{"id":93,"date":"2016-06-22T23:24:13","date_gmt":"2016-06-22T23:24:13","guid":{"rendered":"http:\/\/enjusticia.es\/?p=93"},"modified":"2016-06-22T23:40:44","modified_gmt":"2016-06-22T23:40:44","slug":"juez-del-concurso-despues-del-convenio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enjusticia.es\/?p=93","title":{"rendered":"El juez del concurso despu\u00e9s del convenio."},"content":{"rendered":"

\"gavel-1017953_1920\"En el reciente BOE de 27 de abril de 2016<\/a> se ha publicado la \u00faltima resoluci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado (DGRN) que se adentra en materia concursal, de 4 de abril de 2016, en la que el referido centro directivo se pronuncia una vez m\u00e1s sobre la competencia del juez del concurso. En esta ocasi\u00f3n, en nuestra opini\u00f3n, de forma acertada.<\/p>\n

La resoluci\u00f3n de la DGRN trae causa del recurso gubernativo interpuesto directamente contra la nota de calificaci\u00f3n del Registro de la Propiedad n\u00fam. 6 de Sabadell por la que se suspend\u00eda la expedici\u00f3n de una certificaci\u00f3n de dominio y cargas del art. 688 de la LEC que hab\u00eda sido solicitada por la parte ejecutante en un procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria seguido respecto de una finca registral propiedad de una sociedad mercantil declarada en concurso. La nota de calificaci\u00f3n recurrida fue emitida en un momento en el que ya era firme la sentencia mediante la que el Juzgado de lo Mercantil de Le\u00f3n hab\u00eda aprobado la propuesta de convenio presentada por la concursada.<\/p>\n

El Registro de la Propiedad calific\u00f3 negativamente y suspendi\u00f3 la expedici\u00f3n de la certificaci\u00f3n solicitada al entender que para ello resultaba necesaria una previa resoluci\u00f3n del juez del concurso que declarase que el bien inmueble concernido no era necesario para la continuidad de la actividad empresarial de la concursada.<\/p>\n

La DGRN estima el recurso y revoca la nota de calificaci\u00f3n registral.<\/p>\n

<\/p>\n

El convenio concursal.<\/strong><\/p>\n

El concurso es un procedimiento judicial colectivo o de car\u00e1cter universal que persigue la satisfacci\u00f3n ordenada de los acreedores en caso de insolvencia del deudor com\u00fan y que puede concluir alternativamente con un convenio concursal (como soluci\u00f3n conservativa) o con la liquidaci\u00f3n (como soluci\u00f3n liquidativa).<\/p>\n

Dentro del concurso, el convenio es un negocio jur\u00eddico fundamentado en el acuerdo de voluntades entre el deudor com\u00fan y la colectividad de sus acreedores, que es homologado por el juez del concurso y que tiene por objeto la satisfacci\u00f3n de los acreedores mediante un procedimiento distinto al de la liquidaci\u00f3n.<\/p>\n

Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Concursal (LC), y en sede del procedimiento de quiebra, la STS, Sala 1\u00aa, 27-2-1993, <\/strong>defini\u00f3 al convenio en los siguientes t\u00e9rminos: el convenio es un acuerdo de voluntades entre el deudor y la masa de acreedores concurrentes al juicio universal para la satisfacci\u00f3n de sus cr\u00e9ditos mediante la liquidaci\u00f3n de su haber patrimonial por procedimiento diverso al juicio de quiebra y que es sancionado por la autoridad judicial que act\u00faa as\u00ed como controlador de su legalidad.<\/p>\n

Cuesti\u00f3n de fondo.<\/strong><\/p>\n

La cuesti\u00f3n de fondo que principalmente subyace de la resoluci\u00f3n de la DGRN que comentamos es la relativa a la extensi\u00f3n de la competencia juez del concurso m\u00e1s all\u00e1 del convenio concursal aprobado por sentencia firme<\/u>, y en particular, respecto de bienes afectos a cr\u00e9ditos con privilegio especial, como sucede paradigm\u00e1ticamente con los bienes inmuebles hipotecados.<\/p>\n

La norma jur\u00eddica de la que debemos partir es el art\u00edculo 133.2 de la LC, cuyo primer inciso establece que \u201cDesde la eficacia del convenio cesar\u00e1n todos los efectos de la declaraci\u00f3n de concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio (…)\u201d. Y la regla general es que el convenio adquiere eficacia no desde la firmeza de la sentencia que lo aprueba, sino desde la fecha en que dicha sentencia se dicta (art. 133.1 LC).<\/p>\n

Por tanto, una vez aprobado el convenio cesan los efectos derivados de la intervenci\u00f3n o suspensi\u00f3n de las facultades del concursado sobre su patrimonio, y tales efectos quedar\u00e1n desde entonces sustituidos por los que se establezcan en el convenio. El deudor quedar\u00e1 vinculado al concreto contenido del convenio, y en particular a las medidas que sobre sus bienes, derechos y obligaciones hayan sido establecidas en el mismo. Y la eficacia subjetiva del convenio se extiende al deudor y a sus acreedores. A este respecto debe destacarse que tras la reforma operada en la LC por la Ley 9\/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, podr\u00e1n incluso quedar vinculados al convenio acreedores privilegiados que no se adhirieron a la propuesta de convenio siempre que concurran unas determinadas mayor\u00edas dentro de cada clase de acreedores. Estamos ante una renovada fuerza de arrastre<\/strong> del convenio concursal (art. 134.3 LC).<\/p>\n

Y precisamente porque la aprobaci\u00f3n del convenio supone el cese de los efectos derivados de la declaraci\u00f3n del concurso, una vez aprobado el convenio devienen inaplicables, entre otros, los art\u00edculos 55, 56 y 57 de la LC, siempre sin perjuicio de las previsiones o medidas adoptadas en el convenio que tengan naturaleza patrimonial m\u00e1s all\u00e1 de los pactos de quita o espera, como pueden ser las concernientes a determinados bienes inmuebles con garant\u00eda real.<\/p>\n

El periodo de \u201cenfriamiento\u201d del art. 56.1 de la LC tiene por finalidad reforzar las posibilidades de \u201c\u00e9xito\u201d del procedimiento concursal, protegiendo temporalmente los activos m\u00e1s valiosos del deudor, que normalmente son bienes inmuebles. Se trata de una norma jur\u00eddica imperativa que se impone tanto a los \u00f3rganos jurisdiccionales como a los Registros de la Propiedad (STS, Sala 1\u00aa, de 28 de junio de 2013)<\/strong>. En caso de bienes no necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, tales bienes no estar\u00e1n amparados por las especialidades de los art\u00edculos 55, 56 y 57 de la LC. En todo caso, es competencia exclusiva del juez del concurso determinar si un bien del concursado resulta necesario o no para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor (art. 56.5 LC).<\/p>\n

Si la propuesta de convenio aprobada judicialmente no afecta a los acreedores hipotecarios, como suced\u00eda en este caso, la aprobaci\u00f3n del convenio tendr\u00e1 una incidencia directa sobre los procedimientos de ejecuci\u00f3n hipotecaria, pues determinar\u00e1 el levantamiento de la suspensi\u00f3n de los procedimientos ejecutivos sobre bienes del concursado que fueron declarados necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial.<\/p>\n

Asimismo, hay que diferenciar entre el cese de los efectos de la declaraci\u00f3n de concurso, que se produce con la eficacia del convenio una vez es dictada la sentencia que lo aprueba, y la conclusi\u00f3n del concurso propiamente dicha. Una vez aprobado el convenio el procedimiento concursal subsiste en un estado que la doctrina cient\u00edfica denomina concurso yacente,<\/strong> entendido \u00e9ste como la situaci\u00f3n en que se encuentra provisionalmente el procedimiento concursal entre la fecha de la aprobaci\u00f3n judicial del convenio y el auto firme que lo declara cumplido o caducadas las acciones de incumplimiento (STS, Sala 1\u00aa, n\u00fam. 229\/2016, de 8 de abril; RDGRN de 24-10-2014)<\/strong>.<\/p>\n

Conclusi\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

El \u00fanico obst\u00e1culo para que un acreedor hipotecario pueda ejecutar separadamente su garant\u00eda, incluso cuando tenga por objeto un bien necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, es que el convenio aprobado judicialmente contenga medidas que afecten al ejercicio de ese derecho, en cuyo caso el r\u00e9gimen jur\u00eddico para la realizaci\u00f3n de la garant\u00eda ser\u00e1 el que espec\u00edficamente resulte del convenio, y esta circunstancia podr\u00e1 ser alegada ante el juez del concurso por el deudor, por el acreedor hipotecario o por cualquiera que acredite un inter\u00e9s leg\u00edtimo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En el reciente BOE de 27 de abril de 2016 se ha publicado la \u00faltima resoluci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado (DGRN) que se adentra en materia concursal, de 4 de abril de 2016, en la que el referido centro directivo se pronuncia una vez m\u00e1s sobre la competencia del juez del concurso. En esta ocasi\u00f3n, en nuestra opini\u00f3n, de forma acertada. La resoluci\u00f3n de la DGRN trae causa del recurso gubernativo interpuesto directamente contra…<\/p>\n

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