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Conversando con Rosario Jiménez Rubio, Decana Territorial del Colegio de Registradores de Andalucía Oriental.

El Convenio Jurídico-Formativo entre APM, el Colegio de Registradores, Colegio Notarial de Andalucía y los Colegios de Abogados de Almería, Granada, Jaén y Malaga nos permite afrontar juntos, desde distintas perspectivas, algunas cuestiones jurídicas que de otro modo, cada uno resolvería sin contrastar con otros enfoques.

Hace ya más de año y medio que en la Sala Antonio Angulo del Edificio Judicial de la Caleta (Granada), se firmó un convenio de colaboración jurídico-formativo de la Subsección Territorial de Andalucía Oriental de la Asociación Profesional con el Ilustre Colegio Notarial De Andalucía, el Ilustre Colegio De Registradores de la Propiedad (Decanato Territorial De Andalucía), los Ilustres Colegios de Abogados de Almería, Granada, Jaén y Málaga.

El objetivo del mismo es la realización de actividades de carácter formativo dirigidas a profesionales del derecho en cada una de las 4 provincias andaluzas de Almería, Granada, Jaén y Málaga. Dichas actividades se realizarán en forma de charlas, mesas redondas, cafés-coloquios o cualquier otra fórmula similar a las anteriores y que sean acordadas en cada Provincia por los miembros coordinadores de las mimas. Con este iniciativa Jueces, Notarios, Registradores y Abogados han puesto en común aquellos problemas comunes a las profesiones jurídicas y a que afectan a la Justicia, y debatido sobre aquellas cuestiones de mayor actualidad o relevancia. Está prevista además la incorporación a este convenio de las Universidades de Almería, Granada, Jaén y Málaga para que profesores y alumnos de las Facultades de Derecho puedan participar de aquellos aspectos más prácticos de las distintas profesiones jurídicas.

La jornada inaugural fue el 17 de mayo de 2019 en la Facultad de Derecho de Granada, con 18h D. Miguel Olmedo Cardenete, Decano de la Facultad como anfitrión, presentada por D. Alberto del Águila Alarcón, Presidente de la Subsección Territorial APM Andalucía Oriental e inaugurada por el Excmo. Sr. D. Lorenzo del Río Fernández, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La Mesa Redonda consistió en “La retribución de los administradores sociales en la Ley de Sociedades de Capital” y contó como ponentes con Dña. María José Fernández Alcalá, Magistrada Juez de Adscripción Territorial del Juzgado de lo Mercantil de Granada, Dña. Cristina Palma López, Registradora Mercantil de Granada, D. Antonio Juan García Amezcua, Notario de Granada y D. Luis Sánchez Pérez, Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Granada. Para finalizar la clausura se realizó por D. Manuel Almenar Belenguer, Presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura y se dio paso a una animada copa de vino español que dio lugar a muchas interesantes discusiones jurídicas.

 El éxito fue repetido con más intensidad si cabe en Jaén y con una amplia difusión del encuentro en los medios de comunicación. El 11 de octubre de 2019, en el Aula de Cultura, Diputación Provincial de Jaén, nos dieron la Bienvenida D. Francisco Reyes Martínez, Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, D. Rafael Morales Ortega, Magistrado, Presidente de la Audiencia Provincial de Jaén y Vicepresidente de la Sección, y D. Alberto Del Aguila Alarcon, Magistrado y Presidente de la Subsección Territorial de Andalucía Oriental.

En este caso, las jornadas tuvieron un marcado carácter social y un punto solidario con la conferencia inaugural fue a cargo del Padre Ángel, Fundador y Presidente de la ONG Mensajeros de la Paz. Posteriormente de manera multidisciplinar en ámbitos éticos y sociales charlaron D. Miguel Ángel Fernández Cruz, Registrador de la Propiedad de Baeza, Dª Manuela Rosa Ruíz Torres, Abogada del Iltre. Colegio de Abogados de Jaén, D. Jose Messía Alarcón, Notario de Jaén y D. Miguel Ortega Delgado, Magistrado del Juzgado de 1a Instancia no 6 y de Familia de Jaén. Estas jornadas además permitieron que los asistentes que así lo desearan hicieran donaciones a la ONG Mensajeros de la Paz, para así ayudar a la construcción de pozos de agua y letrinas en Fond Parisien (Haiti).

La tercera provincia fue Almería, el 29 de noviembre de 2019 con un lleno total en la Biblioteca Círculo Mercantil de Almería. La bienvenida fue a cargo de D. Manuel José Rey Bellot, delegado provincial APM Almería. La mesa redonda y Coloquio posterior versó sobre “Incapacidades y restricciones de las facultades de disposición patrimonial” y tuvo como ponentes a Dña. María Soledad Jiménez de Cisneros Cid,        Magistrada Juez de la Audiencia Provincial de Almería, D. Juan Manuel García Torrecillas, Registrador de la Propiedad de Vera, D. Jorge Díaz Cadórniga, Notario de Vera y D. Diego Álamo Felices, Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Almería.

Después de 3 jornadas en 3 provincias, cuando estaba todo casi organizado, con ponentes y lugar para hacer una cuarta sesión del Convenio, esta vez en el Colegio de Registradores de Málaga, y sobre el tema de la conciliación, llegó el COVID19, las medidas de confinamiento y la distancia social, lo que provocó la paralización de su desarrollo. En este tipo de actos el contacto personal, las relaciones que se crean, y por qué no decirlo, las charlas y debates que surgen después, son quizás de los aspectos más interesantes de su desarrollo. Por prudencia, esta iniciativa ha quedado paralizada, pero no muerta, y espera mejores momentos para volver a encontrarnos. Es por ello, que hemos querido preguntarle a Rosario Jiménez Rubio, Decana Territorial del Colegio de Registradores en Andalucía Oriental sobre esta iniciativa y sobre otras cuantas cosas más.

Rosario fue Premio Extraordinario Fin de Carrera por la Facultad de Derecho de Granada y es Registradora de la Propiedad desde 2002, con plaza en La Carolina actualmente (Jaén). Es Decana Territorial del Colegio de Registradores en Andalucía Oriental desde 2016 y antes Delegada provincial de Palencia en 2004-2006, Secretaria de la Junta Territorial de Castilla-León, Secretaria y Vocal de Atención al Consumidor en el Decanato de Andalucía Oriental, desde 2006 hasta 2016. Es académica de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada desde 2018.

• Rosario, podrías contar para quién no lo sepa, qué hace un Registrador, cómo se hace uno registrador y por qué es importante la función registral.

El registrador es el funcionario que se encarga de la calificación e inscripción de los documentos que acceden al Registro de la Propiedad, Mercantil o de Bienes Muebles. Es un profesional con una formación jurídica muy amplia (fiscal, civil, mercantil, procesal…) que tiene que velar para que solamente se inscriban aquellos documentos, una vez calificados por el registrador, que efectivamente van a poder tener efectos frente a terceros. Solamente aquellos que cumplan todos los requisitos acceden al Registro y desde ese momento, protegen al titular, de forma que solamente un juez puede hacer decaer esa legitimación y esa prioridad que la ley les atribuye. La importancia de esa función, en pocas palabras es, evitar que sobre las titularidades o sobre el contenido de los derechos ( o sus límites) se generen conflictos. Es una función que permite que un funcionario independiente, que accede al Cuerpo por oposición, evite el surgimiento de miles de disputas en los tribunales sobre cuestiones que constan en los libros registrales. El sistema español de Registros permite que sobre esos potentes efectos que tienen las inscripciones no pueda surgir disputa alguna, como sí sucede en otros países. El nuestro, como el alemán, da una fuerza frente a todos a la inscripción registral y sobre esa base, el mercado y el ciudadano confían en sus pronunciamientos, y ello permite abaratar el coste de los inmuebles, que de otra manera tendrían que comercializarse además con un sobrecoste consistente en la garantía que permita cubrir el margen de inseguridad o la falta de certeza acerca de los verdaderos titulares de los inmuebles o el contenido de los derechos. Es una gran responsabilidad la del registrador, y una importante función la nuestra.

• Desde hace tiempo se viene cuestionando el sistema de oposiciones para jueces, pero sin embargo nunca se dice nada de otras oposiciones para altos funcionarios como notarios, registradores, inspectores de Hacienda o de Trabajo, abogados del Estado o Rosario Jiménez Rubio. Foto de ideal.es diplomáticos y básicamente en todas ellas el proceso suele ser muy similar con pequeñas variaciones, ¿qué opinas del sistema de acceso por oposición a alto funcionariado? ¿tenéis algún tipo de beca para la preparación de oposiciones, lo ves necesario?

El sistema de acceso por oposición es un sistema objetivo. Permite que cualquiera pueda acceder a las profesiones jurídicas citadas, pero también a otras muchas. El Colegio de Registradores además, tiene un buen número de academias de preparación de oposiciones, y un sistema de becas para los alumnos que, acreditando el rendimiento en las oposiciones, deseen hacer uso de ellas. Se modifican los programas de oposiciones cada cierto tiempo para adaptarlos a las materias más actuales,y para introducir contenidos, pero una cosa es actualizar las materias y otra poner en duda el sistema. El sistema de oposiciones es un sistema objetivo, y mide parámetros de conocimiento teórico, aunque también existen dos ejercicios prácticos que permiten evaluar el conocimiento práctico en cierto modo. A lo largo de la vida profesional, el funcionario ( como cualquier otro profesional) va adquiriendo y acumulando experiencias, intuición, habilidad, y lo deseable es que ello le enriquezca. En el momento de acceder, en la gran mayoría de los casos estamos hablando de jóvenes juristas que no deben tener otra cosa que conocimientos y herramientas para poder ponerlos en práctica. Y la forma de evaluarlos, debe ser la más aséptica, independiente y objetiva posible. Más aún en el caso de los jueces que, además, son una institución cuya independencia está garantizada constitucionalmente, y uno de los tres poderes que existen en un Estado de Derecho, caracterizado por la separación de los mismos. La independencia judicial ha de preservarse desde el momento del acceso de los jueces. Cuestionar el sistema de acceso puede, desde ese punto de vista, tener unas consecuencias gravísimas si lo que se pretende es introducir elementos subjetivos que puedan poder en peligro esa independencia.

• Como Decana Territorial de Andalucía Oriental del Colegio de Registradores, ¿qué funciones desarrolláis en el Colegio?

Los Colegios, y el nuestro como otros, sirven para aglutinar a los profesionales bajo un paraguas que les permita organizarse, coordinar las actuaciones, divulgar información y funcionar de forma
acompasada. La mía es una función de representación de los compañeros que ejercen en Andalucía Oriental, y llevar a cabo esas funciones del Colegio en este territorio, ya que el Colegio de Registradores es uno, nacional, y descentralizadamente se organiza en Decanatos, en las CCAA.

• Hace ya un año que se firmó el Convenio Jurídico Formativo entre APM, el Colegio de Registradores, el Colegio Notarial de Andalucía y los Colegios de Abogados de Almería, Granada, Jaén y Malaga, ¿qué valoración haces del mismo? ¿Qué opiniones te han transmitido tus compañeros sobre el aumento de la convivencia y conocimiento mutuo entre las distintas profesiones jurídicas?

Este convenio surgió en conversaciones de amigos, realmente. Fue la institucionalización de encuentros en los que teníamos el honor de participar unos cuantos amigos. Extenderlo fue una excelente idea, y permitió dar visibilidad a la amistad que nos unía, que muchos otros juristas se unieran a los foros, que se abriera a otros temas sobre los que de entrada no habíamos reflexionado y afrontar juntos, desde distintas perspectivas, algunas cuestiones jurídicas que de otro modo, cada uno resolvería sin contrastar con otros enfoques. En el Derecho, como siempre, cuando un problema se resuelve entre varios, se resuelve antes y con más garantías.

• ¿Qué opinión tienes de la Asociación Profesional de la Magistratura, asociación mayoritaria de jueces y magistrados?

Es una Asociación muy activa, en la que he encontrado amigos, muy comprometidos con la profesión, con la Justicia, y con entusiasmo para llevar a cabo iniciativas como esta, que, desde mi punto de vista, son importantes, porque todas las profesiones jurídicas debemos seguir conjuntamente los mismos objetivos en beneficio del servicio público que todos nosotros
prestamos.

•Por último, parece que la Justicia y los jueces españoles en los últimos años están inmersos en una espiral de ataques para menoscabar su reputación y legitimidad, nos gustaría saber qué opinión tienes de la Justicia y los jueces de nuestro país.

Los ataques al Poder Judicial, en su legitimación, no son aceptables, porque el Poder Judicial está en la base de un orden constitucional que no podemos cuestionar. La Justicia con mayúsculas, es un bastión del Estado de Derecho, y defender su independencia es responsabilidad de todos. Los Jueces y Magistrados españoles son profesionales excelentes, que luchan a diario con los miles de
conflictos que se plantean en una época especialmente convulsa. Hace tiempo que se viene reclamando por parte de Jueces y Magistrados una modernización de los juzgados, o el incremento de los recursos con que cuentan. Se encuentran a veces infradotados de medios y saturados de trabajo. Creo que hay que acometer reformar en la Administración de Justicia que permitan a Jueces y Magistrados poder ejercer su función con una dotación de recursos adecuada, modernizar las oficinas judiciales, y llevar a cabo mejoras reales, atendiendo sus demandas en beneficio de los
ciudadanos.

Esta semana se cumple un año del Congreso de la APM celebrado en Zaragoza entre los días 6 y 8 de noviembre de 2019. Entre las conclusiones de dicho encuentro, dentro de la Segunda Ponencia, relativa a “MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA”, se enunciaron las siguientes propuestas: “La creación de la figura del Juez Portavoz integrada en cada uno de los Tribunales Superiores de Justicia, e incompatible con la figura del portavoz asociativo. Que los jueces y magistrados puedan optar a recibir formación específica en materia comunicativa. En tanto no se implementen medidas como las referidas, se hace necesario favorecer la comunicación entre Gabinetes de Prensa de TSJ y los jueces y magistrados”.

            Puesto que ha transcurrido casi un año y esta figura no se ha creado, es un buen momento para recordar su utilidad y poner de relieve que se han dado algunos pasos en orden a su implementación. En primer lugar, debemos indicar que no se trata de una propuesta excepcional y desconocida sino que, conforme a las Recomendaciones de la Red de Consejos del Poder Judicial de Europa, ya se había solicitado por 37 de los 50 Presidentes de Audiencias Provinciales (AA PP) de España, en el marco de las XIX Jornadas Nacionales de Presidentes de AA PP, celebradas en Vitoria el día 12 de abril de 2019. A su vez, esta idea ya había sido apuntada en la clausura de las XXVIII Jornadas de Jueces y Juezas Decanos de España, celebradas en el mes de octubre de 2018 en Melilla.

            En esencia, se propone la configuración de un órgano de divulgación en cada una de las Comunidades Autónomas (CC AA), en colaboración directa y permanente con la Oficina de Comunicación de cada Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que sea un juez o magistrado del ámbito territorial correspondiente, y que opere como cauce técnico y explicativo para comentar cualquier asunto judicial noticiable, de interés público o de relevancia social. En cuanto a su estructura, en orden a su concreción, son admisibles varias alternativas: podría tratarse de un sistema unipersonal o colegiado, según las dimensiones de cada comunidad, de duración temporal –v.gr., 4 años-, que cuente con una exención de la carga de trabajo parcial o total –según las dimensiones territoriales y poblacionales de cada TSJ-, y que sea elegido por el conjunto de jueces y magistrados del territorio. Asimismo, habría de diferenciarse con nitidez de los portavoces de las asociaciones judiciales, toda vez que desarrollaría una función distinta y representaría al conjunto de profesionales de la comunidad. Este punto es de gran trascendencia y ha de incidirse en él: no se trata de configurar una representación autonómica de una asociación judicial, sino que el portavoz o divulgador únicamente tiene por misión velar por que la información que se transmite a la opinión pública sobre una causa judicial sea técnica, correcta, entendible y comprensible.

            No obstante, con esta creación no se pretende reducir o limitar las competencias de las Oficinas de Comunicación de cada TSJ, antes al contrario, dado que se optimizarían sus potencialidades mediante la aparición de una figura colaboradora, de perfil técnico, que estaría en condiciones de dar una respuesta temprana, directa y eficaz a las dudas e inquietudes que generasen los procedimientos judiciales con repercusión social y, por tanto, de relevancia mediática. Así las cosas, los gabinetes de prensa de cada TSJ continuarían siendo el cauce ante los medios de comunicación, si bien, en la labor de divulgación y explicación, contarían con el respaldo o refuerzo de un órgano especializado.

            Además, los esfuerzos de comunicación no solamente se deben centrar en el ámbito institucional, sino que es necesario que se adopte una conducta proactiva por parte de los órganos explicativos en los propios medios de comunicación de masas: sin caer en una sobreexposición o en una sobreactuación, ha de participarse en las distintas formas de expresión periodística –artículos en prensa escrita, tertulias radiofónicas y televisivas-, para evitar que en los espacios esenciales de formación de la opinión pública se dé una imagen distorsionada del quehacer diario de juzgados y tribunales, se pervierta el sentido de las resoluciones judiciales de un modo interesado y, en definitiva, se suministre a la opinión pública una caricatura falaz de la función judicial. Sin embargo, en la era de la transparencia, de la comunicación y de la información, han de cohonestarse tales principios con la normativa existente sobre protección de datos, que en los últimos tiempos ha experimentado una gran evolución y cuyo peso específico se ha incrementado notablemente. Por este motivo, ha de tomarse un especial cuidado en el tratamiento periodístico de las causas, en la información que se facilite y en su divulgación, tomando en consideración que, por encima del interés general en el conocimiento del proceso se encuentran los derechos de las personas enjuiciadas.

            Hemos de significar que la Sala de Gobierno del TSJ de Cataluña elevó al CGPJ una propuesta de creación de esta figura, por acuerdo del Pleno de dicha Sala de 29 de mayo de 2020 -que se puede consultar de modo íntegro el link http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/Sala-de-Gobierno/Acuerdos-Sala-de-Gobierno/Acta-del-Pleno-de-la-Sala-de-Gobierno-del-TSJ-Cataluna-de-29-de-mayo-de-2020 -, y por el que, en resumen, se pretendía la autorización, como prueba piloto en el ámbito del TSJ de Cataluña, de la implementación de la figura del Juez/a-divulgador. Si bien, dicho acuerdo contaba con un voto particular en contra, emitido por el Excmo. Sr. D. Jesús María Barrientos Pacho, Presidente del TSJ, en el que se consignaba que “el denominado Juez-divulgador, que no es sino un eufemismo para denominar a quien desempeña una función de comunicación en nombre o por cuenta de un grupo o corporación (en este caso se pretende que lo sea de la actividad judicial desarrollada en los órganos judiciales de Cataluña), en realidad desempeñaría una portavocía que en el actual marco orgánico y reglamentario viene reconocida en la persona del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, de forma que su viabilidad requeriría de una reforma legislativa, o al menos reglamentaria, que contemple la labor y la figura cuya designación promueve la mayoría de la Sala”.

            La propuesta fue valorada por la Comisión Permanente del CGPJ celebrada el 2 de julio de 2020. En ella se decidió: “Primero.- Tomar conocimiento y acusar recibo del acuerdo Cuatro adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su reunión de fecha 29 de mayo de 2020, sobre propuesta relativa a la autorización, como prueba piloto, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de la implementación de la figura del juez/a divulgador. Segundo.- Recordar que, de conformidad con lo razonado en el cuerpo de la propuesta, la responsabilidad de la comunicación institucional frente a los medios informativos, en relación con la actividad de los órganos jurisdiccionales, corresponde en exclusiva a los/las presidentes/as de los tribunales superiores de justicia. Tercero.- Lo anterior se entiende sin perjuicio de que el/la presidente/a del tribunal superior de justicia, en tanto responsable de la comunicación institucional, pueda encomendar en supuestos puntuales y en atención a las circunstancias concurrentes en cada caso, que esta comunicación sea realizada por un concreto juez o magistrado”.

            De esta manera, el CGPJ ha abierto la puerta a la posibilidad de que se constituya esta figura en el ámbito territorial de cada comunidad, si bien, supeditado a la autorización por el/la presidente/a, por lo que, en última instancia, la decisión corresponde a cada presidente/a. Este reconocimiento constituye, por lo tanto, un primer paso de gran valor, de cara a que se pueda implantar esta figura en el futuro. Si bien, nos hallamos ante un proceso largo, sin visos de concreción a corto plazo –y mucho menos, ante la excepcional situación que vivimos en el país a causa de la pandemia del COVID-19, con el consiguiente y comprensible retraso de toda actuación administrativa-, y en el que queda mucho por hacer: desde la fijación de su estatuto, hasta el sistema de elección, pasando por las características que ha de reunir el candidato/a o el propio alcance de sus competencias. En todo caso, desde aquí formulamos un recordatorio, en aras de que cristalicen las conclusiones adoptadas en el Congreso de Zaragoza. Somos conscientes de los déficits y carencias comunicativos que presentamos los jueces y magistrados, y de que, en ocasiones, en la opinión pública no se capta con toda la nitidez el sentido de las resoluciones judiciales ni su contexto. Por este motivo, abundamos en la utilidad de la figura del juez divulgador y mostramos nuestra plena disposición a que se abra un debate sosegado y completo al respecto.

Pasadas algunas semanas tras la celebración de nuestro último Congreso en Santander, creemos oportuno traer aquí una reflexión sobre la auténtica dimensión de las decisiones que allí se adoptaron. Lo hacemos porque consideramos que esas decisiones han introducido ya un cambio profundo en la estructura y funcionamiento de nuestra Asociación y lo han hecho en un grado tan intenso que, necesariamente, ha de influir en su misma esencia. Queremos entonces hablar sobre lo que hemos dejado de ser y sobre lo que ahora somos. Y no solo lo hacemos por coherencia con la posición que sostuvimos ante la propuesta de reforma estatutaria, cuando advertimos sobre los riesgos que comportaba. Sino también porque esa reforma y los motivos que la sostienen no fueron lo suficientemente explicados, del mismo modo que ahora se ha querido trasladar a los asociados una visión sobre su impacto en la fisionomía de la asociación que soslaya su verdadero significado.

Nuestra asociación estaba basada en tres pilares fundamentales. Hasta ahora, primer pilar, el Congreso era nuestro principal órgano de participación, al que acudían compromisarios distribuidos por secciones territoriales según su número de asociados para, de forma deliberativa, adoptar las decisiones fundamentales que afectaban al futuro de la asociación. Como segundo pilar se daba la fórmula de democracia representativa: las decisiones se adoptaban en el Congreso por la mayoría de compromisarios, que a su vez representaban a la mayoría de asociados. Del mismo modo y en tercer lugar, nuestra asociación garantizaba un adecuado equilibrio entre todos los territorios, procurando celosamente la participación de las secciones territoriales dotadas de un número menor de jueces.

El Congreso y, por añadidura, el resto de la estructura orgánica de la asociación, nos asimilaba con el funcionamiento de las organizaciones profesionales y políticas más eficientes y sólidas de España. Hasta ahora, la asociación ha encontrado en los órganos de los que estaba dotada el cauce idóneo para abundar en el desarrollo de sus fines. La democracia representativa, como vía de participación de todos los asociados, ha garantizado que las decisiones sean fruto de un intercambio de todos ellos para, desde la reflexión compartida, dotar a la asociación de acciones con auténtica trascendencia jurídica y penetración política y social. En definitiva, por los dos primeros pilares hemos sido, dicho sin afectación, la primera asociación judicial de este país y la más influyente a la hora de conformar corrientes de opinión sobre las cuestiones que nos afectan. Por último, nuestra singular organización territorial, sin parangón en cuanto al resto de asociaciones judiciales se refiere, ha permitido, en el contexto español de administración judicial descentralizada, atribuir la misma relevancia a las exigencias y necesidades en materia de justicia de todos los territorios autonómicos. Esta era la asociación que conocíamos, comprometida con sus decisiones, adoptadas de forma responsable con sus consecuencias y solidaria para con las necesidades de todos.

Por el contrario, la reforma adoptada, según nos parece conveniente explicar, incurre en dos graves riesgos. El primero es la creación de una Presidencia sin contrapesos eficientes. Un Presidente legitimado por un sistema de elección directa que es solo aparente y que lo convertirá en una figura omnipotente, sin auténticos límites en el ejercicio de sus funciones. El segundo riesgo es, precisamente, la introducción de mecanismos de participación y transparencia en la toma de decisiones que no son tales, puesto que en su diseño final puede hacerse una aplicación de ellos que los vacíe de contenido. Comenzaremos por este segundo riesgo que, según entendemos, da la auténtica dimensión del primero.

La reforma más impactante de las introducidas es el establecimiento de un sistema de sufragio universal y directo para la elección de la Presidencia. De nuevo pueden advertirse dos grupos de efectos perjudiciales vinculados a la reforma. Por una parte, si el sistema de sufragio universal y directo es desde luego democrático, en nuestro caso está llamado a menoscabar nuestro sistema orgánico. Cuesta imaginar cuál será, desde ahora y en adelante, el sentido de conservar en su integridad los órganos de gobierno de los que hasta ahora estábamos dotados, puesto que su principal valor ha sido el de ser transmisores de la voluntad de los asociados de cada territorio, dando primero oportunidad a la reflexión y a la toma de decisiones de manera colegiada. Pero, por otra parte y como efecto perjudicial más grave, porque no se ha establecido un verdadero sistema de voto personal, porque no se ha regulado siquiera de forma ligera cómo deberá desarrollarse el proceso electoral y de qué manera podrán los asociados, como sus destinatarios, participar en él y de él, no haremos sino reproducir los vicios que son apreciables en otros procesos electorales que ya conocemos sobradamente. Es el caso de las elecciones a la Sala de Gobierno de los respectivos TSJ, donde las bonanzas que se nos dicen de este sistema de participación se diluyen hasta el punto en que, reconocidamente, todo el proceso de toma de decisiones y de emisión de opiniones se limita a la delegación del voto en otro compañero. El proceso electoral en estos casos se resume a la sola captación de esas delegaciones. Así, no se garantiza la puesta a disposición de los asociados de la información suficiente para que estos conformen un juicio crítico. No se permite que estos asociados contrasten su parecer con el de otros compañeros, para enriquecerse y cooperar profesionalmente, como fin primero de la asociación. Pero también introducirá grandes limitaciones para que un asociado pueda recabar la confianza del resto de compañeros de otras secciones territoriales, especialmente para aquellos jueces que desempeñen su labor en territorios más pequeños.

A su vez, sesgo presidencialista, la segunda de las grandes reformas introducidas, que es la de la posibilidad de realizar consultas entre los asociados bajo la apariencia de fomentar su participación y dotar de mayor trasparencia los procesos de toma de decisiones, es igualmente contraproducente. En primer lugar, porque permite un sistema para que el Presidente o las Secciones Territoriales mayoritarias puedan alterar la capacidad de la Comisión Permanente para limitar las decisiones presidenciales o conservar los equilibrios territoriales de la asociación. En segundo lugar, porque la participación en una consulta de este tipo, para las que por cierto tampoco está delimitada materia o procedimiento con la profundidad exigible, se convierte antes en un acto de adhesión que no fomenta ni la asunción de responsabilidades, ni la discusión colaborativa entre los asociados, ni la necesaria dimensión institucional de la asociación en la toma de posición ante el asunto de que se trate. Porque, en tercer lugar y en relación con este último apunte, pese a que se insiste en el carácter no vinculante de esas consultas, muy difícilmente podrán ser obviadas, lo que nos acerca, entendemos que de forma indeseable, a colectivos y grupos en los que la toma de decisiones, la acción de gobierno, es de naturaleza asamblearia.

Para nuestra asociación, nosotros queremos dirigentes responsables, que no se excusen en la opinión de quienes no pueden disponer la información necesaria para encontrar la mejor respuesta para nuestro colectivo ante los desafíos que, necesariamente, están por llegar. Para nuestra asociación, nosotros ambicionamos un sistema de participación que fomente la asunción de responsabilidades personales en la formación de corrientes de opinión y toma de decisiones. Para nuestra asociación, nosotros deseamos conservar su identidad, ser el reflejo de lo mejor que hasta ahora hemos sido. Porque queremos también asumir la obligación de transmitir a los jueces de las generaciones futuras la misma organización que recibimos de nuestros antecesores.

Y porque el único daño a la participación de los asociados y a la transparencia en la toma de decisiones proviene de la instrumentalización y abuso del prestigio e influencia de la asociación para la satisfacción de meros intereses personales en materia de nombramientos judiciales, lo que durante los últimos años ha producido el efecto refractario de alejar de la vida asociativa a muchos jueces y desincentivar la incorporación de otros, consideramos que el auténtico desafío -y la exigencia y anhelo de todos- será, en su caso, la reforma de nuestros estatutos para la introducción de mecanismos que impidan cualquier parasitación de la posición asociativa. En este sentido, soportamos con gran frustración la discusión que durante la celebración de nuestro Congreso mereció esta propuesta de reforma estatutaria, en contraste con la escasa atención que se prestó al ya inmediato proceso de renovación del CGPJ.

Por todo ello, consideramos que esta reforma estatutaria, que no ha sido debidamente explicada, es perjudicial para los intereses de la asociación. La desfigura hasta el punto de hacérnosla desconocida, nos mimetiza con tendencias a las que siempre nos hemos opuesto y nos aleja de la defensa de los intereses de la mayoría de los asociados.

Bienvenidos al Blog “En_Justicia” que administra la Asociación Profesional de la Magistratura.

Para quienes llegan hasta esta página sin conocer nada de nosotros, indicar simplemente que somos una asociación judicial integrada por jueces españoles, mayoritaria en nuestro país, cuya principal finalidad es la defensa de la independencia judicial, removiendo los obstáculos y fomentando las condiciones para que esta se haga realidad en el ámbito profesional. Promovemos un modelo de juez independiente, técnico, profesional, sometido exclusivamente al amparo de la ley.

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