El d\u00eda pr\u00f3ximo 3 de abril de 2025 entrar\u00e1 en vigor la Ley Org\u00e1nica 1\/2025 de Eficiencia Procesal, seg\u00fan dispone la regla general de entrada en vigor de la reforma.<\/p>\n\n\n\n
Propongo un an\u00e1lisis somero del t\u00edtulo II, cap\u00edtulo I, art\u00edculos 3 a 19. Medidas en materia de eficiencia procesal del servicio p\u00fablico de justicia. En concreto medios adecuados de soluci\u00f3n de controversias en v\u00eda no jurisdiccional.<\/p>\n\n\n\n
La exposici\u00f3n de motivos de la ley persigue cumplir con la m\u00e1xima de la ilustraci\u00f3n y del proceso codificador: antes de entrar en el templo de la justicia, se ha de pasar por el templo de la concordia<\/em> se trata de potenciar la negociaci\u00f3n entre las partes directamente o ante un tercero neutral.<\/p>\n\n\n\n La reforma supone un cambio de paradigma<\/strong>. Pasaremos de un sistema que trae un conflicto enviado a los tribunales, a un nuevo sistema que tras el conflicto va a enviar a los medios de soluci\u00f3n alternativa de conflictos (MASC) y, si no hay acuerdo a los tribunales. <\/p>\n\n\n\n Ello supone no se admitir\u00e1n demandas si no se acredita haber hecho uso de un proceso de negociaci\u00f3n previo llevado a cabo o la imposibilidad del mismo conforme lo establecido en el art\u00edculo 264. 4\u00ba de la Ley de Enjuiciamiento Civil.<\/p>\n\n\n\n Se trata de un requisito de procedibilidad, como medida innovadora para actualizar y mejorar la eficiencia del sistema judicial en Espa\u00f1a. Obligando a las partes, en el \u00e1mbito jurisdiccional civil, a intentar un mecanismo adecuado de soluci\u00f3n de controversias antes de interponer una demanda judicial.<\/p>\n\n\n\n A trav\u00e9s de mediaci\u00f3n, conciliaci\u00f3n, opini\u00f3n de un experto independiente u otras actividades negociadoras, las partes deben buscar un acuerdo previo, cuya acreditaci\u00f3n e necesario para la admisi\u00f3n de la demanda. La normativa busca reducir la sobrecarga de los tribunales, fomentar la autocomposici\u00f3n y ofrecer alternativas ajustadas a las necesidades de los litigantes.<\/p>\n\n\n\n El mencionado art\u00edculo 264 recoge los documentos que deben acompa\u00f1arse la demanda o contestaci\u00f3n y entre ellos el documento que acredite haberse intentado la actividad negociadora previa la v\u00eda judicial cuando la ley exige dicho intento como requisito de procedibilidad declaraci\u00f3n responsable de la parte. La imposibilidad de llevar a cabo la actividad negociadora previa a la v\u00eda judicial por desconocer el domicilio de la parte demandada o el medio en el que puede ser requerido.<\/p>\n\n\n\n Condicionan la admisi\u00f3n de la demanda, y sin su presentaci\u00f3n no se puede admitir a tr\u00e1mite la misma. Su falta de aportaci\u00f3n es un defecto subsanable, ( art\u00edculos 231 y 403 de la LEC, 11.3 y 243 de la LOPJ y 24 de la CE). Claro est\u00e1 subsanaci\u00f3n supone que el intento de negociaci\u00f3n ha sido previo la interposici\u00f3n de la demanda en todo caso.<\/p>\n\n\n\n Los antecedentes legislativos m\u00e1s recientes tales como la Ley 5\/2012 de 6 de julio de mediaci\u00f3n en asuntos civiles y mercantiles, no consiguieron desarrollar el desaf\u00edo inicial y augurado.<\/p>\n\n\n\n Los MASC pues son una medida muy entusiasta aplicada con anterioridad y reformada su implantaci\u00f3n ante el escaso \u00e9xito de la misma.<\/p>\n\n\n\n El modelo de justicia sostenible viene a imponer en realidad una carga de parte a quien pretende ejercitar una acci\u00f3n ya antes del inicio del procedimiento. Impulsando una autonom\u00eda de la voluntad que implica una deconstrucci\u00f3n del modelo de justicia paradigm\u00e1tico todo ello en busca de una justicia sostenible.<\/p>\n\n\n\n Todo ello de la mano de una filosof\u00eda sobre el modelo de justicia integral que implica una referencia reformista respecto a las costas ya la tasaci\u00f3n, alzando la confidencialidad s\u00f3lo en el supuesto de conflicto a la hora de tasarlas, impugnarla por indebidas o excesivas.<\/p>\n\n\n\n Se establece un sistema m\u00e1s oneroso. Se parte de la regla general de los MASC como servicio privado de justicia; la idea de que cada persona que interviene abone sus gastos, al menos los honorarios de abogado y honorarios y de un tercero neutral.<\/p>\n\n\n\n Ser\u00e1 necesaria la complicidad de la abogac\u00eda desde un cambio de pensamiento hacia una cultura m\u00e1s colaborativa por lo que habr\u00e1 que ir m\u00e1s all\u00e1 de la norma.<\/p>\n\n\n\n Es por ello que se teme que la actividad que se denomina justicia deliberativa finalmente pueda reducirse a meros requisitos burocr\u00e1ticos.<\/p>\n\n\n\n Hasta ahora bastaba, en caso de allanamiento, la aportaci\u00f3n de cualquier documento para acreditar requerimiento fehaciente y justificado en materia de imposici\u00f3n de costas. Se presume la mala fe cuando este medie y se hubiese rechazado el acuerdo ofrecido o la participaci\u00f3n en un medio adecuado de soluci\u00f3n de controversias.<\/p>\n\n\n\n Y, cuando el requisito de reclamaci\u00f3n extrajudicial es preceptivo, l\u00e9ase oferta motivada, un mero burofax e incluso aportaci\u00f3n de correos electr\u00f3nicos se ven\u00edan valorando por los tribunales como argumento para la imposici\u00f3n de las costas.<\/p>\n\n\n\n Destacaremos los correos electr\u00f3nicos entre profesionales que en muchas ocasiones viene acompa\u00f1ando a la demanda\/contestaci\u00f3n para acreditar el contenido de las negociaciones previas y la posici\u00f3n jur\u00eddica sobre las partes en relaci\u00f3n a la controversia.<\/p>\n\n\n\n El correo electr\u00f3nico, est\u00e1 admitido indirectamente por el art\u00edculo 7.1, aunque a efectos de interrupci\u00f3n y suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n y caducidad (figuras distintas al requisito de procedibilidad y propensas a la mayor conservaci\u00f3n de derechos y, por tanto, m\u00e1s flexible), admiten que dichos actos tengan lugar \u201ca trav\u00e9s del medio de comunicaci\u00f3n electr\u00f3nico empleado por las partes en sus relaciones previas\u201d.<\/p>\n\n\n\n El correo electr\u00f3nico, por s\u00ed mismo, no sirve para acreditar o presumir la acreditaci\u00f3n de la recepci\u00f3n en aquellos casos en que no se hubiera pactado en el contrato, salvo que se acompa\u00f1e con<\/p>\n\n\n\n otros medios de comunicaci\u00f3n o sea el canal habitual de comunicaci\u00f3n entre las partes.<\/p>\n\n\n\n Debe ser analizado bajo el prisma del r\u00e9gimen de confidencialidad y protecci\u00f3n de datos que ahora se extiende a los MASC de forma m\u00e1s rigurosa en el art\u00edculo 9.<\/p>\n\n\n\n Tanto el proceso de negociaci\u00f3n como la documentaci\u00f3n utilizada en el mismo son confidenciales, salvo la informaci\u00f3n relativa a si las partes acudieron al intento de negociaci\u00f3n previa y al objeto de controversia.<\/p>\n\n\n\n Esta obligaci\u00f3n se extiende a las partes y a los abogados\/abogadas intervinientes y en su caso a la tercera persona neutral que intervenga. Existe un deber de secreto profesional.<\/p>\n\n\n\n Las recientes conclusiones de las jornadas de Presidentes de Audiencias Provinciales sobre los MASC Y LO 1\/2025 tratan el tema en los siguientes t\u00e9rminos: La confidencialidad del proceso de negociaci\u00f3n y de la documentaci\u00f3n utilizada (art\u00edculo 9 LO 1\/2025) es compatible con la obligaci\u00f3n de probar el contenido de la solicitud, propuesta inicial o invitaci\u00f3n a negociar y la definici\u00f3n de su objeto, para acreditar ante el juez el inicio y el fracaso del intento de acuerdo (art\u00edculo 10 LO 1\/2025).<\/p>\n\n\n\n Y a\u00f1aden, a la dispensa escrita, expresa y rec\u00edproca de todas las partes (art\u00edculo 9.2 LO 1\/2025) como excepci\u00f3n a la confidencialidad del proceso de negociaci\u00f3n se equipara la advertencia previa y expl\u00edcita de poder utilizar el contenido de las comunicaciones \u2013entre profesionales de la abogac\u00eda- en juicio (art. 16.3 de la Ley Org\u00e1nica 5\/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa).<\/p>\n\n\n\n El proceso de negociaci\u00f3n y la documentaci\u00f3n utilizada en el mismo son confidenciales, salvo la informaci\u00f3n relativa a si las partes acudieron al intento de negociaci\u00f3n previa y al objeto de controversia.<\/p>\n\n\n\n En consecuencia, no podr\u00e1n abogados\/abogadas intervinientes aportar documentaci\u00f3n derivada del proceso de negociaci\u00f3n o relacionada con el mismo con las excepciones que prev\u00e9 el art\u00edculo 9 en su apartado 2. Esto es, cuando las partes de manera expresa y por escrito se hayan dispensado rec\u00edprocamente o al abogado\/abogada o a la tercera persona neutral del deber de confidencialidad.<\/p>\n\n\n\n Cuando se est\u00e9 tramitando la impugnaci\u00f3n de la tasaci\u00f3n de costas y la solicitud de exoneraci\u00f3n o moderaci\u00f3n de las mismas seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 245 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y a esos \u00fanicos fines, sin que pueda utilizarse para otros diferentes en procesos posteriores.<\/p>\n\n\n\n Cuando, mediante resoluci\u00f3n judicial motivada, sea solicitada por los jueces y juezas del orden jurisdiccional penal y finalmente cuando sea necesario por razones de orden p\u00fablico, en particular cuando as\u00ed lo requiera la protecci\u00f3n del inter\u00e9s superior del menor o la prevenci\u00f3n de da\u00f1os a la integridad f\u00edsica o psicol\u00f3gica de una persona.<\/p>\n\n\n\n Si alguna de las partes pretendiese la aportaci\u00f3n como prueba en el proceso de la informaci\u00f3n confidencial, no ser\u00e1 admitida por los tribunales en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 283.3.<\/p>\n\n\n\n Y es m\u00e1s en caso de que se revele informaci\u00f3n o se aporte documentaci\u00f3n en infracci\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 9, la autoridad judicial la inadmitir\u00e1 y dispondr\u00e1 que no se incorpore al expediente, sin perjuicio, adem\u00e1s de la responsabilidad que dicha infracci\u00f3n genere los t\u00e9rminos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico.<\/p>\n\n\n\n Se tratar\u00edan cualquier caso de una prueba il\u00edcita.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La forma de acreditaci\u00f3n del intento de negociaci\u00f3n y terminaci\u00f3n del proceso sin acuerdo pasa por establecido el art\u00edculo 10, certificaci\u00f3n, documento firmado por las partes intervinientes en los t\u00e9rminos all\u00ed establecidos. En ning\u00fan caso correo electr\u00f3nico que ilustre la negociaci\u00f3n previa.<\/p>\n\n\n\n Hasta ahora ha sido bastante frecuente que este tipo de comunicaciones se aportaron a los tribunales en aras acreditar los t\u00e9rminos es la negociaci\u00f3n previa.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, esta actividad estaba prohibida y ahora a\u00fan m\u00e1s por cuanto es un documento que no debe admitirse. No basta este intento de negociaci\u00f3n y esta documental para entender cumplido el requisito de procedibilidad y carga procesal de parte antes de interponer una demanda ante los tribunales.<\/p>\n\n\n\n La redacci\u00f3n del art\u00edculo 16 de la ley de defensa es concluyente, al desarrollar la garant\u00eda de confidencialidad de las comunicaciones y secreto profesional. En lo que aqu\u00ed interesa, sobre todo su apartado 2 que indica que: \u00abLas comunicaciones mantenidas exclusivamente entre los defensores de las partes con ocasi\u00f3n de un litigio o procedimiento, cualquiera que sea el momento en el que tengan lugar o su finalidad, incluso en fase extrajudicial, son confidenciales y no podr\u00e1n hacerse valer en juicio ni tendr\u00e1n valor probatorio, excepto en los casos en los que se hayan obtenido de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal u otras leyes de aplicaci\u00f3n o en que su aportaci\u00f3n o revelaci\u00f3n haya sido autorizada conforme a la regulaci\u00f3n profesional vigente\u00bb <\/em>.<\/p>\n\n\n\n La prohibici\u00f3n de la aportaci\u00f3n documental y fundamentalmente los correos electr\u00f3nicos se establece con toda claridad en el apartado 3: \u00abNo se admitir\u00e1n los documentos, cualquiera que sea su soporte, que contravengan la anterior prohibici\u00f3n, salvo que expresamente sea aceptada su aportaci\u00f3n por los profesionales de la abogac\u00eda concernidos o las referidas comunicaciones se hayan realizado con la advertencia expresa y expl\u00edcita de poder ser utilizadas en juicio \u00bb .<\/em><\/p>\n\n\n\n El secreto profesional incluir\u00e1 la inviolabilidad y el secreto de todos los documentos y comunicaciones del profesional de la abogac\u00eda, que est\u00e9n relacionados con el ejercicio de sus deberes de defensa.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed pues para acreditar un intento de negociaci\u00f3n previa y entender el requisito cumplido habr\u00e1n de aportarse los documentos que recogen los art\u00edculos 17 de la Ley de Mediaci\u00f3n, 16 a 18 de la Ley Org\u00e1nica 1\/2025, 103.2 bis de la Ley Hipotecaria y 139 y siguientes de la Ley de la Jurisdicci\u00f3n Voluntaria.<\/p>\n\n\n\n Si el prop\u00f3sito de la ley no cristaliza en la sociedad, nos encontraremos con un notable incremento de demandas de conciliaci\u00f3n ante los tribunales y la simple aportaci\u00f3n de burofaxes con detalles estereotipados sobre el intento de conciliaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El peligro de que los profesionales traten este requisito de procedibilidad como un obst\u00e1culo y busquen la f\u00f3rmula, banalizando el objetivo, de convertirlo en un protocolo rutinario.<\/p>\n\n\n\n En Sevilla a 1 de abril de 2025<\/p>\n\n\n\n Celia Belhadj Ben G\u00f3mez<\/p>\n\n\n\n Magistrada y Doctora en derecho<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El d\u00eda pr\u00f3ximo 3 de abril de 2025 entrar\u00e1 en vigor la Ley Org\u00e1nica 1\/2025 de Eficiencia Procesal, seg\u00fan dispone la regla general de entrada en vigor de la reforma. Propongo un an\u00e1lisis somero del t\u00edtulo II, cap\u00edtulo I, art\u00edculos 3 a 19. Medidas en materia de eficiencia procesal del servicio p\u00fablico de justicia. En concreto medios adecuados de soluci\u00f3n de controversias en v\u00eda no jurisdiccional. La exposici\u00f3n de motivos de la ley persigue cumplir con la…<\/p>\n