El indeseable desprestigio de las instituciones democr\u00e1ticas corre de la mano del deterioro imparable de la imagen de las formaciones pol\u00edticas en nuestro pa\u00eds. La demoscopia, de una u otra forma, se\u00f1ala a los Partidos como una de las principales preocupaciones de los espa\u00f1oles. La gravedad de tama\u00f1a afirmaci\u00f3n \u00fanicamente se atempera por la natural tendencia del pueblo a la asimilaci\u00f3n de los problemas sist\u00e9micos, desde la indignaci\u00f3n privada, pero tambi\u00e9n con una especie de indisimulado respeto reverencial al poder.
Del mismo modo, los ciudadanos manifiestan preocupaci\u00f3n por la situaci\u00f3n de la justicia, y evidente desaprobaci\u00f3n de la acci\u00f3n de los jueces. Naturalmente, la propia naturaleza y funcionamiento de la actividad judicial implica un an\u00e1lisis m\u00e1s sosegado de esta problem\u00e1tica, de modo que quiz\u00e1s no sea tanto el funcionamiento indebido de la Justicia, cuanto la disconformidad con el estado general de la Ley y de su aplicaci\u00f3n a casos concretos lo que desapruebe la mayor\u00eda de las personas.
No obstante, el perfil institucional espa\u00f1ol luce desmochado. Los tres poderes del Estado se encuentran contaminados por el desprestigio generalizado. Y en las causas singulares de la descomposici\u00f3n de cada una de las patas del taburete democr\u00e1tico, se adivina un origen id\u00e9ntico. La actuaci\u00f3n de los Partidos Pol\u00edticos.
La designaci\u00f3n de los vocales del CGPJ de forma exclusiva y excluyente, por el parlamento, planteaba ya en 1985, evidente riesgo de traslaci\u00f3n de las tensiones parlamentarias al seno de la carrera judicial. Lo se\u00f1al\u00f3 con clarividente acierto el Tribunal Constitucional: \u00abCiertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad se\u00f1alada de la Norma constitucional si las C\u00e1maras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en \u00e9ste, atiendan s\u00f3lo a la divisi\u00f3n de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporci\u00f3n a la fuerza parlamentaria de \u00e9stos. La l\u00f3gica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este g\u00e9nero, pero esa misma l\u00f3gica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos \u00e1mbitos de poder y entre ellos, y se\u00f1aladamente, el Poder Judicial\u00bb. Era probable, previsible, e incluso inevitable que el consejo General del Poder judicial, \u00f3rgano constitucional representativo del \u00fanico de los Poderes apol\u00edticos, terminase por convertirse en el espejo de las malas pr\u00e1cticas, no ya de las c\u00e1maras parlamentarias, si no de los Partidos que se ense\u00f1orean de las mismas. Y afirmar esto no es una muestra de descreimiento en las instituciones democr\u00e1ticas, sino se\u00f1a de un respeto incondicional por las mismas. La conducta pueril que en no pocas ocasiones gu\u00eda a las formaciones pol\u00edticas, es casi inevitable, pero la extensi\u00f3n de esas actitudes al \u00f3rgano de gobierno de los jueces y magistrados constituye la m\u00e1s degradada forma de irresponsabilidad.
Siendo ello as\u00ed, es deber ineludible de las Asociaciones Judiciales m\u00e1s abiertamente combativas contra la injerencia pol\u00edtica en la administraci\u00f3n de justicia, plantearse c\u00f3mo puede ser que una sociedad abiertamente desencantada con el funcionamiento de los partidos, haya terminado por meter a todos los agentes institucionales en un mismo saco, antes que convertirse en caja de resonancia de aquella reivindicaci\u00f3n ya hist\u00f3rica de la carrera que por definici\u00f3n deber\u00eda encontrar un encaje perfecto en ese estado de \u00e1nimo general.
No cabe duda de que el contexto es propicio para la gran reforma. Que el modelo actual, penetrado hist\u00f3ricamente, primero por el riesgo y despu\u00e9s por la certeza de la politizaci\u00f3n, ha mostrado descaradamente sus tripas en medio de una negociaci\u00f3n irracional entre los partidos. Se ha demostrado que el sistema es contrario a la separaci\u00f3n de poderes, porque all\u00ed donde los partidos asumen sobre s\u00ed la capacidad exclusiva de tutelar las instituciones, son incapaces de no extender sus cuitas, no ya ideol\u00f3gicas \u2013lo cual ser\u00eda la respetable consecuencia del funcionamiento normal de una democracia parlamentaria- si no clientelares y serviles. Ha quedado abiertamente desacreditado como un modelo ineficiente, en el que la principal funci\u00f3n que a los partidos corresponde \u2013la mera renovaci\u00f3n- no puede llevarse a t\u00e9rmino dentro de los plazos constitucionalmente establecidos.
La carrera Judicial, y las asociaciones no hemos sido capaces de hacer que el debate sobre la reforma de la LOPJ se mantenga vivo y candente en la sociedad. No hemos podido contrarrestar la natural tendencia del aparato a la autodefensa, en medio de campa\u00f1as medi\u00e1ticas y pol\u00edticas de desprestigio, sin parang\u00f3n. Ni tan siquiera hemos sido capaces de transmitir a la opini\u00f3n p\u00fablica la muy diferente responsabilidad con la que nos conducimos los jueces cuando es a nosotros a los que se nos entrega la tarea de renovar un \u00f3rgano judicial. Las elecciones decanales, o a las salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, son un ejemplo de pulcritud, y eficiencia, que contrasta agriamente con la renovaci\u00f3n del Consejo.
Es natural que el sistema se revuelva con dureza. En este sentido no deben extra\u00f1ar los movimientos aparentemente coordinados de ciertas fuerzas medi\u00e1ticas y pol\u00edticas, que dirigen su combatividad, no ya frente a un Partido o tendencia ideol\u00f3gica, sino frente a todo un complejo institucional. Pero es igualmente deber de la judicatura ejercer una defensa responsable. Una defensa institucional. Basada en el respeto al ciudadano como titular \u00faltimo del derecho a una justicia mejor. Una defensa sustentada sobre la verdad objetivada con el paso de los decenios. Una defensa no renuente al di\u00e1logo o al debate, pero en todo caso firme en su posici\u00f3n, y que no renuncie nunca a ella. Conscientes, de que esta defensa lo es, en \u00faltima instancia, del modelo constitucional que nos hemos comprometido a defender. No queremos un Consejo corporativo. Queremos un Consejo participado por los representantes de la soberan\u00eda nacional, en la proporci\u00f3n exacta que resulta del texto constitucional y que fue acogida por el legislados en 1980, inmediatamente despu\u00e9s de la aprobaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n. Queremos un modelo en el que el proceso de renovaci\u00f3n del \u00f3rgano no nos haga sentir verg\u00fcenza, y que bajo ning\u00fan concepto traslade a la opini\u00f3n p\u00fablica una imagen distorsionada de la Justicia como un ente permeable a la presi\u00f3n pol\u00edtica. Un \u00f3rgano que no comprometa la dignidad de los miles de jueces que desarrollan sus funciones de acuerdo con una absoluta asepsia ideol\u00f3gica. Queremos un \u00f3rgano, en definitiva, que exista y sea funcional, y no uno que pudiera pasar la mitad de su tiempo de ejercicio real, en situaci\u00f3n de funciones, con las limitaciones que la propia legislaci\u00f3n ha introducido sobre su capacidad de gestionar los intereses de la Justicia.
No es tanto. Vale la pena interiorizarlo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El indeseable desprestigio de las instituciones democr\u00e1ticas corre de la mano del deterioro imparable de la imagen de las formaciones pol\u00edticas en nuestro pa\u00eds. La demoscopia, de una u otra forma, se\u00f1ala a los Partidos como una de las principales preocupaciones de los espa\u00f1oles. La gravedad de tama\u00f1a afirmaci\u00f3n \u00fanicamente se atempera por la natural tendencia del pueblo a la asimilaci\u00f3n de los problemas sist\u00e9micos, desde la indignaci\u00f3n privada, pero tambi\u00e9n con una especie de indisimulado respeto reverencial al poder.Del…<\/p>\n