{"id":537,"date":"2022-03-22T08:19:02","date_gmt":"2022-03-22T08:19:02","guid":{"rendered":"https:\/\/enjusticia.es\/?p=537"},"modified":"2022-03-22T08:24:24","modified_gmt":"2022-03-22T08:24:24","slug":"el-articulo-318-del-codigo-penal-y-la-irresponsabilidad-penal-de-la-persona-juridica-en-los-delitos-contra-los-derechos-de-los-trabajadores-tres-posibles-soluciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enjusticia.es\/?p=537","title":{"rendered":"EL ART\u00cdCULO 318 DEL C\u00d3DIGO PENAL Y LA IRRESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JUR\u00cdDICA EN LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES; TRES POSIBLES SOLUCIONES."},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En mi primer art\u00edculo para el blog de la Asociaci\u00f3n Profesional de la Magistratura me gustar\u00eda permitirme proponer algunas soluciones imaginativas a las cuestiones pr\u00e1cticas que plantea el art. 318 CP, el cual ha quedado desfasado tras la introducci\u00f3n en nuestro ordenamiento de la responsabilidad de las personas jur\u00eddicas all\u00e1 por el a\u00f1o 2010, sin que el legislador haya sentido el m\u00e1s m\u00ednimo inter\u00e9s por actualizarlo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La actual regulaci\u00f3n parte de un sistema de \u201cnumerus clausus\u201d para la imputaci\u00f3n de responsabilidad penal a las personas jur\u00eddicas; es decir, solo responden por los delitos expresamente se\u00f1alados en el Libro II del CP.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Resulta llamativo observar que el C\u00f3digo Penal no prev\u00e9 la responsabilidad de las Personas Jur\u00eddicas en el T\u00edtulo XV del Libro II, correspondiente a los delitos contra los derechos de los trabajadores (art. 311 a 318 CP).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Asombra que no lo haga, en concreto, en este T\u00edtulo, y en especial cuando se trata de accidentes de trabajo porque las empresas (con Personalidad Jur\u00eddica) suelen ser las primeras a quienes corresponde adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus trabajadores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En relaci\u00f3n con esta cuesti\u00f3n el art. 318 CP dispone:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Cuando los hechos previstos en los art\u00edculos de este t\u00edtulo se atribuyeran a personas jur\u00eddicas, se impondr\u00e1 la pena se\u00f1alada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conoci\u00e9ndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podr\u00e1 decretar, adem\u00e1s, alguna o algunas de las medidas previstas en el art\u00edculo 129 de este C\u00f3digo.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como se ha se\u00f1alado, este art\u00edculo qued\u00f3 desfasado tras la entrada en vigor de la responsabilidad penal de la persona jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A la vista de la redacci\u00f3n del art. 318 CP, y teniendo en cuenta la actual regulaci\u00f3n de la responsabilidad penal de las Personas Jur\u00eddicas planteo las siguientes cuestiones:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>\u00bfCabe la posibilidad de que las personas jur\u00eddicas a quienes se atribuya alguno de los hechos previstos en el T\u00edtulo XV, conforme el art. 318 CP puedan ser parte en el procedimiento penal por delitos contra los trabajadores, aunque no est\u00e9n imputadas?<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>\u00bfPuede la persona f\u00edsica a quien se imputa un hecho en virtud del art. 318 CP (por atribuci\u00f3n a la persona jur\u00eddica) alegar como causa de exenci\u00f3n de<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">p\u00e1g. 1<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">responsabilidad penal la existencia de un efectivo programa de cumplimiento normativo o una cultura de cumplimiento perfectamente implementada en la organizaci\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>\u00bfC\u00f3mo puede imponerse las consecuencias accesorias del art. 129 CP a una persona jur\u00eddica cuando este precepto se refiere expresamente a entes sin personalidad jur\u00eddica?<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">La cuesti\u00f3n del art. 318 del C\u00f3digo Penal<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El punto de partida debe ser entender que existe un error legislativo. Una incoherencia normativa que, por razones desconocidas, se ha mantenido hasta nuestros d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La falta de responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas en los delitos contra los derechos de los trabajadores, ha llamado la atenci\u00f3n a la doctrina y con raz\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se podr\u00eda pensar que la causa de esta exclusi\u00f3n pudiera ser una cierta prevenci\u00f3n del legislador, al menos en una primera fase de ruptura con el tradicional sistema \u201csocietas deliquere non potest\u201d a la espera de ver qu\u00e9 tipo de problemas podr\u00edan suscitarse con este tipo de delitos que pueden entrar en concurso con los delitos de homicidio y lesiones, delitos en que, normalmente suele materializarse el resultado del peligro por la infracci\u00f3n de las normas de prevenci\u00f3n de riesgos laborales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">M\u00e1s inter\u00e9s podr\u00eda tener el hecho de carecer de un marco normativo europeo que pudiera animar a ello.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As\u00ed desde la introducci\u00f3n de esta responsabilidad en nuestro Ordenamiento Jur\u00eddico se ha venido insistiendo en la existencia de instrumentos internacionales que demandan una respuesta penal clara frente a las personas jur\u00eddicas, como los convenios en materia de corrupci\u00f3n, o las disposiciones normativas de naturaleza penal de la UE.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As\u00ed se se\u00f1alaba en la reforma de 2010 las figuras donde la posible intervenci\u00f3n de estas se hace m\u00e1s evidente; corrupci\u00f3n en el sector privado y en las transacciones internacionales, pornograf\u00eda y prostituci\u00f3n infantil, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, inmigraci\u00f3n ilegal, ataques a los sistemas inform\u00e1ticos, etc.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el caso de los delitos contra los derechos de los trabajadores no existe ning\u00fan instrumento normativo internacional o europeo que demande esta respuesta penal clara de las personas jur\u00eddicas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En esta entrada del Blog me gustar\u00eda hablar sobre c\u00f3mo se puede interpretar este precepto para evitar tenerlo por desnaturalizado, partiendo de las preguntas formuladas en la introducci\u00f3n y del respeto al principio vigente en nuestro ordenamiento penal; la irresponsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas en los delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">p\u00e1g. 2<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este principio no impide que pueda apreciarse una intervenci\u00f3n del Ordenamiento Jur\u00eddico cuando los hechos que determinan la comisi\u00f3n de los delitos previstos en los art. 311 a 317 CP se atribuyen a una persona jur\u00eddica, tal y como se prev\u00e9 en el art. 318 CP.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">A vueltas con el art. 318 CP\u2026<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Volviendo al art. 318 CP, al iniciar este art\u00edculo plante\u00e1bamos tres cuestiones, a las que voy a tratar de dar una respuesta;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Primera cuesti\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>\u00bfCabe la posibilidad de que las personas jur\u00eddicas a quienes se atribuya alguno de los hechos previstos en el T\u00edtulo XV, conforme el art. 318 CP puedan ser parte en el procedimiento penal por delitos contra los trabajadores, aunque no est\u00e9n imputadas?<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En puridad no deber\u00edan serlo, al no poder considerarse sujeto pasivo de procedimiento penal (investigado), ya que ninguno de los delitos del T\u00edtulo XV forman parte de la lista de los que pueden dar lugar a responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ahora, ya que el art\u00edculo refiere expresamente la posibilidad de atribuir a una persona los hechos que integran el supuesto f\u00e1ctico de una norma penal, entiendo que ello deber\u00eda permitir, al menos, ofrecer a la persona jur\u00eddica la posibilidad de defenderse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entiendo que la atribuci\u00f3n, a la persona jur\u00eddica, del hecho previsto en el art. 318 CP solo puede hacerse desde los presupuestos y fundamentos que rigen la responsabilidad penal de la persona jur\u00eddica; por ejemplo, en el caso del delito contra la seguridad de los trabajadores, que el obligado por las normas de prevenci\u00f3n de riesgos sea alguno de los sujetos a que se refiere en el art. 31bis, y que infrinja la norma laboral actuando por cuenta de la sociedad y en beneficio (directo o indirecto) de la misma.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si ello es as\u00ed, deber\u00edamos permitir que la persona jur\u00eddica sea parte en el procedimiento y se le permita, al menos, poder ser o\u00edda sobre los extremos que han dado lugar a la atribuci\u00f3n del hecho delictivo, teniendo en cuenta que, aun cuando no se le vaya a imputar, esta atribuci\u00f3n puede generar un da\u00f1o a la entidad, aun cuando sea en t\u00e9rminos de reputaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por este motivo, entiendo que ser\u00eda conveniente la citaci\u00f3n al proceso de un responsable especialmente designado, en los t\u00e9rminos previstos en el art. 119 LECrim, pues se tratar\u00eda de una situaci\u00f3n equiparable a una imputaci\u00f3n de hechos a la persona jur\u00eddica, a la que se llega, precisamente, como consecuencia de una inferencia id\u00e9ntica a la que se realizar\u00eda conforme al art. 31bis CP, para la imputaci\u00f3n de una persona jur\u00eddica, con la \u00fanica diferencia que no se deriva de la misma una pena, sino que puede dar lugar a la imposici\u00f3n de consecuencias accesorias (sin perjuicio de los da\u00f1os reputacionales ya mencionados).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">p\u00e1g. 3<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En consciencia, entiendo que una buena pr\u00e1ctica podr\u00eda ser la atribuci\u00f3n a las persona jur\u00eddica del estatus de investigada, con todas las garant\u00edas procesales que ello conlleva, incluida la posibilidad de defenderse, con la singularidad procesal que, como la imposici\u00f3n de consecuencias accesorias depender\u00e1 siempre de la imposici\u00f3n de una pena o medida de seguridad a una persona f\u00edsica, la defensa de la persona jur\u00eddica formar\u00e1 con la del sujeto investigado una especie de litisconsorcio pasivo, pues de la suerte de uno depender\u00e1, necesariamente, la del otro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Segunda cuesti\u00f3n;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>\u00bfPuede la persona f\u00edsica a quien se imputa un hecho en virtud del art. 318 CP (por atribuci\u00f3n a la persona jur\u00eddica) alegar como causa de exenci\u00f3n de responsabilidad penal la existencia de un efectivo programa de cumplimiento normativo o una cultura de cumplimiento perfectamente implementada en la organizaci\u00f3n?<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entramos en lo que entiendo es una de las cuestiones m\u00e1s complejas de este art\u00edculo, y que supone confrontar dos realidades distintas; el r\u00e9gimen de autorresponsabilidad del art. 31bis CP, frente al de responsabilidad accesoria del art. 129 CP.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El art. 318 CP se\u00f1ala que, cuando <em>los hechos revistos en los art\u00edculos de este t\u00edtulo se atribuyeran a personas jur\u00eddicas <\/em>cabe la posibilidad de aplicar, \u201c<em>adem\u00e1s<\/em>\u201d alguna o algunas de las medidas previstas en el art. 129 CP.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas con base en el art. 31bis CP es aut\u00f3noma, basada en un sistema de autorresponsabilidad y por tanto independiente de la responsabilidad penal de la persona f\u00edsica. Esto permite que una persona jur\u00eddica pueda ser condenada aun cuando no lo sea la persona f\u00edsica que realiz\u00f3 materialmente la acci\u00f3n que se atribuye a la persona jur\u00eddica. Tambi\u00e9n permite a la persona jur\u00eddica eximirse de responsabilidad en el caso que se acredite que ten\u00eda implantado un sistema de cumplimiento normativo efectivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La responsabilidad de las personas jur\u00eddicas, el art. 31 bis CP es, por tanto, independiente del de la persona f\u00edsica, pues no exige una previa declaraci\u00f3n de responsabilidad penal de la persona f\u00edsica como requisito necesario para exigir responsabilidad a la persona jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las consecuencias accesorias del art. 129 CP que, adem\u00e1s, se pueden aplicar a las personas jur\u00eddicas conforme el art. 318 CP, solo caben cuando existe pena o medida de seguridad para los autores del delito persona f\u00edsica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Partiendo de la anterior distinci\u00f3n, entiendo que la respuesta a la segunda cuesti\u00f3n deber\u00eda ser doble;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A.- Entiendo que deber\u00e1 reconocerse la posibilidad de poder alegar <em>como causa de exenci\u00f3n de responsabilidad penal la existencia de un efectivo programa de cumplimiento normativo o una cultura de cumplimiento perfectamente implementada<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">p\u00e1g. 4<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>en la organizaci\u00f3n<\/em>, solo en cuanto a la atribuci\u00f3n a la persona jur\u00eddica un hecho previsto en alguno de los art\u00edculos del T\u00edtulo XV del Libro II, conforme al art. 318 CP.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si admitimos que la persona jur\u00eddica pueda ser parte en el procedimiento, si reconocemos que la atribuci\u00f3n del hecho delictivo a la persona jur\u00eddica debe hacerse conforme a los presupuestos y fundamentos del art. 31bis CP, coherentemente, la persona jur\u00eddica o la f\u00edsica a quien se le va a exigir responsabilidades penales por cuenta de aquella, deber\u00e1 poder alegar como causa de \u201cbloqueo\u201d de la atribuci\u00f3n, o, como de exenci\u00f3n de responsabilidad la existencia de un efectivo programa de cumplimiento normativo o una cultura de cumplimiento perfectamente implementada en la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">B.- No puede alegarse como causa de exenci\u00f3n de la imposici\u00f3n de una medida de seguridad a la persona jur\u00eddica <em>la existencia de un efectivo programa de cumplimiento normativo o una cultura de cumplimiento perfectamente implementada en la organizaci\u00f3n<\/em>, una vez atribuido el hecho a la persona jur\u00eddica, e impuesta condena en Sentencia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es decir, una vez que se ha condenado \u201c<em>a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conoci\u00e9ndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello<\/em>\u201d, cuando el Juez o Tribunal pase a valorar, adem\u00e1s, la imposici\u00f3n de consecuencias accesorias a la persona jur\u00eddica, deber\u00e1 estarse a las reglas del art. 129 CP.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin perjuicio de lo anterior, en la medida en que la imposici\u00f3n de las consecuencias accesorias es facultativa, podr\u00e1 valorarse por el Juez o Tribunal el hecho que la persona jur\u00eddica dispusiera debidamente implantado en la organizaci\u00f3n de un efectivo programa de cumplimiento normativo o una cultura de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tercera cuesti\u00f3n;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>\u00bfC\u00f3mo puede imponerse las consecuencias accesorias del art. 129 CP a una persona jur\u00eddica cuando este precepto se refiere expresamente a entes sin personalidad jur\u00eddica?<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conforme a la actual redacci\u00f3n del C\u00f3digo Penal, las consecuencias accesorias est\u00e1n previstas \u00fanicamente, seg\u00fan el art. 129.1 CP; \u201c<em>En caso de delitos cometidos en el seno, con la colaboraci\u00f3n, a trav\u00e9s o por medio de empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que, por <u>carecer de<\/u> <u>personalidad jur\u00eddica<\/u>, no est\u00e9n comprendidas en el art\u00edculo 31 bis<\/em>.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La remisi\u00f3n a las consecuencias accesorias antes de la introducci\u00f3n de la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas en el a\u00f1o 2010 era coherente con el entonces vigente art.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">129 CP. Entonces, las consecuencias accesorias previstas en el art. 318 CP eran susceptible de ser aplicadas tanto a los entes con personalidad jur\u00eddica como sin ella.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tras la reforma del a\u00f1o 2010 la remisi\u00f3n que art. 318 CP realiza al art. 129 CP carece de sentido, pudiendo realizar las siguientes cr\u00edticas:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">p\u00e1g. 5<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Si el hecho se atribuye a una persona jur\u00eddica y se pretende anudar a este supuesto consecuencias jur\u00eddicas lo l\u00f3gico ser\u00eda prever la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Si el hecho se atribuye a una persona jur\u00eddica, esta premisa, por s\u00ed solo, debiera excluir el r\u00e9gimen del art. 129 CP que se prev\u00e9 solo para los entes sin personalidad jur\u00eddica.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A partir de este precepto caben dos posibilidades:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En primer lugar, entender que la descoordinaci\u00f3n legislativa ha vaciado de contenido el \u00faltimo inciso del art. 318 CP.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En segundo lugar, mantener que la voluntad del legislador es aplicar consecuencias accesorias no solo a entes sin personalidad, sino tambi\u00e9n a personas jur\u00eddicas all\u00e1 donde haya una remisi\u00f3n expresa como en el caso de los delitos que nos ocupan, que es lo que defendemos en esta ponencia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se trata de una cuesti\u00f3n discutible, pero creo que esta es la \u00fanica tesis que permite dotar de contenido al art. 318 CP.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En efecto, la respuesta a las cuestiones anteriormente suscitadas adelantaba ya una interpretaci\u00f3n favorable a la imposici\u00f3n de las consecuencias del art. 129 CP a las personas jur\u00eddicas, aun cuando aquellas est\u00e9n pensadas para entes sin personalidad jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La soluci\u00f3n que se propone es interpretar el precepto de modo que no excluya la posibilidad de adoptar las consecuencias accesorias previstas en el art. 129 CP, aunque los hechos previstos en los art\u00edculos del T\u00edtulo XV (Libro II CP) se atribuyan a personas jur\u00eddicas (a un ente con personalidad Jur\u00eddica).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En conclusi\u00f3n, y respondiendo a la cuesti\u00f3n suscitada entiendo que puede imponerse las consecuencias accesorias del art. 129 CP a una persona jur\u00eddica siempre y cuando ella sea el resultado de una decisi\u00f3n motivada por el Juez o Tribunal, y que exista pena o medida de seguridad para los autores del delito persona f\u00edsica a los que se refiere el art. 318 CP.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La respuesta que se proponen a estas cuestiones permitir\u00eda, por el momento, salvar la aplicaci\u00f3n de este art\u00edculo que como se ha se\u00f1alado ha quedado desfasado, y que bien merecer\u00eda una revisi\u00f3n por parte del legislador penal.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Joaqu\u00edn El\u00edas Gadea Franc\u00e9s<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Magistrado Juez en funciones de refuerzo en el Juzgado Central de Instrucci\u00f3n n\u00ba 6.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">p\u00e1g. 6<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introducci\u00f3n En mi primer art\u00edculo para el blog de la Asociaci\u00f3n Profesional de la Magistratura me gustar\u00eda permitirme proponer algunas soluciones imaginativas a las cuestiones pr\u00e1cticas que plantea el art. 318 CP, el cual ha quedado desfasado tras la introducci\u00f3n en nuestro ordenamiento de la responsabilidad de las personas jur\u00eddicas all\u00e1 por el a\u00f1o 2010, sin que el legislador haya sentido el m\u00e1s m\u00ednimo inter\u00e9s por actualizarlo. La actual regulaci\u00f3n parte de un sistema de \u201cnumerus clausus\u201d para la imputaci\u00f3n&#8230;<\/p>\n<p class=\"read-more\"><a class=\"btn btn-default\" href=\"https:\/\/enjusticia.es\/?p=537\"> Read More<span class=\"screen-reader-text\">  Read More<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":30,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14,1],"tags":[],"class_list":["post-537","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-doctrina","category-uncategorized"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.9.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>EL ART\u00cdCULO 318 DEL C\u00d3DIGO PENAL Y LA IRRESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JUR\u00cdDICA EN LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES; TRES POSIBLES SOLUCIONES. - En_Justicia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/enjusticia.es\/?p=537\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"EL ART\u00cdCULO 318 DEL C\u00d3DIGO PENAL Y LA IRRESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JUR\u00cdDICA EN LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES; TRES POSIBLES SOLUCIONES. - En_Justicia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Introducci\u00f3n En mi primer art\u00edculo para el blog de la Asociaci\u00f3n Profesional de la Magistratura me gustar\u00eda permitirme proponer algunas soluciones imaginativas a las cuestiones pr\u00e1cticas que plantea el art. 318 CP, el cual ha quedado desfasado tras la introducci\u00f3n en nuestro ordenamiento de la responsabilidad de las personas jur\u00eddicas all\u00e1 por el a\u00f1o 2010, sin que el legislador haya sentido el m\u00e1s m\u00ednimo inter\u00e9s por actualizarlo. 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