{"id":637,"date":"2022-09-26T10:29:11","date_gmt":"2022-09-26T10:29:11","guid":{"rendered":"https:\/\/enjusticia.es\/?p=637"},"modified":"2022-09-27T06:51:57","modified_gmt":"2022-09-27T06:51:57","slug":"el-futuro-control-judicial-sobre-los-secretos-oficiales-alfonso-peralta-gutierrez","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enjusticia.es\/?p=637","title":{"rendered":"El futuro control judicial sobre los secretos oficiales. <\/u><\/strong>Alfonso Peralta Guti\u00e9rrez. <\/strong>"},"content":{"rendered":"\n

Este verano una de las \u201cserpientes de verano\u201d de los medios de comunicaci\u00f3n ha sido la futura ley de informaci\u00f3n clasificada.<\/p>\n\n\n\n

La tramitaci\u00f3n del Anteproyecto de Ley ha recibido distintas cr\u00edticas porque el tr\u00e1mite de audiencia e informaci\u00f3n p\u00fablica se ha abierto no s\u00f3lo en pleno agosto sino adem\u00e1s \u00fanicamente 7 d\u00edas h\u00e1biles[1]<\/strong><\/a><\/strong>. Como dice,  BLANES \u201ces sorprendente que despu\u00e9s de m\u00e1s de 40 a\u00f1os de vigencia de la Ley franquista […] ahora se tenga tanta prisa para abrir un periodo de exposici\u00f3n al p\u00fablico de tan solo 7 d\u00edas h\u00e1biles en pleno mes de agosto\u201d[2]<\/strong><\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Parece que lo de tramitar este tipo de normas reguladoras de los secretos de estado en fechas estivales o festivas parece com\u00fan. En Alemania el Reglamento administrativo general para la protecci\u00f3n de secretos materiales (Instrucciones de Informaci\u00f3n Clasificada \u2013 VSA) es de fecha 10 de agosto de 2018 (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum materiellen Geheimschutz) (Verschlusssachenanweisung – VSA)[3]<\/a> y la  Executive Order 13526 de Seguridad Nacional de la Informaci\u00f3n Clasificada de Barack Obama se aprob\u00f3 el 29 Diciembre 2009[4]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

De igual manera, el Gobierno prev\u00e9 sacar adelante la Ley de Secretos Oficiales sin pedir ning\u00fan informe al Consejo de la Transparencia (CTBG), el organismo independiente encargado de velar por el acceso de los ciudadanos a la informaci\u00f3n p\u00fablica. En este sentido la Agencia Europea de Derechos Fundamentales subraya la necesidad de que el proceso legislativo sobre las normas de inteligencia suponga una inclusi\u00f3n amplia de los actores claves e interesados y una tramitaci\u00f3n con consultas p\u00fablicas y discusi\u00f3n parlamentaria m\u00e1s que una adopci\u00f3n de manera apresurada.<\/p>\n\n\n\n

Es ampliamente reconocido que la Ley de Secretos Oficiales se trataba de una ley obsoleta y los secretos se deben de abordar de una manera m\u00e1s natural y madura en una democracia consolidada con m\u00e1s de 40 a\u00f1os. Espa\u00f1a era de los pocos pa\u00edses europeos sin una legislaci\u00f3n de inteligencia acorde a la realidad actual y adaptada al marco internacional, OTAN-UE.<\/p>\n\n\n\n

Una de las principales novedades es la introducci\u00f3n del control judicial en la desclasificaci\u00f3n de documentos as\u00ed como la posibilidad de solicitar legalmente la desclasificaci\u00f3n el juez de instrucci\u00f3n en el \u00e1mbito de la investigaci\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto al procedimiento de desclasificaci\u00f3n de la informaci\u00f3n previa a la entrada en vigor de la ley, se establece que podr\u00e1 iniciarse de oficio o instancia de \u201cpetici\u00f3n razonada de persona directamente afectada\u201d. Recibida la solicitud, la Unidad de Informaci\u00f3n la evaluar\u00e1 y emitir\u00e1 informe no vinculante debiendo resolver de forma motivada.<\/p>\n\n\n\n

En el caso del procedimiento ordinario, el Art\u00edculo 37 establece la posibilidad que cualquier persona directamente afectada por su contenido o que acredite un derecho o inter\u00e9s leg\u00edtimo podr\u00e1 interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo frente a la Diligencia o Directiva de Clasificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Para ello se pretende a\u00f1adir un procedimiento espec\u00edfico de recurso contencioso-en la la Ley 29\/1998 que se esboza en la Disposici\u00f3n Primera para la informaci\u00f3n ya clasificada y en el Art. 37 para la futura.<\/p>\n\n\n\n

Llama la atenci\u00f3n que no exista una posibilidad de impugnaci\u00f3n potestativa en v\u00eda administrativa previa de reposici\u00f3n o de alzada, si bien<\/strong>, a la vista de la poca intenci\u00f3n de los anteriores gobiernos en desclasificar y la poca costumbre de la Administraci\u00f3n en rectificarse a s\u00ed misma, parece dif\u00edcil que tuviera alg\u00fan tipo de \u00e9xito<\/strong>. Ello obliga al recurrente a irse a la v\u00eda judicial con preceptivas defensa y representaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El plazo ser\u00e1 de dos meses desde que se tenga conocimiento de la Diligencia o Directiva y se requerir\u00e1 el expediente administrativo -que deber\u00e1 ser remitido en 60 d\u00edas- y el informe motivado de la clasificaci\u00f3n.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Se establece la posibilidad de un \u201callanamiento\u201d si se considerase que han deca\u00eddo los motivos de la clasificaci\u00f3n.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Y recibido el expediente podr\u00e1 formular demanda en un plazo improrrogable de veinte d\u00edas. Se dar\u00e1 un tr\u00e1mite de contestaci\u00f3n en otros veinte, y se establece la posibilidad de que la Sala de lo Contencioso realice el denominado examen \u201cin camera\u201d, <\/em>sin presencia de las partes, guardando absoluta reserva del contenido de dicha informaci\u00f3n. Es esta una expresi\u00f3n latina, usual en el mundo anglosaj\u00f3n, con la que se designa una actuaci\u00f3n judicial reservada y sin intervenci\u00f3n de las partes.<\/p>\n\n\n\n

En caso en que se considere inadecuada la clasificaci\u00f3n dictar\u00e1 sentencia estimatoria, anulando la clasificaci\u00f3n acordada, salvo que aprecie que se ha incurrido en defectos formales subsanables, en cuyo caso acordar\u00e1 la retroacci\u00f3n de las actuaciones, ordenando su subsanaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Resulta tambi\u00e9n sorprendente la ausencia del Ministerio Fiscal en este procedimiento <\/strong>de la Disposici\u00f3n Transitoria \u00danica y en el del Art. 38 trat\u00e1ndose de los encargados de velar por el inter\u00e9s p\u00fablico, la aplicaci\u00f3n de la ley y la defensa de los derechos de los ciudadanos.<\/p>\n\n\n\n

Es especialmente importante que una esfera de \u00e1mbitos tan esenciales del Estado como son los secretos no quede fuera<\/strong> de la jurisdicci\u00f3n<\/strong> siendo eliminado en la reforma de 1978 la prohibici\u00f3n de control judicial que se establec\u00eda en el art\u00edculo 10[5]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

La ley sigue lo que ya se estableci\u00f3 en las  las sentencias del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 4 de abril de 1997, recursos 602[6]<\/a>, 634[7]<\/a> y 726[8]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

En plena concordancia con D\u00cdEZ-PICAZO (1997),[9]<\/a> una nueva legislaci\u00f3n sobre secretos oficiales debe regular adecuadamente el control judicial para lo cual deber\u00e1 examinar reservadamente documentos clasificados con necesaria confidencialidad para lo cual su composici\u00f3n deber\u00eda ser num\u00e9ricamente reducida. El examen in camera<\/em> por el Pleno de la Sala Tercera estaba justificado por la laguna legal y supuso un inequ\u00edvoco acto de creatividad judicial, pero pudiendo regularse su composici\u00f3n deber\u00eda ser no s\u00f3lo inferior, sino adem\u00e1s mixta y creada ad hoc, como posteriormente propondremos. Algo similar al juez de control de CNI y su sustituto.<\/p>\n\n\n\n

El control judicial plasma la prohibici\u00f3n constitucionalmente reconocida de interdicci\u00f3n de la arbitrariedad. Todos los acuerdos del Consejo de Ministros, cualquiera que sea la forma que adopten, ya tengan contenido normativo o no, ya sean de gobierno o administrativos, est\u00e1n sujetos a la Constituci\u00f3n y al resto del ordenamiento jur\u00eddico, como toda la actividad de los poderes p\u00fablicos (art.9.1 CE).<\/p>\n\n\n\n

Y por lo tanto, siempre que existan elementos reglados, (Dictamen del Consejo de Estado de 18 de julio de 1996[10]<\/a>) aun cuando el fondo del acto pueda tener un contenido discrecional corresponder\u00e1 el control sobre elementos formales y materiales.<\/p>\n\n\n\n

Se deber\u00e1 cumplir que la autoridad sea competente, que las materias sean las establecidas legalmente o dignas de tal protecci\u00f3n de afectaci\u00f3n a seguridad y defensa nacional, que se haya cumplido el procedimiento, formalidades y registros de la calificaci\u00f3n, as\u00ed como que no haya transcurrido el plazo legalmente establecido.<\/p>\n\n\n\n

La diligencia de clasificaci\u00f3n deber\u00e1 estar debidamente motivada, pudiendo controlar extralimitaciones, ausencia de motivaci\u00f3n o incumplimiento de requisitos formales.<\/p>\n\n\n\n

En caso de estimaci\u00f3n de la demanda el anteproyecto prev\u00e9 la anulaci\u00f3n del acto de clasificaci\u00f3n, no s\u00f3lo que los jueces se limiten a anular el acto clasificatorio del Gobierno ordenando retrotraer las actuaciones al momento justamente anterior para que sea el propio Gobierno el que, en todo caso, vuelva a justificar o motivar sus actos.<\/p>\n\n\n\n

Por \u00faltimo, no regul\u00e1ndose procedimiento administrativo previo, y trat\u00e1ndose del \u00f3rgano competente el Tribunal Supremo, el jurisdiccional superior en todos sus \u00f3rdenes, no existiendo segunda instancia, se plantea si se tratar\u00e1 de una materia susceptible de recurso de amparo en cuanto al derecho fundamental en relaci\u00f3n al derecho a la informaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Respecto a la posibilidad de desclasificaci\u00f3n documental bajo la cobertura de una investigaci\u00f3n criminal, se ha de recordar que el secreto nunca podr\u00e1 suponer violentar arbitrariamente los derechos y las libertades de las personas, un refugio para la corrupci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de derechos humanos, una cobertura para la arbitrariedad o un abuso de poder para cometer delitos. La limitaci\u00f3n de la publicidad no puede suponer un \u00e1mbito de inmunidad jurisdiccional pues cabe el control jurisdiccional.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Estamos totalmente de acuerdo con la afirmaci\u00f3n de TORRES VENTOSA en cuanto que una actuaci\u00f3n judicial no puede ser obstaculizada por una decisi\u00f3n del Ejecutivo salvo en casos de extrema necesidad para la supervivencia del estado en si mismo por razones de seguridad y defensa naciona<\/strong>l[11]<\/a>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el art\u00edculo 38 regula el acceso jurisdiccional a informaci\u00f3n clasificada.<\/strong> Ya en el Anteproyecto de 1997 se establec\u00eda tal posibilidad por los jueces y tribunales, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, cuando las solicitudes de desclasificaci\u00f3n que hubieran sido denegadas por el Consejo de Ministros. Tambi\u00e9n se establec\u00eda que los Acuerdos del Consejo de Ministros pudieran ser recurribles.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, si durante la tramitaci\u00f3n de un proceso jurisdiccional el \u00f3rgano judicial considerara indispensable acceder a informaci\u00f3n clasificada, podr\u00e1 solicitar motivadamente a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que requiera de la autoridad de clasificaci\u00f3n la remisi\u00f3n de dicha informaci\u00f3n junto con testimonio de las actuaciones y posible suspensi\u00f3n de actuaciones.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Si la Sala admitiera la solicitud, dirigir\u00e1 oficio a la autoridad de clasificaci\u00f3n para que en el plazo de 60 d\u00edas, le remita la informaci\u00f3n clasificada o presente informe motivado neg\u00e1ndose. El informe incluir\u00e1, al menos, la categor\u00eda de clasificaci\u00f3n, el perjuicio que causar\u00eda su revelaci\u00f3n no autorizada o su utilizaci\u00f3n indebida, y la fecha en que dicha informaci\u00f3n quedar\u00e1 desclasificada.<\/p>\n\n\n\n

Si la autoridad competente considerase que han deca\u00eddo los motivos ordenar\u00e1 su desclasificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Si la Sala estimase que el informe aportado por la autoridad de clasificaci\u00f3n no contiene suficientes elementos para resolver, ordenar\u00e1 que se le remita la informaci\u00f3n para su examen, guardando absoluta reserva del contenido de dicha informaci\u00f3n. As\u00ed, se regula la revisi\u00f3n in camera <\/em>que ya practic\u00f3 el Tribunal Supremo en 1997 y que procede de la experiencia norteamericana.<\/p>\n\n\n\n

La Sala decidir\u00e1, ponderando los intereses en conflicto, la remisi\u00f3n total o parcial, o la no remisi\u00f3n de la informaci\u00f3n al \u00f3rgano judicial solicitante y en caso de acordar la remisi\u00f3n podr\u00e1 adem\u00e1s determinar su acceso limitado o la adopci\u00f3n de medidas de confidencialidad necesarias.<\/p>\n\n\n\n

Siempre existen elementos reglados formales y materiales y deber\u00e1 realizarse una t\u00e9cnica de ponderaci\u00f3n, un juicio de proporcionalidad, respecto a los delitos que se est\u00e1n investigando y la vulneraci\u00f3n de derechos y libertades en juego as\u00ed como el perjuicio y la utilizaci\u00f3n indebida que podr\u00eda causar a Espa\u00f1a su revelaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tomando como ejemplo comparado el an\u00e1lisis de la sentencia realizado por SOTO LOSTAL (2017) del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, de 21 de mayo de 2013, el criterio que la Sala Tercera deber\u00e1 aplicar para determinar la no desclasificaci\u00f3n ser\u00e1 el criterio del \u201cclear and present danger of harm to the Nation<\/em>\u201d, \u201cdebe causar alg\u00fan grado de da\u00f1o excepcionalmente grave\u2013 que sea identificable y describible[12]<\/strong><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n

Otro ejemplo americano que menciona TORRES VENTOSA (1998)[13]<\/a>  fue el de las cintas del presidente Nixon. Se acab\u00f3 ordenando al presidente norteamericano que entregara las cintas a un juez federal ya que no constaba el posible perjuicio a la seguridad y la defensa nacional.<\/p>\n\n\n\n

 GAL\u00c1N MEDINA[14]<\/a> expone el caso de la la Sentencia del Tribunal Constitucional Federal alem\u00e1n de 17 de julio de 1984 por la que se declara que si el \u00f3rgano que solicita tal informaci\u00f3n implanta todas las medidas preventivas para evitar su filtraci\u00f3n, el Gobierno debe autorizar que accede. No obstante, el juez deber\u00e1 realizar una ponderaci\u00f3n entre la seguridad nacional y la tutela judicial efectiva.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto al TEDH, la negativa obstinada de las autoridades h\u00fangaras a cumplir una orden judicial de acceso a documentos clasificados del antiguo Servicio de Seguridad del Estado se declar\u00f3 vulneradora del derecho a la informaci\u00f3n[15]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

En similares t\u00e9rminos resolvi\u00f3 la Sala Tercera del Tribunal Supremo espa\u00f1ol en las sentencias del Pleno de esa Sala de 4 de abril de 1997, recursos 602, 634 y 726[16]<\/strong><\/a><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

De este procedimiento, llama de nuevo especialmente la atenci\u00f3n la <\/strong>sorprendente ausencia del Ministerio Fiscal<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, si bien es recomendable que la decisi\u00f3n judicial sea adoptada por un \u00f3rgano plural para tomar decisiones m\u00e1s ponderadas, no obstante, en la inmensa mayor\u00eda de los casos el conflicto surgir\u00e1 entre una investigaci\u00f3n criminal y una informaci\u00f3n clasificada. Y as\u00ed distintos autores como DIEZ PICAZO (1997)[17]<\/strong><\/a> han llamado la atenci\u00f3n de la ausencia de magistrados del orden jurisdiccional penal.<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Resulta cuanto menos dif\u00edcil hacer una ponderaci\u00f3n de la pertinencia de la prueba penal (o en su caso m\u00e1s bien una diligencia de instrucci\u00f3n) y las circunstancias del caso penal por un magistrado del orden contencioso-administrativo.  <\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

De igual manera, el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo compuesto por el Presidente y 32 magistrados[18]<\/strong><\/a> parece del todo punto excesivamente numero para examinar de manera reservada asuntos de alto secreto. <\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

La competencia para resolver este tipo de asuntos relativos a la desclasificaci\u00f3n de documentos clasificados deber\u00eda ser por un \u00f3rgano judicial de composici\u00f3n num\u00e9ricamente reducida, plural (pues se trata de un \u00f3rgano decisor y no instructor, a diferencia de los magistrados competentes para conocer de las actividades del CNI), y adem\u00e1s deber\u00eda tener no s\u00f3lo una competencia contenciosa-administrativa sino que debe tener miembros que pertenezcan al mismo orden jurisdiccional que el \u00f3rgano judicial que estima necesario acceder a un documento clasificado, esto es, magistrados del orden jurisdiccional penal.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El magistrado Peces Morate en su voto particular defendi\u00f3 que los juicios de ponderaci\u00f3n debieron correr a cargo de la jurisdicci\u00f3n penal y no de la contencioso-administrativa: \u00abse ha desarrollado un intrincado proceso perturbador de la claridad y sencillez del sistema de competencias reconocidas por la ley a los jueces y tribunales de los \u00f3rdenes penal y contencioso-administrativo\u00bb<\/em> (apartado 1 del Voto particular de Peces Morate a la sentencia de 4 de abril de 1997 al recurso n\u00fam. 634\/1996).<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por ello, propongo la creaci\u00f3n de una \u201cSala de Desclasificaci\u00f3n\u201d, similar a la Sala de Conflictos de Jurisdicci\u00f3n y que podr\u00eda tener dos posibles composiciones:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

– el Presidente del Tribunal Supremo, el Presidente de la Sala Segunda, el Presidente de la Sala Tercera, el Presidente de la Sala de lo Militar y un magistrado vocal del orden jurisdiccional penal, contencioso-administrativo o militar elegidos por el CGPJ.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

– o bien, el Presidente del Tribunal Supremo, el Presidente de la Sala Segunda, el Presidente de la Sala Tercera y dos magistrados vocales del orden jurisdiccional penal, contencioso-administrativo o militar.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La posible inclusi\u00f3n del magistrados del orden militar proviene de la tradicional adscripci\u00f3n del CNI a Defensa, si bien este mismo APL modificar\u00eda ese r\u00e9gimen.<\/p>\n\n\n\n

Con esta regulaci\u00f3n se asimila a las sentencias mencionadas de los llamados papeles del CESID[19]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Por \u00faltimo, la STSJM n\u00fam. 279, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secc. 6.\u00aa, de 13 de marzo de 2012, establece que la clasificaci\u00f3n gen\u00e9rica de informaci\u00f3n clasificada sobre la organizaci\u00f3n interna, medios, procedimientos o personal del CNI no puede erigirse en obst\u00e1culo al disfrute de los derechos fundamentales del personal estatutario del centro ni en excusa del cumplimiento del principio de legalidad.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

[1]<\/a><\/p>\n\n\n\n

         P\u00e1ginas web del tr\u00e1mite de audiencia e informaci\u00f3n p\u00fablico del Anteproyecto de Ley de Informaci\u00f3n Clasificada. Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democr\u00e1tica. [Consultado el 18 de agosto de 2022]. Disponible en:   https:\/\/www.mpr.gob.es\/servicios\/participacion\/audienciapublica\/Paginas\/anteproyecto-de-ley-de-inf-clasificada.aspx<\/a><\/p>\n\n\n\n

[2]<\/a>     BLANES, Miguel \u00c1ngel. Alegaciones al Anteproyecto de Ley de Informaci\u00f3n Clasificada (secretos oficiales). 9 de agosto 2022. Blog personal. [Consultado el 18 de agosto de 2022]. Disponible en:  https:\/\/miguelangelblanes.com\/2022\/08\/09\/alegaciones-al-anteproyecto-de-ley-de-informacion-clasificada-secretos-oficiales\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

[3]<\/a>     <\/em>Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum materiellen Geheimschutz (Verschlusssachenanweisung \u2013 VSA) Vom 10 de agosto 2018 [Consultado el 15 de agosto de 2022]. Disponible en: http:\/\/www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de\/bsvwvbund_10082018_SII554001196.htm<\/a><\/p>\n\n\n\n

[4]<\/a>     Executive Order 13526 of December 29, 2009. Classified National Security Information. [Consultado el 15 de agosto de 2022]. Disponible en:  https:\/\/en.wikisource.org\/wiki\/Executive_Order_13526<\/a><\/p>\n\n\n\n

[5]<\/a>     SANTAELLA ALONSO, Manuel. El principio de sometimiento al ordenamiento jur\u00eddico en la actuaci\u00f3n interna del CNI: derechos fundamentales vs. informaci\u00f3n clasificada . Socio de Stellvest Tax\u00b7Legal\u00b7Advisory. Diario La Ley, N\u00ba 7895, Secci\u00f3n Doctrina, 5 de Julio de 2012, A\u00f1o XXXIII, Ref. D-267, Editorial LA LEY. LA LEY 7152\/2012<\/p>\n\n\n\n

[6]<\/a>    STS, Contencioso secci\u00f3n 1 del 04 de abril de 1997 (ROJ: STS 2389\/1997 – ECLI:ES:TS:1997:2389 ), Recurso: 602\/1996; Ponente: GUSTAVO LESCURE MARTIN<\/p>\n\n\n\n

[7]<\/a>    STS, Contencioso secci\u00f3n 1 del 04 de abril de 1997 ( ROJ: STS 2359\/1997 – ECLI:ES:TS:1997:2359 ); Recurso: 634\/1996; Ponente: ENRIQUE CANCER LALANNE<\/p>\n\n\n\n

[8]<\/a>    STS, Contencioso secci\u00f3n 1 del 04 de abril de 1997 ( ROJ: STS 2391\/1997 – ECLI:ES:TS:1997:2391 ); Recurso: 726\/1996; Ponente: RAMON TRILLO TORRES<\/p>\n\n\n\n

[9]<\/a>     D\u00cdEZ-PICAZO, Luis Mar\u00eda. La desclasificaci\u00f3n judicial del secreto de Estado . (Comentario a las sentencias del TS Sala 3.\u00aa de 4 de abril de 1997). Diario La Ley, Secci\u00f3n Doctrina, 1997, Ref. D-209, tomo 4, Editorial LA LEY. LA LEY 11912\/2001<\/p>\n\n\n\n

[10]<\/a>   Referencia: 2716\/1996; Procedencia: PRESIDENCIA; Asunto: Expte. relativo a manifestaciones elevadas al Gobierno por el Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00ba 2 de San Sebasti\u00e1n y los Juzgados Centrales de Instrucci\u00f3n n\u00ba 1 y n\u00ba 5 .; Fecha de aprobaci\u00f3n: 18\/07\/1996 [Consultado el 31 de agosto de 2022]. Disponible en: https:\/\/www.boe.es\/buscar\/doc.php?id=CE-D-1996-2716<\/a><\/p>\n\n\n\n

[11]<\/a>   Vid. <\/em>Nota al pie 51.<\/p>\n\n\n\n

[12]<\/a>   Vid<\/em>. Nota al pie 41.<\/p>\n\n\n\n

[13]<\/a>   TORRES VENTOSA, Juan Jos\u00e9. La regulaci\u00f3n legal de los Secretos oficiales. Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. Premio San Raimundo de Pe\u00f1afort 1998. URL http:\/\/hdl.handle.net\/10662\/13289<\/a><\/p>\n\n\n\n

[14]<\/a>   Vid. <\/em>Nota al pie 23.<\/p>\n\n\n\n

[15]<\/a>   TEDH. CASE OF KENEDI v. HUNGARY. (Application no. 31475\/05). strasbourg. 26 Mayo 2009. FINAL 26\/08\/2009.<\/p>\n\n\n\n

[16]<\/a>   <\/strong>Vid. <\/em>Notas al pie 45, 46 y 47. <\/p>\n\n\n\n

[17]<\/a>   <\/em>Vid. <\/em>Nota al pie 48.<\/p>\n\n\n\n

[18]<\/a>   <\/strong>Salas ordinarias – Sala Tercera \u2013 Composici\u00f3n. Web Poder Judicial. [Consultado el 22 de agosto de 2022]. Disponible en: https:\/\/www.poderjudicial.es\/cgpj\/es\/Poder-Judicial\/Tribunal-Supremo\/Informacion-institucional\/Estructura-organizativa-del-TS\/Salas-Jurisdiccionales\/Relacionados\/Salas-ordinarias—Sala-Tercera—Composicion#:~:text=La%20Sala%20Tercera%2C%20de%20lo,y%20treinta%20y%20dos%20magistrados.<\/p>\n\n\n\n

[19]<\/a>  \u00c1LVAREZ CONDE, Enrique. LA NECESIDAD DE UNA REFORMA: LOS SECRETOS DE ESTADO TRAS LAS SENTECIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 4 DE ABRIL DE 1997.Catedr\u00e1tico de Derecho Constitucional. Disponible en CENDOJ.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Este verano una de las \u201cserpientes de verano\u201d de los medios de comunicaci\u00f3n ha sido la futura ley de informaci\u00f3n clasificada. La tramitaci\u00f3n del Anteproyecto de Ley ha recibido distintas cr\u00edticas porque el tr\u00e1mite de audiencia e informaci\u00f3n p\u00fablica se ha abierto no s\u00f3lo en pleno agosto sino adem\u00e1s \u00fanicamente 7 d\u00edas h\u00e1biles[1]. Como dice,  BLANES \u201ces sorprendente que despu\u00e9s de m\u00e1s de 40 a\u00f1os de vigencia de la Ley franquista […] ahora se tenga tanta prisa para abrir un…<\/p>\n

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