Una de las actuaciones m\u00e1s importantes de los Juzgados de Instrucci\u00f3n es la de prestar el Servicio de Guardia.<\/p>\n\n\n\n
Entre las funciones que constituyen el objeto de este servicio1<\/sup> est\u00e1 \u201cla adopci\u00f3n de las resoluciones oportunas acerca de la situaci\u00f3n personal de quienes sean conducidos como detenidos a presencia judicial<\/em>\u2026\u201d<\/p>\n\n\n\n Sucede en ocasiones que el detenido presentado ante el Juez de Instrucci\u00f3n no tiene su residencia habitual en Espa\u00f1a, sino en un Estado miembro de la Uni\u00f3n Europea, o bien que pone de manifiesto su intenci\u00f3n de trasladarse o residir en un Estado miembro distinto al nuestro.<\/p>\n\n\n\n En estos supuestos; \u00bfC\u00f3mo se puede conciliar la puesta en libertad del detenido, con sujeci\u00f3n a determinadas medidas, con la posibilidad de residir en otro Estado miembro de la Uni\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n Precisamente para estos supuestos est\u00e1 pensada la Orden Europea para la supervisi\u00f3n de medidas alternativas a la prisi\u00f3n provisional (OES), un instrumento poco usado, a pesar de la cantidad de resoluciones de libertad provisional con medidas que se dictan cada d\u00eda en los diferentes Juzgados de Espa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n Esta entrada del blog tiene por objeto analizar sucintamente los problemas pr\u00e1cticos que suscita la emisi\u00f3n de la OES, durante el Servicio de Guardia, destacando tres de los que entiendo, pueden ser los principales problemas que presenta.<\/p>\n\n\n\n Empecemos por el principio; \u00bfQu\u00e9 son los instrumentos de reconocimiento mutuo?<\/p>\n\n\n\n Debemos remontarnos al Consejo de Tampere2<\/sup> en el a\u00f1o 1999, que sent\u00f3 las bases del Espacio de Libertad, Seguridad y Justica en la Uni\u00f3n Europea, sobre la base del Tratado de \u00c1msterdam entonces vigente.<\/p>\n\n\n\n Entre las conclusiones que se alcanzaron en este Consejo debemos destacar, por encima de todo, el impulso a la cooperaci\u00f3n judicial entre los Estados miembros, con la finalidad de proteger los derechos individuales de los ciudadanos de la Uni\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n De entrada, esta finalidad se pretende lograr, b\u00e1sicamente, de dos maneras; la primera, un poco m\u00e1s complicada, a trav\u00e9s de una aproximaci\u00f3n de las legislaciones nacionales, y la segunda (y m\u00e1s importante), estableciendo un sistema que permitiera el reconocimiento en todos los pa\u00edses de la Uni\u00f3n de las resoluciones judiciales dictadas por cualquier autoridad judicial nacional; a esto se le llama instrumento de reconocimiento mutuo <\/em>y se ser\u00e1 un mecanismo tan importante en el sistema de cooperaci\u00f3n judicial europeo que quienes lo alumbran se refiere a este como \u201cla piedra angular de la cooperaci\u00f3n judicial en materia civil y penal en la Uni\u00f3n\u201d, toda una declaraci\u00f3n de intenciones.<\/p>\n\n\n\n Este principio pretende aplicarse ac cualquier tipo de resoluci\u00f3n; tanto a las sentencias como a los autos, entre ellas \u201ca los autos anteriores al juicio, en particular a los que permiten a las autoridades competentes actuar con rapidez para obtener pruebas y embargar bienes que puedan ser trasladados con facilidad<\/em>\u201d3<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n Una vez sentadas las bases de lo que pretend\u00eda ser el sistema de cooperaci\u00f3n judicial europeo, se aprobaron una serie de normas con la finalidad de permitir esta posibilidad de hacer valer en cualquier Estado miembros las resoluciones dictadas por cualquier juez nacional, con la idea de fortalecer verdaderamente la cooperaci\u00f3n judicial europea. En este periodo podemos destacar la aprobaci\u00f3n, por ejemplo de la Decisi\u00f3n marco (DM) 2002\/584\/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detenci\u00f3n europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros; la DM 2008\/909\/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicaci\u00f3n del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecuci\u00f3n en la Uni\u00f3n Europea; o la que en este momento importa; la DM 2009\/829\/JAI del Consejo, de 23 de octubre de 2009, relativa a la aplicaci\u00f3n, entre los Estados miembros de la Uni\u00f3n Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustituci\u00f3n de la prisi\u00f3n provisional.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n La transposici\u00f3n al derecho interno de esta \u00faltima DM, se recoge en la Ley 23\/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Uni\u00f3n Europea4<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n La resoluci\u00f3n de las medidas alternativas se regula en el T\u00edtulo V de la Ley, en concreto en los art. 109 y siguientes, y est\u00e1 pensada para los Jueces o Tribunales que dicten un auto en el que se acuerde una medida distinta a la prisi\u00f3n provisional para una persona privada de libertad.<\/p>\n\n\n\n La emisi\u00f3n de la OESE puede hacerse por cualquier Juez o Tribunal espa\u00f1ol que haya dictado la resoluci\u00f3n de libertad provisional del imputado en el procedimiento penal (art. 111), cuando el investigado resida en otro Estado de la UE y consienta regresar a este, o bien cuando decida trasladarse a un Estado distinto del de su residencia habitual y la autoridad competente de este Estado consienta asumir las funciones de supervisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La Ley enumera las medidas alternativas a la prisi\u00f3n cuya vigilancia puede encomendarse a un Juez de otro pa\u00eds de la UE (art. 110). Estas medidas incluyen las m\u00e1s habituales en estos casos, tales como; la obligaci\u00f3n de comunicar el domicilio o su cambio para poder recibir citaciones; comparecencias \u201capud acta\u201d (obligaci\u00f3n de presentarse ante la autoridad competente en determinadas fechas); prohibici\u00f3n de salida del territorio; prohibici\u00f3n de aproximaci\u00f3n a determinadas personas, localidades, lugares o zonas, etc. La emisi\u00f3n de esta resoluci\u00f3n puede hacerse de oficio, o apetici\u00f3n del Fiscal o el investigado (art. 114.1), y antes de librarse el Juez competente debe revisar que el investigado no est\u00e9 sometido a medidas en otro Juzgado, o se encuentre en b\u00fasqueda por<\/p>\n\n\n\n otro \u00f3rgano judicial.<\/p>\n\n\n\n Es esencial contar con el consentimiento del investigado. Este consentimiento se puede recabar bien en la misma comparecencia del 505 LECRIM (art. 114.4) o bien por escrito, mediante traslado por un plazo m\u00e1ximo de treinta d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n Una vez se acuerde la emisi\u00f3n de la OES, se emitir\u00e1 el certificado previsto en el anexo VI de la Ley.<\/p>\n\n\n\n En esencia, esto es lo que debemos tener en cuenta para la emisi\u00f3n de la Orden Europea de Supervisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Ahora bien, en mi experiencia pr\u00e1ctica, la emisi\u00f3n de las OES presenta una serie de problemas que la convierten en un instrumento dif\u00edcil para su aplicaci\u00f3n durante el Servicio de Guardia:<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n En primer lugar, intervenci\u00f3n del Estado receptor de la Orden;<\/p>\n\n\n\n El sistema de reconocimiento mutuo regulado en la DM y transpuesto en la Ley parte de un intercambio de informaci\u00f3n previo entre las autoridades del Estado encargado de la supervisi\u00f3n y el Juez o Tribunal espa\u00f1ol.<\/p>\n\n\n\n La Ley (23\/2014) dice que Juez espa\u00f1ol mantendr\u00e1 la necesaria comunicaci\u00f3n con la autoridad competente del otro Estado miembro de la Uni\u00f3n Europea, mediante las consultas que procedan, \u201ctanto antes\u201d, \u201ccomo durante su ejecuci\u00f3n\u201d de la medida para facilitar la adecuada supervisi\u00f3n de esta. Asimismo, prev\u00e9 la existencia de consultas \u201cen relaci\u00f3n con la peligrosidad del imputado y en caso de incumplimiento grave de alguna de las medidas de vigilancia impuestas en la resoluci\u00f3n\u201d (art. 113).<\/p>\n\n\n\n M\u00e1s llamativo es que establezca que si el imputado quiere cumplir las medidas alternativas \u201cen otro Estado distinto\u201d al de su residencia habitual, el Juez o Tribunal espa\u00f1ol antes de emitir la OES tenga que solicitar \u201cde la autoridad competente del mismo el consentimiento para la transmisi\u00f3n de la resoluci\u00f3n\u201d (art. 114.3 p\u00e1rrafo 2\u00ba).<\/p>\n\n\n\n Este sistema es, en la pr\u00e1ctica, dif\u00edcilmente se alinea con la inmediatez que demanda la adopci\u00f3n de una resoluci\u00f3n cautelar durante el servicio de Guardia.<\/p>\n\n\n\n Para empezar, resulta complicado mantener comunicaciones previas con la autoridad competente del Estado receptor cuando el investigado a\u00fan no ha manifestado su deseo de desplazarse a su lugar de residencia. Por otro lado, \u00bfc\u00f3mo saber qui\u00e9n es la autoridad competente a la que el Juez se ha de dirigir para mantener la comunicaci\u00f3n? Aun en el caso de conocer el \u00f3rgano a quien el Juez espa\u00f1ol puede dirigirse \u00bfc\u00f3mo mantener el di\u00e1logo que reclama la norma con la urgencia que pudiera precisar la adopci\u00f3n de una medida de esta naturaleza durante el servicio de guardia?<\/p>\n\n\n\n En el caso que el Estado donde el investigado pretende trasladarse no sea el de su domicilio habitual, la situaci\u00f3n empeora pues se ha de recabar (ni m\u00e1s ni menos) que consentimiento de la autoridad competente para la transmisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n \u00bfC\u00f3mo se obtiene ese consentimiento?<\/p>\n\n\n\n Pues bien, en estos casos est\u00e1n llamados a desempe\u00f1ar un papel esencial las instituciones y mecanismos de auxilio en la cooperaci\u00f3n internacional (Eurojust, servicio de RRII del CGPJ y REJUE)<\/p>\n\n\n\n Una vez que el investigado manifieste su voluntad de desplazarse a su lugar de residencia o cualquier otro Estado miembro, (es esencial contar con el deseo y el consentimiento de este), lo m\u00e1s pr\u00e1ctico es acudir a alguno de los servicios de auxilio a<\/p>\n\n\n\n la cooperaci\u00f3n internacional para que agilice y ayude al Juez de forma r\u00e1pida y \u00e1gil, logrando as\u00ed el contacto con la autoridad competente.<\/p>\n\n\n\n Es importante conocer exactamente la direcci\u00f3n del lugar de residencia del investigado, pues ello nos permitir\u00e1, en su caso, concretar la autoridad competente para la ejecuci\u00f3n de la medida.<\/p>\n\n\n\n En segundo lugar; la b\u00fasqueda de otros procedimientos en Espa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n Otro obst\u00e1culo que condiciona la emisi\u00f3n de la OES es la necesidad de verificar si el investigado tiene, en Espa\u00f1a, otras causas respecto de las que se hubiera podido acordar otras medidas alternativas a la prisi\u00f3n provisional (art. 114.2).<\/p>\n\n\n\n Si el investigado tuviera causas en otros Juzgados o Tribunales, el Juez que se plantee dictar la OES deber\u00e1 dirigirse a cada uno de ellos e instar que en cada procedimiento seguido contra el investigado se siga el tr\u00e1mite previsto en la Ley. Esto mismo deber\u00e1 hacerse si el investigado tuviera decretada una medida de b\u00fasqueda y captura.<\/p>\n\n\n\n La negativa a la emisi\u00f3n de la OES por alguno de los Juzgados o Tribunales impide que esta se lleve a efecto.<\/p>\n\n\n\n Se trata, por tanto, de otro tr\u00e1mite dif\u00edcilmente compatible con la inmediatez que requiere la adopci\u00f3n de una medida cautelar durante el Servicio de Guardia, si bien en este caso es m\u00e1s sencillo identificar a qui\u00e9n debemos dirigirnos, pues lo l\u00f3gico es que, si el investigado tuviera alguna medida en Espa\u00f1a, esta estuviera inscrita en el sistema de registros administrativas de apoyo a la Administraci\u00f3n de Justicia (SIRAJ).<\/p>\n\n\n\n En cualquier caso, la agilidad en este punto resulta esencial, pues cuanto antes se sepa si alguno de los Juzgados o Tribunales se opone a la emisi\u00f3n de la OES, antes se podr\u00e1 evitar trabajo innecesario.<\/p>\n\n\n\n Por \u00faltimo, las medidas que pueden acordarse.<\/p>\n\n\n\n Aunque hemos dicho antes que la Ley enumera las medidas alternativas a la prisi\u00f3n que pueden ser objeto de la OES, estas medidas ni son las mismas en todos los Estados miembros, ni son las \u00fanicas que pueden adoptarse.<\/p>\n\n\n\n Algunas de las medidas que se enumeran no pueden ser ejecutadas en todos los pa\u00edses de la Uni\u00f3n, sino solo en aquellos Estados que hayan asumido su supervisi\u00f3n mediante notificaci\u00f3n a la Secretar\u00eda General del Consejo de la UE.<\/p>\n\n\n\n Por otra parte, la lista de medidas que recoge la Ley no es cerrada, pues no impide que una autoridad extranjera pueda solicitar que en Espa\u00f1a se supervise una medida de libertad vigilada no incluida en la lista, pero que este previsto en su ordenamiento.<\/p>\n\n\n\n Tanto en uno como en otro caso, a fin de solventar cualquier duda que pueda suscitarse, lo mejor, es pedir asesoramiento por cualquier medio (Servicio Relaciones Internacionales del CGPJ, Eurojust, REJUE, etc), a fin de conocer si la medida que pretendemos adoptar como alternativa a la prisi\u00f3n provisional est\u00e1 vigente en el Estado de que se trate.<\/p>\n\n\n\n En conclusi\u00f3n, las dificultades expuestas hacen complicado emitir un mecanismo como la OES durante el Servicio de Guardia.<\/p>\n\n\n\n Teniendo en cuenta la cantidad de resoluciones que se dictan cada d\u00eda con medidas alternativas a la prisi\u00f3n provisional, considero que ser\u00eda deseable avanzar en mecanismos que permitieran agilizar y facilitar la emisi\u00f3n de la OES en los tres \u00e1mbitos expuestos; la intervenci\u00f3n del Estado receptor de la Orden; la b\u00fasqueda de otros procedimientos en Espa\u00f1a y las medidas que pueden acordarse.<\/p>\n\n\n\n Facilitar estos tres aspectos, no solo permitir\u00eda extender el uso de este instrumento de reconocimiento mutuo, sino que, adem\u00e1s, evitar\u00eda que ciudadanos de la UE pudieran terminar sometidos una medida personal de prisi\u00f3n provisional, cuando existen mecanismos que permiten supervisar su libertad fuera de nuestras fronteras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Una de las actuaciones m\u00e1s importantes de los Juzgados de Instrucci\u00f3n es la de prestar el Servicio de Guardia. Entre las funciones que constituyen el objeto de este servicio1 est\u00e1 \u201cla adopci\u00f3n de las resoluciones oportunas acerca de la situaci\u00f3n personal de quienes sean conducidos como detenidos a presencia judicial\u2026\u201d Sucede en ocasiones que el detenido presentado ante el Juez de Instrucci\u00f3n no tiene su residencia habitual en Espa\u00f1a, sino en un Estado miembro de la Uni\u00f3n Europea, o bien…<\/p>\n1 Art. 42.1 Reglamento 1\/2005 de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, BOE n\u00fam. 231, de 27\/09\/2005
2 Consejo Europeo celebrado en la ciudad de Tampere (Finlandia) los d\u00edas 15 y 16 de octubre de 1999.<\/td><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n 3 Concusi\u00f3n n\u00fam. 36 de las Conclusiones del Consejo de Tampere<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n 4 Disposici\u00f3n Final Tercera de la Ley 23\/2014, de 20 de noviembre, donde se enumeran las normas del Derecho de la UE que son objeto de transposici\u00f3n en la Ley.<\/td><\/tr> <\/td> <\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n