{"id":400,"date":"2021-05-17T10:04:17","date_gmt":"2021-05-17T10:04:17","guid":{"rendered":"http:\/\/enjusticia.es\/?p=400"},"modified":"2021-05-18T07:14:36","modified_gmt":"2021-05-18T07:14:36","slug":"quousque-tandem-abutere-catilina-patientia-nostra","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enjusticia.es\/?p=400","title":{"rendered":"QUOUSQUE TANDEM ABUTERE, CATILINA, PATIENTIA NOSTRA?<\/strong>"},"content":{"rendered":"\n

            Al concepto de seguridad jur\u00eddica se refiere expresamente la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola en su T\u00edtulo Preliminar; el art\u00edculo 9.3 reconoce expresamente que \u00abla Constituci\u00f3n garantiza el principio de legalidad, la jerarqu\u00eda normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jur\u00eddica, la responsabilidad y la interdicci\u00f3n de la arbitrariedad de los poderes p\u00fablicos<\/em>\u00ab.<\/p>\n\n\n\n

            Muchos son los r\u00edos de  tinta que se han escrito sobre la seguridad jur\u00eddica; el Tribunal Constitucional, en su sentencia n\u00famero 46\/90, de 15 de marzo se\u00f1ala que:   \u201cla exigencia del art. 9.3 relativa al principio de seguridad jur\u00eddica, implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusi\u00f3n normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que se legisle sepan los operadores jur\u00eddicos y los ciudadanos a qu\u00e9 atenerse y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas<\/em>\u201d contin\u00faa diciendo el Tribunal Constitucional en la referida sentencia que \u201chay que promover y buscar la certeza respecto a que es derecho y no, como en el caso ocurre, provocar juegos y relaciones entre normas como consecuencia de las cuales se introducen perplejidades dif\u00edcilmente salvables respecto a la previsibilidad de cual sea el derecho aplicable, cuales las consecuencias derivadas de las normas vigentes incluso cuales sean estas<\/em>. \u201c.<\/p>\n\n\n\n

            Teniendo en cuenta esas palabras y vista la t\u00e9cnica legislativa que rige en estos \u00faltimos meses, ya sea a nivel estatal o auton\u00f3mico, nos debemos preguntar si el legislador actual no ha echado un poco en el olvido pronunciamientos del Tribunal Constitucional como el que acabamos de transcribir parcialmente.<\/p>\n\n\n\n

             A poco que examinemos el BOE, en estos \u00faltimos meses nos encontramos con normas cuya exposici\u00f3n de motivos resulta interminable, casi m\u00e1s larga que la propia norma; am\u00e9n de que, en otros casos, se ha utilizado una norma para hacer pol\u00edtica partidista desde las instituciones, baste ver la redacci\u00f3n del p\u00e1rrafo tercero de la LO 5\/21, de 22 de abril, que deroga el art\u00edculo 315 apartado 3 del C\u00f3digo Penal; la redacci\u00f3n de ese p\u00e1rrafo es la que sigue \u201ccon la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inici\u00f3 un proceso constante y sistem\u00e1tico de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestaci\u00f3n p\u00fablica del desacuerdo con las pol\u00edticas econ\u00f3micas del Gobierno<\/em>.\u201d.<\/p>\n\n\n\n

            Adem\u00e1s de la t\u00e9cnica legislativa, hemos asistido en los \u00faltimos meses a modificaciones de normas para alterar el sistema de competencia objetiva en lo que a la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa se refiere y ello a la vista de la deriva que iban tomando las distintas resoluciones dictada por los \u00f3rganos unipersonales de dicha jurisdicci\u00f3n en lo que a COVID-19 se refiere; recordemos que, originariamente, el art. 8 de la citada norma atribu\u00eda a los Juzgados de lo CA la competencia para lo que eran los confinamientos de municipios; parece ser que a alg\u00fan pol\u00edtico no le gust\u00f3 alguna negativa que recibi\u00f3 por parte del \u00f3rgano judicial y la soluci\u00f3n m\u00e1s sencilla no fue otra m\u00e1s que modificar ese art. 8 junto con el 10 y 11 para atribuir esa competencia a los Tribunales Superiores de Justicia o a la Audiencia Nacional pero, visto lo visto, parece ser que a nuestros pol\u00edticos tampoco les gustaron muchas de las resoluciones dictadas por algunos Tribunales Superiores de Justicia \u2013alguno incluso ha osado acudir al Tribunal Constitucional-  y la respuesta ha sido otra nueva modificaci\u00f3n de la Ley de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-administrativa mediante Decreto Ley 8\/21, de 4 de mayo para poder recurrir en casaci\u00f3n los autos de los Tribunales Superiores de Justicia en materia de confinamiento por temas sanitarios; es decir, entre septiembre de 2020 y mayo de 2021 hemos asistido a dos modificaciones de la Ley de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-administrativa en materia competencial que supone, adem\u00e1s,  una alteraci\u00f3n del r\u00e9gimen de recursos y, lo mejor, a\u00fan parece que est\u00e1 por llegar puesto que, seg\u00fan public\u00f3 diario El Pa\u00eds, en su edici\u00f3n del pasado d\u00eda diez de este mes de mayo \u201cEl Gobierno reformar\u00e1 la ley si el Tribunal Supremo veta el plan anticovid. El Ejecutivo apoyar\u00e1 las peticiones de decreto de alarma que hagan las autonom\u00edas\u201d.<\/em> Sobra cualquier comentario al respecto.<\/p>\n\n\n\n

            Obviamente, cosas como esta distan mucho de lo que el Tribunal Constitucional  considera  que ha de entenderse por seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n

            Curiosamente, la \u00faltima reforma que se ha hecho de la ley de la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa, en su art. 87 ter deja sin efecto, en lo que a ese recurso de casaci\u00f3n se refiere, la caducidad prevista en el art. 128 LJCA, instituto este, el de la caducidad para los escritos indicados en ese precepto, respecto del cual, hace ya mucho tiempo, son numerosas las voces que solicitamos se elimine para aligerar los plazos en los asuntos que est\u00e1n en los Juzgados; nuevamente, el legislativo desoye lo que se le pide por los que d\u00eda a d\u00eda nos enfrentamos con los problemas derivados de la norma y vuelve a legislar con criterios que bien podr\u00edan ser de puro oportunismo.<\/p>\n\n\n\n

            Frente a esa fren\u00e9tica actividad legislativa, nos hemos encontrado con otras cuestiones en las que, pese a haber transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o desde que se decret\u00f3 el primer estado de alarma  por Decreto 463\/2020, de 14 de marzo, no se ha legislado sino  hasta pasado much\u00edsimo tiempo y sirva de ejemplo la Ley 2\/21, de 29 de marzo cuyo t\u00edtulo es, literalmente, \u201cde medidas urgentes de prevenci\u00f3n, contenci\u00f3n y coordinaci\u00f3n para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19\u201d.<\/em> Que en marzo de 2021 se publique una norma, en relaci\u00f3n al COVID-19,  y en su t\u00edtulo se utilice el concepto de \u201cmedidas urgentes\u201d suena, poco menos, que a tomadura de pelo; despu\u00e9s de decretarse el estado de alarma hac\u00eda m\u00e1s de un a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

            El fin del estado de alarma ha hecho que cada Comunidad Aut\u00f3noma haya acordado medidas de contenci\u00f3n y se hayan dirigido a sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia; la pasada semana, entre el 7  y el 12 de mayo nos hemos encontrado con que doce Tribunales Superiores de Justicia han tenido que hacer pronunciamientos al respecto, muchos de ellos con unos votos particulares cuantitativamente muy significativos (pi\u00e9nsese, por ejemplo, que en Canarias, de  cinco Magistrados, dos de ellas emitieron voto particular).<\/p>\n\n\n\n

            Sin duda que cada Tribunal Superior de Justicia ha resuelto conforme a lo que se le solicitado por el Gobierno auton\u00f3mico correspondiente y valorando la prueba que en cada caso se han presentado; las distintas resoluciones, de igual manera que durante la vigencia del Estado de Alarma, nos llevan a concluir que, dependiendo del territorio en el que nos encontremos, se permiten unas cosas que en otra parte de Espa\u00f1a pueden estar prohibidas.<\/p>\n\n\n\n

            Adem\u00e1s de la t\u00e9cnica legislativa a la que antes nos hemos referido, vemos tambi\u00e9n como, con m\u00e1s frecuencia de la deseada, se intentan judicializar problemas que ya tienen una respuesta normativa que, para el pol\u00edtico correspondiente, puede resultar inc\u00f3modo aplicar y me estoy refiriendo al tema de los famosos \u201cbotellones\u201d; muchos olvidan que el \u201cbotell\u00f3n\u201d, per se, est\u00e1 prohibido y as\u00ed lo dice el art. 19 de la    Ley 5\/2018, de 3 de mayo, de prevenci\u00f3n del consumo de bebidas alcoh\u00f3licas en la infancia y la adolescencia cuando se\u00f1ala literalmente que \u201cqueda expresamente prohibido el consumo de bebidas alcoh\u00f3licas en las v\u00edas y zonas p\u00fablicas, salvo en terrazas, veladores y espacios dedicados al ocio expresamente habilitados para ello\u201d; <\/em>la redacci\u00f3n del art\u00edculo es cristalina por inc\u00f3moda que pueda resultar su aplicaci\u00f3n a los poderes que corresponde la misma y prefieren acudir a los Tribunales para que sean estos los que, de cara a la sociedad, sean los que determinen lo que la ciudadan\u00eda puede o no hacer, trasladando, de esta manera, las eventuales cr\u00edticas, a otro poder como es el Judicial.<\/p>\n\n\n\n

            El anterior panorama viene a poner de manifiesto, desde mi humilde punto de vista, que al ciudadano no se le est\u00e1 garantizando la seguridad jur\u00eddica que reconoce el art. 9.3 CE, baste ver la dispersi\u00f3n normativa, las diferencias entre distintos territorios, \u2026cuestiones estas que, en lo que a derecho administrativo sancionador se refiere, quiz\u00e1 el d\u00eda de ma\u00f1ana tengan que tenerse en cuenta ante una alegaci\u00f3n, por ejemplo, de un posible error de prohibici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

            Me gustar\u00eda pensar que la situaci\u00f3n va a cambiar pero me temo que una tiene ya unos a\u00f1os para no saber qui\u00e9n son los Reyes Magos de Oriente y al final, terminar\u00e9 siempre acord\u00e1ndome de Cicer\u00f3n y recitar  aquello de quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?<\/em>   Y si con esta cita alguien se da por aludido, es problema suyo.<\/p>\n\n\n\n

CARMEN ROMERO CERVERO<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            Al concepto de seguridad jur\u00eddica se refiere expresamente la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola en su T\u00edtulo Preliminar; el art\u00edculo 9.3 reconoce expresamente que \u00abla Constituci\u00f3n garantiza el principio de legalidad, la jerarqu\u00eda normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jur\u00eddica, la responsabilidad y la interdicci\u00f3n de la arbitrariedad de los poderes p\u00fablicos\u00ab.             Muchos son los r\u00edos de  tinta que se han escrito sobre la seguridad jur\u00eddica; el…<\/p>\n

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