BUROCRACIA

BUROCRACIA

¿Qué es burocracia? dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul ¿qué es burocracia? ¿Y tú me lo preguntas?

Pues burocracia es, según una cita apócrifa que no sé a quién atribuir (que puede ser de Gandhi, Churchill, Groucho Marx, etc.), el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil.

Piénsese, por ejemplo, en algún deporte. Fútbol. Un partido cualquiera. Cualquiera. La premisa es que hay que marcar gol para ganar el partido y eso se hace llevando la pelota al otro lado e introduciéndola en una zona demarcada ¿Cuántos pases hacen falta para llegar a eso? Los suficientes para generar los espacios que lleven a facilitar la introducción. Ni uno más. Todo exceso es inútil y perseguirá otro fin. Legítimo, puede, pero otro fin.

¿Qué otro fin? Muchas veces otro objetivo complementario. En nuestra analogía, el fin estético de un juego más bonito que limitarse a lo eficaz o, por ejemplo, defenderse con el balón (si yo tengo el balón, no pueden meterme goles). Otras, darle una pátina determinada: modernidad, exclusividad. El esnobismo que supone darle a lo esencial tantos accesorios que frustran su fin. Aunque queda supercuqui, eso sí.

No se puede llevar al extremo, claro. Nos llevaría a asumir sólo lo esencial y olvidar el arte o la estética, elementos esenciales para la emoción humana. Pero hay campos donde esto no juega y, por encima de todo, no cabe sacrificar el fin en favor de la estética. Jugar muy bonito y tener mucho pase estéril que no lleva a meter el gol. El término medio. Es lo difícil.

Desde 2015, con los avances tecnológicos y una pandemia, se ha ido haciendo imperativa la relación telemática del ciudadano con diversos servicios, lo que no tiene por qué ser un problema sino, al contrario, el medio para evitar colas interminables, una mañana perdida o tener que pedir un día en el trabajo para hacerse el DNI, el pasaporte o presentar la solicitud de una beca.

Pero el ciudadano se enfrenta a la brecha digital, formularios no muy intuitivos, lenguaje poco amable y una exigencia, poco empática, de información o documentación de que muchas veces ya dispone la Administración porque, incluso, ella misma lo genera. El ciudadano no tiene que entender que se trata de servicios distintos, o incluso de administraciones distintas, en que una ejecuta lo que otra dispone. No hablemos ya de administraciones con varias lenguas cooficiales.

En todos estos casos acudirá el ciudadano presencialmente, si es que existe la posibilidad, para que pueda, por fin, perder la mañana. Con cita previa, eso sí. Si no hay pandemia, claro.

Es frustrante. En toda su amplia polisemia. Es frustrante porque con tanta exigencia, tanto requisito y tanta garantía se hace imposible que la Administración se equivoque gravemente. Pero también es frustrante para el ciudadano que solo pretende obtener la ayuda a que tiene derecho.

Y ello en aras de una modernidad a la que no se adapta una sociedad a la que no se le da acceso digital en toda su extensión, o de una garantía que, si resulta necesaria, no puede sacrificar los legítimos derechos de los ciudadanos.

El legislador (tan de moda últimamente) diseña las tramitaciones, los procedimientos. Con gran celo los elabora complejos y garantistas pero debe recordarse una máxima: a mayor garantía, mayor dificultad en alcanzar la conclusión. De ahí el término medio. Buscar la garantía procedimental que proteja los derechos, pero evitando los perjuicios de un exceso de rigidez. Vamos, que lo que hay que utilizar es el proceso judicial.

Si, siempre barriendo para casa.

Es que es un proceso muy bueno.

Tiene todas las garantías, pero las interpretamos desde la perspectiva sentada por el Tribunal Constitucional hace tiempo: hay que respetar las normas del proceso, pero, en la interpretación, hay que interpretarlas en sentido favorable al ejercicio de los derechos. Total, que si cabe una interpretación en que el escrito esté en plazo, en plazo está. Y así todo, porque el objetivo es que el procedimiento encauce las acciones, proteja los derechos, pero nunca sea un impedimento para su ejercicio.

Pero para hacer eso tiene que haber un sujeto responsable, alguien que firme con nombre y apellidos y diga “se interpreta así este caso”, que se pueda recurrir o no, ante el mismo u otro órgano. Ahí tenemos a los Letrados de la Administración de Justicia y los Jueces y Magistrados, que firmamos y asumimos lo firmado, de manera que nos responsabilizamos de las interpretaciones y consecuencias de aquellas.

Y aquí es donde debemos valorar nuestra Justicia. Y no podemos olvidar la crítica: es lenta la mayor parte de las veces, y cuenta con muy poquitos medios. Es, de hecho, de lo último que hay en presupuesto, sin que nadie caiga en la cuenta de su importancia. La tiene, sin embargo. Lo que pasa es que solo la tiene una o dos veces en la vida. Un divorcio, una reclamación de cantidad o, ojalá no, un hurto, robo, daños. Y ahí es muy importante, y quizás debería contar con más medios. Pero no hablemos de eso, hablemos de que, con esos pocos medios, hay mucha gente dispuesta a suplir, con su esfuerzo personal, la falta de presupuesto material.

Y en ese esfuerzo, que no se negocia, se encuentran la inmensa mayoría de los Juzgados, que garantizan los derechos de los ciudadanos sin poner trabas ni obstáculos de ninguna naturaleza y buscando soluciones a todos los problemas que se presenten. En los juzgados no hay brecha digital, y se han protegido todos los derechos en la pandemia (recuérdense las cuestiones resueltas por el Tribunal Constitucional).

Total, que nuestra Justicia “tiki taka”, concepto tan denostado últimamente, cumple sus fines y defiende los derechos con la posesión de las garantías y lo hace sin catenaccio burocrático. Y todo eso sin muchos medios. Con la plantilla al completo sería la estrella.

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Alejandro González Mariscal de Gante

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