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Mes: junio 2024

ACCIONES RESCISORIAS Y MICROEMPRESAS

ACCIONES RESCISORIAS Y MICROEMPRESAS

El artículo 226 del Texto Refundido de la Ley Concursal establece que declarado el concurso, serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no hubiere existido intención fraudulenta.

Las acciones de reintegración son instrumentos esenciales para la satisfacción de los intereses de los acreedores, que constituye la finalidad primordial del concurso. Mediante tales acciones se busca restaurar la integridad del patrimonio del deudor, que debe garantizar la satisfacción de los créditos, así como salvaguardar la par conditio creditorum.

Los requisitos para que prospere una acción de reintegración son los siguientes :

1.- Que se trate de un acto del deudor, entendido en sentido amplio y comprensivo tanto de acciones u omisiones, sean contratos, disposiciones, actos extintivos de obligaciones, atribuciones solvendi/donandi/credendi causa , comportamientos expresos o tácitos, etc.;

2.- que dicho acto -no sus efectos- se haya realizado dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso;

y 3.- que haya supuesto tal acto un perjuicio para la masa activa, bastando para la concurrencia de este presupuesto que el acto haya disminuido el patrimonio de la concursada o haya impedido su razonable incremento, debiendo valorarse tal perjuicio desde la perspectiva de la pars conditio y de la pluralidad de acreedores, lo que supone incluir no solo aquellos actos que supongan una minoración del activo patrimonial, sino aquellos actos o disposiciones de la concursada que sin alterar el neto patrimonial supongan una alteración de la necesaria paridad de trato en el periodo temporal señalado -donde se incluirían los pagos realizados por el deudor a alguno de sus acreedores, en el periodo temporal señalado y en perjuicio de los demás.

En la acción rescisoria por fraude de acreedores del art. 1291.3 del Código Civil (acción pauliana) es preciso, además del perjuicio, el elemento subjetivo del consilium fraudis , como complicidad del transmitente con el destinatario de la transmisión patrimonial o, al menos, como conocimiento del perjuicio por parte de esta persona, para lo que resulta suficiente la conciencia de causar daño o perjuicio, scientia fraudis. Sin embargo, para que proceda la acción rescisoria concursal, basta con que concurra el elemento objetivo del perjuicio. El perjuicio relevante para la estimación de las acciones de rescisión concursal es el que supone un sacrificio patrimonial injustificado.

El perjuicio de la rescisión concursal tiene en común con el perjuicio pauliano que comporta una lesión patrimonial del derecho de crédito, en este caso, no de un determinado acreedor, sino de la totalidad englobada en la masa pasiva, y esta lesión se ocasiona por un acto de disposición que comporta un sacrificio patrimonial para el deudor, injustificado desde las legítimas expectativas de cobro de sus acreedores, una vez declarado en concurso.

Siguiendo el mismo criterio ( SAP de Barcelona, secc. 15ª, de 6 de febrero de 2009 ), el concepto de tal perjuicio, que es un concepto jurídico indeterminado al que hay que dotar de contenido, y que se advierte con claridad cuando hay un sacrificio patrimonial injustificado, que requiere de una minoración del valor del activo sobre el que más tarde, una vez declarado el concurso, se constituirá la masa activa , y que ello no se encuentre justificado. El juicio sobre el perjuicio exige, según la citada sentencia, que haya existido un auténtico sacrificio patrimonial, que no se da necesariamente en todos los actos de disposición patrimonial, como cuando el negocio es oneroso y la prestación realizada por el deudor tiene su justificación en una contraprestación de valor patrimonial equivalente, debiendo carecer en todo caso el sacrificio de justificación. Por otra parte, el perjuicio para la masa activa debe entenderse en un sentido amplio, no sólo como disminución de bienes de la masa, o su minusvaloración, sino de cargas y gravámenes sobre los bienes que limitan el poder de disposición, y en definitiva, cuando se aventaja en la graduación de los créditos, con fractura de la par conditio creditorum ( STS 7-7-1998 ). La rescisión, así, consistiría en un medio de recomposición del patrimonio de la concursada respecto de las actuaciones, realizadas por ella en el período próximo y anterior a la insolvencia, que vulneran la equidistancia jurídica que tienen todos los acreedores en la masa, haciendo coincidir la situación concursal económica (insolvencia real) con la situación concursal de derecho (insolvencia formal), por lo que la rescisión afectaría a aquellos negocios en los que si bien no concurriría la falta de equivalencia, tendrían por resultado no conceder a los acreedores el mismo trato cuando ya se había producido la insolvencia real.”

¿En qué momento ha de valorarse el sacrificio patrimonial injustificado?

Debo afirmarse y posicionarme a favor de que dicha valoración debe referirse al momento concreto en que la transmisión o el acto jurídico rescindible tuvo lugar.

En el ámbito de las microempresas desde la comunicación de la apertura del procedimiento especial y durante los treinta días hábiles siguientes, los acreedores y los socios personalmente responsables de las deudas del deudor podrán comunicar cualquier información que pueda resultar relevante a los efectos del posible ejercicio de acciones rescisorias contra actos realizados por el deudor.

Los acreedores y los socios personalmente responsables de las deudas del deudor comunicarán la información mediante formulario normalizado.

Dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la comunicación de la apertura del procedimiento especial, los acreedores cuyos créditos representen al menos el veinte por ciento del pasivo total podrán solicitar el nombramiento de un experto en la reestructuración o un administrador concursal a los efectos del ejercicio de acciones rescisorias.

El artículo 695.3 del Texto Refundido de la Ley Concursal contiene una norma de legitimación activa, de forma que los acreedores cuyos créditos representen al menos el veinte por ciento del pasivo total, podrán solicitar el nombramiento de un experto en reestructuración o un administrador concursal a los efectos del ejercicio de acciones rescisorias. La norma no aclara si una vez nombrado las funciones del administrador concursal se limitan al ejercicio de acciones rescisorias o si tras ejercitarlas continuará en el procedimiento especial de microempresas a los efectos de ejercitar competencias en torno a la liquidación de activos. No obstante la mención “a los efectos del ejercito de acciones rescisorias” parece limitar sus funciones a dicho ejercicio.

No será necesario que los acreedores justifiquen la existencia de actos rescindibles ni que aporten documentación sobre indicios de la existencia de dichas acciones, bastará con que justifiquen ser titulares de créditos que representen al menos el veinte por ciento del pasivo total.

Si ya hubiera un experto en la reestructuración o un administrador concursal en el procedimiento especial, acreedores que representen al menos el diez por ciento del pasivo total podrán solicitar del mismo el ejercicio de la acción rescisoria.

En caso de negativa del experto en la reestructuración o del administrador concursal, o en caso de falta de respuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, los acreedores solicitantes tendrán legitimación subsidiaria para entablar la acción rescisoria. Los acreedores litigarán a su costa en interés del procedimiento especial.

Esta acción no suspenderá el normal desarrollo procesal del procedimiento especial.

La acción rescisoria solo podrá ser presentada en caso de insolvencia actual del deudor.

La acción rescisoria puede ser objeto de cesión a un tercero y, en caso de procedimiento especial de continuación, su ejercicio puede incluirse en el plan de continuación.

El artículo 226 del Texto Refundido de la Ley Concursal establece que declarado el concurso, serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no hubiere existido intención fraudulenta.

Los requisitos para que prospere una acción de reintegración son los siguientes :

1.- Que se trate de un acto del deudor, entendido en sentido amplio y comprensivo tanto de acciones u omisiones, sean contratos, disposiciones, actos extintivos de obligaciones, atribuciones solvendi/donandi/credendi causa , comportamientos expresos o tácitos, etc.;

2.- que dicho acto -no sus efectos- se haya realizado dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso;

y 3.- que haya supuesto tal acto un perjuicio para la masa activa, bastando para la concurrencia de este presupuesto que el acto haya disminuido el patrimonio de la concursada o haya impedido su razonable incremento, debiendo valorarse tal perjuicio desde la perspectiva de la pars conditio y de la pluralidad de acreedores, lo que supone incluir no solo aquellos actos que supongan una minoración del activo patrimonial, sino aquellos actos o disposiciones de la concursada que sin alterar el neto patrimonial supongan una alteración de la necesaria paridad de trato en el periodo temporal señalado -donde se incluirían los pagos realizados por el deudor a alguno de sus acreedores, en el periodo temporal señalado y en perjuicio de los demás-.

En la acción rescisoria por fraude de acreedores del art. 1291.3 del Código Civil es preciso, además del perjuicio, el elemento subjetivo del consilium fraudis , como complicidad del transmitente con el destinatario de la transmisión patrimonial o, al menos, como conocimiento del perjuicio por parte de esta persona, para lo que resulta suficiente la conciencia de causar daño o perjuicio, scientia fraudis. Sin embargo, para que proceda la acción rescisoria concursal, basta con que concurra el elemento objetivo del perjuicio. El perjuicio relevante para la estimación de las acciones de rescisión concursal es el que supone un sacrificio patrimonial injustificado.

El concepto de perjuicio para la masa activa admite, también, una acepción amplia o indirecta, comprendiendo aquellos actos que supongan una infracción, por alteración, del principio de paridad de trato de los acreedores ( par conditio creditorum ), cuando se provoca una alteración de la preferencia y prelación concursal de cobro, es decir, un perjuicio a la masa de acreedores , que se podrá apreciar si el acto, contrato o negocio cuestionado, por las circunstancias en que tiene lugar, implica un trato favorecedor o beneficioso injustificado para un acreedor que debía concurrir al procedimiento concursal en igualdad de condiciones que los restantes acreedores, los cuales, de no haber existido ese acto, hallarían una masa activa que les permitiría la percepción, en hipótesis, de una cuota de satisfacción más elevada.

Para decidir qué debe entenderse por «un acto perjudicial para la masa activa», deben valorarse si los datos existentes «en el momento de su ejecución, el acto se había considerado lesivo para la masa activa en la hipótesis de que esta hubiera existido en aquella fecha» , pues «la casuística en esta materia es muy amplia» y, en definitiva, la «ley no dispone la rescindibilidad de los actos que suponen una disminución del patrimonio del deudor sino de los que son perjudiciales para la masa activa. Los que, a la postre, suponen un sacrificio patrimonial injustificado.

¿Puede un pago debido ser objeto de rescisión concursal?

Debemos partir de la base de que el deudor, en tanto no resulte constreñido por un proceso ejecutivo o concursal para la ordenada concurrencia de los créditos (el cual puede determinar la rescisión de los actos perjudiciales para la masa activa), tiene libertad para realizar sus bienes y atender a los créditos que le afecten sin atender a criterios de igualdad o preferencia, como se infiere del hecho de que el artículo 1292 del Código Civil únicamente considera rescindibles los pagos hechos en situación de insolvencia por cuenta de obligaciones a cuyo pago no podía ser compelido el deudor en el tiempo de hacerlos, pero no los que no reúnen esta condición,

Tratándose de pagos el Tribunal Supremo ha señalado en su sentencia de 26 de octubre de 2012, reiterada por la de 24 de julio de 2014 que en el caso de los pagos, aunque conllevan una disminución del haber del deudor y reducen la garantía patrimonial de los acreedores, no por ello se pueden considerar todos ellos perjudiciales para la masa. Su justificación viene determinada, en primer lugar, por el carácter debido de la deuda satisfecha, así como por su exigibilidad. Carece de justificación abonar un crédito no debido o que no sea exigible.

Por ello, en principio, un pago debido realizado en el periodo sospechoso de los dos años previos a la declaración de concurso, siempre que esté vencido y sea exigible, por regla general goza de justificación y no constituye un perjuicio para la masa activa.

Sin embargo, ello no excluye que en alguna ocasión puedan concurrir circunstancias excepcionales (como es la situación de insolvencia al momento de hacerse efectivo el pago y la proximidad con la solicitud y declaración de concurso, así como la naturaleza del crédito y la condición de su acreedor), que pueden privar de justificación a algunos pagos en la medida que suponen una vulneración de la par condicio creditorum.

¿Puede ser objeto de rescisión concursal la dación en pago?

Con relación al negocio de la dación en pago, las sentencias del Tribunal Supremo de 9 de abril de 2014 y 16 de diciembre de 2104 recuerdan que: «La dación en pago supone un concierto de voluntades entre deudor y acreedor por el que éste consiente recibir, con carácter solutorio, un aliud pro alio (una cosa por otra), con el efecto de extinguir la obligación originaria».

En similar sentido, la sentencia del Alto Tribunal de 6 de marzo de 2018 considera la dación en pago es «un negocio complejo, pues participa de las características del pago o cumplimiento de una obligación, de la compraventa y de la novación por cambio de objeto que, con efectos solutorios, extingue la primitiva obligación» y aplica a la dación en pago los criterios ya expuestos sobre el carácter perjudicial del pago por lo que, en definitiva, la procedencia de la rescisión se hace pivotar sobre la justificación de que el acuerdo resulta perjudicial para el patrimonio del deudor concursado y lo será en la medida en que implique un perjuicio patrimonial injustificado en los términos antes examinados.

Manuel Ruiz de Lara

NIHIL NOVUM SUB SOLE: LAS FAKE NEWS DE ENRIQUE IV Y JUANA LA BELTRANEJA Y NUESTRO NIVEL DE SUFRIMIENTO.

NIHIL NOVUM SUB SOLE: LAS FAKE NEWS DE ENRIQUE IV Y JUANA LA BELTRANEJA Y NUESTRO NIVEL DE SUFRIMIENTO.

Lo reconozco, cada vez que entro en una librería soy muy promiscua ….siempre termino llevándome uno nuevo a casa. Un libro, obviamente. El último con el que he tenido un amor a primera vista y no pude resistirme a sus encantos ha sido  una novela escrita por  José Calvo Poyato Cabra, Doctor en Historia moderna y ex alcalde de Cabra; “El Rey regente”; como reza en su sinopsis, es una obra sobre la regencia de Fernando el Católico; confieso que la figura de Juana de Castilla (no consiento que nadie se dirija a ella con el calificativo despectivo con el que ha pasado a la historia) me apasiona; el autor aprovecha la duda de la existencia o no del testamento de Enrique IV de Castilla, hermano de Isabel la Católica y padre de Juana la Beltraneja, para adentrarnos en aquellos años que transcurrieron entre noviembre de 1504, momento en el que muere Isabel la Católica y enero de 1516, que es cuando fallece Fernando el Católico.

            Y como la curiosidad mató al gato, mientras voy disfrutando de la novela, voy investigado sobre la figura de Juana de Trastámara y Avis, conocida como la Beltraneja. Y llegados a este punto, se preguntará el lector sobre qué relación tiene Enrique IV de Castilla, Juana de Trastámara y Avis, Isabel la Católica y Juana I de Castilla con un blog dedicado a cuestiones jurídicas y de actualidad. Según iba descubriendo cosas de Juana, la llamada la Beltraneja y lo que fue haciendo su padre, Enrique IV, hermano de Isabel la Católica, se me venían reflejos de esta realidad que hoy vivimos.

            Cuando oímos hablar a nuestros actuales gobernantes de noticias falsas, bulos, fake news,….cuando muestran su desolación si esos bulos se refieren a sus familiares y personas de su entorno e incluso se toman días de reflexión para saber que van a hacer con su vida (y con el país), cuando aparecen en los medios como si fueran los primeros que están viviendo esa situación, nada mejor que recomendarles que repasen la historia.

            Echar mano de Umberto Ecco y su máquina del fango para describir lo que durante siglos ha pasado en este país y en el mundo, es olvidar (o desconocer) la historia del mismo y enlazo aquí con la figura de Enrique IV de Castilla, al que se le conocía con el sobrenombre de “el impotente”, apodo este que hizo pensar a muchos que su hija, Juana de Trastámara y Avis, no fuera hija legítima y fuera hija de un noble, de nombre Beltrán de la Cueva, y esa supuesta impotencia venía precedida del hecho de que su primer matrimonio con Doña Blanca de Navarra, fue declarado nulo porque, supuestamente, no llegó a consumarse después de varios años de convivencia y su segundo matrimonio, del que nació la conocida como “la Beltraneja”, en clara referencia al que muchos nobles creían que era su padre, fue también declarado nulo, si bien muchos autores se plantean la duda de que esa nulidad venía declarada no por el supuesto comportamiento adúltero de la segunda mujer de Enrique IV y madre de Juana, sino por la dudosa legalidad del matrimonio de Enrique IV y la portuguesa Doña Juana de Portugal. Los rumores que hicieron correr los nobles iban desde la presunta impotencia del rey castellano hasta la homosexualidad del mismo y, pese a que en aquellos años no existían ni redes sociales, ni pseudomedios de comunicación, no podemos olvidar que, como se afirmó por Menéndez Pidal, en todas las épocas existen los conductores de masas, que crean ese inconsciente colectivo o esa opinión colectiva y en los años en los que se mueven los protagonistas de estas líneas, vemos como la propaganda se divulga a través de distintos medios, empezando por traducir los sermones del latín al romance, sin olvidarnos de las coplas que, dependiendo del bando del que venían, recalcaban la impotencia de Enrique IV de Castilla y ensalzaban a Isabel la Católica.

 Para rizar más el rizo, se habla incluso de que, pese a la presunta impotencia del monarca, la Beltraneja si que era hija suya porque gracias a unos supuestos galenos de origen judío, habrían hecho poco menos que la primera fecundación in-vitro de la historia, utilizando, para ello, una cánula de oro. De hecho, se dice que su madre, en su lecho de muerte, juró que sí que era hija de Enrique IV y no de otro.

            Es de imaginar que para la Beltraneja no sería plato de buen gusto estar en boca de todos y mucho menos, para su madre, estar siendo repetidamente acusada de adúltera. Tampoco es de esperar que Enrique IV disfrutara sabiendo que pasó a la historia como “el impotente”.

            A poco que veamos la trayectoria política que siguió Enrique IV, llegamos a la conclusión de que él también “cambió de opinión” en numerosas ocasiones; vemos como, en un primer momento, nacida su hija, la proclama como Princesa de Asturias para, años después, ante la presión de algunos nobles, en el Tratado de los Toros de Guisando, viene a proclamar Princesa de Asturias a su hermana Isabel, la que luego sería la Católica; sin embargo, ante la fuerza de otros nobles, donde “dije digo ahora digo Diego” y se desdijo de lo acordado en el Tratado de los Toros de Guisando y volvió a proclamar Princesa de Asturias a su hija Juana, después de que Isabel la Católica “cambiara también de opinión” en lo que a su matrimonio se refería. Sobre el futuro de su hija, Enrique IV también “cambió de opinión” respecto a los distintos enlaces matrimoniales que planeó y que luego no llegaron a fructificar, y esos cambios de opinión también afectaron a su hermana Isabel, la que luego sería la Católica.

            Por todos es conocida la guerra sucesión castellana que se produce tras la muerte de Enrique IV, que dio lugar a que Isabel la Católica se proclamara reina de Castilla -frente a lo que ocurría en el reino de Aragón, en Castilla siempre pudieron reinar las mujeres- a la vez que los partidarios del fallecido Enrique IV reclamaban el trono para su hija Juana la Beltraneja.

            Y en este punto volvemos a la novela con la que iniciaba las primeras líneas de esta entrada: existen dudas sobre si Enrique IV, antes de morir, otorgó o no testamento; según Lorenzo Galíndez de Carvajal, un clérigo de Madrid custodió el documento y huyó con él a Portugal.

La existencia o no de ese testamento en el que, de existir, se pronunciaría sobre quien era la heredera del trono de Castilla -la Beltraneja o la Católica-, fue un tormento para Isabel la Católica puesto que, de existir el mismo y aparecer la Beltraneja como heredera del trono de Castilla, su posición quedaría notablemente perjudicada. Según la historia y siempre siguiendo a Galíndez de Carvajal, que presenció la muerte de Isabel de Castilla, unos decían que fue Fernando el Católico el que hizo desaparecer el documento y otros dice que el mismo lo conservó algún miembro del Consejo Real.

Sea como fuere, existiera o no ese documento, lo que si que es cierto es que la existencia, en primer lugar, de  bulos o no bulos sobre la paternidad de la Beltraneja,  en segundo lugar, los acuerdos prematrimoniales concertados por su padre con unos y con otros y, en tercer lugar,  el hecho de que primero designara a su hija como Princesa de Asturias, para luego cambiar de opinión en favor de su hermana Isabel en los Toros de Guisando y para terminar volviendo a cambiar de opinión en cuanto a la sucesión al trono de Castilla en favor de hija, llevaron a la corona de Castilla a una guerra de sucesión  que acabó dando el triunfo a Isabel la Católica que pero que supuso, para la corona de Castilla, firmar con Portugal el Tratado de Alcáçovas, del que sacó tajada Portugal, llevó a Juana “la Beltraneja” a ingresar en un convento en Portugal -la otra opción que le daban era casarse con su sobrino, hijo de los Reyes Católicos, cuando este cumpliera quince años y sólo si el Infante aceptaba-, no quedando, a día de hoy, ni sus restos mortales porque el terremoto que asoló Lisboa en el siglo XVIII los hizo desaparecer y, después del Tratado de  Alcáçovas, vino, también con Portugal, el Tratado de Tordesillas.

Después de este breve y atropellado repaso a una parte de la historia de nuestro país, vemos como las desgracias que algunos claman a diario, sintiéndose el ombligo del mundo y los más vilipendiados de la historia no son más que eso, trocitos de la historia que han acompañado a todos aquellos que han tomado las riendas de una sociedad durante algún tiempo;  por tanto, quizá sería bueno que, en vez de tanta sobreactuación y victimismo, se dedicaran a poner toda la carne en el asador y salir del atolladero en el que nos estamos metiendo,  mostrando humildad y recordando que quizá antes otros pasaron por caminos mucho más tortuosos, porque quizá debamos concluir que, en este mundo moderno, el listón del sufrimiento lo estamos colocando en costas muy bajas, pero esto….excede ya de la reflexión que hoy quería compartir aquí.

Carmen Romero     

DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE MAGISTRADOS

DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE MAGISTRADOS

La Asociación Profesional de la Magistratura ostenta el privilegio de pertenecer a la Unión Internacional de Magistrados – UIM o IAJ por sus siglas en inglés – fundada en Salzburgo en 1953 y con sede en Roma.

Una Asociación Internacional profesional, apolítica, comprometida con la unificación de las asociaciones judiciales (actualmente 92 asociaciones o grupos representativos de jueces de los cinco continentes) y que goza de un estatus consultivo en la ONU así como en el Consejo de Europa.

El valor de dicha Asociación se revela acudiendo a su objeto, enfocado en salvaguardar la independencia del poder judicial, el elemento nuclear de garantía los derechos humanos. Sin dotar de fuerza e independencia a la  Justicia no es posible  garantizar el cumplimiento de la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde, como con acierto definieron los latinos.

Y esto es universal. En varias ocasiones creo haber hablado de esto, pero la actualidad me devuelve a las bases del sistema.

No fueron los ingleses, ni los franceses, a pesar de su innegable trascendencia, los que “inventaron” el parlamentarismo. Lo entrecomillo porque lo interpreto como un reflejo institucionalizado de un impulso natural: debatir para lograr un resultado que satisfaga a las partes.

1188. León. Unas Cortes constituidas  para someter al monarca a la decisión, colegiada, de clero, nobles y representantes de las ciudades. Del parlamento emana la Ley y de la Ley, la democracia. Con matices, claro. Uno de los elementos nucleares de todo Estado democrático es el principio de legalidad: la Ley se asienta en el centro del Estado, de modo que todo se encuentra sometido a ella y son los jueces los que, apoyados en su independencia y sometidos únicamente al imperio de la Ley, la aplican a todos. A este movimiento se incorporan las doctrinas de Locke, Montesquieu o Rousseau, una Revolución Francesa cuyo ideario esencial era la supresión de privilegios y, en fin, la igualdad de todos, protegida por el Juez independiente. Comienza la democracia.

Para ello,  resultaba imprescindible articular un sistema que permitiese elaborar esa norma objetiva pero que, al mismo tiempo, fuese mínimamente eficiente. El Parlamento, creado por virtud de unas elecciones en las que todos los ciudadanos intervienen, se conforma por representantes de estos ciudadanos y debate (formando su voluntad) para, al final, dictar una Ley, norma general que se aplica a todos.

Asumiendo que el poder puede incitar a la corrupción – aún se recordaban los aciagos años de absolutismo –, es preciso , en un contexto democrático, establecer un mecanismo que lo limite. Al poder legislativo se le imponen trámites, debates, votaciones, que limitan su producción legislativa. Y todo ello sin perjuicio de introducirse en los estados modernos unas normas supremas (constituciones), indisponibles para estos parlamentos,  y que deben de respetar. Con ello se diseña un órgano que posee el poder de dictar las Leyes pero no de forma absoluta, con límites que evitan que se corrompa.

Una vez se dictan esas Leyes, se integran en el ordenamiento jurídico y su vinculación se extiende al conjunto de la sociedad. Y la garantía de su cumplimiento se confía los tribunales. Se crea, de esta forma,  un sistema de contrapesos derivado de la separación de poderes.

Aquí es donde, con independencia del origen, las Asociaciones actuamos conjuntamente: analizando los problemas judiciales que se nos presentan y trabajando en colaboración para alcanzar las mejores soluciones.

Para el cumplimiento de sus propósitos,  la UIM – IAJ organiza encuentros de comisiones de estudio, establece relaciones culturales y fomenta la relación entre jueces de todo el mundo con el fin de promover el intercambio de opiniones y posturas. Para ello se organiza en 4 grupos regionales como son la Asociación Europea de Jueces, el Grupo Iberoamericano, el Grupo Africano y el Grupo Asiático, Norte Americano y Oceánico.

Será en estos encuentros donde se discutirán los desafíos vigentes. De hecho, hemos podido comprobar cómo, el 29 de abril de este año, en Varsovia, la Asociación Europea de Jueces instaba a los partidos políticos en España a intensificar los esfuerzos y resolver definitivamente el impasse parlamentario existente. De tal forma que se asegure la restauración de un Consejo General del Poder Judicial con plenas funciones que sea elegido por los propios jueces. En el mismo sentido se reclama abstenerse de continuar con propuestas dirigidas a establecer indefendibles comisiones de investigación ante el Parlamento, así como la supresión de las campañas contra los jueces con acusaciones infundadas de “lawfare”.

Idéntico pronunciamiento de apoyo se ha obtenido en el Grupo Iberoamericano, que se reunía en estos días y que, desde luego, se reiterará en la reunión de la UIM a final de este año.

Evidentemente, las anteriores reflexiones respecto de la división de poderes y el imperio de la ley están dirigidas a alertar sobre los riesgos de la vulneración de principios elementales. Estos principios irrenunciables son los que contribuyen a constituir un parámetro común para la validez de las conductas y, en fin, por su condición básica y universal, adquieren una especial relevancia, que exige, en consecuencia,  una especial protección. El hecho de que  al conjunto de las asociaciones, independientemente de nuestro origen, nos cause preocupación una misma conducta, reafirma su carácter nocivo para la democracia.

Muchos pronunciamientos pueden servir para comprender la gran importancia de la UIM, pero, quizás, sirvan de muestra los aportados para comprender su trascendencia y, en definitiva, el orgullo que nos supone pertenecer a ella.

Alejandro González Mariscal de Gante