Como acontece con cualquier cuerpo normativo, a la regulaci\u00f3n en materia de abstenci\u00f3n y recusaci\u00f3n tambi\u00e9n se le puede \u201csacar punta\u201d. Goza de una sistem\u00e1tica completa para el proceso civil en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, que abarca a nivel subjetivo a todos los operadores integrados en el organigrama judicial -susceptibles de ser recusados, o de plantear su abstenci\u00f3n-, y de un exhaustivo y cuidadoso detalle a nivel procedimental. <\/p>\n\n\n\n
Su valioso car\u00e1cter supletorio, ex. art\u00edculo 4, permite que se haga aplicable a los dem\u00e1s \u00f3rdenes, en defecto de disposiciones en sus respectivas leyes regulatorias. Cuesti\u00f3n de suma utilidad, entre otros, a efectos de actualizar lo tocante al proceso penal. As\u00ed, se advierte que la Ley de Enjuiciamiento Criminal mantiene la misma estructura normativa entre sus art\u00edculos 52 a 117 que la que conformaba la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 en sus art\u00edculos 188 a 247, con referencias de toque ya vintage <\/em>a los jueces municipales, o a los asesores y auxiliares de los jueces, con menci\u00f3n en este \u00faltimo caso incluso a Relatores y Escribanos de C\u00e1mara.<\/p>\n\n\n\n Al hilo de la regulaci\u00f3n de la materia en la legislaci\u00f3n civil, y pese a las bondades y virtudes que se hacen en la anterior y sint\u00e9tica descripci\u00f3n, llama la atenci\u00f3n que el legislador no aprovechara la ocasi\u00f3n para evitar las remisiones a otros textos normativos en cuestiones de m\u00e1xima relevancia, como de hecho constituyen las propias causas de abstenci\u00f3n y recusaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n A tal efecto, acudimos a trav\u00e9s del art\u00edculo 99 LEC en su p\u00e1rrafo segundo, al contenido de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial, que nos ofrece un amplio espectro de motivos en su precepto 219 que, no obstante ser un sistema numerus clausus<\/em>, permite a las partes tratar de reconducir con ingenio la concreta causa invocada hacia alguna de las incardinadas en el precepto. As\u00ed, pese a que la sola alegaci\u00f3n de alguna motivaci\u00f3n no subsumida expresamente en aquellas deber\u00eda producir el efecto procesal de su inadmisi\u00f3n limitar, lo anterior se entiende, en todo caso, sin perjuicio de la irrelevancia del nomen iuris<\/em> propuesto por el recusante si la recusaci\u00f3n o abstenci\u00f3n llegare a ser admitida a tr\u00e1mite.<\/p>\n\n\n\n Del mismo modo, la lectura sosegada y paciente de las previsiones legales contenidas en los art\u00edculos 99 a 128 LEC permite plantearse multitud de supuestos y cuestiones pr\u00e1cticas que, a ciencia cierta, son las frecuentemente detectables por el ojo del jurista \u00e1vido de hallar respuesta a su casu\u00edstica particular:<\/p>\n\n\n\n V\u00e9ase un hipot\u00e9tico escenario propio de un partido judicial \u201cde trinchera\u201d que, por su reducida dimensi\u00f3n y hogare\u00f1o ambiente, permite forjar grandes lazos de uni\u00f3n, y por las mismas de desuni\u00f3n, con los distintos operadores jur\u00eddicos. En este caso, \u00bfQu\u00e9 capacidad de actuaci\u00f3n tendr\u00eda el litigante que conoce de la existencia de una causa de enemistad manifiesta entre su abogado y el Juez competente para el conocimiento de su asunto? El Tribunal Constitucional ha venido estableciendo como doctrina general (entre otros, ya desde el ATC n\u00fam. 117\/1997 de 23 de abril) que, entendi\u00e9ndose el deber de imparcialidad respecto de las partes y no en relaci\u00f3n a sus asesores t\u00e9cnicos, la soluci\u00f3n nunca pasa por apartar al Juez competente predeterminado por la Ley. De tal forma, ata\u00f1e a la propia parte litigante, e interesada, decidir acerca de la continuidad del v\u00ednculo con su abogado, en el que pudiera concurrir alg\u00fan tipo de incompatibilidad personal, bien sea con el Juez o con cualquier otro operador jur\u00eddico al servicio de la Administraci\u00f3n de Justicia.<\/p>\n\n\n\n En el mismo sentido, ese mismo escenario podr\u00eda dibujar la siguiente actuaci\u00f3n: \u00bfPodr\u00eda un juez sustituto ser designado instructor de un incidente de recusaci\u00f3n? El art\u00edculo 108 LEC regula la competencia para instruir los incidentes de recusaci\u00f3n, y a tal efecto, contempla expresamente la referencia al turno establecido por orden de antig\u00fcedad. No obstante, especifica en el segundo p\u00e1rrafo del apartado sexto que aquella se rige por el orden de escalaf\u00f3n en la carrera judicial.<\/p>\n\n\n\n En consecuencia, el legislador muestra su preferencia, como lo es tambi\u00e9n la tendencia gubernativa, a adoptar medidas en favor de la llamada profesionalizaci\u00f3n <\/em>de la Carrera judicial. Por ello, el determinado supuesto no ser\u00eda habitual en la pr\u00e1ctica, sin perjuicio de que -de forma excepcional y si as\u00ed lo aconsejaren las particulares vicisitudes que acontecieran en un partido judicial-, la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal Superior de Justicia podr\u00eda adoptar un acuerdo expreso a tal efecto, si lo valoraran como conveniente.<\/p>\n\n\n\n En otro orden de cosas, y salvo sorpresa may\u00fascula, uno tampoco cae en la cuenta del vac\u00edo normativo existente en torno a la materia de imposici\u00f3n multas por mala fe en el caso de la recusaci\u00f3n de peritos, hasta que se topa con el asunto sobre su mesa. O bien, hasta que se enfrasca en divagar sobre lo humano y lo divino con ocasi\u00f3n del post <\/em>que tiene asignado para ma\u00f1ana en el Blog En_Justicia.<\/p>\n\n\n\n A este respecto, el art\u00edculo 128 LEC se remite a la regulaci\u00f3n de la recusaci\u00f3n de Jueces y Magistrados pero exclusivamente en materia de costas. No as\u00ed a cuanto a la posibilidad de imposici\u00f3n de multas. En cambio, en el caso del incidente planteado frente a aquellos, el art\u00edculo 112.1 LEC s\u00ed prev\u00e9 multas de 180 a 6.000 euros.<\/p>\n\n\n\n No se alcanzan a entender las razones para el diferente criterio legislativo si la actitud contraria a las normas de la buena fe se encamina a recusar a un juez, o a un perito judicial. M\u00e1s a\u00fan si cabe teniendo en cuenta que el r\u00e9gimen jur\u00eddico de la tacha de peritos privados, ex. art. 344.2 LEC, s\u00ed contempla multas de 60 a 600 euros si se apreciase temeridad o deslealtad procesal en la tacha planteada. De la misma forma, la antigua LEC de 1881, dedicaba su art\u00edculo 625 a la posibilidad de condena -en caso de desestimaci\u00f3n de la recusaci\u00f3n de un perito- al abono por v\u00eda de indemnizaci\u00f3n, en la cantidad que se estimase judicialmente oportuna y que no excediese de 200 pesetas. Todo lo cual invita a pensar que nos hallamos ante un olvido del legislador.<\/p>\n\n\n\n Pese a ello, lo cierto es que no se considera procedente la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de la regulaci\u00f3n del art\u00edculo 112 LEC en sus exactos t\u00e9rminos, al ser una norma sancionadora. La soluci\u00f3n pasar\u00eda por la posible sanci\u00f3n de las conductas fraudulentas de un recusante al amparo de la vulneraci\u00f3n del principio de buena fe procesal, ex art\u00edculo 247 LEC. De hecho, se da la coincidencia en la cuant\u00eda de la multa con la prevista en el mencionado 112.1 LEC: de 180 a 600 euros.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, merece una menci\u00f3n la dedicaci\u00f3n por parte de la LEC de un completo articulado (120-123), regulatorio del procedimiento en caso de recusaci\u00f3n de funcionarios judiciales. Incidente que gozar\u00e1 de naturaleza gubernativa, y de poca, por no decir nula, aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Ante cualquier tipo de eventualidad que pudiera general reservas o reticencias a las partes -m\u00ednimamente fundadas- por la posible vinculaci\u00f3n de un funcionario con el objeto del procedimiento, lo aconsejable ser\u00eda anticiparse a los acontecimientos. As\u00ed, toda vez que no concurre el derecho al funcionario predeterminado por la Ley y que la distribuci\u00f3n de puestos de trabajo compete al criterio y superior direcci\u00f3n del Letrado de la Administraci\u00f3n de Justicia, lo procedente ser\u00eda designar para el conocimiento del asunto en cuesti\u00f3n al funcionario del Juzgado con id\u00e9ntica categor\u00eda que pudiera suplir al susceptible de recusaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Finalmente, cuestiones menos prosaicas y m\u00e1s accesibles a la inquietud de cualquier jurista, constituir\u00edan el an\u00e1lisis sobre la imposibilidad de plantear incidente de recusaci\u00f3n frente a un miembro del Ministerio Fiscal (art\u00edculo 96 LECrim) o asimismo, la aparente imposibilidad de recusar al Equipo t\u00e9cnico o psicosocial adscrito al Juzgado (al no haber sido designados por sorteo, de conformidad con la previsi\u00f3n del art\u00edculo 124.1 LEC). Del mismo modo, la objeci\u00f3n de conciencia de cualquier operador jur\u00eddico- v\u00e9ase lo interesante de esta tem\u00e1tica en torno a los peritos judiciales y el C\u00f3digo Deontol\u00f3gico M\u00e9dico-. Aspectos que merecen un debate m\u00e1s elevado y propio de un art\u00edculo exclusivo sobre el que empezar a trabajar.<\/p>\n\n\n\n Marta P. Canals Lardi\u00e9s<\/p>\n\n\n\n Principio del formulario<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Como acontece con cualquier cuerpo normativo, a la regulaci\u00f3n en materia de abstenci\u00f3n y recusaci\u00f3n tambi\u00e9n se le puede \u201csacar punta\u201d. Goza de una sistem\u00e1tica completa para el proceso civil en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, que abarca a nivel subjetivo a todos los operadores integrados en el organigrama judicial -susceptibles de ser recusados, o de plantear su abstenci\u00f3n-, y de un exhaustivo y cuidadoso detalle a nivel procedimental. Su valioso car\u00e1cter supletorio, ex. art\u00edculo 4, permite que…<\/p>\n