{"id":727,"date":"2023-03-13T12:35:58","date_gmt":"2023-03-13T12:35:58","guid":{"rendered":"https:\/\/enjusticia.es\/?p=727"},"modified":"2023-03-14T08:13:13","modified_gmt":"2023-03-14T08:13:13","slug":"vulnerabilidad-vivienda-y-derecho-de-propiedad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enjusticia.es\/?p=727","title":{"rendered":"            VULNERABILIDAD, VIVIENDA Y DERECHO DE PROPIEDAD<\/strong>"},"content":{"rendered":"\n

Celia Belhadj Ben G\u00f3mez<\/p>\n\n\n\n

            El pasado mes de febrero el pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado un recurso del PP contra el decreto ley 1\/2021 relativo a la suspensi\u00f3n de los desahucios y lanzamientos a personas econ\u00f3micamente vulnerables sin alternativa habitacional durante el estado de alarma.<\/p>\n\n\n\n

Y lo hace por mayor\u00eda con la salvedad del voto particular de dos Magistrados.<\/p>\n\n\n\n

El recurso lo fue contra los tres incisos de la disposici\u00f3n final 1\u00aa del Real Decreto ley 1\/2021, de 19 de enero y otro inciso del pre\u00e1mbulo que modifica el Real Decreto Ley 11\/2020 de 31 de marzo.<\/p>\n\n\n\n

            En s\u00edntesis el recurso pivota sobre tres elementos vulneraci\u00f3n de los l\u00edmites materiales de los decretos leyes de acuerdo con el art\u00edculo 86.1 de la constituci\u00f3n, lesi\u00f3n del derecho de propiedad y derecho la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho de al ejecuci\u00f3n de las resoluciones judiciales en sus propios t\u00e9rminos, y potestad de los jueces y tribunales para hacer ejecutar lo juzgado.<\/p>\n\n\n\n

            La suspensi\u00f3n de desahucios y lanzamientos ha venido vinculada a situaciones personales dados durante el estado de alarma. Sin embargo este marco temporal ha sido eliminado por el Real Decreto Ley 1\/2023 de 10 de enero que suprime la conexi\u00f3n al Covid 19 de las situaciones de vulnerabilidad<\/strong> que hacen a la parte acreedora de las medidas de suspensi\u00f3n incluida en los art\u00edculos 1 y 1 bis de la norma.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed pues la sentencia del Tribunal Constitucional viene a descartar vulneraci\u00f3n de los l\u00edmites materiales fijados en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n en relaci\u00f3n al uso del decreto ley por afectar al derecho de propiedad y al derecho a la ejecuci\u00f3n de la resoluci\u00f3n judicial en sus propios t\u00e9rminos y al derecho al juez predeterminado por la ley y ordenaci\u00f3n de la instituciones b\u00e1sica del Estado. El sustento de la decisi\u00f3n est\u00e1 basado en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n subjetivo y objetivo no afectando al contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda. Ya que incide de forma m\u00ednima y temporal al mismo, incidencia que adem\u00e1s podr\u00e1 ser objeto de compensaci\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo esta limitaci\u00f3n que se dice temporal se extiende en el tiempo ya desde el a\u00f1o 2020 y las sucesivas pr\u00f3rrogas lo han tra\u00eddo hasta el d\u00eda de hoy sin vinculaci\u00f3n a la situaci\u00f3n de emergencia sanitaria ya. Trasunto de las pr\u00f3rrogas dadas en ejecuci\u00f3n hipotecaria desde 2013.<\/p>\n\n\n\n

El derecho la tutela judicial efectiva y la ejecutividad de las sentencias se ve cuestionada ya que dilata temporalmente la decisi\u00f3n adoptada por el \u00f3rgano judicial, ponderadas las circunstancias que se refieren a un derecho constitucional de menor protecci\u00f3n, el derecho a la vivienda.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed se altera la atribuci\u00f3n competencial de los \u00f3rganos jurisdiccionales y los elementos estructurales y esenciales del proceso judicial.<\/p>\n\n\n\n

            La soluci\u00f3n temporal de facto supone quebrantamiento de las normas constitucionales, art\u00edculo 86.1, 33 y  24. La protecci\u00f3n civil del derecho a la vivienda digna al amparo de lo previsto en el art\u00edculo 47 CE, no es un derecho prestacional sino un principio rector de la pol\u00edtica social y econ\u00f3mica que no puede hacerse valer frente a la propiedad privada. M\u00e1xime cuando es protegida constitucionalmente, vid art\u00edculo 33 CE, y el marco de un procedimiento de desahucio donde es exigible y ejecutable la posesi\u00f3n tras el dictado de sentencia definitiva y firme. Socializando el problema que debe resolver el poder p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

            La ejecuci\u00f3n judicial del lanzamiento no puede vincularse a la garant\u00eda de realojo adecuado de los afectados. El art\u00edculo 47 CE no reconoce un derecho fundamental sino que enunci\u00f3 mandato directriz constitucional que ha de informar la actuaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos en el ejercicio de sus respectivas competencias (STC 150 y 2\/1988 de 20 de julio, FJ 2 y STC 53\/1995, de 17 de marzo, FJ 3, y 36\/2012, de 15 de marzo, FJ 4). Es un principio rector de la pol\u00edtica social y econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n

Tanto Naciones Unidas como la normativa europea (Declaraci\u00f3n universal de derechos humanos y Pacto internacional de derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales, Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea) van en este sentido. No se garantiza el derecho a la vivienda sino el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda en el marco de las pol\u00edticas sociales. Mandato a los estados de promover el acceso a los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada asumido de manera expresa por el Estado espa\u00f1ol tanto normativa nacional como en estatutos de autonom\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

            El derecho a la tutela judicial efectiva comprende tambi\u00e9n el derecho al ejecuci\u00f3n de la sentencia y dem\u00e1s resoluciones judiciales en sus propios t\u00e9rminos, vid art\u00edculo 118 CE en concordancia con el art\u00edculo 24 CE,  y as\u00ed ha sido reiterado por el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones. Todo ello compatible con las normas internacionales de derechos humanos, en particular las referidas al derecho a un proceso con las debidas garant\u00edas.<\/p>\n\n\n\n

            La promoci\u00f3n de acceso a una vivienda digna y configuraci\u00f3n de la funci\u00f3n social de la propiedad exige un desarrollo legislativo y previsi\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n

Se vulneran derechos especialmente protegidos tales como el derecho a la propiedad y el del tutela judicial efectiva. El rango de la norma no es adecuado ya que el Real Decreto Ley no puede afectar a derechos especialmente protegidos, vid art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En definitiva se est\u00e1 trasladando al \u00e1mbito privado la soluci\u00f3n de un problema social. La expropiaci\u00f3n de uso de bienes a sus titulares sin justiprecio ya que la supuesta indemnizaci\u00f3n se somete a unos criterios personales y temporales que no siempre se cumplen. Ni se est\u00e1n aplicando de hecho.<\/p>\n\n\n\n

            La distinci\u00f3n entre persona f\u00edsica y jur\u00eddica tampoco aten\u00faa lo expuesto ya que los intereses personales o econ\u00f3micos el liza tambi\u00e9n han de ser protegidos y no pueden ser analizados desde la perspectiva de quien se perpet\u00faa en la posesi\u00f3n sin derecho alguno.<\/p>\n\n\n\n

            El derecho a la ejecuci\u00f3n de las resoluciones judiciales que, como se ha expuesto,  forma parte del derecho la tutela judicial efectiva se ve vulnerado con estas suspensiones encadenadas que suponen que en algunos casos la posesi\u00f3n no la tenga el leg\u00edtimo propietario desde el a\u00f1o 2019 en adelante.<\/p>\n\n\n\n

            El hecho de que no se vincule al Covid la situaci\u00f3n de vulnerabilidad ampl\u00eda el espectro y claramente pone el acento de la soluci\u00f3n habitacional en el particular, quien no tiene el deber jur\u00eddico de soportarlo.<\/p>\n\n\n\n

            La funci\u00f3n tuitiva de los tribunales no alcanza a las situaciones de vulnerabilidad justificadas en escasa documentaci\u00f3n, en informes sociales realizados por personas cuya cualificaci\u00f3n no se hace constar, en resoluciones no motivadas ni con rese\u00f1a de verificaci\u00f3n real por regla general. Siendo frecuente el uso de modelo estereotipado en el que se marca con una X la situaci\u00f3n que propicie la suspensi\u00f3n interesada.<\/p>\n\n\n\n

Los requisitos exigidos por el art\u00edculo 5 y 6 del Real Decreto en muchos casos no son cumplidos siendo necesaria la subsanaci\u00f3n. Adem\u00e1s su aplicaci\u00f3n exige una ponderaci\u00f3n de las circunstancias del titular que puede ser m\u00e1s vulnerable que el propio ocupante.<\/p>\n\n\n\n

Se dan efectos indeseables como son los supuestos de ocupaci\u00f3n sin t\u00edtulo, de arrendamientos extinguidos (se ha llegado a acu\u00f1ar el t\u00e9rmino inquiocupa). Las demandas contra ignorados ocupantes proliferan, se consigue en el curso de la tramitaci\u00f3n la identificaci\u00f3n de uno o varios y al momento de la ejecuci\u00f3n o en v\u00edsperas se produce la salida con entrada de otros distintos, lo que propicia un mercado que va en contra precisamente el sentido de la norma y la protecci\u00f3n que pretende. Se suceden supuestos de denegaci\u00f3n de la petici\u00f3n de suspensi\u00f3n suspensi\u00f3n (que como es sabido no es recurrible en apelaci\u00f3n) y nuevas solicitudes por cambio de circunstancias de dudosa admisibilidad.<\/p>\n\n\n\n

            Se ha propiciado una alarmante subida del precio del alquiler los requisitos de acceso a la contrataci\u00f3n, fianzas que supera los dos meses previstos legalmente, avales, garant\u00edas que hacen casi imposible el acceso a la vivienda en definitiva para econom\u00edas medias.<\/p>\n\n\n\n

            En definitiva la quiebra del marco de la seguridad jur\u00eddica exigible para la protecci\u00f3n de derechos fundamentales especial protecci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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