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Mes: enero 2021

PATRIA OLVIDADA, PATRIA A CONQUISTAR.

PATRIA OLVIDADA, PATRIA A CONQUISTAR.

El patrimonio exclusivo de los valientes, de los hombres y mujeres de honor radica en la lealtad a los principios y a la palabra dada. No es sino la esencia de la identidad propia, aquella que define quienes somos en ésta pequeña parte de la historia que nos ha tocado vivir. Ningún objetivo, ninguna aspiración personal o profesional, ningún anhelo ni ambición o deseo debe servir de excusa para destruir el alma que constituye todo lo que somos. Es la diferencia entre dejar que nuestros días transcurran presos del oportunismo o ser dueños de nuestra propia vida. Y ello es lo que determina nuestra condición, nuestra altura moral tanto en lo personal como en lo profesional.

Vivimos tiempos difíciles, huérfanos de referencias y de liderazgos ideológicos, inmersos en una crisis sanitaria, social y económica aún de dimensiones desconocidas, asistimos al peor de los escenarios posibles. Algunas de nuestras instituciones, el poder legislativo y el ejecutivo aparecen colonizadas por una amalgama de oportunistas procedentes de diferentes ámbitos, que sedientos simplemente de poder y sin más armadura que el marketing político y la demagogia, bajo la que esconder una deficiente preparación y una notable ausencia de principios, parecen decididos a socavar la credibilidad de nuestras instituciones y destruir el único dique de contención que aún sostiene nuestra democracia y el Estado de Derecho, el Poder Judicial. No se trata simplemente de irresponsabilidad, sino de un ataque planificado a las instituciones para degradar el Estado de Derecho, para convertirlo en una mera arquitectura formal detrás de cuya fachada se oculten las cadenas de favores y una nueva clase privilegiada, para instaurar un nuevo régimen no democrático.

Los distintos gobiernos se han movido entre una flagrante desatención a la administración de justicia, sin dotarla de medios y recursos materiales y personales, y un intento permanente de menoscabar la independencia del Poder Judicial, tratando de influir en el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de la judicatura que tiene competencias esenciales en nombramientos, régimen disciplinario y estatuto de jueces y magistrados y que por ende afecta de lleno a la independencia judicial.

El gobierno de González decidió politizar la elección de vocales del CGPJ, eligiendo a sus miembros mediante un mero reparto partidista, cocinando renovación tras renovación en contra de las exigencias que establecía la Sentencia del Tribunal Constitucional 108/86. Los Gobiernos de Aznar, Zapatero y Rajoy fueron cómplices y continuadores de la farsa política, fundamentando la designación de vocales en razones de padrinazgo político, pactando sin el menor pudor quien sería incluso el Presidente del Tribunal Supremo. Durante años hemos sufrido a ministros de justicia sin honor como Ruiz Gallardón que conculcaron el pacto de legislatura con la ciudadanía, traicionando la promesa electoral y las recomendaciones de GRECO para que los vocales del CGPJ fuesen elegidos por los jueces sin cadenas de padrinazgo político (contando con la complicidad de magistrados como Lesmes o Román que obtuvieron las correspondientes recompensas a posteriori tras ajustar sus posiciones al cambio de rumbo del Gobierno de Rajoy), a ministros indolentes como Catalá o Caamaño que al margen de convertir el ministerio en una pasarela de discursos vacuos e improductivos no hicieron nada, a ministras como Delgado que antepuso su trepismo a la defensa de los principios que como fiscal y miembro de la UPF juró defender o a ministros como Fernández Bermejo que declararon abiertamente la guerra a la independencia judicial. Ningún Gobierno ha estado a la altura desde aquel de Adolfo Suárez que sí preservó con honor la separación de poderes.

Pero quizás ninguno había llegado tan lejos como éste Gobierno. A los ataques irresponsables desde la vicepresidencia del gobierno, señalando explícitamente a jueces y magistrados cuyas resoluciones no les gustaban e incluso alentando a modo “trumpista” a manifestarse ante las sedes judiciales, se le añade el mayor ataque posible jamás perpetrado contra la independencia judicial. Una reforma legislativa que pretende privar de las competencias esenciales al Consejo General del Poder Judicial, suspendiendo la posibilidad de efectuar nombramientos cuando se encuentre en funciones (con el grave problema que ello acarrearía al normal funcionamiento de la administración de justicia) y además una modificación del sistema de elección de vocales del CGPJ para que pasen a ser elegidos por mayoría absoluta de las Cortes Generales, justo en dirección contraria a lo que nos exige la Unión Europea y GRECO que reclaman desde hace años que los vocales judiciales sean elegidos por los jueces. La farsa política en su máxima potencia, el atropello a la autonomía e imagen de independencia del CGPJ en su máxima expresión.

Al mando de las operaciones contra la independencia judicial, un Presidente del Gobierno y un Vicepresidente sin honor que no han tenido escrúpulos en degradar la apariencia de imparcialidad de la Fiscalía, nombrando como Fiscal General del Estado a la ex ministra Delgado que tan poco hizo por la justicia desde el ministerio y tantas maniobras serviles articuló a las órdenes de su superior jerárquico. Como instrumento de la estrategia, el Ministro de Justicia Juan Carlos Campo, que prestando fielmente sus servicios al Partido Socialista, amo y señor de sus decisiones y de toda su trayectoria profesional, no duda en en mentir diariamente promoviendo un nuevo reparto político del CGPJ sin reparos en lanzar falacias afirmando que el actual sistema de padrinazgo político y cadenas de favores es la envidia de Europa, y lanzando perogrulladas en el sentido de que los jueces son independientes. ¡Claro que lo son! Y lo son, pese a él y pese a las maniobras que desde el Gobierno del que forma parte se accionan a diario para interferir en esa independencia judicial, mediante la colocación en el CGPJ de vocales afines al político, a través de los cuales condicionar nombramientos de altos cargos judiciales, informes sobre leyes, el régimen disciplinario, la resolución de comisiones de servicio, concursos de traslado y cuantas otras cuestiones afecten al estatuto del juez y por tanto a su independencia.

La verdadera realidad es que el único bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial tiene su génesis y autoría principal en el Gobierno de la Nación, que se niega a cumplir con las exigencias de Europa. Si se hubiese reformado la LOPJ en el sentido exigido por la Unión Europea, los doce vocales judiciales habrían sido ya elegidos por sus pares y el Consejo General del Poder Judicial estaría ya renovado. El único bloqueo procede del Gobierno de la Nación que se aferra a una farsa política de reparto (nunca hubo elección parlamentaria dado que los candidatos ni siquiera comparecen ante las Cortes y la elección se lleva a cabo por razones de padrinazgo o contactos en la más absoluta opacidad). Una farsa política a la que la oposición parlamentaria no debe prestarse, una farsa política en la que los jueces no deben participar bajo ninguna consideración. No se trata de que no participe Podemos en la elección del CGPJ, algo que sería por otro lado fácilmente eludible designando el PSOE a aquellos candidatos que eligiese Podemos en “voz baja”, se trata de que no participe ningún partido político en la elección de los doce vocales judiciales del CGPJ. Única y exclusivamente es hora de cumplir con las exigencias de Europa y de la STC 108/86. Hasta aquí hemos llegado. Ningún engaño institucional más.

En el último episodio de éste espectáculo bochornoso para nuestra democracia, el Gobierno a través de los grupos parlamentarios que le sostienen, ha tramitado la proposición de ley , que priva de forma inconstitucional al CGPJ en funciones de la competencia para efectuar nombramientos, por la vía urgente y sin consultar al órgano de gobierno de los jueces, ni a la Comisión de Venecia ni a las asociaciones judiciales. Una maniobra política en contra de las directrices que marca la Unión Europea, y que ha encontrado la respuesta contundente de 16 de los 20 integrantes del actual Consejo General del Poder Judicial. Expresando dicho órgano que la desatención de la Mesa del Congreso de los Diputados «sin ofrecer ninguna razón” es un hecho que les genera preocupación. Solicitando esa mayoría de vocales, «desde el más profundo respeto a la autonomía parlamentaria», que la cámara baja española reconsidere su decisión de tramitarlo de forma urgente y «sin audiencia de ningún tipo». Y destacando que no es el camino adecuado ni el más respetuoso con las exigencias del principio de separación de poderes.

A dicha decisión razonada y prudente de la mayoría de los integrantes del CGPJ, han respondido mediante un voto particular cinco vocales (Sepúlveda, Martínez de Careaga, Mozo, Cuesta y Sáez). No debemos olvidar que dichos vocales deben su cargo a los partidos que sustentan al actual Gobierno de la Nación y que les eligieron mediante la pasada farsa política, ni que vocales como Cuesta han sido incluso diputados del Partido Socialista y ni que algunos de ellos han formulado votos particulares en contra de amparar a jueces frente a recientes ataques y declaraciones de miembros del gobierno. Al margen de todo ello, los términos del voto particular simbolizan las cadenas de padrinazgo que motivan el empeño político de continuar el reparto partidista. Los cinco vocales referidos asumen íntegramente la posición del Gobierno. En un voto particular que obvia todas las exigencias de la Unión Europea y parece escrito más que desde Marqués de la Ensenada desde la calle San Bernardo, los vocales discrepantes no dudan en acusar de deslealtad a la mayoría del CGPJ por el simple hecho de solicitar de la mesa del Congreso que se cumpla con el trámite de audiencia que exige la Comisión de Venecia ante una reforma que afecta de lleno a las funciones esenciales del Consejo General del Poder Judicial. Los cinco vocales discrepantes ponen así su cargo y el ejercicio de sus funciones constitucionales al servicio del gobierno de la nación, obviando por supuesto que la situación de bloqueo radica en la negativa para cumplir las exigencias de la Unión Europea en torno a la elección judicial del CGPJ. El derecho, el cargo y sus funciones lastradas ante un ejercicio vergonzante de servilismo político en busca de sus respectivos futuros profesionales y de la preservación de las cadenas de favores y puentes que les aseguren los mismos.

Recientemente salió publicada la novela “Patria Olvidada”, una crónica de nuestros días que escribí durante estos meses y que en medio de la ficción (cada vez más cercana a la realidad) a modo de thriller político judicial refleja esas maniobras, ausentes de honor y principios , que degradan nuestras instituciones y nuestro país. La erosión de la imagen del CGPJ no sería posible sin esa escasa minoría de jueces, que pegándose a izquierda o derecha, priorizan sus ambiciones profesionales a la preservación de la independencia judicial y de la imagen de imparcialidad del CGPJ. Algunos de ellos deberían leer esas humildes líneas y quizás se vean reflejados en personajes como Alicia Hierro, el Presidente Mestres o el Ministro de Justicia Juan Carlos Prados quienes olvidaron su patria en un evidente ejercicio de deshonor personal y profesional. Sepan quienes así obraron que esa patria por ellos olvidada, se convertirá en la “Patria Conquistada” por la inmensa mayoría de jueces que día a día preservan nuestro Estado de Derecho con principios, trabajo y una innegable e independiente vocación de servicio público en defensa de los derechos de la ciudadanía. No hay ni habrá miedo ni parálisis ante cada ataque, sólo habrá cada vez más voces altas y claras en una espiral de idealismo imperturbable para conquistar la patria que nunca nadie debió olvidar.

 

Manuel Ruiz de Lara.

MUCHO CINE, SI. Y LA MÚSICA…¿QUÉ?

MUCHO CINE, SI. Y LA MÚSICA…¿QUÉ?

Ganas teníamos de que terminara 2020 pero, tal y como ha empezado el 2021, no me equivoco si digo que, al ritmo que vamos, terminaremos echando de menos al pasado año antes de lo que pensábamos.

Amén de continuar con la triste pandemia que hace ya un año  nos asola, los acontecimientos ocurridos en las primeras semanas del presente año (asalto al Capitolio, nevadas que han paralizado ciudades completas, ritmo en las vacunaciones, subidas de la luz…) son tan variados que darían para escribir bastantes artículos reflexionando sobre la situación en la que nos encontramos, pero como la realidad es como es, la escritura es una buena forma para, dentro de lo gris, poner a la vida un poco de color y esa es la intención de estas líneas.

Son muchos los artículos que se han escrito sobre el cine y los Juzgados, examinando minuciosamente películas como “Matar a un ruiseñor”, “Doce hombres sin piedad”, “Philadelphia”, “Anatomía de un asesinato”… pero pocos los que se han escrito sobre música y juzgados; porque, no nos engañemos, los juzgados y  todo su universo ha sido fuente de inspiración de muchísimos temas musicales que, a los melómanos, nos han acompañado durante nuestras vidas; a poco que rasquemos  en la música, nos encontraremos con Decanos, Policías, ladrones, Juzgados de Guardia, libros de derecho romano, incluso de derecho  administrativo…..

La única intención de estas líneas es, mediante un puñado de canciones, hacer un relato amable del lugar donde muchos de nosotros, pasamos muchas horas de nuestra vida, intentando evadir, siquiera un poquito, al lector de estos días que estamos viviendo.

Sin duda, el mundo del derecho ha sido fuente de inspiración para muchos artistas; a nadie en su sano juicio se le ocurriría hablar del Derecho romano en una canción salvo a él …..Un Pingüino en mi ascensor; tenía tanto valor que era capaz de introducir de rondón en la letra de una canción no sólo el derecho romano sino también el derecho administrativo; en lo que a la primera asignatura se refiere, baste repasar la letra de “El Balneario”, en la que un amable viejecito, harto del aburrimiento, después de llamar al Notario para desheredar a su sobrino Zacarías, planea una serie de actos delictivos –que no seré yo la que reproduzca aquí- y  tiene la confianza de que el Comisario “no sospecharía de un pobre anciano, abstraído al estudio del derecho romano y la filosofía oriental”.

Y siguiendo con El Pingüino, ya anunciábamos más arriba que también le daba al derecho administrativo y todo mientras estaba “Espiando a mi vecina”, con el telescopio que se había comprado con el sueldo del último mes y tras haber empeñado, además, los candelabros y la venta del pequinés; pero como la noche  previa se le había complicado, terminó reconociendo que “la resaca de anoche va a durarme un mes, el libro de derecho administrativo, sigue en la página número seis”.

Sin duda, la rama del derecho que más ha inspirado a nuestros artistas ha sido el derecho penal y uno de los que más ha escrito inspirándose en ese ambiente ha sido, para mí, uno de los más grandes; Joaquín Sabina.

El de Úbeda tiene la capacidad de, en muchas de sus canciones, contarnos una breve historia que, desarrollada, bien podría ser una nueva novela negra. Y como ejemplo, las siguientes.

Comencemos por lo que, desgraciadamente, nos encontramos muchas veces en el Juzgado de Guardia, el detenido que sorprende a todos porque nadie de su entorno podría imaginarse que terminara cometiendo una atrocidad y a ese individuo Sabina le  llama “Ciudadano cero”; la historia comienza con el Comisario, tras el crimen, que comienza a hacer pesquisas para descubrir la personalidad del delincuente y ahí está, el dueño del hostal donde se había hospedado aquel y al que describe, el hospedero, como “un individuo de esos que se callan por no hacer ruido, perdedor asiduo de tantas batallas que gana el olvido” (…) “nunca dio el menor motivo de alarma, señor comisario, nadie imaginó que escondiera un arma dentro del armario” y, así en primera persona, ese “Ciudadano cero”, que podría ser muchos de los detenidos que, tras su crimen buscaban un minuto de gloria en los telediarios, grita “cuando lo metían en una lechera, por fin detenido, <ahora –decía- sabrá España entera mis dos apellidos>”. ¿Cuántos nombres propios podríamos ponerle a ese Ciudadano cero todos los que hemos hecho una guardia?.

Siguiendo con el de Úbeda y con otro de sus temas, “Cuando era más joven”, cargado de añoranza y nostalgia por los tiempos pasados, nos cuenta como “cuando era más joven viajé en sucios trenes que iban hacia el norte, y dormí con chicas que lo hacían con hombre por primera vez, compraba salchichas y olvidaba luego pagar el importe, cuando era más joven  me he visto esposado delante del juez”.

Y, sin duda, hablar de Sabina y de “chorizos” es hablar de ese “Pacto entre caballeros”; en los escasos cuatro minutos que dura el tema, hace un buen repaso por el Código Penal y se lleva por delante bastantes bienes jurídicos y de distinta naturaleza. Veamos: todo empieza una noche cualquiera del mes pasado, “puede ser que fuera trece, ¿qué más da? Pudiera ser que fuera martes?” cuando  al propio Sabina, que iba paseando por la calle, le atracaron  unos jóvenes, tan jóvenes que  “no pasaba de los veinte el mayor de los tres chicos que vinieron a atracarme el mes pasado”, el dinero lo querían para “subvencionarse un pico”; los objetos robados fueron “diez quinientas y un peluco marca Omega”, el tipo delictivo fue robo con violencia pues usaron  un pincho de cocina que le colocaron a Sabina en la garganta; en pleno robo, uno de los sujetos activos del delito reconoció al sujeto pasivo y le dijo “oye, colega, te pareces al Sabina, ese que canta”, a partir de ahí, se desata una historia de camaradería entre los cuatro que los lleva “a una barra americana” en la que “controlaban tres fulanas” (otro tipo penal más) pero a Sabina le reservaban los encantos de una “tal Maruja la cachonda”; después de echar allí el rato, “protegidos por la luna cogieron prestado un coche” (otro delito más que sumar) a Sabina le dejaron en su domicilio y le dijeron “enróllate y haznos una copla guapa, de las tuyas” le gritaron y además “le devolvieron intacto con un guiño su dinero, la cadena, la cartera y el reloj” (aquí yo veo un arrepentimiento espontáneo y reparación del daño) y Sabina, que siempre cumple un pacto “cuando es entre caballeros, les tenía que escribir esta canción”; al final, pasados unos meses, los tres muchachos volvieron a liarla y en el asalto al chalet  de un  millonario  (otro tipo más: robo en casa habitada) “en la puerta le esperó la policía, mucha, mucha, policía….”.

El mundo de los crímenes y los juzgados también ha sido cantera para la copla, quien no recuerda a La Parrala negando las cosas ante el Juez; recordemos la historia; de La Parrala no se sabía muy bien si era de “Mogué” o era de “La Parmá”, las malas lenguas decían que le daba a la botella, “unos decían que sí, otros decían que no”; la cuestión es que La Parrala lloraba y bebía y todos se preguntaban por qué hasta que “dos hombres riñeron una madrugá dentro del colmado donde ella cantaba, y el que cayó herido dijo al expirar” por tu culpa ha sido Trini la Parrala;” y ahora…..llegamos nosotros:  “los jueces al otro día, a la Trini preguntaban si a aquel hombre conocía y la Trini contestaba. Yo no lo he visto en mi vida ni sé por qué lo mataban”. Al final….el misterio no se desvela y remata la copla con aquello de “¿quién me compra este misterio?, adivina adivinanza; ¿por quién llora, por quién bebe, por quién sufre la Parrala?”

Siguiendo con el tema penal y centrándonos ahora en los Juzgados de Violencia de Género, podemos aquí  recordar a Fito Páez y su “Llueve sobre mojado”, cuando habla de que “ayer Julieta denunciaba a Romeo por malos tratos, en el Juzgado, cuando se acuestan la razón y el deseo, llueve sobre mojado”, algo tan repetido en uno de esos Juzgados a los que me he referido.

“El juzgado 23”, de Rocío Durcal, no se anda con rodeos ni en cuanto al escenario ni en cuanto al destinatario del mensaje que no es otro más que ese Juez que va a firmar un alejamiento entre dos personas que se han querido; la citación se la habían hecho a las partes a las 10 de la mañana y la imagen que describe, recuerda también a un juzgado de violencia de género cuando dice “tengo miedo de encontrarlo, siento ganas de abrazarlo de preguntarle por qué” y el mensaje que le lanza la protagonista de la historia al Juez no tiene desperdicio “Cómo puede señor Juez, usted que ha estudiado tanto, no reconocer el llanto de dos que se quieren tanto ante Dios y frente a usted; cómo puede señor Juez solamente en un segundo, cambiarle  a la vida el rumbo y acabar con nuestro mundo, con su firma en un papel”.

Si en los últimos años alguien está obsesionado con los jueces (y he tenido la suerte  de decírselo en persona) ese es Rulo y la Contrabanda, además de no tener mucha fe en los abogados de oficio, cuando en “Noviembre” dice “¿Cómo voy a conseguir dejarme de vicios? Si tengo menos voluntad que mi abogado de oficio” en “32 Escaleras” termina reconociendo, respecto de su chica que “te hiciste mi musa, de cabecera, mi jueza, mi abogada, mi carcelera”; pero si hay un tema delicado para describir una ruptura amorosa ese es “Polaroid”; metafóricamente, describe la ruptura de una relación diciendo cosas como estas : “Quedan tus huellas dactilares en mi espalda, la policía ha abierto una investigación, el forense dijo aquí la cosa está muy clara, los culpables del destrozo fueron dos. Quedó metralla en las paredes. Aún huele a pólvora el salón. Dos egoístas enfrentados. Otros lo llaman amor”. En fin….parece el acta de un levantamiento de cadáver.

Y, como colofón, llegamos ya a la sentencia, nunca una condena “A trabajos forzados” fue tan delicadamente escrita como lo hizo Antonio Vega; por lo corta y bella que es, creo que merece la pena transcribirla  entera: “A trabajos forzados me condena, mi corazón, del que te di la llave. No quiero yo tormento que se acabe y de acero reclamo mi condena. No concibe mi alma mayor pena, que libertad sin beso que la traba, ni castigo concibe menos grave que una celda de amor contigo llena. (…) Que ningún juez declare mi inocencia porque en este proceso a largo plazo buscaré solamente la sentencia a cadena perpetua de tu abrazo”.

Concluidas, pues estas líneas, con una sentencia como la que buscaba Antonio Vega, nada más que añadir; sólo seguir disfrutando de la música que, en tiempos como lo que nos toca vivir, ayudan mucho a llevar el peso de los acontecimientos.

 

ACERCÁNDOSE A LA JUSTICIA

ACERCÁNDOSE A LA JUSTICIA

 

Por lógica, ante la Justicia se presentan conflictos de difícil resolución. Es lo que define, junto a otros elementos, la función jurisdiccional: no es sencilla.

Entre las situaciones que, recientemente, han generado un conflicto se encuentra la del denominado “confinamiento” y las sanciones derivadas del incumplimiento del mismo.

No quisiera que nadie se llamara a error, no me corresponde enmendarle la plana al legislador ni, mucho menos, dirigir crítica alguna al poder ejecutivo sino, exclusivamente, definir los extremos de la controversia, las diversas posturas, para revelar la complejidad de las decisiones que se adoptan y que no pueden reducirse a meros titulares o tuits.

Se impuso el confinamiento, originalmente, a través de un Real Decreto, el de 14 de marzo de 2020, y, para el caso de incumplimiento o resistencia, remitía a una Ley Orgánica, la de 1 de junio de 1981 que, a su vez, remitía a las Leyes.

La Justicia tiene como función elemental la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, sometida exclusivamente a la Ley pero siempre a la Ley, lo que obliga a acudir a los textos legales y, ocasionalmente, rebuscar entre las normas que puedan resultar de aplicación a un caso concreto.

Aquí no parece poder acudirse más que a la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, y a la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, que prevén expresamente, en lo que nos ocupa, la infracción de desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes y la sancionan con multa.

Sin embargo, subsiste una duda: si procede sancionar a un particular que desoye el mandato general de “quedarse en casa” considerando tal conducta desobediencia o resistencia. Desde una perspectiva política, o incluso ética, se mezclan distintos valores que llevan a una discusión que subyace en la controversia que nos ocupa, pero el examen debe centrarse en lo que, en definitiva, resolvería un Juez, de modo que procede interpretar las normas.

La resistencia o desobediencia a los agentes de la autoridad, en la modalidad más leve, era constitutiva de lo que hoy se denomina “delito leve” y que hasta 2015 se llamaba falta, es decir, la infracción menor que prevé nuestro Código penal, exigiéndose como requisitos para la misma por la jurisprudencia la emisión de un mandato directo y legítimo, el conocimiento del mismo por el destinatario y su conducta omisiva, que desatiende e incumple el mandato, siendo desobediencia cuando hay una evidente y reiterada conducta obstativa al cumplimiento del mandato.

En el año 2015 se transformó en infracción administrativa, pero eso no implica renunciar a todo lo que se ha resuelto en el ámbito penal pues la conducta, en esencia, es la misma. La duda se transforma, así, más que en una cuestión ética, en una discusión jurídica.

Los argumentos de un lado podrían ser que la infracción de desobediencia no es, necesariamente, de un mandato concreto y específico, habiéndose publicitado de tal forma el confinamiento que no resulta razonablemente posible que haya alguien que lo ignorase, y constituyendo una orden expresa, concreta y terminante en una situación de Estado de Alarma en que, por definición, se asumen todas las competencias para mejor gestión de la crisis, por unos pocos órganos, siendo estos los que dictaron tales órdenes. Todo ello teniendo en cuenta, además, el marco de emergencia nacional vivido y el fin perseguido por la norma: evitar la transmisión de una enfermedad prácticamente desconocida y que resulta mortal en muchos casos.

Así, podría defenderse, en primer lugar, la existencia de una orden expresa, concreta y terminante de no hacer que ha sido dictada por la autoridad competente y notificada a todos los ciudadanos, no solo por su publicación en el BOE sino a través de toda difusión mediática de modo que pasó a ser público y notorio, y, en segundo lugar, la desobediencia del obligado a cumplirlo, sin que se haga preciso un mandato personal por un agente de la autoridad al ciudadano ordenándole volver a su domicilio e incumplir la orden para incurrir en la desobediencia.

De otro lado, los argumentos partirían de la prohibición de aplicación analógica que impera en todo ordenamiento penal y sancionador, íntimamente relacionado con la tipicidad que consagra la Constitución, de modo que no cabe sancionar por hechos que no estén expresamente previstos o tipificados en la Ley, sin que conste la existencia de un mandato expreso dirigido específicamente a un ciudadano por un agente de la autoridad, ni conocimiento por el sancionado ni conducta omisiva, reiterada y evidente, sostenida en el tiempo, encaminada al incumplimiento del mandato.

No cabría, según esta tesis, subsumir la infracción de la orden de confinamiento en el “incumplimiento de órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos” pues no existía el mandato referido sino una norma general dirigida a la universalidad, sin que quepa asumir la confusión que se genera entre norma general y acto particular, la desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones y la ignorancia de las medidas limitativas de la libertad ambulatoria que estableció el RD 463/2020.

Se fundaría, así, la sanción, en la equiparación entre una norma general y un acto particular, lo que se aleja de la jurisprudencia reiterada y permitiría reconducir toda infracción administrativa a una, la desobediencia, subsumiendo en la misma cualquier incumplimiento de una norma por un ciudadano que fuese constatado por agentes de la autoridad lo que se alejaría de la tipicidad y taxatividad que impera en el régimen sancionador y provocaría pervertir las garantías elementales del ordenamiento jurídico.

Como se puede observar, se ha simplificado cada tesis para concentrarlas y facilitar el objetivo. De las mismas resultará complejo alcanzar una solución única, pues esta difícilmente existe en el mundo jurídico, pero si se lo plantean podrán ver que el trabajo de un Juez no es sencillo ni puede simplificarse, además de que a lo que he expuesto debe añadirse una gran variedad de circunstancias que hacen único cada caso, de modo que no podrá darse siempre la misma solución.