![\"reichstag-1741126_1920\"](\"http:\/\/enjusticia.es\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/reichstag-1741126_1920-300x225.jpg\")
Entre los grandes avances de la humanidad resulta incuestionable que se encuentra la organizaci\u00f3n de la vida social bajo la f\u00f3rmula del Estado de Derecho. Lo que en su d\u00eda supuso una aut\u00e9ntica revoluci\u00f3n es hoy en d\u00eda afortunadamente \u2013bien es cierto que con algunas excepciones- materia de estudio en los tratados de historia.<\/p>\n
Todos los ciudadanos y los poderes p\u00fablicos est\u00e1n sometidos a la ley y al Derecho; a la Constituci\u00f3n y al resto del ordenamiento jur\u00eddico dicen los art\u00edculos 9 y 103 de la Constituci\u00f3n. Las reflexiones que plantea la creciente demanda de \u201cseguridad jur\u00eddica\u201d en nuestra sociedad parecen enfrentarse, aunque sea de modo indirecto, a esta m\u00e1xima de imperio de la ley. Seguridad y orden jur\u00eddico parecen conceptos que debieran resultar tan s\u00f3lo expresi\u00f3n de un marco integral precisamente derivado de esa funci\u00f3n de la norma como garant\u00eda del pleno ejercicio de los derechos y protecci\u00f3n de los intereses leg\u00edtimos de las personas. Las divergencias que encontramos en esa materializaci\u00f3n de la seguridad jur\u00eddica son objeto de preocupaci\u00f3n notable en el \u00e1mbito de la comunidad jur\u00eddica.<\/p>\n
De forma incuestionablemente sint\u00e9tica pretendemos aproximarnos a esta preocupaci\u00f3n compartida a lo largo de las siguientes consideraciones.<\/p>\n
1.- En palabras de Hans KELSEN, la primera funci\u00f3n del poder ejecutivo es la ejecuci\u00f3n de las leyes.<\/p>\n
2.- La funci\u00f3n en una democracia del Parlamento sabemos que es su elaboraci\u00f3n.<\/p>\n
3.- Objeto de la jurisdicci\u00f3n es, mucho m\u00e1s all\u00e1 de lo que defend\u00eda MONTESQUIEU, la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del Derecho protegiendo los leg\u00edtimos derechos e intereses de los ciudadanos a trav\u00e9s de la tutela efectiva. Es m\u00e1s: en palabras de ENTERR\u00cdA, \u201cNo hay Derecho sin Juez\u201d.[1]<\/a><\/p>\n En este entramado de funciones cierto es que algunas se han ido desdibujando m\u00e1s o menos. Las leyes que aprueba el Parlamento se nutren fundamentalmente de la iniciativa legislativa del Gobierno, y a su vez \u00e9ste, mediante la potestad reglamentaria impulsa un interminable n\u00famero de normas cuya trascendencia resulta esencial y cuya disparidad cambiante ha sido numerosas veces denunciada. Es en medio de este escenario donde tenemos que enarbolar la defensa de la seguridad jur\u00eddica, garantizada expresamente en el art\u00edculo 9 de nuestro texto constitucional.<\/p>\n Ahora bien: tan perseguido objetivo \u2013todo un cl\u00e1sico en las sucesivas propuestas de mejora del sistema judicial- ofrece un amplio marco de actuaci\u00f3n. Tal vez sea necesario, si no queremos morir en el intento, acotar con car\u00e1cter previo el propio concepto de seguridad jur\u00eddica. No se trata de un concepto un\u00edvoco, y se ve relacionado en nuestra opini\u00f3n con dos objetivos esenciales del orden jur\u00eddico: la estabilidad y las garant\u00edas aprior\u00edsticas.<\/p>\n Por citar la \u00faltima proclamaci\u00f3n normativa de tan necesaria mejora podemos referirnos al encabezamiento del Pre\u00e1mbulo de la L.O. 1\/2015, de reforma del C\u00f3digo Penal. Podemos leer en dicho texto que: \u201cLa necesidad de fortalecer la confianza en la Administraci\u00f3n de Justicia hace preciso poner a su disposici\u00f3n un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles que, adem\u00e1s, sean percibidas en la sociedad como justas\u2026\u201d.<\/em> El legislador incide en esta afirmaci\u00f3n en la vertiente de la previsibilidad de la decisi\u00f3n judicial como esencia de la seguridad jur\u00eddica, y hemos de aceptar que se trata de un enfoque acertado. Pero a\u00fan as\u00ed \u2013con independencia de que el texto legal en el que se incluye esta afirmaci\u00f3n no cuenta entre sus objetivos prioritarios con la seguridad jur\u00eddica- el anhelo confesado debe conducirnos a otros \u00e1mbitos m\u00e1s ambiciosos que el puramente normativo.<\/p>\n Desde qu\u00e9 resortes? Varios. Entendemos que entre ellos cabe destacar:<\/p>\n 1.- El judicial.-<\/strong> La integraci\u00f3n de las lagunas legales, la aclaraci\u00f3n de los conceptos jur\u00eddicos, la interpretaci\u00f3n del alcance de una conducta, su distinci\u00f3n con las que pueden resultar pr\u00f3ximas, la evaluaci\u00f3n de la voluntad a trav\u00e9s de la prueba\u2026 la aplicaci\u00f3n judicial del Derecho es tan amplia en sus puntualizaciones como la disparidad normativa a la que tiene que enfrentarse continuamente.<\/p>\n Por otra parte, la pluralidad de \u00f3rganos que conforman nuestra planta judicial facilita el que en no pocas ocasiones se produzcan resoluciones basadas en criterios dispares y sostenidos que constituyen una verdadera quiebra de la seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n La soluci\u00f3n no est\u00e1 por alumbrarse. Hace tiempo que asistimos al debate en torno a la verdadera funci\u00f3n del Tribunal Supremo, y al que se aproxima a la redefinici\u00f3n de la Jurisprudencia en el sistema espa\u00f1ol de las fuentes del Derecho[2]<\/a>.<\/p>\n La orientaci\u00f3n abordada ya hace tiempo en el orden jurisdiccional social en torno a la unificaci\u00f3n de doctrina, y las reformas acometidas en el orden penal a prop\u00f3sito del recurso de casaci\u00f3n penal en la Ley 41\/2015, de 5 de octubre entendemos que se orientan en la direcci\u00f3n correcta. Pero quiebra un presupuesto de base: Un Tribunal Supremo que dicta miles de resoluciones cada a\u00f1o se aleja bastante del modelo de unificaci\u00f3n y elaboraci\u00f3n doctrinal que deber\u00eda corresponderle. Ha pasado en alguna medida de tener que cumplir su funci\u00f3n de \u201cfaro interpretativo\u201d doctrinal a dar respuesta a un excesivo n\u00famero de recursos que lo conciben como una \u00faltima instancia, y ello pese al car\u00e1cter t\u00e9cnicamente extraordinario del recurso de casaci\u00f3n. Por ello entendemos que hace falta un paso m\u00e1s decidido: el fortalecimiento en la medida que resulte necesaria de la facultad discrecional (por puro inter\u00e9s casacional) del Alto Tribunal en la selecci\u00f3n de aquellos asuntos que, por su \u00edndole o grado de controversia, precisen de una respuesta m\u00e1s \u00e1gil que la que hoy en d\u00eda puede ofrecer. S\u00f3lo as\u00ed podremos asistir a la paulatina conversi\u00f3n del Tribunal Supremo en una aut\u00e9ntica y m\u00e1s eficaz fuente doctrinal.<\/p>\n 2.-<\/strong> El pol\u00edtico.-<\/strong> Ampliando las miras de lo que concierne a la seguridad jur\u00eddica, no resulta desproporcionado exigir al Poder Legislativo una dosis mayor de prudencia que la demostrada en los \u00faltimos a\u00f1os a la hora de impulsar o reformar las leyes. Las entradas de art\u00edculos de opini\u00f3n que podemos encontrar en la red a prop\u00f3sito de lo que ha llegado a denominarse una aut\u00e9ntica \u201cdiarrea legislativa\u201d son muy numerosas.<\/p>\n Varias circunstancias influyen en este fen\u00f3meno, y de diverso calado: desde la simple ocurrencia de impronta pol\u00edtica hasta la realidad de diecisiete Parlamentos Auton\u00f3micos con unas competencias ampl\u00edsimas.<\/p>\n El fen\u00f3meno es complejo y su soluci\u00f3n no es f\u00e1cil. Tan s\u00f3lo dejamos rese\u00f1a de algunos apuntes para la reflexi\u00f3n:<\/p>\n – La conveniencia de trabar verdaderos pactos de Estado en torno a las cuestiones esenciales.<\/p>\n – La redefinici\u00f3n de materias de competencia legislativa de las Comunidades Aut\u00f3nomas.<\/p>\n – Una mayor agilidad en la trasposici\u00f3n del Derecho Comunitario.<\/p>\n \u00a03.-<\/strong> Particular referencia entendemos que merece el \u00e1mbito gubernativo Judicial<\/strong>. Es dif\u00edcil entender la singularidad de su casi permanente vocaci\u00f3n cambiante. Mucho m\u00e1s dif\u00edcil es despojar a la ciudadan\u00eda de la percepci\u00f3n de que es un campo de batalla (m\u00e1s) de los intereses pol\u00edticos. Lo peor es que el contagio de esta percepci\u00f3n alcanza \u2013injustamente- a la jurisdicci\u00f3n. Nos atrevemos a decir que resulta imperdonable.<\/p>\n Ninguno de los \u00f3rganos de naturaleza constitucional ha sido objeto en nuestro per\u00edodo democr\u00e1tico \u2013ni de lejos- de tantas reformas estructurales como el Consejo General del Poder Judicial desde su constituci\u00f3n.<\/p>\n Por qu\u00e9 tanto inter\u00e9s en legislar sobre el \u00f3rgano encargado de velar por la independencia judicial? Desde luego no es en aras\u2026 de la seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n [1]<\/a> GARC\u00cdA DE ENTERR\u00cdA, Eduardo: Democracia, Jueces y control de la Administraci\u00f3n, <\/em>Civitas, Madrid, 1995. P\u00e1g. 120.<\/p>\n\n