LA LIMITACIÓN DE LAS LIBERTADES
El referéndum constituyente, las primeras elecciones democráticas, el himno gallego cerrando los actos relevantes del colegio, forman parte del recordatorio de un niño adolescente, que adquirió los valores de la libertad en un periodo en el que el pueblo español fue capaz de ponerse de acuerdo para plasmar en una norma la forma en como iba a organizarse, y sobre todo el conjunto de derechos y libertades que los ciudadanos debían ostentar. Eso fue lo que se votó y aprobó, con un respaldo unánime, en el referéndum del 6 de diciembre de 1978.
Apenas han transcurrido 40 años desde aquel momento, y en ese tiempo hemos logrado transformar la sociedad española, haciéndola más libre y más igualitaria. Han sido años de paz, de progreso, de regeneración democrática, convirtiendo en ordinario el turno en el poder y manteniendo un sistema de división de poderes que garantiza la independencia del poder judicial. Y esa norma que sustenta nuestra sociedad, ha servido, también, como barrera y contención para evitar decisiones que pudieran poner en peligro la estabilidad social.
Sin embargo, el vertiginoso devenir del tiempo parece poner fecha de caducidad a todo lo que a él se enfrenta. Aquella sociedad de los años 70, recién salida de un régimen dictatorial, en la que se sustentaban las bases constitucionales poco tiene ya que ver con la sociedad actual, y no solo porque el viejo Ford Fiesta que atronaba la calle con la propaganda electoral haya sido sustituido por coches inteligentes que circulan sin conductor, sino, también, porque ese mundo digital que ha ido invadiendo nuestros hogares, ha transformado las distancias, la estructura familiar, la manera de vivir.
En este nuevo marco, el constituido por una sociedad plural y de difícil estructuración, resulta difícil definir los cambios necesarios para que norma y sociedad caminen de forma paralela. Ello no obstante, se plantea por ciertos sectores la necesidad de afrontar una reforma constitucional, un retoque que va más allá del mero ajuste estético, al afectar al modelo de Estado, o al difícil equilibrio en la construcción del estado social.
La norma constitucional en su esencia no es más que la expresión de un pacto asumido voluntariamente por sus destinarios, y como tal, acogido en ese fiel de la balanza que tanto cuesta equilibrar para que represente al conjunto de los españoles. Romper ese equilibrio sólo es lícito cuando la propuesta encuentra su respaldo en una demanda generalizada de los ciudadanos. La simple victoria electoral, aunque lo sea por mayoría absoluta, no puede amparar un cambio constitucional. Fue algo que se tuvo muy presente en la redacción de nuestra constitución, estableciendo un régimen reforzado de mayorías para la modificación de los aspectos más sustanciales de la convivencia y constituye garantía de paz social frente a quienes pretenden soslayar ese régimen a través de la vía indirecta del referéndum.
La estructura del Estado, con la división de poderes, debe estar a salvaguarda de cualquier modificación unilateral que no sea fruto del consenso, porque ha sido el acuerdo, el salvoconducto que ha sostenido nuestro sistema de libertades durante esta etapa tan positiva de paz y progreso.
A pesar de la reincidencia en las noticias sobre estos anhelos reformista, he de decir, que mis preocupaciones me llevan a asuntos más cercanos. La presencia de elementos imprevistos en el desarrollo de la ordinaria convivencia, como lo fue el fenómeno del terrorismo o lo es la actual pandemia, motivan la adopción de normas que hacen crujir los propios cimientos constitucionales.
En USA el 11M dio lugar a la ley Patriot; los ataques del 7 de julio del 2005 en Londres con 52 muertos dieron lugar a que Tony Blair expresara, “Que no haya duda: las reglas del juego están cambiando”. Y tuvimos que esperar hasta el año 2013 para que, a través de las revelaciones de Snowden, comprendiésemos hasta donde habían llevado los gobiernos esos cambios. Monotorización generalizada de las comunicaciones, y la posibilidad de obtener un perfil de cada ciudadano, de sus movimientos, opciones de compra, y voto político. Una sociedad donde la vigilancia, el gran ojo que todo lo ve, se constituía en “elemento de seguridad”.
La pandemia que estamos viviendo ha vuelto a servir como acicate para la adopción de normas que han limitado los derechos de los ciudadanos, convirtiendo el estado de alarma en viscoso chicle en manos del gobierno, primero, y luego de las CA, capaz de autorizar cualquier norma limitativa de derechos. Los derechos a la libertad de movimientos, a la de establecimiento, o incluso, la libertad de expresión, se han limitado en la primacía del derecho a la salud, como arma que permite combatir al coronavirus.
Al mismo tiempo, la Guardia Civil nos informaba en prime time que monotorizaba las redes sociales en defensa de la verdad, y como no fue suficiente, se han combatido los fake news con nuevas normas que presentan reminiscencias de la antigua censura previa.
Es por eso, que ya no sé si debe preocuparnos los anhelos reformistas de nuestra Constitución o el necesario rigor en la adopción de las disposiciones normativas que, amparándose en la misma, limitan nuestros derechos. Se puede hacer política con la determinación de cómo debe ser la estructura del Estado, sin embargo no admite el juego político la limitación de nuestros derechos. Cuando un Juez priva de la libertad o restringe los movimientos lo hace con carácter limitado, motivando expresamente el acto, su proporcionalidad, y adoptando un criterio de igualdad para supuestos semejantes. Todo eso se echa de menos al leer las farragosas disposiciones que limitaron nuestra libertad, y aún más, en los actos de su prorroga.
La utilización del estado de alarma como cajón de sastre que permite la adopción de cualquier medida limitativa de derechos, la delegación en su ejercicio a las Comunidades Autónomas, o incluso, la ampliación en los límites constitucionales de su revisión, han desnaturalizado el carácter de la institución, creando una verdadera legislación de emergencia que todo lo autoriza, nada motiva, y quiebra reiteradamente el principio de igualdad, al tomarse decisiones contrapuestas para supuestos iguales.
Tengo la convicción que las decisiones que se tomaron, lo fueron con la única finalidad de salvaguardar nuestra salud, ahora, mi libertad no se toca, con los derechos fundamentales no se juega, y cada vez que se limiten, debe serlo a través del cauce normativo que la Constitución regula, con la misma proporcionalidad y motivación que consta en cualquier resolución judicial, algo de lo que han carecido las disposiciones de este último año.
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- LA LIMITACIÓN DE LAS LIBERTADES - diciembre 9, 2020