La Asociaci\u00f3n Profesional de la Magistratura, la Asociaci\u00f3n Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente, nos dirigimos a la Comisi\u00f3n Permanente del Consejo General del Poder Judicial, para transmitir su extrema preocupaci\u00f3n por las noticias surgidas con ocasi\u00f3n del comienzo del proceso de implantaci\u00f3n de la firma digital en algunos partidos judiciales del territorio en el que el Ministerio de Justicia mantiene las competencias en materia de administraci\u00f3n de la Administraci\u00f3n de Justicia, y, m\u00e1s concretamente, con el hecho de que la aplicaci\u00f3n inform\u00e1tica instalada permite a los destinatarios de las notificaciones de las resoluciones judiciales conocer el n\u00famero de Documento Nacional de Identidad de los Jueces y Magistrados que han firmado la resoluci\u00f3n, as\u00ed como su direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n
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La Comisi\u00f3n Permanente, por su conocimiento de la legislaci\u00f3n vigente, es conocedora de que:<\/p>\n
1\u00ba Los datos del Documento Nacional de Identidad, y en concreto el n\u00famero de DNI o NIF, constituye un dato de car\u00e1cter personal protegido por la Ley Org\u00e1nica 15\/1999, de 13 de diciembre, de Protecci\u00f3n de Datos de Car\u00e1cter Personal.<\/p>\n
2\u00ba Las resoluciones judiciales originales, sean providencias, autos o sentencias, deber\u00e1n ser firmadas por el Juez, Magistrado o Magistrados que los dicten (art. 248 LOPJ y 208 LEC), lo que implica que en dicho original deber\u00e1 constar el nombre, cuerpo, cargo y firma de la persona que firma, mientras que en la copia que se notifica constar\u00e1 \u00fanicamente el nombre, puesto y cargo.<\/p>\n
3\u00ba El art. 11.2 de la Ley 59\/2003, de 19 de diciembre, de firma electr\u00f3nica, al regular los datos que deben incluir los certificados reconocidos (es decir, los certificados electr\u00f3nicos expedidos por un prestador de servicios de certificaci\u00f3n que cumpla los requisitos establecidos en esta ley en cuanto a la comprobaci\u00f3n de la identidad y dem\u00e1s circunstancias de los solicitantes y a la fiabilidad y las garant\u00edas de los servicios de certificaci\u00f3n que presten), recoge en la letra e), como es l\u00f3gico, la identificaci\u00f3n del firmante, que el supuesto de personas f\u00edsicas, ser\u00e1 por su nombre y apellidos y su n\u00famero de documento nacional de identidad o a trav\u00e9s de un seud\u00f3nimo que conste como tal de manera inequ\u00edvoca.<\/p>\n
4\u00ba El art. 13.3 de la Ley 11\/2007, de 22 de junio, de acceso electr\u00f3nico de los ciudadanos a los Servicios P\u00fablicos, prev\u00e9 que las Administraciones P\u00fablicas podr\u00e1n utilizar los siguientes sistemas para su identificaci\u00f3n electr\u00f3nica y para la autenticaci\u00f3n de los documentos electr\u00f3nicos que produzcan:<\/p>\n
a)Sistemas de firma electr\u00f3nica basados en la utilizaci\u00f3n de certificados de dispositivo seguro o medio equivalente que permita identificar la sede electr\u00f3nica y el establecimiento con ella de comunicaciones seguras.<\/p>\n
b) Sistemas de firma electr\u00f3nica para la actuaci\u00f3n administrativa automatizada.<\/p>\n
c) Firma electr\u00f3nica del personal al servicio de las Administraciones P\u00fablicas.<\/p>\n
5\u00ba La misma Ley 11\/2007, despu\u00e9s de admitir en el art. 18, como sistemas de firma electr\u00f3nica para la actuaci\u00f3n administrativa automatizada, tanto el sello electr\u00f3nico de Administraci\u00f3n P\u00fablica, \u00f3rgano o entidad de derecho p\u00fablico, basado en certificado electr\u00f3nico que re\u00fana los requisitos exigidos por la legislaci\u00f3n de firma electr\u00f3nica, como el C\u00f3digo seguro de verificaci\u00f3n vinculado a la Administraci\u00f3n P\u00fablica, \u00f3rgano o entidad y, en su caso, a la persona firmante del documento, permiti\u00e9ndose en todo caso la comprobaci\u00f3n de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electr\u00f3nica correspondiente, dedica el art. 19 a regular la firma electr\u00f3nica del personal al servicio de las Administraciones P\u00fablicas, estableciendo en su apartado 2 que cada Administraci\u00f3n P\u00fablica podr\u00e1 proveer a su personal de sistemas de firma electr\u00f3nica, los cuales podr\u00e1n identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administraci\u00f3n u \u00f3rgano en la que presta sus servicios; a estos efectos, la norma prev\u00e9 la posibilidad de utilizar la firma electr\u00f3nica basada en el Documento Nacional de Identidad.<\/p>\n
6\u00ba Los arts. 17 y siguientes del Real Decreto 1671\/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11\/2007, de 22 de junio, de acceso electr\u00f3nico de los ciudadanos a los servicios p\u00fablicos, contemplan la sustituci\u00f3n del DNI en el certificado por el n\u00famero de carnet profesional.<\/p>\n
7\u00ba El art. 8 de la Ley 18\/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n en la Administraci\u00f3n de Justicia, impone el uso obligatorio de medios e instrumentos electr\u00f3nicos, en el desarrollo de la actividad de los \u00f3rganos y oficinas judiciales y de las fiscal\u00edas por parte de todos los integrantes de las mismas, conforme a los criterios e instrucciones de uso que dicten, en el \u00e1mbito de sus competencias, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscal\u00eda General del Estado y las Administraciones competentes, as\u00ed como a los protocolos de actuaci\u00f3n aprobados por los Secretarios de Gobierno.<\/p>\n
8\u00ba Finalmente, el art. 21 de la citada Ley 18\/2011, titulado \u201cFirma electr\u00f3nica de magistrados, jueces, secretarios judiciales, fiscales, abogados del estado y funcionarios al servicio de la Administraci\u00f3n de Justicia y otros entes p\u00fablicos\u201d, dispone: \u201c1. Sin perjuicio de lo previsto en los art\u00edculos 9 y 10 sobre la sede judicial electr\u00f3nica, la identificaci\u00f3n y autenticaci\u00f3n del ejercicio de la competencia de la oficina judicial actuante, cuando utilice medios electr\u00f3nicos, se realizar\u00e1 mediante firma electr\u00f3nica del personal a su servicio, de acuerdo con lo dispuesto en los siguientes apartados. 2. Las Administraciones, en el \u00e1mbito de sus competencias, proveer\u00e1n a secretarios judiciales, fiscales, forenses y dem\u00e1s personal al servicio de la Administraci\u00f3n de Justicia, de sistemas de firma electr\u00f3nica, los cuales podr\u00e1n identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo y el cargo e identificar tambi\u00e9n a la oficina u \u00f3rgano judicial en la que presta sus servicios. (\u2026) 3. Los sistemas de firma electr\u00f3nica de jueces y magistrados ser\u00e1n los que provea el Consejo General del Poder Judicial. Este podr\u00e1 establecer, a trav\u00e9s de convenios, que el proveedor sea la Administraci\u00f3n competente\u2026.\u201d<\/p>\n
9\u00ba La normativa expuesta evidencia que, sin perjuicio de que el proveedor de servicios deba conocer la identidad de la persona en favor de la que se expide el certificado electr\u00f3nico reconocido, trat\u00e1ndose de actuaciones o resoluciones de Jueces y Magistrados, como ocurre en general respecto de actuaciones y resoluciones de funcionarios de la Administraci\u00f3n de Justicia (Fiscales, Letrados de la Administraci\u00f3n de Justicia, M\u00e9dicos forenses\u2026) y de la Administraci\u00f3n P\u00fablica en general, el destinatario de la resoluci\u00f3n tiene derecho a verificar, sea a trav\u00e9s de los sistemas de validaci\u00f3n actualmente existentes (l\u00e9ase Acrobat Reader\u2026) o a trav\u00e9s, como est\u00e1 legalmente previsto, del C\u00f3digo Seguro de Verificaci\u00f3n (CSV), no solo la integridad y autenticidad del documento, sino tambi\u00e9n la identidad de su autor, es decir, que ha sido emitido y firmado por quien dice ser, para lo cual es suficiente que el CSV incluya los datos del nombre y apellidos, cuerpo y cargo del Juez o Magistrado firmante, o, dicho de otra manera, que se trata de D\/D\u00f1a. XXX, Juez\/Magistrado, titular del Juzgado XXX o Magistrado\/presidente de la Secci\u00f3n\u2026<\/p>\n
10\u00ba La ley en absoluto exige que conste en la notificaci\u00f3n, impresa o electr\u00f3nica, el n\u00famero de DNI, y menos el correo electr\u00f3nico. El sistema debe poder comprobar en la base de datos de la Administraci\u00f3n correspondiente la inclusi\u00f3n del firmante, cuerpo al que pertenece y cargo que ocupa, para lo cual acceder\u00e1 a los datos se\u00f1alados a tales efectos, sin incluir ning\u00fan otro.<\/p>\n
11\u00ba La publicaci\u00f3n de datos personales, como el n\u00famero de DNI, o en otro \u00e1mbito, el correo profesional, no solo constituye una flagrante vulneraci\u00f3n de la Ley Org\u00e1nica de Datos de Car\u00e1cter Personal, sino que, siendo innecesaria para acreditar la identidad del autor de la resoluci\u00f3n, introduce un riesgo inadmisible para la seguridad de quienes, por la naturaleza de su actividad, est\u00e1n en permanente contacto con situaciones l\u00edmite que afectan a los bienes jur\u00eddicos b\u00e1sicos de las personas, por no recordar la investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n de las peores f\u00f3rmulas de delincuencia (pi\u00e9nsese en la Audiencia Nacional, Juzgados de Instrucci\u00f3n que investigan terrorismo, delincuencia organizada, corrupci\u00f3n\u2026. Juzgados de lo Penal o Audiencias Provincial que enjuician esos delitos\u2026).<\/p>\n
12\u00ba En este sentido, cabe citar a t\u00edtulo meramente ejemplificativo \u00e1mbitos de la Administraci\u00f3n en la que se ha buscado una soluci\u00f3n razonable:<\/p>\n
a) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aparecen identificados con un n\u00famero que les identifica en el Cuerpo al que pertenecen; y lo mismo sucede con otros muchos \u00e1mbitos de la propia Administraci\u00f3n.<\/p>\n
b) En determinados sectores, como la Agencia Estatal de la Administraci\u00f3n Tributaria, el CSV permite comprobar que la resoluci\u00f3n administrativa emana de quien dice ser, sin m\u00e1s datos. Y lo mismo sucede en la propia Administraci\u00f3n de Justicia, trat\u00e1ndose de territorios con competencias transferidas a la Comunidad Aut\u00f3noma, como sucede con Catalu\u00f1a.<\/p>\n
13\u00ba En definitiva, una cosa es que cada Administraci\u00f3n deba adoptar las medidas adecuadas para facilitar la verificaci\u00f3n de sus sellos electr\u00f3nicos y la identidad de los firmantes, y otra muy distinta que deba dar publicidad a esos datos, poniendo en peligro grave la vida, integridad y seguridad f\u00edsica de sus miembros.<\/p>\n
14\u00ba A lo expuesto se a\u00f1ade que incumbe al Consejo General del Poder Judicial garantizar las condiciones para que la labor jurisdiccional pueda ser ejercitada con la independencia inherente a la funci\u00f3n y que quedar\u00eda gravemente afectada si datos de car\u00e1cter personal trascendiesen y pudiesen convertirse en elementos de perturbaci\u00f3n, acoso o medios para da\u00f1ar. Por lo expuesto, teniendo en cuenta que las Asociaciones Judiciales firmantes est\u00e1n comprometidas y apoyan el objetivo de implantaci\u00f3n de las nuevas tecnolog\u00edas en la Administraci\u00f3n de Justicia, precisamente por este compromiso y con la finalidad de garantizar que el proceso se lleva a cabo en las mejores condiciones y de forma respetuosa con la normativa vigente, sin atentar a otros bienes jur\u00eddicos, solicitamos:<\/p>\n
1\u00ba Se adopten de manera inmediata las medidas t\u00e9cnicas para evitar que, en la notificaci\u00f3n de las resoluciones firmadas electr\u00f3nicamente, costen otros datos diferentes del nombre y apellidos del Juez o Magistrado, cuerpo y cargo al que pertenece.<\/p>\n
2\u00ba En particular, se interesa que se adopten las medidas para que el destinatario no pueda acceder a datos de car\u00e1cter personal del firmante, como el n\u00famero de documento nacional de identidad, sea directamente, sea a trav\u00e9s del CSV en la p\u00e1gina web de la Administraci\u00f3n.<\/p>\n
3\u00ba Asimismo, y dado que hasta la fecha no consta que se hayan articulado los medios necesarios para facilitar el acceso a distancia y que no puede accederse a los \u00f3rganos judiciales fuera de determinados horarios ni en fines de semana, que es cuando gran parte de los Jueces aprovechan para continuar desarrollando su labor ante la carga de trabajo que pesa sobre los \u00f3rganos jurisdiccionales y que excede ampliamente los m\u00f3dulos ordinarios, se solicita que se adopten las medidas para garantizar dicho acceso.<\/p>\n
4\u00ba Por si se estimara conveniente, las Asociaciones Judiciales muestran su absoluta disposici\u00f3n a reunirse a la mayor brevedad con la Comisi\u00f3n Permanente del Consejo General del Poder Judicial o los miembros del Consejo General del Poder Judicial que se designen, para exponer la problem\u00e1tica suscitada y abordar soluciones en com\u00fan.<\/p>\n
En Madrid, a 18 de mayo de 2016.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Asociaci\u00f3n Profesional de la Magistratura, la Asociaci\u00f3n Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente, nos dirigimos a la Comisi\u00f3n Permanente del Consejo General del Poder Judicial, para transmitir su extrema preocupaci\u00f3n por las noticias surgidas con ocasi\u00f3n del comienzo del proceso de implantaci\u00f3n de la firma digital en algunos partidos judiciales del territorio en el que el Ministerio de Justicia mantiene las competencias en materia de administraci\u00f3n de la Administraci\u00f3n de Justicia, y,…<\/p>\n