En_Justicia

Quienes impartimos justicia sabemos que, más allá de los textos legales, hay situaciones que exigen una mirada más consciente. De esa convicción nace, precisamente, la Red de Especialistas en Igualdad del Consejo General del Poder Judicial (REI), un proyecto que quiere acompañar a los jueces y magistrados en la tarea de integrar la igualdad en la aplicación del Derecho.

El pasado 20 de octubre el CGPJ inauguró esta Red de Especialistas en Igualdad, integrada por treinta jueces y magistrados seleccionados mediante un procedimiento selectivo fundado en los principios de publicidad, igualdad mérito y capacidad. Según se incluye en las propias normas de funcionamiento de la REI, la nueva Red tiene como misión, entre otras, prestar asesoramiento técnico a los órganos judiciales en la aplicación del principio de igualdad, en el enjuiciamiento con perspectiva de género y en el impulso de políticas de conciliación laboral dentro de la carrera judicial. Otra función de la REI es la de favorecer el conocimiento y la continua actualización de los miembros de la carrera judicial del derecho nacional, de la UE e internacional, así como de la jurisprudencia (tanto nacional como supranacional) en materia de igualdad de trato, no discriminación y aplicación de la perspectiva de género.

Por ello, ser miembro de la REI es un verdadero honor, pero también una responsabilidad que exige combinar el rigor técnico con una sensibilidad profunda hacia la realidad social. Supone participar activamente en la construcción de herramientas jurídicas que integren la perspectiva de género en todos los órdenes jurisdiccionales, elaborar materiales de apoyo, contribuir a la formación de la carrera judicial y ofrecer asesoramiento especializado a los órganos judiciales que lo necesiten. Para ello, la REI se organiza en cuatro divisiones que coinciden con los órdenes jurisdiccionales civil, penal, contencioso-administrativo y social y por áreas temáticas transversales que reflejan la realidad plural de la igualdad: trata de seres humanos, antigitanismo, LGTBIQ+, personas migrantes y edadismo.

Pero más allá de la tarea institucional, considero que hay una dimensión personal y ética: la convicción de que la justicia sin igualdad se queda incompleta. Significa ser parte de un grupo de magistradas y magistrados que creen que la imparcialidad no se resiente por reconocer las desigualdades, sino que se perfecciona.

Formar parte de la REI es también un espacio de aprendizaje colectivo. Nos permite compartir experiencias, debatir sobre los límites y los retos de aplicar la perspectiva de género y construir, paso a paso, una cultura judicial más consciente, más justa y cercana.

En un tiempo en que la igualdad se pone a prueba cada día (en los tribunales, en la sociedad y en nuestras propias instituciones), parece que esta Red nace para recordar que la justicia no puede ser ajena a la realidad de quienes la necesitan. Ser magistrada y miembro de esta iniciativa me permite comprobar, desde dentro, que la igualdad no es un ideal abstracto, sino una tarea cotidiana que exige conocimiento, sensibilidad y mucho compromiso.

Por todo ello, creo que la REI es una señal de compromiso de nuestro poder judicial con la igualdad real; es un reconocimiento de que el principio de igualdad debe permear el interior de la propia institución judicial: desde los nombramientos, la conciliación, la visibilidad, hasta la cultura profesional.

Pero, claro, con el avance también viene el desafío: no basta con crear la Red, hace falta que funcione, que tenga la influencia para la que ha sido creada y que “cale” tanto en los órganos judiciales como en el propio justiciable. Como miembro de esta REI, creo que nos enfrentamos a algunos retos: hacer que las guías, protocolos y estudios que la Red elabore no queden archivados, sino que sean instrumentos vivos que cambien ciertas rutinas judiciales; o garantizar que la igualdad no se convierta en fórmula ritual, sino en parámetro real de valoración judicial de modo que la perspectiva de género, la no discriminación y la igualdad de trato no sean optativas.

En un momento en que la sociedad es cada vez más consciente de las desigualdades que persisten (no sólo hablamos de género, sino de origen, de edad o de condición social), los jueces necesitamos herramientas y formación continua que nos permitan entender esas realidades y reflejarlas con justicia en nuestras resoluciones. La REI cumple precisamente esa función: formar desde dentro, con conocimiento jurídico, pero también con experiencia y empatía. No basta con tener leyes igualitarias si quienes las aplicamos no contamos con una mirada entrenada para detectar los sesgos que pueden condicionar un proceso, una prueba o una sentencia.

Por suerte, considero que el trabajo de la REI no parte de cero. La doctrina del Tribunal Constitucional ha recordado en numerosas ocasiones que el principio de igualdad (art. 14 CE) y la promoción de la igualdad real y efectiva (art. 9.2 CE) son pilares del Estado social y democrático de Derecho. Del mismo modo, el TJUE ha consolidado una línea jurisprudencial en la que la igualdad y la no discriminación se configuran como principios generales del Derecho de la Unión. Desde el asunto Defrenne hasta casos más recientes, el TJUE insiste en que los jueces nacionales deben garantizar no solo la ausencia de discriminación directa, sino también la corrección de las desigualdades estructurales. Esta doble referencia constitucional y europea refuerza la legitimidad y la necesidad de la REI.

La REI se suma a otras estructuras de cooperación judicial ya consolidadas, como la REJUE (Red Judicial Española de la Unión Europea) y la REDUE (Red Judicial de la Unión Europea). Mientras aquellas promueven la correcta aplicación del Derecho de la Unión y la cooperación entre Estados, la REI tiene un cometido más cercano: fortalecer la justicia desde dentro, promoviendo una cultura judicial más igualitaria, más sensible y consciente del valor constitucional de la igualdad. En cierto modo, si las redes europeas conectan la justicia con Europa, la REI la conecta con la realidad social.

En fin, formar parte de la Red de Especialistas en Igualdad es ilusionante porque representa la oportunidad de contribuir activamente a consolidar una justicia más coherente con los valores constitucionales, más atenta a la sociedad y, sobre todo, más preparada para responder a los retos de la igualdad efectiva. Integrar esta Red significa trabajar en equipo, compartir conocimiento y avanzar hacia una aplicación del Derecho más rigurosa y consciente de su dimensión humana. Es una tarea exigente, pero también profundamente gratificante para quienes creemos que la igualdad no es solo un principio, sino una forma de ejercer mejor la función judicial. Confío en estar a la altura de la responsabilidad que supone esta nueva etapa y en poder contribuir, con dedicación y rigor, al fortalecimiento de nuestra institución y, por supuesto, animo a todos los integrantes del poder judicial a aprovechar plenamente las posibilidades que ofrece esta Red, fomentando la mejora continua de nuestro servicio a la ciudadanía.

Alicia Díaz-Santos Salcedo.

Magistrada. Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cataluña.

Miembro de la Red de Especialistas en Igualdad del CGPJ.

En fechas recientes se ha aprobado, por el Consejo de Ministros, el Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria. Dicha norma incorpora una serie de modificaciones en el Código Penal, en el Código Civil, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la Ley Orgánica de Protección Jurídica de Menor y en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a lo largo de siete artículos, dos disposiciones transitorias y tres disposiciones finales.

Si nos centramos en las reformas operadas en materia penal, observamos que se introduce un nuevo tipo penal en el texto punitivo, en su artículo 173 bis[1], como un delito contra la integridad moral, cuyo nomen iuris es delito de violencia vicaria, y que, como se recoge en el apartado III de la Exposición de Motivos, persigue “visibilizar y sancionar de forma autónoma una conducta con entidad propia, que tiene como finalidad infligir sufrimiento a la víctima mediante el daño directo a otras personas con las que guarda algún tipo de vínculo afectivo”. No obstante, la novedad que queremos tratar en estas breves líneas no es esta incriminación, sino la nueva pena privativa de derechos que se añade al Código Penal, en el art. 33.2, como pena grave, y que presenta el siguiente tenor literal: “La prohibición de publicar o difundir mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que tengan relación directa con el delito cometido, por tiempo superior a cinco años”. Asimismo, también se incorpora esta pena en el catálogo de penas privativas de derechos del artículo 39, en su apartado i) -reordenando las letras j) y k)-, con el siguiente enunciado: “Son penas privativas de derechos: […] i) La prohibición de publicar o difundir mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que tengan relación directa con el delito cometido”. Por su parte, de la mayor relevancia práctica resulta su desarrollo posterior en el proyectado artículo 48.4 del Código Penal, en el que se consigna: “4. La prohibición de publicar o difundir mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que tengan relación directa con el delito cometido, impide al penado realizar estas conductas o facilitar estos contenidos a terceros, para evitar el menoscabo de la dignidad de la víctima o la generación de un daño psicológico a la misma”. En último término, a propósito de esta pena, el anteproyecto recoge la modificación del subapartado 9º en el art. 70.3, en el que se dispone que su duración máxima será de 20 años.

Si atendemos a la justificación que brinda la Exposición de Motivos sobre esta introducción en el texto punitivo, observamos que se consigna en el citado apartado III, en el que se consigna: “La incorporación de esta pena responde a la necesidad de evitar el menoscabo de la dignidad de la víctima o la generación de un daño psicológico a la misma y de impedir que los agresores utilicen los medios digitales o de comunicación como prolongación de la violencia. En un contexto en el que las redes sociales y la difusión masiva de contenidos amplifican el daño psicológico, esta medida asegura la protección de la dignidad y la intimidad de las víctimas”.

Una vez que hemos esbozado las principales novedades, en materia penal, que incorpora este Anteproyecto, debemos realizar una serie de apreciaciones críticas sobre la nueva pena privativa de derechos. En primer lugar, si estamos a su contenido, observamos que resulta un tanto difuso el objeto sobre el que recae la prohibición, toda vez que se emplean tres elementos, de modo concreto -los mensajes, textos e imágenes-, pero se agrega una fórmula final abierta, imprecisa y difusa, cifrada en “otros contenidos”, lo que se configura como una cláusula de cierre. Semejante dicción resulta ciertamente criticable a la hora de constituir una prohibición, dado que surgen dudas en cuanto a su alcance, a los elementos que pueden colmar tales contenidos y, en definitiva, se podría estimar conculcado el principio de legalidad, en este caso, ante la ausencia de seguridad a propósito de las conductas que podrían incluirse en dicha regulación. Choca frontalmente con la interpretación restrictiva que ha de darse a las normas prohibitivas o limitativas de derechos y genera un notable desconocimiento del perímetro de la prohibición. Asimismo, incorpora una alusión a la dignidad de la víctima que nos situaría más próximos a la tipificación de una conducta delictiva -y al posible análisis de su subsunción típica en otros preceptos-, así como la mención al daño psicológico, lo que podría conectarse con una suerte de responsabilidad civil. Prima facie, dicha formulación es confusa, ecléctica e imprecisa.

No obstante, no es esa la objeción de mayor calado que podemos efectuar a esta redacción. Lo que más dudas genera en el intérprete de la norma es la posible colisión de esta prohibición con el derecho a la libertad de expresión, consagrado en el art. 20 de la Constitución Española. En este sentido, debemos recordar que la Carta Magna proscribe todo tipo de censura previa. No existe ninguna disposición, en los diferentes Tratados Internacionales y Convenciones sobre Derechos Humanos, en los que se establezca semejante limitación o censura a la libertad de expresión de las personas que hayan cometido delitos. A este respecto, no podemos obviar la relevancia de la libertad de expresión en los sistemas democráticos, su necesidad, su importancia y los riesgos que conllevan las posibles limitaciones o vulneraciones a su contenido. Así las cosas, podemos citar la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 26 de abril de 1979, Sunday Times c. Reino Unido, auténtica leading case en la materia, precursora, y que consagró una serie de parámetros para validar la injerencia de los poderes públicos en la libertad de expresión, en el marco de una sociedad democrática, y la necesidad de ponderar ambos elementos: la libertad de expresión y la correcta administración de justicia. Además, dicha resolución traía a colación lo recogido en la STEDH de 7 de diciembre de 1976, Handyshide c. Reino Unido, en que se señaló que la libertad de expresión constituía uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática, y que resultaba aplicable no solamente a las informaciones o ideas acogidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también a aquellas que se oponen, chocan o inquietan al Estado o a algún sector de la población.

Debemos señalar la posibilidad de que semejante pena produzca un efecto desaliento –chilling effect-, consistente en que la existencia de sanciones penales desincentiva, de modo indebido, el ejercicio de derechos fundamentales. En este sentido, y en una explicación sintética, dicho efecto disuasorio conllevaría el riesgo de que, ante la existencia de una posible condena por un comportamiento próximo al límite del derecho a la libertad de expresión, las personas se abstengan en el futuro de ejercer ese derecho por temor a la sanción penal. A este respecto, entre la copiosa jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, a título meramente ejemplificativo, podemos aludir a la STEDH de 18 de diciembre de 2012, Ahmet Yildirim c. Turquía, o a la más reciente STEDH de 3 de mayo de 2022, Bumbes c. Rumanía, en cuyo parágrafo 95 se reitera que “la imposición de una sanción, administrativa o de otro tipo, por leve que sea, al autor de una expresión que califica como política (ver párrafo 92 anterior) puede tener un efecto disuasorio indeseable en el discurso público (ver Tatár y Fáber, antes citada, § 41)”.

Por lo tanto, el punto de partida viene determinado por la importancia de garantizar la libertad de expresión de todos los ciudadanos, como fundamento o aspecto basilar de una sociedad democrática y libre. A ello hemos de añadir que, dentro del derecho a la libertad de expresión de los condenados se encuentra, indefectiblemente, el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales que, precisamente, les afectan. Esta posibilidad de expresión crítica constituye un factor esencial para garantizar que el meritado derecho fundamental no resulte ilusorio o vacío de contenido. De esta manera, surgen importantes dudas a propósito de que una prohibición, como la que hemos enunciado, no constituya una suerte de censura previa desproporcionada a los fines perseguidos.

Tampoco podemos soslayar que el hecho de que una reforma penal pueda ser directamente vinculada a un caso mediático resulta contraproducente, revictimizador y, paradójicamente, puede propiciar unos resultados que son los que, supuestamente, pretende erradicar. En este sentido, hemos de tomar en consideración que todos sabemos a qué caso responde esta reforma, al supuesto estado de opinión adverso a la publicación de un determinado libro sobre un trágico parricidio doble. Pues bien, como en todas las ocasiones en que se instrumentaliza un caso mediático para llevar a cabo una modificación en el texto punitivo, nos hallamos ante un fuerte componente simbólico y de populismo punitivo, toda vez que dicha norma no va a ser aplicable al concreto caso que ha ocasionado la pulsión legislativa. A lo sumo, va a producir el efecto adverso de que se identifique la reforma penal con ese concreto caso, y se conozca el precepto en cuestión por el nombre de alguno de los intervinientes en el delito -ya sea el victimario o la víctima, tal y como sucedió con la incorporación del delito de sexting-, con todo lo que ello conlleva en orden a la victimización secundaria y revictimización.

A su vez, resulta digno de reseña que, en la era de los true crime, de las recreaciones de casos mediáticos, en la que proliferan documentales, series, películas y demás producciones sobre crímenes reales, se pretenda limitar, precisamente, el derecho del condenado a contar su versión de los hechos. De este modo, es cuando menos sorprendente que se permita que terceros analicen un caso, lo publiciten, lo diseccionen, lo adapten o lo interpreten y, precisamente, se niegue dicha posibilidad de exteriorización a quien lo ha protagonizado. En este sentido, y por mucho que se produzca un tratamiento aséptico, neutral, objetivo e impersonal, la difusión de tales producciones comporta que el crimen se recuerde, se mantenga, perviva y que las secuelas a las que se alude en la prohibición legal -la afectación a la dignidad de la víctima y el daño psicológico- se produzcan, de modo involuntario, por los citados productos audiovisuales.

Además, tampoco podemos pasar por alto el carácter elástico con el que, en ocasiones, se interpreta la libertad de expresión, que se convierte en un elemento dúctil y maleable, prácticamente “al gusto del consumidor”. De esta forma, resulta ciertamente llamativo que quienes abogan por la necesidad de supresión de determinados delitos colindantes con la libertad de expresión, tales como los delitos apologéticos en relación con el terrorismo, las injurias contra la Corona, o los delitos contra los sentimientos religiosos, argumentado el carácter cuasiabsoluto de la libertad de expresión, y que tildan tales normas de reaccionarias, desfasadas o “inadaptadas a los sistemas jurídicos de nuestro entorno” -secuencia de palabros con el que se explica, sin explicar, se justifica, sin justificar y que sirven para colmar la nueva unidad de pensamiento del tuit, a la que algunos limitan sus aportaciones-, y que se rasgan las vestiduras por la pervivencia de tales incriminaciones, sostengan la legitimidad y constitucionalidad de reformas penales que confrontan directamente con la libertad de expresión, sin olvidar el carácter omnicomprensivo que, desde esos mismos sectores interpretativos, se brinda al sobredimensionado delito de odio. De esta manera, apreciamos que se pervierte el sentido de la libertad de expresión, se ideologiza y se erige en una suerte de bandera que se ondea a demanda de quien la porta y de sus intereses.

Podemos concluir este breve comentario señalando que, hoy día, no existe una laguna normativa en este ámbito, y que los derechos de las víctimas se encuentran tutelados, plenamente, tanto desde la perspectiva civil como penal. Es posible que se acuda a la tutela civil del honor, es factible que se denuncie la comisión de delitos contra la integridad moral -o contra los bienes jurídicos personales que se reputen lesionados- y, en consecuencia, hemos de afirmar que esta novedosa pena resulta ciertamente perturbadora, innecesaria y que colisiona frontalmente con el contenido esencial de un derecho fundamental. Evidentemente, desde estas líneas no podemos sino mostrar nuestra mayor repulsa por los crímenes cometidos y que el lector tendrá en mente, no obstante, que las ramas no nos impidan ver el bosque. Se trata de garantizar la libertad de expresión no solo cuando nos guste o agrade lo que se comunica. Si confiamos en que formamos parte de una sociedad moderna, democrática, libre, formada y crítica, hemos de aguardar que cada uno sepa discernir qué programas, publicaciones, informaciones y opiniones desea consumir, y que lo hará de modo responsable. Por lo tanto, debemos rechazar todo atisbo de pensamiento único, de mentalidad de rebaño y de adhesiones inopinadas e inquebrantables.

Daniel González Uriel

Letrado del Tribunal Constitucional

Magistrado (en servicios especiales). Doctor en Derecho

[1] Art. 173 bis CP en la formulación dada por el Anteproyecto que comentamos: “1. El que para causar daño o sufrimiento a quien sea o haya sido su cónyuge o persona a la que esté o haya estado ligada por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, cometa sobre sus hijos o descendientes o sobre las personas menores de edad que se hallan sujetas a su tutela o guarda y custodia, hechos constitutivos de homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad sexual, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor, contra los derechos y deberes familiares o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años y privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 3 a 5 años.

2. Igual pena se impondrá al que para causar daño o sufrimiento a quien sea o haya sido su cónyuge o persona a la que esté o haya estado ligada por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, cometa sobre los ascendientes o hermanos de ésta, o sobre su cónyuge o persona a la que esté ligada por análoga relación de afectividad aun sin convivencia, hechos constitutivos de homicidio o cualquier otro delito grave de los enumerados en el apartado anterior.

3. Las penas señaladas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando el delito sea cometido para causar daño o sufrimiento a quien sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia.

4. Las conductas descritas en el presente artículo se castigarán separadamente respecto a la pena que corresponda por los delitos cometidos sobre las personas a que se refieren los apartados primero y segundo de este artículo”.