueden comprarse y venderse en bolsa como los fondos de inversión tradicionales. Esta autorización resulta un hito en esta materia, en la medida que generaliza este tipo de inversiones, otorgándoles la confianza de la autorización de la SEC.

Desde la perspectiva penal, la generalización en la inversión en criptomonedas está provocando la aparición de procedimientos motivados por denuncias de inversores. La nueva regulación introducida por el Reglamento MiCA no contempla disposiciones concretas en el ámbito penal.

En este articulo me gustaría centrarme en las deficiencias del marco normativo europeo en lo que respecta a la protección penal de los inversores en los procesos de recaudación de fondos iniciales para proyectos, llamadas ICOs (siglas de Initial Coin Offering u Ofertas Iniciales de Monedas en su traducción literal del inglés) mediante la emisión de tokens de utilidad y tokens de seguridad.

El llamado ICO (Initial Coin Offering) es una forma de financiación o de buscar liquidez para dar comienzo a un proyecto o cualquier otra iniciativa empresarial mediante la emisión de tokens (unidades de valor basada en la tecnología blockchain preexistente).

Por ejemplo, podemos imaginar un grupo de empresarios que deseen poner en marcha una “statup”, un negocio basado en alguna tecnología, como pudiera ser una aplicación de teléfono que permite concertar un viaje en coche a corta distancia mediante un vehículo a cambio de un precio concertado.

Para su financiación la empresa puede acudir a los sistemas tradicionales de obtención de fondos, como pedir un préstamo o emitir acciones, o tiene la opción más ágil y sencilla de emitir tokens.

En este caso, podemos distinguir dos posibilidades.

Los empresarios no quieren que los futuros inversores formen parte del negocio, y emiten unos tokens consistentes, por ejemplo, en el derecho a hacer uso de un futuro servicio de viajes prestado por la aplicación. A este tipo de tokens se les conoce como utility tockens, o tokens de utilidad.

Otra posibilidad es emitir derechos económicos sobre el futuro proyecto, como una participación en los beneficios que genere el negocio, o un interés sobre el capital invertido. A este tipo de token se le conoce como security token o token de seguridad.

Los tokens de utilidad no permiten participar en la empresa que se va a constituir, por tanto, difiere de la tradicional emisión de acciones o participaciones sociales. Las ofertas iniciales (ICOs) mediante tokens de utilidad dificulta considerablemente encajar estos tipos de tokens en el concepto legal de instrumento financiero. El Reglamento MiCA regula los tokens de utilidad, y los define como un tipo de criptoactivo usado para dar acceso digital a un bien o servicio, disponible mediante tecnología TRD (de registro distribuido) y aceptado únicamente por el emisor de la ficha.

Por otro lado, los tokens de seguridad (security tokens) constituyen valores negociables y otorgan derechos de naturaleza económica sobre el proyecto correspondiente, sujetándose a una regulación más estricta que los primeros. El Reglamento MiCA considera estos últimos como instrumentos financieros sujetos a regulación del mercado de valores. Sin embargo, esta referencia se ha realizado sin adaptar la regulación de delitos de manipulación de mercado cuya penalización en toda la Unión Europea es uniforme, de acuerdo con la Directiva 2014/57/UE y el Reglamento 596/2014.

La exclusión de los tokens de utilidad del mercado de valores, con arreglo a la regulación de MiCA, plantea la duda sobre si los delitos penales relacionados con su emisión deben ser redirigidos al tradicional delito de estafa. Esto a su vez nos lleva constatar la capacidad de los tipos penales existentes para combatir los fraudes que se están detectando en esta materia. El delito de estafa (art. 248 del Código Penal) a menudo se ve desbordado por la complejidad y el alcance de los fraudes asociados con los tokens de utilidad.

Actualmente, encontramos numerosos ejemplos de «fraudes masivos de criptomonedas» en los juzgados de instrucción de España. La situación evidencía la necesidad de una regulación específica que abarque las particularidades de estos activos y prevea unas penas adecuadas a la gravedad de estos delitos, pues en ellos existe no

solo una dimensión patrimonial, sino además una afectación al mercado y la competencia.

A fin de atender a los problemas suscitados en los procesos de financiación ICOs (Initial Coin Offering) mediante la emisión de tokens de utilidad y tokens de seguridad, propongo dos soluciones: por un lado, adaptar las sanciones penales relacionadas con los delitos de manipulación del mercado a las singularidades de estos activos, especialmente en el caso de los delitos cometidos a través de tokens de seguridad; por otro lado, crear un nuevo delito penal que participe de la naturaleza de los delitos contra el mercado para actuar en casos de emisiones fraudulentas de tokens de utilidad, basado en la idea de que son «valores especulativos», y no solo activos patrimoniales.

El delito de estafa es insuficiente para prevenir los delitos que pueden cometerse a través de la emisión fraudulenta de tokens de utilidad. No podemos centrarnos únicamente en la protección del patrimonio de la víctima, característica propia de los delitos de fraude. Con esta conducta, el sujeto activo genera una afectación en otros bienes jurídicos dignos de protección como el mercado o la competencia. Ampliar el campo de visión es esencial para comprender el problema; un fraude en la emisión de tokens afecta la utilidad de este instrumento, perjudica a futuros emisores que buscan financiación y afecta el precio de las cotizaciones de los tokens. Desde un punto de vista más pragmático, comparado con el delito de manipulación de mercado, las penas previstas para son más graves que las contempladas para la estafa; se prevén multas proporcionales al daño causado, y se incluyen sanciones como la inhabilitación especial para operar en mercados financieros.

Ahora bien, cualquier intento de regulación penal de los criptoactivos debe ser compatible con la promoción de la innovación y la eficiencia inherente a estos instrumentos. La regulación debe buscar el difícil equilibrio entre un mercado seguro, y la salvaguarda del dinamismo propio de esta materia. El desafío, por lo tanto, es doble: por un lado, garantizar que el ordenamiento jurídico pueda abordar los riesgos asociados a los criptoactivos; y por otro, fomentar un entorno que no inhiba la innovación tecnológica y financiera.

Para concluir, la revolución que los activos criptográficos están protagonizando en la sociedad, con un uso cada vez más generalizado, exigen un mayor esfuerzo en su regulación, y la búsqueda de un equilibrio entre la tutela del patrimonio de las personas, la protección del mercado y el respeto a la agilidad y eficiencia inherente a esta nueva forma de tecnología.

Joaquín Elías Gadea Francés

Cosas veredes

Cosas veredes

Uno de los elementos nucleares de todo estado democrático es el principio de legalidad: la Ley se coloca en el centro del Estado, de modo que todo se encuentra sometido a ella. Esta integración no ha sido un proceso sencillo y requiere de un cierto examen histórico.

La formación del estado moderno, democrático, de derecho, es consecuencia directa de la reacción frente al antiguo régimen: un estado absolutista donde el monarca ostentaba todos los poderes que, posteriormente, se fueron desgajando en los clásicos ejecutivo, legislativo y judicial. Esto, como puede cualquiera suponer, ocasionaba ligeros inconvenientes a quien estaba en la base de la cadena productiva. Una ciudadanía que sostenía todo pero se sometía a un poder tendente al despotismo cuando no al totalitarismo, y a preservar poco o nada los intereses de los ciudadanos.

Con la aplicación de las doctrinas de Locke, Montesquieu o Rousseau, se llegó a una Revolución Francesa cuyo ideario esencial era la supresión de privilegios. Emergiendo la aspiración de suprimir un modelo donde un pequeño reducto de privilegiados sustraían de los más elementales derechos a los generadores de la riqueza que sostenían todo el sistema. El sistema adolecía de lagunas y no supieron advertirlas quienes lo dirigían. Se hacía necesario integrar un elemento objetivo que controlase el poder y protegiese al más débil del fuerte. Se dirigía el sistema a la supresión de los privilegios.

Lógicamente, esto provocó ciertas desavenencias sobre la forma de estado y de gobierno, pero supo cortarse el debate de raíz, guillotinando los argumentos que sostenían los privilegios. Comenzó a desarrollarse el estado democrático bajo una idea esencial: nada ni nadie se encontraba por encima de la Ley. Esto es, el principio de legalidad.

Para ello se hacía necesario un sistema que permitiese elaborar esa norma objetiva pero que, al mismo tiempo, fuese mínimamente eficiente – más que votar a mano alzada todo el Estado –. El Parlamento, creado a través del mecanismo electoral del que todos los ciudadanos participan, se conforma por representantes de estos ciudadanos y debate (formando su voluntad) para, al final, dictar una Ley, norma general que se aplica a todos.

Partiendo de la premisa de que el poder corrompe – aun se recordaban los aciagos años de absolutismo –, debe limitarse. Al poder legislativo se le imponen trámites, debates, votaciones, que autolimitan su producción legislativa. Y todo ello sin perjuicio de introducirse en los estados modernos unas normas supremas (constituciones) que no pueden variar estos parlamentos y a las que deben ajustarse. Con ello se diseña un órgano que dispone del poder de dictar las Leyes pero no de forma absoluta, con límites que evitan que se corrompa.

Una vez se dictan esas Leyes, pasan a formar parte del ordenamiento y vinculan a todos. Para garantizar su cumplimiento se encuentran los tribunales. Se crea así  un sistema de contrapesos derivado de la separación de poderes.

Al poder judicial se le aplicó la división de poderes en su máxima expresión al reconocerlos independientes entre ellos y de todo, de modo que exclusivamente se encuentre sometido a la Ley, pero siempre a la Ley. Por eso los tribunales no actúan conforme a su voluntad sino sometidos a la Ley que fija el parlamento.

En este punto extrañan y preocupan ciertas aseveraciones que apuntan al poder judicial. Extrañan porque las resoluciones judiciales son aplicaciones concretas de normas genéricas emanadas del Parlamento. Pudiera pensarse que el legislador está comprometido a anticipar los posibles resultados cuando introduce una nueva Ley, o que quizás debiera asumir las distintas variables que conlleve la aplicación práctica de la norma.

Pero también preocupa.  No debe olvidarse la posición que ocupa el Poder Judicial en un estado democrático: es el garante de los derechos de los ciudadanos. Aquellos que lucharon originalmente contra los privilegios, que reclamaron derechos para todos, en igualdad. El garante es, al final, el Juez.

Y ello no impide la crítica constructiva, la necesaria y que se encamina a mejorar el servicio que se presta. Pero si la crítica interesada en la que se atacan resoluciones judiciales o, más recientemente, a los propios jueces, con nombre y apellidos, pretendiendo desacreditarlos para discutir su función, en tanto no se alinee con la agenda transitoria. Una función, hay que recordar,  a la que constitucional y legalmente se deben.

Más aun cuando proceden de otro poder del Estado, afectando a la elemental lealtad institucional y atribuyendo, injusta e irónicamente, una cierta impunidad a los jueces. Injustamente por la existencia del régimen de recursos de las resoluciones judiciales, el régimen de fiscalización y el disciplinario. Irónicamente porque quien lo instiga pretende, precisamente, negociar – si no intercambiar – la impunidad de sus  eventuales colaboradores necesarios. Cosas veredes.

En fin, que los jueces estamos sujetos exclusivamente a la Ley, pero siempre a la Ley, de modo que ejercemos nuestra función conforme las reglas emanadas del parlamento y se nos dota de un régimen particular, justamente, para poder amparar al ciudadano, siempre dentro de los márgenes de la Ley.

Y es evidente que el sistema no quiebra. Más aun, el poder judicial goza de una salud excelente como demuestra la elevada litigiosidad que hay en España. Uno puede verlo como un exceso de trabajo, propio de una población que es muy belicosa o, como lo veo yo, propio de una población que cree en su Justicia y cede a ella la resolución de sus conflictos en todos los ámbitos.

Una buena salud que adolece de inversión y medios, claro, pero que no desvirtúa el trabajo de toda una Administración de Justicia que suple esa falta con esfuerzo y compromiso personal. No habrá jueces suficientes, claro, y cada Juez tendrá más asuntos de los que debiera, por supuesto. Desde luego, si se tiene en cuenta la preparación, el compromiso y la labor desempeñada, se paga poco. Y a pesar de todo, cada año, se presentan miles de aspirantes que quieren ser Jueces. Y las estadísticas demuestran, año tras año, que son de muy diferentes estratos sociales. Una carrera muy diversa que, en cualquier caso, se responsabiliza con su función. A pesar de que con ello se deba afrontar críticas poco constructivas e, incluso, interesadas.

Alejandro González Mariscal de Gante

Magistrado. Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Palma de Mallorca

«El arte de interrogar»

«El arte de interrogar»

Javier Lapeña Azurmendi

Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Tui

La concepción del interrogatorio no ha sido ajena al paso del tiempo y, por ello, ha sufrido diversas modificaciones.

En el proceso inquisitivo, surgido como creación del derecho canónico de la Edad Media, que luego adoptó el Estado y pervivió hasta el S. XVIII, el interrogatorio estaba destinado a conseguir una confesión que, siendo documentada por un Notario especial, se incorporaba a un registro.[1] El juez estaba obligado a buscar la verdad por encima de todo, de manera que, se llegaban a justificar todos los medios imaginables que estaban a su disposición para lograr la confesión del “presunto” culpable. Se privaba al interrogatorio del carácter informativo y defensivo para el investigado.

Tal evolución se ha desarrollado hasta hoy, en el que se concibe como un medio utilizado para descubrir la verdad, siendo otro elemento más a valorar entre todo el material probatorio obrante en la causa. El interrogatorio del acusado se constituye como un acto procesal en el que el investigado emite, en el marco de un proceso penal, si es su voluntad, una declaración de conocimiento sobre los hechos acerca de los que resulta ser preguntado o quiera referir, sin olvidarnos que está reconocido por nuestro artículo 24 de la Constitución su derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Por tanto, el investigado no está obligado a ser imparcial, podrá no responder las preguntas que se le formulen, así como ofrecer una versión alternativa a la expuesta por la acusación.

Además, hoy en día, ningún investigado puede ser maltratado, coaccionado o engañado. En todo caso, el artículo 297 LECrim, recoge la obligación de los funcionarios de Policía Judicial de cumplir con las formalidades legales en las diligencias que practiquen, absteniéndose de usar medios de averiguación no autorizados legalmente. Y, de forma expresa, el artículo 389 LECrim impide los interrogatorios en los que haya mediado coacción o engaño. Al igual que no se admiten ciertas prácticas, las preguntas que se formulen durante el interrogatorio han de cumplir determinadas exigencias.

El interrogatorio se configura como como una técnica o instrumento que, caracterizado por cumplir de la manera más escrupulosa con las reglas legales, nos sirve para acercarnos al verdadero conocimiento de la verdad material.

Tendrá el interrogador la tarea de seleccionar las preguntas dentro del margen permitido, sin que éstas puedan constituir una inspección injustificada sobre la vida del deponente y sin que hayan de referirse a cuestiones ajenas al objeto de la causa. A priori puede resultar sencillo, sin embargo, no lo es. Exige una correcta técnica por parte de quien las formula y una constante supervisión del instructor o juzgador para evitar que sean propuestas.[2]

Imagen obtenida de la película «Las dos caras de la verdad»

Las preguntas han de ser directas, hallándose expresamente prohibidas las capciosas, sugestivas e impertinentes.[3]

Como se recuerda en la STS 1064/2005, de 20 de septiembre, cuyo ponente fue el Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, «el artículo 709 de la LECrim dispone que, el Presidente del Tribunal no permitirá que el testigo conteste a preguntas o repreguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. Se trata de una norma, dice la STS 44/2005, de 24 de enero, destinada a evitar abusos en la práctica de la prueba testifical que, es claro, debe orientarse a la búsqueda de la verdad».

Por preguntas directas han de entenderse aquellas referidas a un hecho sobre el cual puede extraerse alguna consecuencia jurídica, ya con carácter esencial o, en su caso, accesorio.  

La impertinencia se relaciona con las preguntas que no están directamente conectadas con la causa, cuando no se refieren a la cuestión enjuiciada, sino a un hecho que puede tener plurales lecturas y que, por tanto, no puede aportar nada para el conocimiento de la cuestión enjuiciada. Se refieren también a preguntas que ya se formularon con anterioridad, o que denotan una agresividad verbal tan ajena como impropia de la objetividad y serenidad con lo que ha de sustanciarse el acto del interrogatorio.

Para valorar la pertinencia de las preguntas formuladas, es imprescindible examinar su necesidad, relevancia y su causalidad con el fallo -STS 354/2023, de 11 de mayo, cuyo ponente fue la Excma. Sr. Dña. Susana Polo García o STS 1125/2005, de 4 de octubre, en la que fue ponente el Excmo. Sr. D. Gregorio García Ancos-.

Como dispone la SSTS 349/2023, de 11 de mayo, cuyo ponente fue el Excmo. Sr. D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, “es impertinente todo lo que queda extramuros de la teleología del proceso, de lo que en él se persigue, resultando innecesario para la prueba del delito que se juzga (SSTS 470/2003 de 2 abril y 169/2005 de 14 de febrero).”

La capciosidad se vincula con el engaño o el artificio dirigido a obtener conclusiones favorables a la tesis del que pregunta. La jurisprudencia señala que será capciosa la pregunta cuando en la forma en la que está planteada resulte engañosa, tienda a confundir al testigo o esté dirigida a provocarle una respuesta aparente o falsamente contradictoria.

La pregunta capciosa es la que no es clara ni concreta, aquella que puede confundir al interrogado y que va dirigida más a obtener una confesión de culpabilidad que a la verdadera averiguación real de los hechos, finalidad que predica el artículo 389 LECrim. [4] Sostiene la jurisprudencia que, dicha capciosidad puede deberse tanto a la formulación gramatical de la pregunta como a su ubicación en el contexto.[5]

Y, la sugestibilidad implica que es el interrogador el que prácticamente ofrece en la pregunta la contestación, limitándose el interrogado a contestar afirmativa o negativamente. Son aquellas en las que no se deja al deponente la posibilidad ofrecer una versión de los hechos.

Se formulan de una manera aparentemente interrogativa, pero en la pregunta se ofrece ya la respuesta. Suelen ser las más habituales y es necesario evitarlas tan pronto como el instructor o juzgador ha tenido conocimiento. Sugieren la respuesta al interrogado y, en ocasiones, son utilizadas para forzar al interrogado a decir algo que diría si no fuera bajo esta especie de presión.

La pregunta será sugestiva cuando indique o provoque una respuesta afirmativa como única conclusión racional de las afirmaciones previas que le sirven de sustento. No se pregunta sobre determinados hechos, que se presentan como incontestables, sino que el interrogador plantea la pregunta como una consecuencia necesaria de los hechos previamente afirmados sugiriendo el asentimiento, de modo que, prácticamente elimina la opción de una contestación diferente a la que se desea obtener.

La propia doctrina ha establecido una interesante distinción entre la sugestión permitida y no permitida. Así, una cosa es que se refresque la memoria del declarante indicándole algún aspecto del hecho que se pretende esclarecer y otra distinta facilitar su respuesta. Deberá de realizarse de manera dubitativa y de forma excepcional. Se considera como un complemento para facilitar el interrogatorio. También es cierto que, existe una delgada línea divisoria entre ambas -sugestión permitida y no permitida-, siendo tarea del instructor o juzgador determinar cuando se excede la línea de lo permitido o no.  

En definitiva, las preguntas han de formularse de manera directa y clara y han de estar dirigidas a la averiguación de los hechos, a la participación en los mismos del investigado y las demás personas que hubiesen intervenido. El objeto de las preguntas ha de ser cualquier hecho relevante, ya se refiera a la propia acción delictiva como a la participación que haya podido tener el propio investigado como terceras personas. Deberán encaminarse a conocer los detalles y circunstancias de la acción delictiva y a quienes participaron en ella. 

Conviene recordar que el investigado podrá declarar todas las veces que lo considere oportuno[6], así como gozará de plena libertad para expresarse durante su declaración.

Nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal ha concebido dicha declaración como un acto del investigado en el que ha de manifestarse de forma libre. Bajo esta premisa se concibe el artículo 393 LECrim[7] donde se prevé la posibilidad de que el investigado descanse y recupere la calma cuando el interrogatorio se alargue o cuando se altere. Toda la regulación contenida en nuestra LECrim parte de la premisa de la “libertad de respuesta” de la persona interrogada. Ello implica que, además de la prohibición de malos tratos físicos y psíquicos, no puede existir ningún acto que le obligue a declarar o que le impida hacerlo con total libertad.

En definitiva, podemos concluir que se han superado las antiguas ideas y posicionamientos propios de la justicia primaria o inquisitorial y se ha reforzado el status del investigado dentro del propio proceso. Este fortalecimiento de sus derechos y garantías, hasta el punto en que hoy en día conocemos, hace que nuestro sistema procesal penal sea uno de los más garantistas del mundo.


[1] ROMERO COLOMA, A.M., El interrogatorio del imputado y la prueba de confesión; Editorial Reus S.A., Madrid, 1ª Edición, Madrid, 2009.

[2] STS 779/2023, de 18 de octubre, ponente Excma. Sra. Dña. Susana Polo García: “Dijimos en nuestra sentencia 283/2023, de 20 de abril, con cita de la 721/2015, de 22 de octubre, que «Ha de recordarse que en un juicio oral de naturaleza criminal la labor presidencial no solo es muy relevante, sino que en ocasiones resulta muy compleja, como conocen perfectamente quienes han vivido prolongadamente esa experiencia; que el interrogatorio contradictorio en juicios difíciles como el ahora examinado puede llevar a situaciones muy tensas, que no resultan sencillas de controlar, y que en el ejercicio de su función los letrados pueden en ocasiones realizar preguntas capciosas o sugestivas, que la Presidencia debe legalmente impedir, lo que le obliga a intervenir.”

[3] SSTS 807/2022, de 7 de octubre, cuyo ponente fue el Excmo. Sr. D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina: “Así, el presidente del tribunal tiene, entre otras, potestad para dirigir los debates cuidando de impedir las decisiones impertinentes y que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad (artículo 683) y tiene facultad para conservar o restablecer el orden debido al tribunal y demás poderes públicos (artículo 684).

También puede alterar el orden de los interrogatorios cuando lo considere conveniente para el mejor esclarecimiento de los hechos (artículo 701) y puede evitar la formulación de preguntas sugestivas, capciosas o impertinentes (artículo 709).

Puede evitar que en los careos medien insultos o amenazas (artículo 713) y puede adoptar las decisiones necesarias para evitar que los procesados se ausenten o dejen de comparecer (artículo 731).”

[4] Artículo 389 LECrim: “Las preguntas que se le hagan en todas las declaraciones que hubiere de prestar se dirigirán a la averiguación de los hechos y a la participación en ellos del procesado y de las demás personas que hubieren contribuido a ejecutarlos o encubrirlos”

[5] STS 1008/2022, de 9 de enero de 2023, ponente: Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde.

[6] Artículo 400 LECrim: “El procesado podrá declarar cuantas veces quisiere, y el Juez le recibirá inmediatamente declaración si tuviese relación con la causa”

[7] Artículo 393 LECrim: “Cuando el examen del procesado se prolongue mucho tiempo o el número de preguntas que se le hayan hecho sea tan considerable que hubiese perdido la serenidad de juicio necesaria para contestar a lo demás que deba preguntársele, se suspenderá el examen, concediendo al procesado el tiempo necesario para descansar y recuperar la calma. Siempre se hará constar en la declaración misma el tiempo que se haya invertido en el interrogatorio”

El mensaje privado que provocó sacar un F18 por alerta antiterrorista

El mensaje privado que provocó sacar un F18 por alerta antiterrorista

Alfonso Peralta Gutiérrez

Un chaval en vuelo Londres-Menorca antes de embarcar le soltó a sus amigos una broma sin ninguna gracia con un mensaje privado “de camino a volar el avión (soy miembro de los talibán)”. Ese mensaje habría sido intervenido por los servicios de inteligencia, que habrían activado protocolo antiterrorista, sacando un F18 de patrullaje con un coste de 95.000 euros. Fue detenido y se le solicitaba una condena por desórdenes públicos y responsabilidad civil de los gastos ocasionados. Sin comentar una sentencia de sentido común, que ya se ha dictado y supone no darle la razón a una Fiscalía por una calificación muy cuestionable, las cosas han cambiado mucho desde la filtración de Snowden.


El mensaje posiblemente se interceptó a través de Muscular o Prism, todo ello a través de la red Echelon o la comunidad Ukusa de la que forma parte Reino Unido. La otra manera sería a través de las redes de interceptación de cables submarinos.


Los proveedores de servicios de Internet (Google, Meta, Microsoft, etc.) están obligados, según las leyes y con ciertas condiciones a proporcionar a las agencias de inteligencia o de seguridad nacional las comunicaciones enviadas y recibidas por un «selector» o identificadores específicos. Es decir, qué cuando saltaron las alarmas automáticas al escribir «talibán», «volar», «avión», y en una geoposición en un aeropuerto, la gracia para el sistema algorítmico suponía algo muy serio.


Y esto en Reino Unido es legal, en virtud de la RIPA (regulatory investigatory powers act), pero también está regulado en Francia, Alemania, Países Bajos y Suecia, y por supuesto Estados Unidos.


Y esta serie de medidas pueden ser conforme al derecho europeo y al tribunal europeo de derechos humanos como se resolvió en casos Quadrature du Neti o Big Brother Watchii. Se puede transmitir a las agencias de seguridad e inteligencia datos de tráfico y de localización con el fin de proteger la seguridad nacional. Pero ha de ser una medida necesaria, apropiada, especial, idónea, excepcional y proporcionada y se han de establecer reglas claras y precisas y requisitos materiales y procedimentales.

 

Incluso el TJUE permite un caso muy similar a éste en los asuntos acumulados C-511/18, C-512/18 y C-520/18 en los cuales el Tribunal de Luxemburgo permite que la activación de la vigilancia masiva pueda basarse en un criterio geográfico cuando las autoridades nacionales competentes consideren, sobre la base de elementos objetivos y no discriminatorios, que existe una situación caracterizada por un riesgo elevado de preparación o de comisión de tales delitos graves en una o varias zonas geográficas. Estas zonas pueden ser, en particular, lugares que cuentan con un número elevado de delitos graves, lugares especialmente expuestos a la comisión de delitos graves, como los lugares o infraestructuras a los que acuden con regularidad un número muy elevado de personas, o incluso lugares estratégicos, como aeropuertos, estaciones o zonas de peajes.


Lo que no puede ser, es indiscriminado y generalizado. Y en el caso datos en tiempo real, que se limite a personas de las que se sospeche fundadamente que están implicadas en actividades terroristas. Y deberá haber un control judicial o administrativo efectivo y vinculante.


¿Cuál ha sido el problema? España si bien no tiene sistemas propios de vigilancia masiva, si que participamos de la cooperación y en primer lugar no existe regulación alguna. Pero el problema es que los tribunales exigen un reexamen individual de los medios automatizados.


La razón por la que el TEDH condenó a Reino Unido, aparte de una falta de regulación «de calidad». La falta de supervisión de la selección de portadores para la interceptación, el proceso según el cual los analistas seleccionan las comunicaciones interceptadas y la ausencia de alguna salvaguarda aplicable a la búsqueda y selección para examen de los datos de comunicaciones relacionadas. El TJUE también lo avisó: «deberá reexaminarse individualmente de manera regular por medios no automatizados los resultados de todo análisis automatizado antes de adoptar una medida individual que produzca efectos perjudiciales para las personas afectadas, como la recopilación posterior de los datos de tráfico y de localización en tiempo real, sin que una medida de este tipo pueda basarse, en efecto, de forma decisiva exclusivamente en el resultado de un tratamiento automatizado». Es decir, que cuando saltaron los selectores de posible atentado terrorista, había que haber reexaminado individualmente y con supervisión humana la alerta de los selectores antes de a lo mejor sacar a pasear un F18. Lo de siempre, la necesidad y la obligación de la supervisión humana de la IA.

Lo que debería existir en toda inteligencia artificial y algoritmos públicos es una auditoría, rendición de cuentas y supervisión humana. Lo exige el nuevo reglamento de inteligencia artificial. Y si no existen los procesos o no han funcionado o no se respetaron por riesgo de seguridad nacional, lo que no es lógico es echar la culpa a un chaval que ni siquiera sabe lo que ha hecho ni encima darle publicidad a un fallo del sistema, pues puedes conseguir un efecto Streisand multiplicador de esa vulnerabilidad provocando la inoperancia de los sistemas de monitorización.


Digámoslo claros. Podemos tener un gran problema con los algoritmos públicos y este puede ser el primero de muchos casos de fallos en distintos ámbitos.


Todo esto lo escribí en LA LEY hace más de 2 años por si os interesa conocer más en profundidad la vigilancia masiva, cómo funciona, y los requisitos jurisprudenciales para su homologación en derechos humanos, y lo hablé con Sasi Alami en el programa de inteligencia Código Crystal de Radio Nacional De España por si preferís el podcast

i Casos de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Quadruture Du Net and Others, Asuntos acumulados C-511/18, C-512/18 y C-520/18 TJUE, y Caso Privacy International and others C 623/17, ambas de 6 de octubre de 2020.
ii Case Of Big Brother Watch And Others v. The United Kingdom, 25 de mayo de 2021 Gran Sala TEDH. (Applications nos. 58170/13, 62322/14 and 24960/15)