{"id":685,"date":"2023-01-17T08:13:55","date_gmt":"2023-01-17T08:13:55","guid":{"rendered":"https:\/\/enjusticia.es\/?p=685"},"modified":"2023-01-17T08:13:59","modified_gmt":"2023-01-17T08:13:59","slug":"la-prohibicion-de-acceso-al-ciberlugar-de-comision-del-delito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enjusticia.es\/?p=685","title":{"rendered":"LA PROHIBICI\u00d3N DE ACCESO AL \u201cCIBERLUGAR\u201d DE COMISI\u00d3N DEL DELITO<\/strong>"},"content":{"rendered":"\n

Daniel Gonz\u00e1lez Uriel<\/em><\/p>\n\n\n\n

Juez<\/em><\/p>\n\n\n\n

Doctor en Derecho<\/em><\/p>\n\n\n\n

            En esta entrada del blog me gustar\u00eda hacer referencia a la interesante Sentencia del Pleno de la Sala 2\u00aa del Tribunal Supremo (STS), n\u00fam. 547\/2022, de 2 de junio, ponente Excmo. Sr. D. Manuel Marchena G\u00f3mez (ECLI:ES:TS:2022:2356). En ella se analiz\u00f3 la viabilidad de imposici\u00f3n de la pena accesoria de prohibici\u00f3n de acceso al lugar de comisi\u00f3n del delito en el caso de ciberdelitos. En s\u00edntesis, los hechos que dieron pie a esta resoluci\u00f3n se basaban en que un youtuber <\/em>hab\u00eda aceptado un reto de uno de sus seguidores y hab\u00eda dado, en la v\u00eda p\u00fablica, unas galletas rellenas de pasta de dientes a un indigente, sin advertirle de dicha circunstancia. Las galletas fueron ingeridas por dicha persona. Todo ello fue grabado y subido a su canal de Youtube, siendo visualizado por una pluralidad de ciudadanos. Adem\u00e1s, el condenado subi\u00f3 posteriores v\u00eddeos en los que conversaba con la v\u00edctima. A resultas de dicha acci\u00f3n, se le conden\u00f3 por el Juzgado de lo Penal n\u00fam. 9 de Barcelona, en la Sentencia n\u00fam. 243\/2019, 29 de mayo, por un delito contra la integridad moral, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 15 meses de prisi\u00f3n, con la pena accesoria de inhabilitaci\u00f3n para el derecho de sufragio pasivo. Adem\u00e1s, se le impuso tambi\u00e9n la siguiente pena accesoria: \u201cla prohibici\u00f3n de acudir al lugar del delito, esto es, la red social de Youtube por 5 a\u00f1os, lo que implica el cierre por este tiempo de su canal, no pudiendo crear otros durante este tiempo\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

            Dicha sentencia fue recurrida en apelaci\u00f3n por el condenado y la Secci\u00f3n 5\u00aa de la Audiencia Provincial (AP) de Barcelona, en sentencia de fecha 21 de octubre de 2019, estim\u00f3 parcialmente dicho recurso y suprimi\u00f3 la prohibici\u00f3n de acceso a Youtube. Como se desprende de la STS que analizamos, la AP de Barcelona se bas\u00f3 en dos argumentos para estimar parcialmente el recurso: los hechos habr\u00edan tenido lugar en la v\u00eda p\u00fablica y no en Youtube y, en segundo lugar, dicha pena no se halla prevista en el art. 48[1]<\/a> del C\u00f3digo Penal (CP) en relaci\u00f3n con el art. 57 CP.<\/p>\n\n\n\n

            Frente a esta resoluci\u00f3n interpusieron recurso de casaci\u00f3n el Ministerio Fiscal y el condenado. La STS objeto de examen expone que el menoscabo de la dignidad de la v\u00edctima se produjo con la divulgaci\u00f3n en las redes de dicha acci\u00f3n. Adem\u00e1s, y siguiendo el recurso del Ministerio Fiscal, detalla que el \u201clugar f\u00edsico\u201d constituye una referencia locativa, mientras que en el espacio virtual la lesi\u00f3n se vuelve todav\u00eda m\u00e1s hiriente. De este modo, entra de lleno en la materia a prop\u00f3sito de cu\u00e1l es la comprensi\u00f3n que ha de darse al \u201clugar de comisi\u00f3n del delito\u201d seg\u00fan el art. 48 CP, lo que entronca con la ciberdelincuencia y su avance imparable en los \u00faltimos a\u00f1os. Se plantea el Alto Tribunal la duda de si el lugar es solo el espacio f\u00edsico, o bien, si cabe incluir en dicha locuci\u00f3n los entornos virtuales. Para abordar esta cuesti\u00f3n, la Sala 2\u00aa efect\u00faa una interpretaci\u00f3n gramatical de la voz \u201clugar\u201d, siguiendo las distintas acepciones que ofrece el Diccionario de la Real Academia Espa\u00f1ola. De este primer estadio interpretativo deriva que no existe obst\u00e1culo para entender que el lugar tambi\u00e9n puede ser un entorno virtual, en este caso, Youtube. Avanza un paso m\u00e1s cuando refuerza su argumentaci\u00f3n con una idea tomada del recurso del Ministerio P\u00fablico: el art. 214 CP; en decir de la Sala, \u201cal regular los efectos de la retractaci\u00f3n del acusado en los delitos de injuria y calumnia, se refiere a \u00abespacios\u00bb de difusi\u00f3n, no a espacios geogr\u00e1ficos excluyentes\u201d<\/em>. Asimismo, la STS 547\/2022 niega que se produzca una interpretaci\u00f3n contraria al reo y entiende que en este supuesto se cumple la finalidad de la prohibici\u00f3n. Abunda sobre este particular cuando agrega que se trata de una prohibici\u00f3n limitada, ya que solo afecta a Youtube, y zanja que la pena accesoria respeta el principio de proporcionalidad.<\/p>\n\n\n\n

            Por tales motivos, la Sala estima que dentro del lugar de comisi\u00f3n tiene cabida el entorno virtual en que se comete el ciberdelito y arguye otras alternativas posibles que no fueron alegadas por los recurrentes, por lo que \u00fanicamente las enuncia pero sin un ulterior desarrollo: i) podr\u00eda estarse al art. 56 CP, imponiendo al condenado la inhabilitaci\u00f3n para llevar a cabo determinadas actividades, en este caso, dado que su actividad econ\u00f3mica era, precisamente, subir tales contenidos a Youtube, podr\u00eda haberse impuesto la prohibici\u00f3n a trav\u00e9s de dicho cauce. ii) Si se reputa que el canal de Youtube del condenado era el instrumento del delito, ser\u00eda susceptible de decomiso.<\/p>\n\n\n\n

            La Sala estima el recurso de casaci\u00f3n del Ministerio Fiscal, y a\u00f1ade al fallo de la sentencia recurrida la \u201cpena de prohibici\u00f3n de acudir al lugar del delito, que en el presente caso, se traduce en la prohibici\u00f3n de acceder a la red social de Youtube por 5 a\u00f1os, lo que implica el cierre por este tiempo del canal creado por el acusado, con la consiguiente prohibici\u00f3n de crear otros durante este tiempo\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n

            No obstante, dicha resoluci\u00f3n cuenta con un voto particular concurrente, firmado por el Excmo. Sr. D. Antonio del Moral Garc\u00eda y por el Excmo. Sr. D. Javier Hern\u00e1ndez Garc\u00eda. En \u00e9l se parte de que la sentencia podr\u00eda vulnerar el principio de legalidad de las penas. Se plasma que el art. 48 CP entiende por lugar el \u201cespacio geogr\u00e1fico\u201d, si bien matiza que la cuesti\u00f3n de fondo sobrepasa un mero problema de literalidad. A juicio de dichos magistrados, la Red no es el lugar en que se comete el delito, sino que es el medio a trav\u00e9s del cual se ejecuta; adem\u00e1s, apostillan, tampoco se trata del sitio en que reside la v\u00edctima. En dicho sentido, la sentencia mayoritaria sobrepasar\u00eda tanto el fin como el contexto de la norma. Si bien, centran su cr\u00edtica en un aspecto esencial, a saber, el contenido de la pena accesoria de prohibici\u00f3n de acudir al lugar de comisi\u00f3n del delito. En su decir, dicha medida, en su comprensi\u00f3n originaria, afecta a la libertad deambulatoria de un modo muy limitado, si bien, con el entendimiento patrocinado por la Sala se incide en otros derechos del condenado, incurri\u00e9ndose en un \u201cfraude de etiquetas\u201d. As\u00ed, se afecta su derecho a la libertad de expresi\u00f3n y la otra faceta de dicho derecho, la libertad de recibir informaciones y opiniones. Dado que el art. 48 CP no discrimina entre usuario activo y pasivo, con esta nueva comprensi\u00f3n se restringe la capacidad de comunicaci\u00f3n del sujeto y no su libertad deambulatoria.<\/p>\n\n\n\n

            El voto particular incide en el diferente significado y nivel axiol\u00f3gico de los derechos fundamentales que se ven comprometidos con la adopci\u00f3n de dicha prohibici\u00f3n y, de modo gr\u00e1fico, proclama que \u201c(i)ntroducir este contenido (prohibici\u00f3n de comunicarse con cualquier persona a trav\u00e9s de un medio abierto), en aquel envoltorio (prohibici\u00f3n de acudir a un lugar) distorsiona el sistema y abre las puertas a entender, con el \u00fanico poco taxativo l\u00edmite de la necesaria proporcionalidad, que nuestro C\u00f3digo permite, en delitos no necesariamente graves, la prohibici\u00f3n de acceder durante a\u00f1os a internet, o de volver a televisi\u00f3n, o de entrar en Instagram o cualquier otra red social. Confiemos que la analog\u00eda no llegue al punto de considerar tambi\u00e9n un lugar una red de telefon\u00eda a la que tambi\u00e9n se accede\u201d.<\/em> A su vez, tras reconocer que puede que nos hallemos ante una \u201cbuena herramienta de pol\u00edtica criminal\u201d, el voto particular refiere que no cabe introducirla \u201ccomo de contrabando, a trav\u00e9s de otras de morfolog\u00eda y contenido muy distintos que obedecen a otra filosof\u00eda\u201d<\/em>, puesto que ya se cuenta con esa posibilidad al amparo del art. 45[2]<\/a> CP y la nueva regulaci\u00f3n de la inhabilitaci\u00f3n especial. En este sentido, recuerda que \u201cahora ni siquiera se puede utilizar como argumento una supuesta laguna que habr\u00eda de colmarse con interpretaciones extensivas, recreadoras, imaginativas y hasta creativas\u201d<\/em>, y concluye que la prohibici\u00f3n en cuesti\u00f3n tendr\u00eda un mejor acomodo en dicho precepto.<\/p>\n\n\n\n

            Una vez que se ha sintetizado lo fundamental de la sentencia y del voto particular, procede efectuar algunas consideraciones. Pese a su posici\u00f3n minoritaria, me adhiero de modo pleno al voto particular, que est\u00e1 magistralmente formulado. Entiendo que, en efecto, el principio de legalidad de las penas ha de estar por encima de cualquier otra consideraci\u00f3n, por lo que es capital analizar el fundamento y fin de la concreta pena y valorar si cabe efectuar una interpretaci\u00f3n tan amplia del t\u00e9rmino lugar. Es cierto que, como proclama el C\u00f3digo Civil (CC) en su art. 3.1, \u201clas normas se interpretar\u00e1n seg\u00fan el sentido propio de sus palabras, en relaci\u00f3n con el contexto, los antecedentes hist\u00f3ricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al esp\u00edritu y finalidad de aquellas\u201d<\/em>. Si bien, el elemento din\u00e1mico no nos lleva a patrocinar una comprensi\u00f3n del t\u00e9rmino lugar tan amplia como para incluir en dicha noci\u00f3n el ciberespacio, a los efectos de extender el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de una pena. La comprensi\u00f3n de la voz lugar ha de ser la usual u ordinaria, conectada a un espacio geogr\u00e1fico determinado. Ello se infiere si se pone en conexi\u00f3n este elemento con la finalidad de la norma: la prohibici\u00f3n de aproximaci\u00f3n a un lugar persigue asegurar o resguardar a la v\u00edctima frente a ulteriores ataques por parte del mismo sujeto. Pretende evitar la reiteraci\u00f3n delictiva y garantizar un cierto espacio de seguridad o indemnidad a la v\u00edctima, una suerte de zona de confort. Pues bien, la citada prohibici\u00f3n, pese a su finalidad bienintencionada, en el sentido de sustraer a la v\u00edctima de ataques mediante la plataforma Youtube, \u00bfgarantiza que el condenado no vuelva a actuar frente a la v\u00edctima? La respuesta es, forzosamente, no. Pensemos que existe una pluralidad de \u201cciberlugares\u201d similares, de plataformas de subida y descarga de v\u00eddeos, que podr\u00edan ser empleados por el condenado. En este sentido, se le proh\u00edbe el acceso a Youtube, pero no a Tik Tok, a Instagram a Facebook o a cualquier espacio virtual en que pueda colgar v\u00eddeos.<\/p>\n\n\n\n

            Por lo tanto, la propia limitaci\u00f3n de la pena, concretada a una \u00fanica p\u00e1gina web -Youtube- no garantiza la indemnidad de la v\u00edctima en el ciberespacio, con lo que la finalidad se diluye. Adem\u00e1s, el recurso al art. 48 CP en relaci\u00f3n con el art. 57 CP supone una rebaja en las necesidades de motivaci\u00f3n y fundamentaci\u00f3n espec\u00edficos, lo que redunda en perjuicio del reo. Subyace una cierta interpretaci\u00f3n anal\u00f3gica contra reo, que se encuentra proscrita. Como se ve en el texto transcrito del art. 45 CP, se requiere que \u201cexpresa y motivadamente\u201d se detalle en la sentencia la concreta inhabilitaci\u00f3n especial, lo que exige que se haga el correspondiente juicio ponderativo, atendiendo a los derechos fundamentales que pueden ser limitados. El voto particular resulta meridianamente claro a este respecto: el contenido aflictivo que impone la pena de prohibici\u00f3n de acudir a un lugar es muy inferior al que comporta la prohibici\u00f3n de acceso a los sitios web, que cercena el derecho fundamental a la libertad de expresi\u00f3n, as\u00ed como a recibir informaciones y opiniones. Se limitan ambas vertientes, tanto activa como pasiva, lo que requiere, inexorablemente, un plus de motivaci\u00f3n, en que se explicite la raz\u00f3n que lleva a restringir semejantes derechos fundamentales.<\/p>\n\n\n\n

            Estas consideraciones son plenamente aplicables en fase de instrucci\u00f3n: si al amparo de esta nueva posibilidad se adoptasen, como medidas cautelares personales, prohibiciones de acceso a sitios web, sobre la base de ser el lugar en que se comete el delito, nos hallar\u00edamos pr\u00f3ximos a la instauraci\u00f3n de una censura particular, individualizada y sobre un sujeto cuya presunci\u00f3n de inocencia contin\u00faa vigente, con fundamento en una noci\u00f3n inconsistente, dado que no es posible efectuar una plena traslaci\u00f3n del concepto de lugar f\u00edsico al ciberespacio: las coordenadas espacio-tiempo operan de un modo diverso en el ciberespacio, tal y como explica de modo magistral -en una de las obras de referencia de la ciberdelincuencia en nuestro pa\u00eds- el catedr\u00e1tico Mir\u00f3 Llinares[3]<\/a>. De ah\u00ed que si se acordasen tales medidas cautelares se le estar\u00eda coartando la posibilidad de acceder a contenidos web con el soporte de una norma dictada con una finalidad eminentemente diferente. Adem\u00e1s, nos colocar\u00eda ante la misma situaci\u00f3n descrita con anterioridad: se le proh\u00edbe acceder a Youtube, pero sube el contenido a Tik Tok, plataforma sobre la que no existir\u00eda la prohibici\u00f3n. En tal supuesto podr\u00eda ampliarse con posterioridad la prohibici\u00f3n a dicha web, y el sujeto podr\u00eda subir nuevos contenidos a Facebook y, as\u00ed, en un bucle infinito, hasta que la concreci\u00f3n del citado \u201clugar\u201d lleve a la paradoja de que cualquier plataforma de subida de contenidos sea un \u201clugar\u201d delictivo, y pueda derivar en interpretaciones peligrosistas, crimin\u00f3genas y en las que las TIC se reputen negativamente, con lo que se favorecer\u00eda una cierta relajaci\u00f3n en la adopci\u00f3n de semejantes cautelas, lo que ha de confrontarse con vehemencia.<\/p>\n\n\n\n

            As\u00ed las cosas, entiendo que la elasticidad del t\u00e9rmino \u201clugar\u201d y su posible adaptaci\u00f3n al entorno cibern\u00e9tico no deben ser confundidos con la finalidad de la norma, m\u00e1xime cuando el ordenamiento jur\u00eddico-penal ya dispone de una alternativa en la que tendr\u00eda un mejor encaje o cabida, el meritado art. 45 CP. Por lo tanto, estimo que ha de imperar una interpretaci\u00f3n garantista y, sobre todo, que ha de efectuarse una intelecci\u00f3n restrictiva de tales prohibiciones, teniendo presentes los derechos fundamentales en liza, lo que requiere una motivaci\u00f3n reforzada. Con todo, esta sentencia constituye un buen ejemplo del debate jur\u00eddico actual y de la relevancia de la ciberdelincuencia, como fen\u00f3meno delictivo complejo, que requiere respuestas adecuadas, adaptadas y en la que no han de forzarse los moldes ya existentes, pero que tienen finalidades diversas.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

[1]<\/a> Art. 48.1 CP: \u201c1. La privaci\u00f3n del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o a aquel en que resida la v\u00edctima o su familia, si fueren distintos. En los casos en que exista declarada una discapacidad intelectual o una discapacidad que tenga su origen en un trastorno mental, se estudiar\u00e1 el caso concreto a fin de resolver teniendo presentes los bienes jur\u00eddicos a proteger y el inter\u00e9s superior de la persona con discapacidad que, en su caso, habr\u00e1 de contar con los medios de acompa\u00f1amiento y apoyo precisos para el cumplimiento de la medida\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n

[2]<\/a> Art. 45 CP: \u201cLa inhabilitaci\u00f3n especial para profesi\u00f3n, oficio, industria o comercio u otras actividades, sean o no retribuidas, o cualquier otro derecho, que ha de concretarse expresa y motivadamente en la sentencia, priva a la persona penada de la facultad de ejercerlos durante el tiempo de la condena. La autoridad judicial podr\u00e1 restringir la inhabilitaci\u00f3n a determinadas actividades o funciones de la profesi\u00f3n u oficio, retribuido o no, permitiendo, si ello fuera posible, el ejercicio de aquellas funciones no directamente relacionadas con el delito cometido\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n

[3]<\/a> Mir\u00f3 Llinares, F., El cibercrimen. Fenomenolog\u00eda y criminolog\u00eda de la delincuencia en el ciberespacio<\/em>, Marcial Pons, Madrid, 2012, pp. 146-153. Incluso se ha llegado a hablar del ciberespacio como el \u201cno lugar\u201d (pp. 28 y 30).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Daniel Gonz\u00e1lez Uriel Juez Doctor en Derecho             En esta entrada del blog me gustar\u00eda hacer referencia a la interesante Sentencia del Pleno de la Sala 2\u00aa del Tribunal Supremo (STS), n\u00fam. 547\/2022, de 2 de junio, ponente Excmo. Sr. D. Manuel Marchena G\u00f3mez (ECLI:ES:TS:2022:2356). En ella se analiz\u00f3 la viabilidad de imposici\u00f3n de la pena accesoria de prohibici\u00f3n de acceso al lugar de comisi\u00f3n del delito en el caso de ciberdelitos. En s\u00edntesis, los hechos que dieron pie a…<\/p>\n

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