{"id":1269,"date":"2025-05-16T07:22:51","date_gmt":"2025-05-16T07:22:51","guid":{"rendered":"https:\/\/enjusticia.es\/?p=1269"},"modified":"2025-05-16T07:22:53","modified_gmt":"2025-05-16T07:22:53","slug":"datos-de-trafico-como-prueba-en-proceso-civil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enjusticia.es\/?p=1269","title":{"rendered":"\u00bfDatos de tr\u00e1fico como prueba en proceso civil?"},"content":{"rendered":"\n

Cada vez es m\u00e1s habitual en procesos civiles, de familia, o incluso en cuestiones relacionadas con el \u00e1mbito mercantil, pretender obtener como prueba datos de tr\u00e1fico. Estos datos pueden incluir conexiones IP, certificaci\u00f3n de env\u00edo de correos electr\u00f3nicos, geolocalizaciones, mensajes en redes sociales y dem\u00e1s informaci\u00f3n relacionada con el tr\u00e1fico de datos que sin otra forma de prueba o acreditaci\u00f3n, pretende alguna de las partes para obtener estos datossolicitar la intervenci\u00f3n de grandes plataformas digitales, conocidas como plataformas en l\u00ednea de muy gran tama\u00f1o (VLOP) o motores de b\u00fasqueda en l\u00ednea de muy gran tama\u00f1o (VLOSEs), seg\u00fan lo define la Ley de Servicios Digitales[i]<\/a>. Esta tendencia refleja la creciente importancia de la tecnolog\u00eda y la informaci\u00f3n digital en la resoluci\u00f3n de disputas legales en unas relaciones sociales y un mundo plenamente interconectado. Se pretende que dichos datos puedan desempe\u00f1ar un papel fundamental en el establecimiento de hechos, la verificaci\u00f3n de reclamaciones y el sostenimiento de las pretensiones en el proceso civil, lo que subraya la importancia de las pruebas digitales en los marcos legales contempor\u00e1neos.<\/p>\n\n\n\n

La definici\u00f3n de datos electr\u00f3nicos de tr\u00e1fico que hace el art\u00edculo 588 ter b de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no es demasiado ilustrativa \u201cA los efectos previstos en este art\u00edculo, se entender\u00e1 por datos electr\u00f3nicos de tr\u00e1fico o asociados todos aquellos que se generan como consecuencia de la conducci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n a trav\u00e9s de una red de comunicaciones electr\u00f3nicas, de su puesta a disposici\u00f3n del usuario, as\u00ed como de la prestaci\u00f3n de un servicio de la sociedad de la informaci\u00f3n o comunicaci\u00f3n telem\u00e1tica de naturaleza an\u00e1loga\u201d.<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

En su art\u00edculo 1, de la Ley 25\/2007, se definen como los datos \u201cgenerados o tratados en el marco de la prestaci\u00f3n de servicios de comunicaciones electr\u00f3nicas o redes p\u00fablicas de comunicaci\u00f3n<\/em>\u201d<\/p>\n\n\n\n

Por lo que podemos concluir que datos de tr\u00e1fico se han considerado por la Directiva 2006\/24\/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de marzo de 2006 sobre la conservaci\u00f3n de datos generados o tratados en relaci\u00f3n con la prestaci\u00f3n de servicios de comunicaciones electr\u00f3nicas de acceso p\u00fablico o de redes p\u00fablicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002\/58\/CE y la Ley 25\/2007, de 18 de octubre, de conservaci\u00f3n de datos relativos a las comunicaciones electr\u00f3nicas y a las redes p\u00fablicas de comunicaciones: aquellos datos necesarios para rastrear e identificar el origen de una comunicaci\u00f3n y su destino, para identificar la fecha, hora y duraci\u00f3n de una comunicaci\u00f3n, el equipo de comunicaci\u00f3n de los usuarios y para identificar la localizaci\u00f3n del equipo de comunicaci\u00f3n m\u00f3vil, datos entre los que figuran el nombre y la direcci\u00f3n del abonado o usuario registrado, los n\u00fameros de tel\u00e9fono de origen y destino y una direcci\u00f3n IP para los servicios de Internet. Estos datos permiten, en particular, saber con qu\u00e9 persona se ha comunicado un abonado o un usuario registrado y de qu\u00e9 modo, as\u00ed como determinar el momento de la comunicaci\u00f3n y el lugar desde la que \u00e9sta se ha producido. Adem\u00e1s, permiten conocer la frecuencia de las comunicaciones del abonado o del usuario registrado con determinadas personas durante un per\u00edodo concreto.<\/em><\/p>\n\n\n\n

En definitiva, en toda comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica podemos distinguir: tres grupos de datos: de contenido (el mensaje transmitido), de tr\u00e1fico (metadatos anexos a ese mensaje) y de abonado (permiten identificar a la persona que realiza la comunicaci\u00f3n).<\/p>\n\n\n\n

Los datos que deben conservarse y cederse por las operadoras ser\u00e1n los dispuestos en el Art. 3 de la Ley 25\/2007. No obstante, la LECrim ampl\u00eda el abanico de datos, ya que no son s\u00f3lo los que las operadoras tienen la obligaci\u00f3n de conservar en cumplimiento de la Ley 25\/2007, sino tambi\u00e9n a los que se conserven por propia iniciativa por motivos comerciales o de otra \u00edndole <\/em>(art\u00edculo 588 ter j de la LECrim).<\/p>\n\n\n\n

Todo ello se rige conforme Ley 25\/2007, de 18 de octubre, de conservaci\u00f3n de datos relativos a las comunicaciones electr\u00f3nicas y a las redes p\u00fablicas de comunicaciones.<\/p>\n\n\n\n

Esta ley en su art\u00edculo primero establece en su art\u00edculo 1\u00ba tiene por objeto la regulaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de los operadores de conservar los datos generados o tratados en el marco de la prestaci\u00f3n de servicios de comunicaciones electr\u00f3nicas o de redes p\u00fablicas de comunicaci\u00f3n, as\u00ed como el deber de cesi\u00f3n de dichos datos a los agentes facultados siempre que les sean requeridos a trav\u00e9s de la correspondiente autorizaci\u00f3n judicial con fines de detecci\u00f3n, investigaci\u00f3n y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el C\u00f3digo Penal o en las leyes penales especiales. <\/strong><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

2. Esta Ley se aplicar\u00e1 a los datos de tr\u00e1fico y de localizaci\u00f3n sobre personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas y a los datos relacionados necesarios para identificar al abonado o usuario registrado.<\/em><\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

Esta ley dice claramente que la cesi\u00f3n de los datos de tr\u00e1fico y de identificaci\u00f3n de detecci\u00f3n, investigaci\u00f3n y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el C\u00f3digo Penal o en las leyes penales especiales. Lo mismo se establece en el per\u00edodo de conservaci\u00f3n de datos en el Art\u00edculo 5\u00ba. Es verdad que se ha planteado la posibilidad de cesi\u00f3n para delitos menos graves y leves, y as\u00ed se ha admitido entre otras, en la Sentencia de 2 de octubre de 2018 (C207\/16) del TJUE que considera que tales accesos de titularidades constituyen una injerencia en los derechos fundamentales no grave y, por consiguiente, requieren resoluci\u00f3n judicial fundada aunque sea en el \u00e1mbito de un delito menos grave. Sin embargo, lo que resulta inadmisible y carece de soporte legal es la cesi\u00f3n de datos de tr\u00e1fico en proceso civil con ausencia de delito ya que la ley 25\/2007 lo permite \u00fanicamente para delitos graves y el TJUE.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Este mismo criterio ha sido compartido en las dos \u00fanicas resoluciones judiciales encontradas sobre esta materia en el CENDOJ. La primera de la AP Barcelona, en el lejano 2009 por un ponente actual magistrado del Tribunal Supremo (Roj: AAP B 9428\/2009 –  ECLI:ES:APB:2009:9428A Secci\u00f3n: 15; N\u00ba de Recurso: 369\/2009; N\u00ba de Resoluci\u00f3n: 202\/2009; Fecha de Resoluci\u00f3n: 15\/12\/2009; Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO) donde si bien el objeto era la posibilidad de obtenci\u00f3n de datos de titulares de IP de usuarios de intercambio de archivos de plataformas p2p a trav\u00e9s de diligencias preliminares, no obstante, dice claramente, \u00abLa  Ley 25\/2007, de 18 de octubre, de conservaci\u00f3n de datos relativos a las comunicaciones electr\u00f3nicas y a las redes p\u00fablicas de comunicaciones (por la que se transpone la  Directiva 2006\/24\/CE, de 15 de marzo , sobre la conservaci\u00f3n de datos generados o tratados en relaci\u00f3n con la prestaci\u00f3n de servicios de comunicaciones electr\u00f3nicas de acceso p\u00fablico o de redes p\u00fablicas de comunicaciones, que modifica la  Directiva 2002\/58  \/CE), tan s\u00f3lo impone \u00abla obligaci\u00f3n de los operadores de conservar los datos generados o tratados en el marco de la prestaci\u00f3n de servicios de comunicaciones electr\u00f3nicas o de redes p\u00fablicas de comunicaci\u00f3n, as\u00ed como el deber de cesi\u00f3n de dichos datos a los agentes facultados siempre que les sean requeridos a trav\u00e9s de la correspondiente autorizaci\u00f3n judicial con fines de detecci\u00f3n, investigaci\u00f3n y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el C\u00f3digo Penal o en las leyes penales especiales\u00bb, pero no para preparar una reclamaci\u00f3n civil\u00bb.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

De este modo, se aprecia que en nuestro derecho no existe ning\u00fan deber legal de colaboraci\u00f3n impuesto a las entidades suministradoras de acceso a Internet para suministrar la informaci\u00f3n interesada por la actora, para justificar una reclamaci\u00f3n civil.<\/strong> Y la ausencia de este deber no contrar\u00eda la normativa comunitaria, que restringe dicho deber de colaboraci\u00f3n \u00fanicamente en relaci\u00f3n con la persecuci\u00f3n de delitos, sin perjuicio de la valoraci\u00f3n que el legislador nacional pudiera realizar a la hora de introducir este deber de colaboraci\u00f3n para proteger los derechos de propiedad intelectual en caso de infracciones civiles<\/strong>, a la vista de los derechos afectados. Pero esta ponderaci\u00f3n no le corresponde hacerla al juzgador, sino al legislador, quien si lo estima oportuno impondr\u00e1 expresamente este deber de colaboraci\u00f3n y con ello habr\u00e1 pie para acordar las diligencias preliminares.<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

En el mismo sentido pero mucho m\u00e1s reciente, el Auto de la misma Audiencia Provincial de Barcelona de 2 de noviembre de 2020, (Roj: AAP B 9849\/2020 – ECLI:ES:APB:2020:9849A; Secci\u00f3n: 11; N\u00ba de Recurso: 203\/2020; N\u00ba de Resoluci\u00f3n: 631\/2020; Fecha de Resoluci\u00f3n: 02\/11\/2020; Ponente: MIREIA BORGU\u00d1O VENTURA). En este caso se pretende la obtenci\u00f3n de los datos para la adopci\u00f3n de las diligencias preliminares como medida previa al proceso de protecci\u00f3n del derecho al honor: \u00bb La claridad del precepto no puede ofrecer duda alguna sobre la imposibilidad de requerir a las entidades prestadoras del servicio de Internet para que cedan sus datos para finalidades distintas de las previstas en la ley, en este caso para promover un litigio civil para la defensa del derecho al honor. <\/em><\/strong>Dicha regulaci\u00f3n endurece incluso el marco normativo precedente constituido por el  art. 12 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informaci\u00f3n y de Comercio Electr\u00f3nico , en cuyos apartados 2 y 3 se establec\u00eda que los operadores de tales servicios no pod\u00edan utilizar los datos retenidos para fines distintos de los indicados en el apartado siguiente u otros que est\u00e9n permitidos por la Ley, el cual precisaba que los datos deb\u00edan conservarse para su utilizaci\u00f3n en el marco de una investigaci\u00f3n criminal o para la salvaguardia de la seguridad p\u00fablica y la defensa nacional.<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

                 Precisado lo anterior, como es obvio, la protecci\u00f3n de la intimidad, de la confidencialidad de las comunicaciones y de los datos de tr\u00e1fico asociadas a ellas en el \u00e1mbito de las comunicaciones electr\u00f3nicas no es absoluta, y es el legislador, valorando la posible colisi\u00f3n con otros derechos, el que establece las excepciones que justifican la comunicaci\u00f3n de los datos retenidos, excepciones entre las que, actualmente, no se encuentra facilitar los datos a los jueces y tribunales para que un perjudicado promueva un procedimiento civil\u00bb.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, en estos casos, sin la posibilidad de acudir a los datos de tr\u00e1fico en pleitos civiles cuando la parte a quien interese la eficacia de un documento electr\u00f3nico lo solicite o se impugne su autenticidad, integridad, precisi\u00f3n de fecha y hora u otras caracter\u00edsticas del documento electr\u00f3nico que un servicio electr\u00f3nico de confianza no cualificado de los previstos en el Reglamento (UE) 910\/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificaci\u00f3n electr\u00f3nica y los servicios de confianza para las transacciones electr\u00f3nicas en el mercado interior, permita acreditar, se proceder\u00e1 con arreglo a lo establecido en el apartado 2 del presente art\u00edculo y en el Reglamento (UE) n.\u00ba 910\/2014 y decisi\u00f3n de Ejecuci\u00f3n (UE) 2015\/1505 de la Comisi\u00f3n de 8 de septiembre de 2015 por la que se establecen las especificaciones t\u00e9cnicas y los formatos relacionados con las listas de confianza de conformidad con el art\u00edculo 22, apartado 5, del Reglamento (UE) N\u00ba 910\/2014 del Parlamento Europeo. Si se hubiera utilizado alg\u00fan servicio de confianza cualificado de los previstos en el Reglamento citado en el apartado anterior, se presumir\u00e1 que el documento re\u00fane la caracter\u00edstica cuestionada y que el servicio de confianza se ha prestado correctamente si figuraba, en el momento relevante a los efectos de la discrepancia, en la lista de confianza de prestadores y servicios cualificados.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Alfonso Peralta Guti\u00e9rrez<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

[i]<\/a> Reglamento de Ejecuci\u00f3n (UE) 2023\/1201 de la Comisi\u00f3n de 21 de junio de 2023 relativo a las disposiciones detalladas para la tramitaci\u00f3n de determinados procedimientos por parte de la Comisi\u00f3n con arreglo al Reglamento (UE) 2022\/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo (\u00abLey de Servicios Digitales\u00bb).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Cada vez es m\u00e1s habitual en procesos civiles, de familia, o incluso en cuestiones relacionadas con el \u00e1mbito mercantil, pretender obtener como prueba datos de tr\u00e1fico. Estos datos pueden incluir conexiones IP, certificaci\u00f3n de env\u00edo de correos electr\u00f3nicos, geolocalizaciones, mensajes en redes sociales y dem\u00e1s informaci\u00f3n relacionada con el tr\u00e1fico de datos que sin otra forma de prueba o acreditaci\u00f3n, pretende alguna de las partes para obtener estos datossolicitar la intervenci\u00f3n de grandes plataformas digitales, conocidas como plataformas en l\u00ednea…<\/p>\n

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