{"id":592,"date":"2022-06-28T07:54:44","date_gmt":"2022-06-28T07:54:44","guid":{"rendered":"https:\/\/enjusticia.es\/?p=592"},"modified":"2022-06-28T07:58:52","modified_gmt":"2022-06-28T07:58:52","slug":"la-intimidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enjusticia.es\/?p=592","title":{"rendered":"La intimidad.<\/strong>"},"content":{"rendered":"\n

El tema siempre est\u00e1 de moda, por recurrente. Digno de una sociedad reincidente y desmemoriada. Lo que va rotando son, para su desgracia, los protagonistas de la escena.<\/p>\n\n\n\n

Y es que nunca nos hemos sentido m\u00e1s libres con el peligroso binomino cuerpo-tel\u00e9fono m\u00f3vil para hacer, aqu\u00ed, ahora y sin m\u00e1s miramientos, lo que nos plazca (nunca mejor dicho).<\/p>\n\n\n\n

Tanto que inmortalizar el momento es un must <\/em>que no se pasa por alto. Porque se\u00f1ores, no es lo mismo vivirlo que poder exhibirlo. Como le espetar\u00eda Domingu\u00edn a Ava Gardner, a la pregunta: \u00bfPero d\u00f3nde vas?<\/em> -tras su noche de pasi\u00f3n-,\u201c\u00a1Pues a contarlo!\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, hoy en d\u00eda contamos con una ventaja a\u00f1adida, que habr\u00eda hecho las delicias del indiscreto torero. Ya no hace falta ser sometido por parte de tus confidentes a un exhaustivo informe de credibilidad con Equipo T\u00e9cnico para convencerse de la heroica haza\u00f1a. Le das al Play y que juzgue cada cual. Pero a la postre, estamos ante un arma de doble filo.<\/p>\n\n\n\n

Porque como todo en la vida, solo nos acordamos de Santa B\u00e1rbara cuando truena. Y miren, la Virgen, remedios para asuntos tan terrenales no tiene. Anda fuera de sus competencias.<\/p>\n\n\n\n

Entonces, apelaremos a los Tribunales. \u00a1Se ha cometido un delito!. Pues no es descartable, pero el estudio de la legislaci\u00f3n aplicable, incluso la relativa al derecho de supresi\u00f3n u olvido, exige abordar la ampl\u00edsima casu\u00edstica que puede producirse. En funci\u00f3n de la misma, se puede hallar la normativa que podr\u00eda cubrir las expectativas del interesado que opta por acudir a la v\u00eda administrativa o jurisdiccional, e incluso \u2013siempre lo m\u00e1s agradable- tratar de solventarlo a trav\u00e9s de medios extrajudiciales.<\/p>\n\n\n\n

Ya se anticipa al respecto, que el marco jur\u00eddico espa\u00f1ol y comunitario no es omnipotente frente a cualquier tipo de injerencia o inter\u00e9s particular, pero los avances habidos en la \u00faltima d\u00e9cada en relaci\u00f3n al tratamiento de datos personales son sumamente significativos, e indicativos de la progresiva protecci\u00f3n que pretende otorgarse por parte del legislador a la vida privada en el mundo digital.<\/p>\n\n\n\n

Partimos de la base de que nos encontramos ante informaci\u00f3n, im\u00e1genes o cualquier contenido de tipo audiovisual que se halla en la red, y de tal forma, ante una potencial difusi\u00f3n masiva y\/o visualizaci\u00f3n global.<\/p>\n\n\n\n

La manifestaci\u00f3n del \u201cconsentimiento\u201d en la entrega inicial de las im\u00e1genes o contenido audiovisual a un tercero por parte de la v\u00edctima \u2013dado que el contenido meramente informativo suele referirse a noticias de prensa o art\u00edculos redactados a trav\u00e9s de hechos noticiables-, no solo no obsta a la posibilidad de emprender acciones, sino que no excluye la posibilidad de acudir a la \u00faltima ratio: el derecho penal.<\/p>\n\n\n\n

Siempre que exista la posibilidad de acogerse a la protecci\u00f3n penal, y as\u00ed se desee por parte de la persona interesada, \u00e9sta tendr\u00e1 aplicaci\u00f3n preferente a otras v\u00edas, no obstante lo cual, la responsabilidad civil derivada del delito proceder\u00e1 fijarla conforme a los par\u00e1metros establecidos por la LO 1\/1982 de 5 de mayo. Todo ello sin perjuicio de que, bien es sabido, el principio de intervenci\u00f3n m\u00ednima del derecho penal act\u00faa como l\u00edmite al ius punendi estatal.<\/p>\n\n\n\n

Pues bien, la protecci\u00f3n legal del tratamiento de datos personales se ofrece tanto desde el marco comunitario como el nacional, adapt\u00e1ndose \u00e9ste a los avances que se producen tanto a nivel legislativo como jurisprudencial en el seno de la organizaci\u00f3n supranacional.<\/p>\n\n\n\n

Lo m\u00e1s adecuado es que la persona afectada trate de usar en un primer lugar los medios extrajudiciales a su alcance, entre otros, presentar directamente una reclamaci\u00f3n ante  los buscadores (Google, Bing, Yahoo\u2026) para remover el contenido sensible en caso de que haya sido colgado en Internet, o acudir a las p\u00e1ginas web en la que se halla publicado el mismo. En caso de no haber sido atendida su solicitud de ejercicio del derecho de supresi\u00f3n por los anteriores responsables del tratamiento de los datos, ser\u00e1 viable la tramitaci\u00f3n del derecho presentando una reclamaci\u00f3n ante la Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos, en adelante AEPD.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n existen compa\u00f1\u00edas de reputaci\u00f3n digital, que si bien entra\u00f1an elevados costes, suelen ser la opci\u00f3n m\u00e1s eficaz.<\/p>\n\n\n\n

Subsidiariamente podr\u00eda acudirse a un SEO manager, figura que si bien es clave en el mundo de la empresa, no acaba de satisfacer las pretensiones del derecho de supresi\u00f3n, al no tener por misi\u00f3n la remoci\u00f3n del contenido indeseado sino el mejor posicionamiento en los motores de b\u00fasqueda de los resultados m\u00e1s favorables vinculados a nuestro nombre o marca.<\/p>\n\n\n\n

Centr\u00e1ndonos en la esfera judicial, si la v\u00edctima decide acudir a los Tribunales para tratar de dar satisfacci\u00f3n a sus pretensiones, podr\u00eda optar \u2013principalmente- por las v\u00edas jurisdiccionales penal, civil o contencioso administrativa.<\/p>\n\n\n\n

Grosso modo<\/em>, podr\u00edamos seleccionar como los elementos m\u00e1s caracter\u00edsticos dentro de cada jurisdicci\u00f3n para el ejercicio del derecho al olvido al tipo del art\u00edculo 197.7 CP en materia penal; a la protecci\u00f3n que dispensa el art\u00edculo 18 CE y la LO 1\/1982 de 5 de mayo de protecci\u00f3n del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen en el \u00e1mbito civil; o a la Ley Org\u00e1nica 3\/2018 de Protecci\u00f3n de Datos Personales y garant\u00eda de los derechos digitales, a trav\u00e9s del ejercicio de los derechos que emanan de los art\u00edculos 93 y 94, en el \u00e1mbito contencioso administrativo (pudiendo agotar previamente la v\u00eda administrativa ante la AEPD).<\/p>\n\n\n\n

Como es de suponer adentr\u00e1ndonos en el \u00e1mbito penal, el meritado art\u00edculo 197.7 CP tipifica uno de los ataques m\u00e1s graves a la intimidad de cualquier particular.<\/p>\n\n\n\n

Tipo penal que se introdujo a trav\u00e9s de la reforma operada por la LO de 1\/2015 de 30 de marzo -aparentemente a ra\u00edz de las reivindicaciones sociales surgidas tras el caso de la difusi\u00f3n del video de contenido sexual de la concejal Do\u00f1a Olvido Hormigos-, y a trav\u00e9s del cual se castiga con una pena de prisi\u00f3n de tres meses a un a\u00f1o o multa de seis a doce meses, al que:<\/p>\n\n\n\n

 \u201c(\u2026) sin autorizaci\u00f3n de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros im\u00e1genes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgaci\u00f3n menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona\u201d.  <\/em><\/p>\n\n\n\n

De tal forma, hasta esta reforma el art\u00edculo 197 CP \u00fanicamente daba cobertura a la divulgaci\u00f3n de estas im\u00e1genes, o documentos de contenido \u00edntimo o sensible, si se hab\u00edan obtenido sin el consentimiento de la v\u00edctima.<\/p>\n\n\n\n

Es por ello que resulte de tanta relevancia para el estudio del derecho al olvido la introducci\u00f3n de este tipo penal, toda vez que permite penalizar aquellas conductas de individuos a los que la v\u00edctima cede voluntariamente (lo m\u00e1s frecuente, env\u00edo v\u00eda red social o plataforma de mensajer\u00eda instant\u00e1nea) una fotograf\u00eda o video \u00edntimo, y aquel procede a su difusi\u00f3n a terceros. Actuaci\u00f3n esta \u00faltima ya no consentida.<\/p>\n\n\n\n

Estamos ante el delito conocido como sexting<\/em> o revenge porn <\/em>(pornovenganza)-aunque se tipifica tambi\u00e9n para la difusi\u00f3n de contenido \u00edntimo y sensible de naturaleza no sexual-, <\/em>en el que existe anuencia inicial para la posesi\u00f3n por parte de un tercero de un documento con contenido sensible, pero no para su divulgaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Gracias a esta nueva tipificaci\u00f3n se puede lograr una condena penal al responsable como autor de un delito de descubrimiento y revelaci\u00f3n de secretos, con condena al cese de la difusi\u00f3n de las im\u00e1genes o v\u00eddeos en cuesti\u00f3n, salvaguardando as\u00ed el respeto a su intimidad.<\/p>\n\n\n\n

Como indic\u00f3 la Sala 2\u00aa del Tribunal Supremo con ocasi\u00f3n del primer pronunciamiento sobre este tipo penal, (en STS n\u00fam. 70\/2020 de 24 de febrero<\/a>) <\/strong>el apartado 7 del art\u00edculo 197 contiene una redacci\u00f3n que est\u00e1 inspirada por una defectuosa t\u00e9cnica jur\u00eddica. Pese a ello, se puede extraer que el n\u00facleo de la acci\u00f3n t\u00edpica no es obtener sino difundir la imagen -conseguida con la aquiescencia de la v\u00edctima-, tach\u00e1ndose de inaceptable la l\u00ednea de razonamiento basada en que sea la propia v\u00edctima la que crea el riesgo de su difusi\u00f3n al remitir su propia foto voluntariamente al acusado. Ello nunca puede suponer una renuncia anticipada a su propia intimidad.<\/p>\n\n\n\n

Pese a la informaci\u00f3n difundida en los medios de comunicaci\u00f3n con ocasi\u00f3n de la perpetraci\u00f3n de il\u00edcitos de este calibre que resultan noticiables (y posiblemente con la buena fe de disuadir a la sociedad de participar en el agravamiento de las consecuencias de ese delito inicial, permitiendo su perpetuaci\u00f3n), lo cierto es que este precepto excluye del \u00e1mbito de punibilidad a los restantes participantes de la difusi\u00f3n encadenada. Es decir, al tercero que reenv\u00eda, o difunde a trav\u00e9s de cualquier medio, la imagen o v\u00eddeo en cuesti\u00f3n, distinto as\u00ed de aquel al que la v\u00edctima cedi\u00f3 primigeniamente el contenido \u00edntimo de forma voluntaria.<\/p>\n\n\n\n

Esta es la interpretaci\u00f3n que se extrae del tenor literal del precepto, y del mismo modo se ha pronunciado el Alto Tribunal. Criterio que tambi\u00e9n comparte la Fiscal\u00eda General del Estado, visible en Circular 3\/2017 de 21 de septiembre<\/a>,<\/a> sobre la reforma del C\u00f3digo Penal operada por la LO 1\/2015, de 30 de marzo, en relaci\u00f3n con los delitos de descubrimiento y revelaci\u00f3n de secretos y los delitos de da\u00f1os inform\u00e1ticos, donde establec\u00eda lo siguiente: \u00ab(…) es claro que el tipo penal del art\u00edculo 197.7 se ha configurado como un delito especial propio del que <\/em>\u00fanicamente ser\u00edan autores aquel o aquellos que, habiendo obtenido con la anuencia de la v\u00edctima la imagen o grabaci\u00f3n comprometida inician, sin autorizaci\u00f3n del afectado, la cadena de difusi\u00f3n cediendo o distribuyendo dichos contenidos \u00edntimos a otros, ajenos inicialmente -extranei-, a esa inicial relaci\u00f3n con la v\u00edctima y a la obtenci\u00f3n, por tanto, de la imagen o grabaci\u00f3n comprometida\u00bb.<\/em><\/p>\n\n\n\n

No obstante, la FGE no descarta la punibilidad de la conducta de estos terceros que reciben el material sensible y contin\u00faan, a sabiendas de la falta de autorizaci\u00f3n de la persona afectada, con la cadena de transmisi\u00f3n. Si bien, de forma alejada al tipo del art. 197.7 CP.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, el Ministerio p\u00fablico entiende que en principio podr\u00eda acudirse a la v\u00eda de la protecci\u00f3n civil prevista en la LO 1\/1982, aunque tambi\u00e9n sostiene en la meritada Circular que \u00abhabr\u00eda de valorarse la posibilidad de apreciar la comisi\u00f3n de un delito contra la i<\/em>ntegridad moral del art\u00edculo 173.1 CP (…) en atenci\u00f3n a la especial naturaleza de los contenidos y a las circunstancia concurrentes, puede menoscabar gravemente su integridad moral\u00bb.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Al hilo de este debate, la Directora de la Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos, Do\u00f1a Mar Espa\u00f1a, compareci\u00f3 ante la Comisi\u00f3n de Asuntos Econ\u00f3micos y de Transformaci\u00f3n Digital del Senado en sesi\u00f3n de 15 de abril de 2021<\/a>,<\/a> para explicar el Pacto Digital para la protecci\u00f3n de las personas y, entre otros aspectos, inform\u00f3 de la petici\u00f3n realizada al Ministerio de Justicia para que en la pr\u00f3xima reforma del C\u00f3digo Penal se incluya en el art\u00edculo 197.7 CP \u201c<\/em>la responsabilidad penal no solo de quien graba y env\u00eda, sino de quien reenv\u00eda, y que se incluyan los audios\u00bb. <\/em>Del mismo modo interes\u00f3 concienciaci\u00f3n al respecto, evitando que tenga que ser la jurisprudencia la que realice interpretaciones del art\u00edculo, logrando una tipificaci\u00f3n expl\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n

Al hilo de lo cual debe destacarse la labor \u00edmproba que est\u00e1 realizando la AEPD, con campa\u00f1as para el uso de su Canal Prioritario en caso de contenido de naturaleza sexual o violenta en redes difundido sin consentimiento del afectado, fomentando la conciencia social del delito y alentando a la participaci\u00f3n ciudadana mediante la denuncia a trav\u00e9s de su formulario.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, conforme dispone el segundo p\u00e1rrafo del referido art\u00edculo, se apreciar\u00e1 circunstancia agravante de la pena <\/strong>cuando los hechos se cometan por una persona emparentada por la v\u00edctima, o sea \u00e9sta menor de edad o discapacitada, o cuando los hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa.<\/strong> En \u00e9sta \u00faltima circunstancia, se entiende que podr\u00edamos incardinar supuestos en los que las im\u00e1genes o grabaciones expresivas de la intimidad personal de la v\u00edctima fueran cargadas por el autor del il\u00edcito en plataformas de creaci\u00f3n de contenido digital, dado que estamos ante una difusi\u00f3n masiva, y por ende, ante un da\u00f1o o menoscabo a la intimidad aun m\u00e1s grave.<\/p>\n\n\n\n

En segundo lugar, la reivindicaci\u00f3n del derecho al olvido podr\u00eda ejercitarse a trav\u00e9s de la v\u00eda jurisdiccional civil, en torno a la protecci\u00f3n que dispensa el art\u00edculo 18 CE: \u201cSe garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Gracias a la ubicaci\u00f3n en la que se incardina el precepto en la Carta Magna, el derecho al honor, intimidad y propia imagen tienen rango de derechos fundamentales y son considerados derechos de la personalidad, irrenunciables. Tal magnitud se les concede que su respeto constituye un l\u00edmite al ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n (20 CE), pese a su car\u00e1cter tambi\u00e9n reconocido de derecho fundamental. El apartado 4 de este \u00faltimo precepto establece que: \u201cEstas libertades tienen su l\u00edmite en el respeto a los derechos reconocidos en este T\u00edtulo, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protecci\u00f3n de la juventud y de la infancia\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n

El desarrollo de estos derechos y su protecci\u00f3n se lleva a cabo a trav\u00e9s de la Ley Org\u00e1nica 1\/1982 de 5 de mayo, de protecci\u00f3n del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (y modificaci\u00f3n por la LO 3\/1985).<\/p>\n\n\n\n

El referido art\u00edculo 18 CE en el mismo sentido contempla, en aras de la protecci\u00f3n de estos derechos fundamentales, un mecanismo de protecci\u00f3n frente a posibles agresiones que puedan proceder del uso de la inform\u00e1tica. Por ello establece el apartado 4 que: \u201cLa ley limitar\u00e1 el uso de la inform\u00e1tica para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Es en este caso a trav\u00e9s de la actual Ley Org\u00e1nica 3\/2018 de 5 de diciembre, de Protecci\u00f3n de Datos Personales y garant\u00eda de los derechos digitales, en adelante LOPD, como se desarrolla este principio constitucional.<\/p>\n\n\n\n

Menci\u00f3n especial requiere la STC (del Pleno) n\u00fam. 292\/2000 de 30 de noviembre<\/a>, a trav\u00e9s de la cual el m\u00e1ximo garante de los derechos fundamentales reconoci\u00f3 como tal a la protecci\u00f3n de datos. Como se establece en su Fundamento jur\u00eddico Cuarto: \u00abDe manera que <\/em>el constituyente quiso garantizar mediante el actual art. 18.4 CE no s\u00f3lo un \u00e1mbito de protecci\u00f3n espec\u00edfico sino tambi\u00e9n m\u00e1s id\u00f3neo que el que pod\u00edan ofrecer, por s\u00ed mismos, los derechos fundamentales mencionados en el apartado 1 del precepto\u00bb .<\/em><\/p>\n\n\n\n

En relaci\u00f3n a la Ley org\u00e1nica de desarrollo, LO 1\/1982, su art\u00edculo 2 cobra especial importancia al establecer que: \u201cNo se apreciar\u00e1 la existencia de intromisi\u00f3n ileg\u00edtima en el \u00e1mbito protegido cuando estuviere expresamente autorizada por Ley o cuando el titular del derecho hubiere otorgado al efecto su <\/em>consentimiento expreso\u201d.<\/em> Y a continuaci\u00f3n el apartado 3 detalla que este consentimiento ser\u00e1 revocable en cualquier momento, pero habr\u00e1n de indemnizarse, en su caso, los da\u00f1os y perjuicios causados, incluyendo en ellos las expectativas justificadas.<\/p>\n\n\n\n

A este respecto resulta muy relevante traer a colaci\u00f3n la STS de la Sala Primera n\u00fam. 266\/2016 de 21 de abril<\/a>.<\/em> En ella se dirime sobre la existencia de una vulneraci\u00f3n en los derechos fundamentales al honor y propia imagen de la demandante, ante el uso no consentido seg\u00fan sostiene de su imagen \u2013siendo de car\u00e1cter er\u00f3tico el contenido -con fines comerciales.<\/p>\n\n\n\n

Es especialmente trascendente en tanto en cuanto no s\u00f3lo dirime si el contrato de cesi\u00f3n de derechos de imagen suscrito con una empresa era nulo por vicios del consentimiento (ex. art. 1261 y ss Cc), sino que pone de manifiesto la demandante que interes\u00f3 la resoluci\u00f3n contractual con consiguiente desautorizaci\u00f3n futura de la utilizaci\u00f3n de su imagen, de la que la demandada hizo caso omiso.<\/p>\n\n\n\n

En tercer lugar, en relaci\u00f3n a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, la Ley Org\u00e1nica 3\/2018 de Protecci\u00f3n de Datos Personales y garant\u00eda de los derechos digitales contiene, en sus art\u00edculos 93 y 94, una herramienta esencial para el ejercicio del derecho de supresi\u00f3n tanto, respectivamente, para las b\u00fasquedas de Internet, como para el uso de las redes sociales y servicios de la sociedad de la informaci\u00f3n equivalentes.<\/p>\n\n\n\n

Pues bien, los presentes derechos se pueden ejercitar directamente ante la <\/a>Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos<\/a>,<\/a> <\/a>que emitir\u00e1 una resoluci\u00f3n administrativa estimatoria o desestimatoria de las pretensiones del interesado, y en el caso de no ver satisfechas sus expectativas con las resoluciones emanadas del citado organismo (que agota la v\u00eda administrativa), podr\u00e1 dirigirse ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa.<\/p>\n\n\n\n

A este respecto, procede destacar la STS Sala 3\u00aa n\u00fam. 1624\/2020 de 27 de noviembre<\/a>,<\/em> que constituye doctrina jurisprudencial, la cual viene a ser una suerte de continuidad y ampliaci\u00f3n de lo establecido por la Sentencia del TJUE (Gran Sala) de 13 de mayo de 2014. As\u00ed, estima el recurso interpuesto contra la resoluci\u00f3n de la AEPD, que rechazaba una reclamaci\u00f3n efectuada contra Microsoft Corporation respecto de la desindexaci\u00f3n (de la lista de resultados de un motor de b\u00fasqueda), a partir de una consulta realizada con la introducci\u00f3n de los dos apellidos de una persona (no solo por su nombre completo), reconociendo la pretensi\u00f3n ejercitada referida al derecho de oposici\u00f3n y a desindexar los enlaces referenciados en la reclamaci\u00f3n efectuada.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, dentro del marco comunitario procede hacer menci\u00f3n al Reglamento (UE) 2016\/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016<\/a>, en adelante RGPD, relativo a la protecci\u00f3n de las personas f\u00edsicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulaci\u00f3n de estos .<\/p>\n\n\n\n

Acto legislativo, vinculante a todos los EM, que viene a constituirse como el vigente instrumento regulador dentro del \u00e1mbito de la Uni\u00f3n Europea de la protecci\u00f3n de los datos personalesde las personas f\u00edsicas. Mediante el mismo se derog\u00f3 la Directiva 95\/46\/CE (anterior Reglamento general de protecci\u00f3n de datos). Pretende garantizar un nivel uniforme, a la par que elevado, de protecci\u00f3n del tratamiento de datos de las personas f\u00edsicas, proporcionando seguridad jur\u00eddica y transparencia a los operadores econ\u00f3micos.<\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, de gran relevancia en la materia que nos ocupa es la Sentencia TJUE de 13 de mayo de<\/a> <\/a>2014<\/a>,<\/a> en el asunto C-131\/12<\/a>, conocida popularmente como \u201cCaso Costeja vs. Google\u201d. Resoluci\u00f3n que constituye un precedente para la interpretaci\u00f3n del derecho al olvido por parte de los Tribunales nacionales, y forma parte de la jurisprudenciaemanada del Alto Tribunal comunitario (TJUE) bajo la cobertura de la Directiva 95\/46\/CE, hoy derogada.<\/p>\n\n\n\n

Consagra el derecho al olvido en el \u00e1mbito comunitario estableciendo que el tratamiento de datos por parte de los motores de b\u00fasqueda se encuentra sometido a las normas de protecci\u00f3n de datos de la UE (incluso si est\u00e1n sitos fuera del territorio, como es el caso de Google Inc).<\/p>\n\n\n\n

Reconoce el derecho del perjudicado a exigir al gestor de un motor de b\u00fasqueda eliminar de la lista de resultados -obtenida tras una b\u00fasqueda realizada a partir de su nombre-, v\u00ednculos a p\u00e1ginas web. El TJUE se\u00f1al\u00f3 que \u201cno parecen existir razones concretas que justifiquen un inter\u00e9s preponderante del p\u00fablico en tener acceso a esta informaci\u00f3n en el marco de tal b\u00fasqueda, lo que no obstante incumbe comprobar al \u00f3rgano jurisdiccional remitente\u201d (apartado 98)<\/em>, pudiendo as\u00ed el interesado Sr. Costeja exigir al gestor del motor de b\u00fasqueda, al amparo de los citados arts. 12 b y 14.1 a de la Directiva, la eliminaci\u00f3n de los v\u00ednculos de la lista de resultados que se obten\u00edan en el buscador Google, y publicados en La Vanguardia el 19 de enero de 1998, tras introducir simplemente su nombre.<\/p>\n\n\n\n

Sostuvo el \u00f3rgano comunitario que deb\u00eda tenerse en cuenta tanto que la publicaci\u00f3n en cuesti\u00f3n ten\u00eda m\u00e1s de 16 a\u00f1os, como el car\u00e1cter sensible de la informaci\u00f3n contenida en la misma. As\u00ed, sin que ello presuponga que la inclusi\u00f3n de dicha informaci\u00f3n en la lista de resultados cause un perjuicio al interesado, sino que lo que debe realizarse es un juicio de ponderaci\u00f3n<\/strong> entre los derechos contenidos en los art. 7 y 8 de la Carta, y el inter\u00e9s p\u00fablico que pueda existir en el acceso a dicha informaci\u00f3n (y si \u00e9ste es preponderante o no). Nunca el m\u00f3vil el econ\u00f3mico del gestor.<\/p>\n\n\n\n

Parad\u00f3jicamente, el Sr. Costeja vio m\u00e1s de una d\u00e9cada despu\u00e9s estimadas sus pretensiones ante los Tribunales, pero no as\u00ed sus expectativas reales de intimidad, toda vez que su caso, y por tanto, el contenido de la informaci\u00f3n concreta que pretend\u00eda eliminar de su pasado virtual (la subasta de unos bienes inmuebles) se estudia y examina diariamente, al haber fijado la doctrina europea para la interpretaci\u00f3n del derecho al olvido.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, parece oportuno mencionar como herramienta para interpretar el derecho al olvido de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 17 RGPD, a ra\u00edz de la Sentencia del TJUE en el \u201cCaso Costeja\u201d, las Directrices 5\/2019 sobre los criterios en los casos de motores de b\u00fasqueda en virtud del RGPD<\/a> resulta ser un documento de instrucciones muy \u00fatil.<\/p>\n\n\n\n

Sin \u00e1nimo de haber aburrido al lector, har\u00e9 una \u00faltima reflexi\u00f3n. La legislaci\u00f3n nos dota de herramientas para paliar, o al menos mitigar, el enorme da\u00f1o (irreparable en ocasiones a nivel emocional o reputacional) que entra\u00f1a la difusi\u00f3n no consentida de la m\u00e1s profunda de nuestras intimidades. Sin embargo, y como alegato apto para las pieles m\u00e1s finas, no se culpabiliza a la v\u00edctima por el hecho de recordar que la prudencia y la prevenci\u00f3n en el intercambio de im\u00e1genes o contenido audiovisual es siempre la mejor de las armas. V\u00edvelo y no lo exhibas. Porque bien pensado, lo de querer llegar sola y borracha cada una a su casa<\/em> seguir\u00e1 teniendo sus lagunas. No porque el ser humano sea malo por naturaleza como defend\u00eda Hobbes, sino porque siempre habr\u00e1 quien no controle esos impulsos que nos deshumanizan.<\/p>\n\n\n\n

Marta P. Canals Lardi\u00e9s<\/p>\n\n\n\n

Magistrada titular del Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 2 de Badalona.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El tema siempre est\u00e1 de moda, por recurrente. Digno de una sociedad reincidente y desmemoriada. Lo que va rotando son, para su desgracia, los protagonistas de la escena. Y es que nunca nos hemos sentido m\u00e1s libres con el peligroso binomino cuerpo-tel\u00e9fono m\u00f3vil para hacer, aqu\u00ed, ahora y sin m\u00e1s miramientos, lo que nos plazca (nunca mejor dicho). Tanto que inmortalizar el momento es un must que no se pasa por alto. Porque se\u00f1ores, no es lo mismo vivirlo que…<\/p>\n

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