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La ciudad en que se encuentra una institución del Estado influye en la imagen de esa institución. De la misma manera, esa institución ejerce alguna influencia en la imagen de la ciudad. Con las personas a veces también sucede lo mismo, no somos o seríamos los mismos si hubiésemos nacido o vivido en otra ciudad, o si tuviésemos otra profesión; incluso si tuviéramos otro nombre nuestro carácter sería diferente.

Ahora que todavía está reciente la celebración del bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812, “la Pepa”, parece difícil, a veces, pensar que esa Constitución española hubiese tenido el contenido y significado que tuvo y aún tiene en la historia en caso de haberse elaborado en otra ciudad que no fuese Cádiz.

La sede del Tribunal Constitucional

En la Ciencia Política se encuentran muchas obras y autores que han reflexionado sobre cuál debe ser la sede de una institución, las razones para ello y la importancia que tiene. Por poner sólo un ejemplo clásico, en su obra “el Príncipe”, Maquiavelo recomendaba al príncipe que “como hizo el sultán de Turquía respecto a Grecia” trasladase su residencia a los territorios conquistados.

Viene esta pequeña reflexión al hilo de la ubicación de la sede del Tribunal Constitucional. ¿Por qué tiene que estar en Madrid el Tribunal Constitucional? Ni la Constitución Española, ni la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional determinan que la villa de Madrid tenga que ser el lugar donde se encuentre el Alto Tribunal.

Y vista la trayectoria de desprestigio en que (injustificadamente) se encuentra el Tribunal, y la imagen tan denostada que a veces se tiene de él, ¿no sería una buena ocasión para trasladar la sede del Constitucional a la ciudad de Cádiz, o a la ciudad de Granada, y así mejorar la percepción que tiene la ciudadanía de este órgano constitucional?

Es un debate que pocos hasta ahora se han planteado; pero desde luego un cambio de ciudad podría contribuir a reforzar la imagen y el necesario prestigio del Tribunal Constitucional. Un cambio de ciudad podría suponer, junto con otros cambios más profundos también necesarios, la oportunidad de empezar una nueva etapa en la que se podría recuperar la percepción positiva de buena parte de la ciudadanía. Ha sido una pena no aprovechar los actos conmemorativos del bicentenario de la Pepa para una reforma necesaria, tanto de forma como de fondo.

Cádiz o Granada nueva sede del Tribunal Constitucional

Por ello propongo que se lleve a cabo una reforma del Alto Tribunal, y que sea o Cádiz, por su tradición liberal, o Granada, por su tradición jurídica, la nueva sede del Tribunal.

Como antes decía, al igual que Cádiz ejerció un influjo muy positivo en la Pepa, (y la Pepa en Cádiz) o Granada en la Real Chancillería ordenada por los Reyes Católicos (y la Real Chancillería en Granada), una eventual reforma del Tribunal Constitucional que incluya un cambio o traslado de sede debería ejercer una influencia positiva en el Alto Tribunal. Sin perjuicio de otras reformas más profundas que también necesita, como que sus miembros tengan carácter vitalicio, o que los recursos se resuelvan en unos tiempos más razonables, por ejemplo.

Las ventajas que hasta ahora ha podido suponer su ubicación en Madrid, una gran ciudad, han sido muchas. Pero su actual ubicación en Madrid forma parte de una imagen deteriorada que debe cambiarse. Por lo menos este cambio contribuiría a evitar la sensación de que quienes están en las más altas instituciones del Estado creen que España se termina en los límites del barrio de Salamanca.

La cura para estos males patrios puede estar, quizá, en llevar la sede de algunas instituciones nacionales fuera de Madrid. En el caso del órgano que es el máximo intérprete de la Carta Magna, el alejamiento físico de la corte madrileña (caverna, la llaman algunos) podría resultar democráticamente sanísimo. Desde luego contribuiría a mejorar su independencia, al mantener cierta distancia del Gobierno, las Cortes y los partidos políticos.

Es profundo el cambio que necesita el Tribunal Constitucional para poder desempeñar la función que le asigna la Constitución vigente, heredera de la Pepa. Pero el cambio no debe ser sólo de fondo, sino también de forma, y el cambio de su sede, a Granada, o a Cádiz, podrían contribuir decididamente a ello, y ser una muy buena campaña de imagen. Aunque no debe quedarse sólo en eso el cambio.

Tanto Granada como Cádiz tienen una tasa de paro (demasiado) alta, y una menor riqueza que Madrid, por lo que el contexto económico y razones de política económica, además de las razones políticas y jurídicas, también justifican el cambio de sede, pues favorecen la redistribución nacional de la riqueza; no todas las sedes del Estado deben estar en la misma ciudad y favorecer a la misma ciudad.

La cuestión, al menos, merece ser debatida, sobretodo ahora que estamos en la enésima campaña electoral (¡qué pesadez!) y, dicho sea de paso, no tiene perdón que la casta, desde los viejos a los nuevos de la casta, hayan sido incapaces de reducir el gasto electoral de nada menos que 160 millones de euros.

Quién sabe si las nuevas “Cortes de Cádiz” de hoy día, que a veces son las redes sociales, quizá se sumen a esta iniciativa que podríamos llamar #granadasedeTC o #cadizsedeTC, y se produzca un movimiento popular, como el de 1812, que lleve al Tribunal Constitucional a un sitio donde la tradición jurídica, o la tradición liberal, contribuyan a mejorar el constitucionalismo español, que es la base de nuestro progreso.