{"id":887,"date":"2023-09-05T07:11:25","date_gmt":"2023-09-05T07:11:25","guid":{"rendered":"https:\/\/enjusticia.es\/?p=887"},"modified":"2023-09-05T07:11:29","modified_gmt":"2023-09-05T07:11:29","slug":"decretos-leyes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enjusticia.es\/?p=887","title":{"rendered":"Decretos – Leyes"},"content":{"rendered":"\n

El d\u00eda 29 de junio, todos amanecimos en nuestros grupos de WhatsApp con \u201cla feliz noticia\u201d de que se hab\u00eda publicado en el BOE el Real Decreto-Ley 5\/2023 de 28 de junio, en el que en 224 p\u00e1ginas de \u201cextraordinaria y urgente necesidad\u201d,<\/em> se modificaba un sinf\u00edn de normas que en mayor o menor medida afectaban a los compa\u00f1eros de todos los \u00f3rdenes jurisdiccionales, incluidos los del Tribunal Supremo, ah\u00ed es nada.<\/p>\n\n\n\n

Yo, que ando por la jurisdicci\u00f3n Contencioso-Administrativa, y siempre tengo esa man\u00eda profesional de revisar<\/em> todo lo que procede de la Administraci\u00f3n, lo primero que me llamo la atenci\u00f3n es buscar esa extraordinaria y urgente necesidad, <\/em>en tan extenso texto normativo.<\/p>\n\n\n\n

Lees el t\u00edtulo del Real Decreto, \u201c<\/em> por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias econ\u00f3micas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucci\u00f3n de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposici\u00f3n de Directivas de la Uni\u00f3n Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliaci\u00f3n de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecuci\u00f3n y cumplimiento del Derecho de la Uni\u00f3n Europea<\/em>.\u201d, y as\u00ed, en principio no suena que sea una extraordinaria y urgente necesidad<\/em>, sino m\u00e1s bien el continuar adoptando unas medidas que ya se aplicaban (criterio pol\u00edtico de continuidad), transponer unas directivas (obligaci\u00f3n previsible del Gobierno impuesta por el ordenamiento de la Uni\u00f3n Europea para llevar a cabo una regulaci\u00f3n en el plazo establecido); o de ejecuci\u00f3n y cumplimiento. En fin, nada que sea extraordinario <\/em>y urgente.<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Y claro, esto, que en los tiempos que corren es de los m\u00e1s normal, sin embargo, debe decirse, desde mi punto de vista, que es una anormalidad democr\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un art\u00edculo publicado en el diario \u201cEl mundo\u201d en abril de 2023, desde que Pedro S\u00e1nchez<\/a> se convirti\u00f3 en presidente del Gobierno el 1 de junio de 2018 su ejecutivo ha batido un r\u00e9cord en el uso de la f\u00f3rmula del decreto-ley, aprobando 138 decretos leyes (a fecha del art\u00edculo).  Seg\u00fan se publica en el mismo art\u00edculo period\u00edstico, los otros gobiernos de la democracia han aprobado; el Gobierno de la UCD, presidido por Adolfo Su\u00e1rez<\/a>, un total de 51 decretos-ley. Por su parte, los gobiernos de Felipe Gonz\u00e1lez<\/a>, durante 14 a\u00f1os, aprobaron 129; Jos\u00e9 Mar\u00eda Aznar<\/a> fue presidente de Gobierno a lo largo de dos legislaturas completas y el n\u00famero de decretos se elev\u00f3 a 130. Durante los siete a\u00f1os de Gobierno de Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero<\/a> se evacuaron un total de 108. Y, por \u00faltimo, entre 2011 y junio de 2018, los gobiernos de Mariano Rajoy<\/a> convalidaron un total de 127 decretos-ley.<\/p>\n\n\n\n

El Real Decreto-Ley se regula en el art. 86 de la Constituci\u00f3n, en el que se establece que;<\/p>\n\n\n\n

\u201c1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podr\u00e1 dictar disposiciones legislativas provisionales que tomar\u00e1n la forma de Decretos-leyes y que no podr\u00e1n afectar al ordenamiento de las instituciones b\u00e1sicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T\u00edtulo I, al r\u00e9gimen de las Comunidades Aut\u00f3nomas ni al Derecho electoral general.<\/em><\/p>\n\n\n\n

2. Los Decretos-leyes deber\u00e1n ser inmediatamente sometidos a debate y votaci\u00f3n de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta d\u00edas siguientes a su promulgaci\u00f3n. El Congreso habr\u00e1 de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidaci\u00f3n o derogaci\u00f3n, para lo cual el Reglamento establecer\u00e1 un procedimiento especial y sumario.<\/em><\/p>\n\n\n\n

3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podr\u00e1n tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

Por tanto, el presupuesto b\u00e1sico para la regulaci\u00f3n v\u00eda decreto-ley ser\u00e1 que concurra una extraordinaria y urgente necesidad<\/em>, y que, adem\u00e1s, esa necesidad imperiosa de legislaci\u00f3n r\u00e1pida e inminente no pueda ser satisfecha por los cauces parlamentarios de elaboraci\u00f3n de la leyes, tanto en el procedimeinto ordinario como en el extraordinario, donde se acortan los plazos, y ello porque, a trav\u00e9s de esta v\u00eda se usurpa <\/em>la competencia de legislar a quien leg\u00edtimamente la tiene atribuida, es decir, a las Cortes Generales, que son las que representan al pueblo espa\u00f1ol (art. 66 CE).<\/p>\n\n\n\n

La Sentencia del Tribunal Constitucional n\u00famero 110\/2021, estableci\u00f3 que, \u201ca) \u00abel recurso al decreto-ley se justifica solo ante un caso objetivo de extraordinaria y urgente necesidad; esto es, ante una coyuntura en la que se haga presente la exigencia impostergable de una intervenci\u00f3n normativa inmediata solo atendible eficazmente mediante estas disposiciones legislativas provisionales; algo muy distinto, en suma, a la simple conveniencia de contar, cuanto antes, con la norma que, en un momento u otro, se estime por el Gobierno oportuna. Estas \u00faltimas apreciaciones pueden ser muy respetables, pero su mero enunciado no justifica el desplazamiento de la potestad legislativa de las Cortes Generales (  art. 66.2 CE  ) y, con ella, de la intervenci\u00f3n de las minor\u00edas en el procedimiento parlamentario\u201d.<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Como dec\u00eda, supone el decreto-ley una anormalidad democr\u00e1tica <\/em>puesto que el poder ejecutivo hace las funciones de legislador, siendo que \u00e9ste no tiene atribuida dicha competencia, por ello, s\u00f3lo puede justificar esa posibilidad de que el poder ejecutivo invada <\/em>competencias del poder legislativo en que concurra una situaci\u00f3n excepcional de, necesaria y urgente necesidad. <\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Y a mi juicio, lo que resulta cuanto menos alarmante, es que en los \u00faltimos tiempos esas situaciones tan excepcionales se den con tanta frecuencia. Y digo que es alarmante porque ni el Congreso de los Diputados, ni a la postre el Tribunal Constitucional, los \u00f3rganos encargados de fiscalizar la actuaci\u00f3n del Gobierno en el dictado de decretos-leyes han censurado que en ellos no concurran tal presupuesto de extraordinaria y urgente necesidad,<\/em> por lo que debemos presumir que existe, y por tanto est\u00e1 legitimado, el poder legislar por quien no tiene el mandato constitucional de hacerlo. De manera que, habi\u00e9ndose convalidado el Real Decreto-Ley 5\/2023 de 28 de junio, por Resoluci\u00f3n de 26 de julio de la Diputaci\u00f3n Permanente del Congreso de los Diputados, y no constando la interposici\u00f3n de recurso de inconstitucionalidad, se da por hecho de que las medidas de a<\/em>poyo a la reconstrucci\u00f3n de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad <\/em>o la modificaci\u00f3n del art\u00edculo 37.2 de la Ley de la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa Administrativa relativa al pleito testigo en el procedimiento contencioso-administrativo introduciendo un nuevo supuesto de suspensi\u00f3n, supongan situaciones que por circunstancias dif\u00edciles o imposibles de prever, requieren una acci\u00f3n normativa inmediata o en que las coyunturas econ\u00f3micas exigen una r\u00e1pida respuesta.<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Solo queda reflexionar acerca de cuanto m\u00e1s podemos estirar los instrumentos jur\u00eddicos con los que cuenta el Estado de Derecho para amoldarlos a situaciones que no se corresponden con la naturaleza de los mismos, sin que queden tan deformes que ni siquiera se reconozcan, en detrimento de la separaci\u00f3n de poderes esencial para garantizar la democracia.<\/p>\n\n\n\n

D\u00f1a. Sonia Mart\u00edn Pastor.<\/p>\n\n\n\n

Jueza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n\u00ba 3 de Palma de Mallorca.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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