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Mes: octubre 2026

“La radio” (a propósito del artículo de D. Luis Ángel Gollonet Teruel)

“La radio” (a propósito del artículo de D. Luis Ángel Gollonet Teruel)

Me ha gustado mucho el artículo sobre la radio, publicado en este blog por D. Luis Ángel Gollonet Teruel, al que no conozco, y del que alguna cosa tomaré prestada. Me alegra saber que no soy el único que está enamorado del que quizá sea el mejor medio de comunicación, la radio, que gracias a Internet está viviendo su enésima juventud. Yo también escuchaba “El buzón del oyente”, en Radio Clásica, aunque nunca llegué a pedir ninguna pieza.

La radio siempre ha estado conmigo: para trabajar, para conducir (sobre todo por mis destinos hispánicos), para hacer deporte…. La radio informa, entretiene, hace compañía, te descubre mucha música. A pesar de las plataformas digitales me sigue gustando escuchar la radio analógica y también soy miembro del selecto club de los que prefiere las retransmisiones deportivas por la radio.

Son tantas cosas las que podría decir de la radio, tantas cosas que he vivido a su lado, en realidad toda la vida. Mi pasión por la música en general y por la radio en particular se la debo a mi padre, quien hasta hace pocas fechas aún tenía un tocadiscos Bettor. Al igual que Luis, siendo pequeño mi padre me regaló un antiguo transistor, bastante grande, con pletina de cinta incluida, que sintonizaba frecuencia modulada y onda media (no lo recuerdo, pero quizá también sintonizaba onda larga). Ahí conocí la desaparecida “Radio 80 Serie Oro”, que tiempo después daría lugar a la también desaparecida “M80”; y cómo no los “40 principales” -hoy sólo “Los 40”-. En aquella época, al menos donde yo vivía, no había muchas emisoras en frecuencia modulada.

Mi abuela paterna -que seguro seguirá escuchando la radio desde el cielo- era también una gran oyente de radio. Es asombrosa la compañía que hace la radio, sobre todo a personas mayores.

Después de aquel primer transistor vino otro más pequeño comprado en Portugal y tiempo después tendría mi primer Walkman, que fue sucedido por otros muchos que se iban gastando por el uso…hasta el último, que aún funciona. Y junto a los Walkman también vinieron las “cadenas” de música. Los más jóvenes leerán esto con cierta extrañeza, pues hoy todo es digital, inalámbrico y está en la nube. Pero hubo una época, feliz, en la que había vinilos, cintas y cedés. Y cada cinta, vinilo o cedé se escuchaba una y otra vez. No eran productos de consumo rápido.

Uno de los motivos por los que quería escribir este artículo era para recordar, aunque muy brevemente, a Juan Antonio Cebrián, gran periodista y escritor, a quien me habría gustado conocer en persona; que a finales de los noventa dirigió el programa de Onda Cero “Turno de Noche” (que siempre me gustó más que “La Rosa de los Vientos”), con dos míticas sintonías de cabecera: “Enchantment”, de Chris Spheeris y Paul Voudouris; y “Hacha de guerra”, de Celtas Cortos. Sus “pasajes de la historia” es uno de los mejores espacios que se ha hecho en la radio española. Desgraciadamente nos dejó en 2007 con apenas cuarenta años y no pudo llegar a disfrutar del fenómeno de los podcasts. En aquella época sólo podíamos grabar sus programas en cinta (recientemente se han recuperado algunos de sus contenidos en formato digital).

Quiero también mencionar a Juan José Plans en Radio Nacional y a Joaquín Luqui con su programa “3, 2 o 1”, en los 40 Principales. Me dejo a muchos locutores que me han acompañado durante estas últimas cuatro décadas.

Y cómo no, la radio compartió estancia y meses de estudio con mis carperis…y justo al aprobar la oposición, tras escuchar durante meses una nueva emisora de radio de mi ciudad, tuve la oportunidad de colaborar, aunque por poco tiempo, en un programa de esta emisora, que fue uno de estos regalos que muy de tarde en tarde te hace la vida.

Y aquí termino este artículo, que más que artículo ha sido un golpe de nostalgia, con la radio de fondo, siempre con la radio.

Roberto Niño

EL “DERECHO” A LA ÚLTIMA PALABRA

EL “DERECHO” A LA ÚLTIMA PALABRA

            Hay una satisfacción pequeña, algo mezquina y bastante universal en tener la última palabra. No hace falta que sea brillante. Ni siquiera que añada nada. Basta con que llegue después de la del otro. Un “pues eso”, un “tú sabrás” o ese “vale” que, según cómo se pronuncie, puede significar cualquier cosa menos conformidad. La conversación ha terminado, pero alguien ha dejado una bandera clavada en el terreno. No necesariamente tiene razón. Simplemente ha hablado el último.

            Para quienes trabajamos decidiendo controversias, el asunto tiene su gracia. En el trabajo nos corresponde resolver pero fuera de él, conviene recordar que nadie nos ha atribuido competencia sobre la elección del restaurante o la temperatura del aire acondicionado. Aunque a veces actuemos como si el nombramiento incluyera esas materias. Pero ejercer una profesión en la que hay que adoptar decisiones ofrece buenas oportunidades para confundir dos cosas bastante distintas: tener la responsabilidad de concluir y sentir la necesidad de imponerse.

            La última palabra rara vez se presenta como un capricho. Suele venir acompañada de una justificación impecable: “Solo quería aclarar una cosa”. Y quién podría oponerse a una aclaración. Aclarar es bueno. Casi un servicio público. El problema aparece cuando llevamos veinte minutos aclarando y la otra persona empieza a recoger la mesa.

            También están las variantes: “No, si yo no quiero discutir, pero…”, “Déjame que termine” y “Lo único que digo es…”. Esta última tiene mucho mérito, porque suele introducir el cuarto argumento de una intervención que comenzó anunciando que solo iba a decir una cosa. En ocasiones, la conversación podría terminar perfectamente antes de nuestra siguiente frase. El asunto está entendido. Las posiciones son conocidas. No hay ninguna información nueva. Pero queda una pequeña incomodidad: el otro ha dicho algo que no queremos dejar sin respuesta. Y como en estas conversaciones nada precluye, todavía podemos estar metiéndonos en la cama cuando se nos ocurre un “por cierto, sobre lo de antes…”.

            Y ahí regresamos. No para mejorar la conversación (que va), sino para corregir su desenlace. Como si el silencio posterior pudiera interpretarse como una aceptación íntegra de lo manifestado de contrario. Lo curioso es que nosotros mismos rara vez concedemos ese valor al silencio ajeno. Si alguien deja de contestarnos, podemos pensar que se ha cansado, que tiene prisa o que está mirando el horno. Pero si somos nosotros quienes callamos, imaginamos que acabamos de perder una discusión épica.

            En el proceso penal, el derecho a la última palabra tiene un sentido bastante más serio. El artículo 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ofrece al acusado la posibilidad de dirigirse personalmente al tribunal una vez terminadas la acusación y la defensa. No es una cortesía ni un premio a la insistencia, sino una garantía de autodefensa: la oportunidad de añadir, matizar o rectificar lo que considere necesario antes de que el tribunal decida.

            La diferencia con nuestras conversaciones merece alguna atención. Allí se garantiza que una persona pueda defenderse. Aquí, a veces, lo que pretendemos defender es nuestra posición al final de la conversación. No tememos que nadie nos condene. Nos inquieta algo mucho más cotidiano: ¡que el otro se marche sin reconocer que teníamos razón!

            Además, en el juicio hay un turno final. En ciertas discusiones domésticas, en cambio, cada intervención inaugura el derecho a otra última palabra. Y a la última de la última…

            Por supuesto, hay conversaciones que necesitan una decisión: alguien debe elegir una fecha, cerrar un presupuesto o determinar quién recoge a los niños. La convivencia tampoco puede funcionar dejando todos los asuntos pendientes de una reflexión más profunda. Pero otras conversaciones permiten que dos personas sigan pensando cosas distintas. Podemos discrepar sobre una película sin fijar cuál es su valor definitivo. Podemos recordar de manera diferente unas vacaciones. Incluso cabe la posibilidad, difícil pero real, de que a alguien le guste un restaurante que a nosotros nos parece sobrevalorado y la amistad sobreviva sin necesidad de una inspección conjunta de sus reseñas.

            Seamos sinceros, lo que cuesta aceptar no siempre es que el otro no nos haya entendido. A veces nos ha entendido perfectamente. Podría resumir nuestra posición, reproducir nuestros ejemplos y anticipar lo que vamos a decir a continuación. Sencillamente, no está de acuerdo. Y esa posibilidad nos incomoda más de lo que nos gusta reconocer. Porque obliga a admitir que nuestra explicación puede ser clara, nuestro argumento razonable y nuestra convicción sincera, sin que de todo ello nazca una obligación ajena de darnos la razón.

            ¡Ay! La soberbia suele encontrar aquí una forma bastante discreta de manifestarse. No necesita proclamar que somos superiores. Le basta con sugerirnos que, si el otro sigue discrepando, todavía queda algo que debemos explicarle. Repetimos el argumento con otras palabras, aportamos un ejemplo, buscamos una comparación. Cuando nada de eso funciona, hablamos un poco más alto, como si la discrepancia fuera un problema de audición. Naturalmente, también podemos tener razón. Pero tener razón sobre el asunto discutido no nos concede un derecho de ocupación indefinida de la conversación. Ni convierte al interlocutor en alguien que deba permanecer allí hasta que “firme su conformidad”. A veces no queremos ya que el otro comprenda nuestra postura. Queremos presenciar su rendición. Nos bastaría un “sí, tienes razón”, aunque lo dijera mirando el reloj y con la misma convicción con la que se aceptan las condiciones de uso de una aplicación.

            Quizá ahí esté la diferencia más reveladora con el derecho a la última palabra del acusado: se le garantiza que el tribunal escuche lo que tenga que decir en su defensa, pero no que comparta su versión. En nuestras conversaciones, en cambio, a veces entendemos que el otro solo nos ha escuchado de verdad si acaba dándonos la razón; si sigue discrepando, empezamos a pensar que habrá que explicárselo otra vez.

            Pero, oye, renunciar a ese control no significa callar siempre. Sigue siendo cierto que hay afirmaciones que deben discutirse, límites que conviene expresar con claridad y asuntos que no pueden abandonarse con un encogimiento de hombros, y tampoco se trata de pensar que todas las opiniones pesan lo mismo, porque no pesan lo mismo. Pero defender una posición con firmeza es una cosa y prolongar una conversación hasta que el otro se canse es otra bastante distinta, una diferencia que reconocemos enseguida en los demás y que, curiosamente, se nos escapa cuando somos nosotros los que tenemos ganas de seguir.

            En esos momentos ayuda una pregunta poco solemne: ¿nuestra siguiente frase aporta algo o solo nos deja más a gusto? Si aporta un dato, aclara un malentendido o expresa algo importante que todavía no hemos dicho, tiene todo el sentido pronunciarla. Si únicamente repite lo ya dicho con una formulación algo más contundente, puede que lo que necesite defensa ya no sea el argumento, sino otra cosa que se parece mucho al amor propio.

            Y los que dedicamos el día a resolver controversias quizá debamos empezar por aceptar que no todas las diferencias necesitan una resolución, ni nos corresponde dictarla siempre. Fuera del trabajo podemos escuchar sin corregir, discrepar sin reconducir y dejar que alguien conserve una opinión que no compartimos, incluso cuando seguimos convencidos de que la nuestra es mejor.

            También el acusado puede optar por no añadir nada: tener derecho a la última palabra no obliga a utilizarla. Fuera del juicio nos cuesta dejar pasar ese turno imaginario, sobre todo cuando ya tenemos preparada una réplica que nos parece estupenda. Decía Marco Poncio Catón que“La primera virtud es frenar la lengua; y es casi un Dios quien, teniendo razón, sabe callarse”. No pide tanto: nos bastaría con callarnos alguna vez sin tener del todo la razón, y con dejar, de vez en cuando, que la última palabra la ponga otro.

Alicia Díaz-Santos Salcedo

Magistrada. Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía.

La radio

La radio

            Tuve la mala suerte de fracturarme el fémur tras una caída en bicicleta cuando apenas tenía cuatro años, y cumplí los cinco en el hospital, donde estuve ingresado unos meses. O buena suerte, quién sabe.

            Y claro, a un niño de tan tierna edad, pronto los familiares y amigos de mis padres, yo entonces tampoco tenía, lo colmaron de regalos: mi primer reloj, cosas para pintar, ropa, coche teledirigido. Muchos de estos obsequios aún los recuerdo. Otros no. Pero hubo un regalo que nunca olvidaré: un “walkman”. Quizá los más jóvenes lo hayan visto en algún museo.

            Era algo entonces “moderno”, y el que me regalaron particularmente, porque tenía radio, podías meter cintas casete, e incluso podía grabar canciones de la radio en las cintas.

            Fue gracias a ese artilugio que descubrí la radio, que escucho desde pequeño. En la primera comunión me regalaron otro walkman, pero seguí usando el antiguo, que tantas horas juntos le había cogido ya ese cariño extraño que solo se le coge a algunos objetos.

            Más de una vez rebobiné una cinta con un boli, porque se había atascado, operación que debía ejecutarse con sumo cuidado, para no romperla y para que no hubiera pliegues, pues luego podían volver a atascarla o provocar un sonido raro, como cuando se estaban gastando las pilas.

            Con los años abandoné aquel walkman, que aún conservo como reliquia, y que sigue funcionando, pero evolucioné al transistor, y a todo tipo de aparatos de radio, que me han acompañado mientras hacía deporte, o mientras opositaba, con radio clásica de fondo. Un día escribí al buzón del oyente para pedir una pieza entre carperis, enfiteusis y servidumbres. Fue el réquiem de Mozart, y créanme, sonaba más alegre que mis temas.

            Pertenezco a ese selecto club de oyentes que quita el sonido de la tele para ver el fútbol con el audio de la radio, incluso aunque a veces vaya la imagen por un lado y el sonido por otro.

            Los jueces somos muy de escuchar la radio, mientras hacemos las tareas de la casa, mientras trabajamos, o mientras conducimos a nuestros destinos hispánicos, porque es un medio más reflexivo y sosegado, y porque la soledad del juez acaso se mitiga con la compañía radiofónica.

            En mi casa cuando pongo el fútbol siempre me dicen “ya estás con tus amigos de la radio”, y así es, es que son mis amigos. Por eso, ahora estoy de duelo, porque algunos, como Pepe Domingo, nos han abandonado para siempre, y otros, como Alsina o Paco González, se han prejubilado. Hemos pasado tantas horas juntos, que ahora los echo de menos, como la época de mi walkman.

            Con los airpods, espotifais, podcasts, mp3, y demás innovaciones, va cambiando el formato de escucha, como ha sucedido periódicamente desde hace algo más de 100 años, cuando comenzó su andadura la radio, pero, por mi parte, aunque añore a los que se van, seguiré escuchando la radio, al menos, otros cien años más, o hasta que el meteorito, la IA, el efecto 2100, la profecía maya, o cualquiera de los desastres que cada año nos vaticinan el fin del mundo se haga realidad.

Luis Ángel Gollonet Teruel

¿ES NECESARIO TIPIFICAR COMO DELITO LA DESINFORMACIÓN EN LOS PROCESOS ELECTORALES?

¿ES NECESARIO TIPIFICAR COMO DELITO LA DESINFORMACIÓN EN LOS PROCESOS ELECTORALES?

            En los últimos tiempos han surgido propuestas de incriminación de la “desinformación” y, en concreto, en el marco de los procesos electorales. Reformas que, incluso, han sido abordadas en el Congreso de los Diputados. A este respecto, podemos tomar en consideración que, según el Eurobarómetro sobre ciudadanía y democracia de la UE, de diciembre de 2023, el 81% de los ciudadanos de la UE considera que la injerencia llevada a cabo por agentes extranjeros en los sistemas democráticos constituye un problema grave que debe abordarse, mientras que el 78% de los encuestados mostró su preocupación por el hecho de que la desinformación pudiese influir en las decisiones de voto de las personas. En este sentido, debemos anotar que no nos hallamos ante una serie de advertencias meramente catastrofistas, apocalípticas y sin sustento en la realidad práctica. Antes, al contrario. La reciente experiencia de procesos electorales acaecidos en diferentes países nos demuestra que las elecciones se han convertido en un objetivo a batir, como se observa en la denunciada influencia rusa en las elecciones norteamericanas -tanto en los años 2020 como 2024-, o en la repetición electoral de las elecciones presidenciales en Rumanía, acaecida en el año 2024, después de que el Tribunal Constitucional rumano anulase el proceso electoral por múltiples irregularidades en su desarrollo, a causa de la desinformación y de la influencia de potencias extranjeras.

            De esta manera, las elecciones se han convertido en un elemento perseguido, dentro de las amenazas híbridas, con las finalidades de desestabilizar Estados y de generar desconfianza en las instituciones públicas. Una de las vías para propiciar dicha injerencia es la difusión de desinformación, de fake news, de noticias falsas, de bulos, rumores y contenidos, que se propagan con celeridad por las redes sociales, y que se han reputado como serias amenazas para los sistemas democráticos, para los propios procesos participativos y para la conformación de la voluntad de los electores. En suma, se encuentra en juego la conformación de una opinión pública libre.

            Además, estos ataques se ven favorecidos por el empleo de herramientas de IA, que facilitan la creación de contenidos, su difusión ilimitada, y que también permiten llevar a cabo actuaciones que podríamos calificar como de ingeniería social, mediante el microperfilado de sujetos, la difusión de propaganda electoral, la movilización del electorado e, incluso, estudios demoscópicos sobre comportamiento de los posibles votantes, tendencias y variaciones. En este sentido, la IA puede comportar un alto nivel de injerencia en la libertad de los electores, y se puede emplear para manipular los resultados electorales. De igual forma, la IA podría utilizarse para falsear las cifras dimanantes de los comicios, mediante adulteraciones en el recuento de escaños.

            Con todo, no existe una definición unívoca del propio objeto que abordamos: la desinformación. En la página web del Consejo UE se indica que la desinformación es “la difusión de contenido falso o engañoso con la intención de inducir a error o con fines económicos o políticos”; además, introduce una matización significativa, cuando anota que se diferencia de la información errónea, que es aquélla que resulta falsa o engañosa, y que se difunde sin intención de perjudicar. Asimismo, el Consejo de la UE puntualiza que la difusión “estratégica y coordinada” de desinformación puede efectuarse tanto por agentes estatales como no estatales, y que ello, a menudo, se realiza “en el contexto de campañas híbridas más amplias, con el objetivo de manipular los entornos de información con fines políticos, de seguridad u otros fines estratégicos”.

En este sentido, se ha indicado que la desinformación se caracteriza porque se trata de una información verificablemente falsa o engañosa que, además, se crea y difunde con el ánimo de obtener beneficios económicos, o bien, para engañar intencionadamente al público, lo que tendría como consecuencia la distorsión del debate público y la afectación a la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en los medios de comunicación e, incluso, podría conducir a desestabilizar procesos democráticos, significadamente, las propias elecciones. Podemos apostillar que este fenómeno ha recibido una variedad de denominaciones, entre las que se han señalado expresiones como “polución informativa”, “postverdad”, “noticias falsas o fake news”, “comportamiento inauténtico coordinado”, “propaganda computacional”, “operaciones de influencia indebida”, “desinformación estructurada” o “guerra cognitiva”, entre otras.

            Ello nos lleva a considerar que las estrategias de desinformación han de ser analizadas con una óptica multidisciplinar, por lo que debemos soslayar toda tentación de exclusivismo normativo. Si bien, y tras reconocer la pluralidad de riesgos conocidos -y los que surgirán en el futuro-, en el momento presente hemos de mostrar una postura contraria a la incriminación de la desinformación, ya sea como tipo autónomo en el texto punitivo patrio, ya sea en el contexto específico de los procesos electorales y, por lo tanto, como un delito electoral que deba incorporarse a la LOREG.

            Son varios los argumentos que nos llevan a desechar el instrumento punitivo como remedio óptimo para luchar contra la desinformación. En primer término, la propia inseguridad en el objeto sobre el que recaería la conducta típica: cómo discernir qué es desinformación, su concepto, su alcance, sus contornos y sus límites. Además, surgen dudas en cuanto a su colisión con la libertad de expresión e información y sus fronteras -porosas- con la crítica política, con el humor,  con la ironía o con la acidez. No existe una definición normativa de la desinformación. ¿Va a depender del concreto mensaje? ¿Del medio en que se haya emitido? Aunque pueda semejar un reduccionismo, podemos indicar que un meme no puede ser desinformación, que la crítica política ha de requerir un notable ámbito expansivo del contenido del derecho a la libertad de expresión y que el hecho de establecer semejantes filtros o cautelas nos ubica muy próximos a una suerte de censura previa. Por otra parte, no se cumple el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad en la redacción de los tipos, ante el carácter difuso del concepto “desinformación”, lo que diluiría un acabado conocimiento del concreto objeto de prohibición, atentando contra la más elemental seguridad jurídica.

            Además, resulta discutible cuál sería el concreto bien jurídico a tutelar, su naturaleza, si se trataría de un tipo pluriofensivo o no, si es supraindividual, colectivo o aglutina elementos individuales… Ciertamente, algunos de los propuestos por la doctrina son demasiado abstractos y podrían constituir, a lo sumo, la ratio legis o bien jurídico mediato, pero no el elemento inmediatamente protegido por la norma penal. Justificar la incorporación en el sistema democrático o formulaciones similares resulta demasiado amplio e impreciso, y no colma la función hermenéutica que se asigna al bien jurídico protegido. Asimismo, surgen dudas en cuanto a la propia estructura del delito en cuestión: si sería de mera actividad, si sería un tipo de peligro, si requeriría algún tipo de resultado… Es decir, nos movemos en una gran inseguridad jurídica en cuanto a los elementos típicos de un concreto delito electoral, comenzando por su propia necesidad y por el interés jurídicamente tutelado. A lo que podemos agregar que resulta sumamente difícil concretar, causalmente, la relevancia de un determinado contenido, incluso, con un peligro -aunque sea hipotético-, para el sistema democrático. Ello nos llevaría a una noción próxima a los delitos cumulativos, lo que sería contrario a un Derecho Penal del hecho, en que cada sujeto responda por la concreta conducta cometida. Por otra parte, también surgirían dudas en cuanto a autoría y participación, y nos abocaría a un concepto expansivo de autor: ¿Quién respondería, el que ha creado el contenido, todo el que lo difunde, el que interactúa con él -incluso, en ocasiones, con una finalidad de crítica de lo compartido- o todos ellos? ¿Qué responsabilidad tendrían los sistemas de IA en tales difusiones?

En puridad, nos hallaríamos más próximos a una concepción exclusivamente preventiva, en que el Derecho Penal no obedecería a su carácter de ultima ratio, sino que se adelantarían, desmesuradamente, las barreras de protección, y se colisionaría, de modo directo, con la libertad de expresión cuando, paradójicamente, nos encontramos inmersos en pulsiones despenalizadoras en cuanto a los delitos de expresión. Atendiendo a la jurisprudencia del TEDH en cuanto al alcance, límites y cortapisas del derecho a la libertad de expresión, un tipo como el anotado podría generar un notable efecto desaliento –chilling effect-, sin que exista una justificación institucional o proporcionada que lo respalde, por lo que podríamos incluso dudar, en línea de principio, de la propia constitucionalidad de un delito que se configurase en tales términos.

            Es preciso que la lucha contra la desinformación sea plural, y que se emplee una pluralidad de herramientas, de técnicas y de procedimientos, sin que sea necesario que el instrumento punitivo vaya a la vanguardia en dicha batalla, lo que no le corresponde. Sin ir más lejos, y de un modo no exhaustivo, podemos mencionar que, con carácter previo, ha de acudirse a las estrategias de ciberdefensa y ciberseguridad estatales, tanto de ámbito civil como, y en la medida de su carácter de amenaza híbrida, también desde el punto de vista de la ciberdefensa militar. A su vez, ha de profundizarse en la cooperación con el sector privado, ha de promoverse el desarrollo de un soft law adecuado, han de implementarse programas de compliance en los prestadores de servicios de la sociedad de la información, y en los intermediarios, que atiendan a tales cuestiones en sus mapas de riesgos, que los evalúen y les den una respuesta corporativa eficaz. Ha de potenciarse el carácter ético de los algoritmos, y ha de apostarse por la transparencia en su diseño, desarrollo y funcionamiento, permitiendo descubrir su trazabilidad. Asimismo, ha de enfatizarse en la minimización del dato y en la aplicación rigurosa de la normativa sobre protección de datos personales.

Por otra parte, es preciso que se delimite con precisión el alcance de las competencias de las plataformas digitales en este ámbito, sobre todo, en punto a la denuncia y retirada de contenidos, ante el riesgo de que se instaure una suerte de censura por parte del sector privado. Además, ha de incidirse en la senda de la regulación administrativa y en la posibilidad de modificar el elenco de infracciones administrativas. Ha de recordarse que el ius puniendi no se limita al Derecho Penal, sino que la propia Administración Pública puede imponer sanciones, y que, en muchas ocasiones, estas resultan suficientemente efectivas, proporcionadas y disuasorias.

            En otro orden de consideraciones, ha de reconocerse un cierto tinte paternalista y condescendiente al debate a propósito de la incriminación de la desinformación y a su influencia en la conformación de una opinión pública libre. En este sentido, debemos anotar que presumimos que la población civil no es acrítica, ni se forma o instruye de un modo anómalo, indebido o deficiente. La selección de las vías de formación, de educación y de profundización obedece a una libérrima decisión de cada sujeto, donde el Estado no ha de entrar, salvo que lo que se pretenda sea la instauración de una moral o ética únicas. Se presume que cada usuario de las TIC las empleará de modo correcto, que verificará y contrastará los contenidos y las informaciones y que, finalmente, su plano mental se basará en una construcción crítica y fundamentada. Atribuir a determinados medios, portales o páginas web, incluso desde instancias públicas, su carácter de propagadores de la desinformación tiene unos notables efectos perjudiciales para el pluralismo informativo y para las libertades de expresión e información. El propio etiquetado de unos medios, promovido desde instancias públicas, redunda en la polarización, tan abiertamente cuestionada y denostada, precisamente, por esos mismos sectores.

            A su vez, debemos destacar la ausencia de estudios empíricos concretos, plenos y rigurosos, que conecten, indefectiblemente, la desinformación con la concreta manipulación electoral y, sobre todo, con su influencia en el electorado. De ahí que sea difícil el salto cualitativo que liga un determinado contenido con un riesgo para los bienes jurídicos aludidos con anterioridad. Además, debemos concluir indicando que, prima facie, en el momento presente, resultan suficientes los tipos delictivos ya existentes: como bien indicó Miró Llinares, es de esperar que el Derecho Penal ocupe un papel secundario en el desarrollo y progreso de la IA. Por de pronto, aunque algunas de las conductas que hemos aludido podrían ser delictivas, a continuación, hemos de reconocer que esta posible subsunción típica amerita la suficiencia, por el momento, de los remedios penales existentes. Más represión penal no significa más democracia, sobre todo cuando ello se hace a costa del sacrificio de derechos fundamentales con una larga tradición y evolución, como los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información.

Podemos finalizar esta entrada compartiendo la reflexión de De la Mata Barranco, en una entrada publicada en el fantástico blog Almacén de Derecho, cuando se muestra contrario a la incriminación de la desinformación y zanja “Bulos han existido siempre. Populares y periodísticos. Ahora que, con el acceso a las redes sociales, todos somos periodistas, quizás muchos más, quizás más extendidos. ¿Tiene que intervenir el Derecho Penal? Depende. En todo caso, hay poco margen. Habrá bulos inocuos, habrá bulos poco creíbles, habrá bulos de mal gusto y habrá bulos ofensivos. […] Los delitos son los y lo que son, por muchas vueltas que se les dé y los bulos, por muy dura que sea la época en que se produzcan, son también lo que son, y en la mayoría de los casos no son más que afirmaciones estúpidas de gente perezosa, inculta, aburrida o malintencionada. Pero no mucho más”.

 Daniel González Uriel

Letrado del Tribunal Constitucional

Magistrado (en servicios especiales). Doctor en Derecho