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Categoría: Opinión

ÓPERA Y DERECHO (I). Madama Butterfly.

ÓPERA Y DERECHO (I). Madama Butterfly.

Madama Butterfly, de Giacomo Puccini, es una de las óperas más conmovedoras del repertorio operístico. La música, que tiene algunos motivos japoneses, es propiamente pucciniana. Se trata de una tragedia japonesa en tres actos, basada en el cuento homónimo de John Luther Long (Century Magazine, 1898) -inspirado en las experiencias de su hermana en Japón y en la novela «Madame Chrysanthème», de Pierre Loti-, y en la obra de teatro del productor y dramaturgo David Belasco (1900). El desgarrador romance entre Cio-Cio-San y el (antipático) teniente Pinkerton quedó inmortalizado a través de la música de Puccini, aunque el estreno en el Teatro La Scala de Milán el 17 de febrero de 1904 fue poco agradecido (Puccini lo calificó de «linchamiento»).

La obra narra la historia de una geisha de quince años (Cio-Cio-San, Butterfly, porque revolotea como una mariposa), que se enamora perdidamente del teniente estadounidense Pinkerton, que presume de tener un amor en cada puerto: «En cualquier lugar del mundo / el yanqui vagabundo / se divierte y vive despreciando riesgos / Echa el ancla a la aventura / … / la vida no le satisface si no se apropia / de las flores de cada lugar». Él la toma como un pasatiempo y la abandona tras casarse con ella, lo que la lleva a ser repudiada por su familia («¡Ha renegado de todos nosotros! / Ha renegado, os digo… / del antiguo culto!»). Pinkerton se casa, pero no está seguro de lo que siente por la joven japonesa: «Amor o capricho, no sabría qué decirle».

Butterfly pasa tres años sin saber nada de Pinkerton, aunque está convencida de que volverá (“un bello día veremos / alzarse un hilo de humo / en el lejano horizonte del mar / Y entonces aparece la nave / después la nave blanca / entra en el puerto, atronando con su saludo / ¿Lo ves? ¡Él ha vuelto!…), e incluso rechaza a un príncipe pretendiente (Yamadori), alegando que sigue estando casada («Mi fidelidad / ya está comprometida… / Se cree que sigue casada / ¡No me creo casada, lo estoy!».

Cuando Pinkerton regresa a Japón, con una (nueva) esposa estadounidense (Kate), descubre que ha tenido un hijo con Butterfly («¿Quién ha visto nunca a un niño del Japón con los / ojos azules? / ¿Y esos labios? ¿Y esos ricitos de oro puro?») y decide llevárselo a Estados Unidos: «¡Ah, triste madre! / ¡Abandonar a mi hijo! ¡Así sea! ¡A él le debo obedecer!».

Pinkerton, vencido por la emoción, del recuerdo del amor, y por el remordimiento, huye como cobarde: «Adiós, refugio florido, / de alegría y amor. / Siempre veré su dulce rostro / con atroz tormento». El trágico final se vislumbra fácilmente: ante la ausencia de amor, la desesperación, la renuncia a su hijo y el desengaño la llevan a suicidarse: «Con honor muere quien no puede vivir con honor».

Más allá de la historia, la ópera permite observar temas jurídicos, como la validez del matrimonio internacional, la custodia de menores y los abusos derivados de asimetrías de poder, que hacen cuestionarnos sobre los derechos humanos y la protección de los sistemas jurídicos ante situaciones de abuso.

El núcleo dramático nace de un matrimonio celebrado en Nagasaki entre Pinkerton y Butterfly. Desde una perspectiva jurídica, se trata de un matrimonio sujeto al conflicto de leyes: ¿se rige por la legislación japonesa o debe reconocerse según el Derecho estadounidense? ¿Qué norma internacional resulta aplicable para tratar las cuestiones de este matrimonio y las medidas personales y patrimoniales?

En la trama, Pinkerton lo concibe como un contrato temporal, prácticamente anulable a voluntad, mientras que para Butterfly es una unión plena y definitiva. Canta Pinkerton, en una escena en que es advertido por Sharpless (Cónsul de los EEUU en Nagasaki) de que podría ser todo un capricho: «Por el día en que me case / en una boda verdadera,  / con una novia americana». Esta divergencia pone de relieve la importancia del consentimiento y de la interpretación cultural de las instituciones jurídicas.

En un momento determinado, tras hablar con Yamadori, en el diálogo entre Butterfly y Goro: «Pero la ley… / No sé nada de eso / Para la mujer el abandono se equipara al divorcio / Ésa es la ley del Japón, no la de mi país / ¿Cuál? / Los Estados Unidos … / Ya se sabe que aquí abren la puerta / y echan a la mujer con cajas destempladas y lo llaman divorcio./ Pero en América las cosas no son así… / Allí un juez como dios manda, / serio y en su sitio, le dice al marido: / “¿Usted quiere divorciarse? / Oigamos sus razones” / “¡Estoy aburrido de estar casado!” / Y el magistrado le dice: / “¡Ah, desvergonzado, venga, a prisión!”».

Por otra parte, Butterfly es una adolescente, lo que plantea cuestiones sobre la capacidad legal para contraer matrimonio y la posible existencia de vicios en el consentimiento. El casamentero Goro actúa como agente con claros conflictos de interés, y Pinkerton se aprovecha de un entorno jurídico que le favorece como extranjero, pues se siente impune, lo que permite un análisis desde la perspectiva de la protección de menores y la prevención de matrimonios forzados o simulados.

Tras la marcha de Pinkerton, Butterfly da a luz a un hijo. El regreso del oficial, acompañado de su esposa estadounidense, abre uno de los dilemas más relevantes: la custodia internacional de menores. Pinkerton desea llevar al niño a Estados Unidos, asumiendo que su condición de ciudadano norteamericano prevalece sobre cualquier vínculo materno. La ópera conduce a debates actuales  sobre sustracción internacional de menores, la primacía del interés superior del menor y los derechos de custodia en contextos transnacionales. El sufrimiento de Butterfly evidencia la ausencia de mecanismos efectivos para la protección de su rol materno y de su hijo.

Pinkerton actúa en toda la ópera desde una posición privilegiada (económica, jurídica y militar), pues sabe que su conducta no generará consecuencias legales en su país. Ese contraste con la situación de indefensión de Butterfly, en cuanto menor de edad, provoca el planteamiento de la impunidad transfronteriza y la necesidad de proteger, desde el contexto de los derechos humanos, a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. La misma escena de la boda hace comprender que existe esa asimetría: «Se concede al llamado / Benjamin Franklin Pinkerton, / teniente en la cañonera Lincoln, / Marina de los Estados Unidos, América del Norte: / y a la señorita Butterfly / del barrio de Omara, Nagasaki, / unirse en matrimonio, / por derecho el primero, y por su propia voluntad, / y a ella por acuerdo de sus parientes…».

Madama Butterfly, más allá de su música sublime, advierte sobre los riesgos del desequilibrio jurídico entre personas de distintas culturas, y de las consecuencias sobre las personas más vulnerables, en este caso, una mujer -con el peso cultural del Japón de la era Meiji-, y un niño que es trasladado por un padre que acababa de conocerlo y que su esposa afirma querer cuidarlo como si fuera suyo, y que abre la puerta a tratar otros temas como la gestación subrogada. La ópera invita a reflexionar sobre la necesidad de un Derecho sensible a los conflictos internacionales de Derecho de familia, que ponga el foco en la protección de la dignidad humana, y permite un análisis jurídico de diversas instituciones desde el prisma del Derecho internacional privado.

José Ramón de Blas.

APM Comunidad Valenciana.

JUSTICIA INDEPENDIENTE, GARANTIA DE DEMOCRACIA.

JUSTICIA INDEPENDIENTE, GARANTIA DE DEMOCRACIA.

Como todos sabéis en estos días hemos celebrado el XXVII Congreso Nacional de la Asociación y el eslogan elegido para el Congreso no es que sea acertado en los tiempos que corren, es que es un imperativo categórico; si en un Estado de Derecho no hay una justicia que tenga capacidad para garantizar los derechos de todos los ciudadanos por igual, no habrá democracia. Si en un Estado de Derecho hay un Poder Judicial que es denigrado constantemente por los otros poderes del Estado sin que los mecanismos de defensa funcionen correctamente no habrá democracia.

En los últimos años, y en especial en las últimas semanas, estamos asistiendo a un ataque feroz a la independencia del Poder Judicial, no sólo hacia los Magistrados del Tribunal Supremo, sino también hacia cualquier Magistrado, Magistrada, Juez o Jueza que ose abrir una causa o tener que resolver algún asunto relacionado con alguna persona o cuestión que sea de interés para el “poder político”, porque esto no va de siglas de partidos o ideologías, sino de un ataque permanente por quienes representan al pueblo español en el Gobierno de la Nación, en los Gobiernos autonómicos o en las Cámaras Legislativas tanto de las Cortes Generales como Asambleas Autonómicas.

Sostienen dichos representantes del “poder político” que el Poder Judicial no está exento de críticas, y que desde la libertad de expresión se puede decir lo que se quiera.  Pues no, eso no es así. Una cosa es la crítica jurídica con relación a un determinado asunto una vez resuelto, y otra muy distinta son las injerencias constantes, los ataques permanentes a la independencia judicial y el acoso mediático al que se somete a los Magistrados que están conociendo del asunto.

Cuando se dicte la Sentencia, critique usted desde un punto de vista jurídico-doctrinal porqué a su juicio procedería haberse hecho una cosa distinta de la realizada, pero mientras el enjuiciamiento se está produciendo, lo democrático, lo procedente para garantizar la independencia del Poder Judicial no es proclamar a los cuatro vientos la inocencia del acusado desde la primera tribuna que se pise, plató de televisión o inauguración de obra pública.

No, esto no es libertad de expresión, esto es presionar a quién está juzgando para que emita una Sentencia en el sentido que se quiere por parte de poderes que no integran el Poder Judicial.

Imputar de un delito de prevaricación o sedición a Magistrados porque el fallo no se ajuste a los intereses privados de determinadas personas o colectivos, e incitar a una movilización ciudadana para ir en contra de unos Magistrados por haber emitido un parecer jurídico razonado, o invitar a otros órganos judiciales a “corregir” lo realizado por un Tribunal en el ejercicio legítimo de sus funciones supone un ataque frontal a la independencia judicial que debe parar.

Debe parar porque no todo vale por querer ganar el relato. La democracia tarda mucho en conseguirse y muy poco en destruirse.

El Poder Judicial es esencial para un verdadero Estado Democrático de Derecho; el Poder Judicial emana del pueblo español, al cual debe su legitimidad. No se puede poner falsamente en duda esa legitimación del Poder Judicial porque se ganará el relato esa semana, pero se perderá la confianza ciudadana en la justicia, y ello resulta muy grave en un Estado de Derecho, aunque no se quiera ver.

El Sr. ministro de Justicia vino a la clausura del Congreso y pidió que le escuchásemos más allá de la posición de la Asociación, como si la voluntad de la Asociación fuese distinta de la de sus asociados que éramos los que le escuchábamos, en fin… . Nos dijo que las grandes reformas en materia de justicia nunca habían gustado a los jueces y con esto pretendía, no sé si justificar el rechazo a su reforma queriendo decir que siempre estamos en contra de todo lo que se pretende modificar en justicia. Hizo mención a la fuerte oposición que tuvo la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 en aquel momento, lo que olvidó decir es que quizás fue duramente criticada por la judicatura porque reformó el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial hacia un sistema de elección en el que se permitía una fuerte injerencia de los dos grandes partidos políticos en la elección de los vocales del Consejo y que desde Europa se nos ha invitado a cambiar.  

Efectivamente, todas las grandes reformas a las que se ha enfrentado la justicia habrán servido para llevar a esta a otro estadio, como por ejemplo su digitalización, pero desde luego no al de la plena independencia del Poder Judicial.

La plena independencia del Poder Judicial pasa por una plena independencia económica, una suficiencia de su plantilla orgánica, una independencia del Poder Ejecutivo, bien nacional o autonómico, del personal al servicio de la Administración de Justicia y dependiente únicamente del Poder Judicial, una mayor independencia de la Fiscalía que a su vez tiene como misión velar por la independencia del Poder Judicial.

De la nueva reforma planteada por el Gobierno con relación a la Oficina Judicial ninguna de estas aspiraciones para conseguir la plena independencia se ha materializado.

Resulta extraño que según va avanzando la andadura democrática de España el sentimiento de menor independencia del Poder Judicial sea mayor, cuando la lógica indicaría que según se van observando las debilidades del sistema, éstas se eliminen, no que se incrementen.

Sin embargo, y ya que se acerca la Navidad, intentaremos contagiarnos de ese espíritu de esperanza  propio de estas fechas, y reproducir en nuestras mentes esas frases de los ciudadanos que a todos nos llegaban cuando nos manifestamos en el mes de junio en contra de otra reforma que atentaba, nuevamente, a la independencia de la carrera judicial a través de su sistema de acceso, de que los ciudadanos están con su Poder Judicial, “¡ No estáis solos!, con el suyo, con el del pueblo español del cual emana la justicia, es decir, su Poder Judicial.  

Sonia Martín Pastor

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

         Pues  como quien no quiere la cosa hemos llegado a noviembre, y con ello hemos pasado de Halloween al momento en que Mariah Carey sale del bloque de hielo en el que ha permanecido todo  el año y comienza a cantar su, para mí casi única canción conocida, “All I want for Chritsmas is you..”.

         Precisamente esto de Halloween me genera muchas dudas y reservas, otra cosa más importada de EEUU no hace muchos años. Es más, incluso esta festividad ha perdido su esencia, pues  Halloween no es más que un término derivado de All hallow (víspera de todos los santos), de origen celta y romano, y os explico. Días previos al 31 de octubre observé movimientos fuera de lo habitual en mis adolescentes. Quería evitar preguntar porque sabía que la respuesta, de un modo u otro, iba a suponer que tendría que “pringar” (perdón por la expresión tan  coloquial o vulgar, pero describe fielmente la situación). No obstante, ese instinto maternal llevó a lo inevitable: ¿Qué os pasa?. Respuesta: “Aún no tenemos decidido de qué  nos vamos a disfrazar”. Ingenua le dije “Bueno, no sé, de zombi, esqueleto, de cadáver..”. Ellos, tras una mirada, mezcla de horror y sorpresa, contestaron “¡Ay, mamá por favor! No sabemos si de dinosaurio o de Alvin y las ardillas”. Claro, pensé yo,  Alvin es de super Halloween. En fin llamemos Halloween  a lo que viene siendo carnavales de otoño. Lo único que ha quedado de esta festividad es el truco o trato que tengo que hacer con ellos cada día.

         Entiendo que toda aportación cultural es beneficiosa y enriquece, pero siempre que ello no suponga olvidar nuestras propias tradiciones. Esta celebración norteamericana ha implicado que  las nuevas generaciones desconozcan o hayan olvidado que el día 1 de noviembre es el día de  Todos los Santos y el 2 de noviembre el Día de los difuntos, cuyo origen se remonta a la Edad Media, cuando el sacerdote San Odilón de Cluny instituyó un día especial para orar por las almas de los fallecidos. Pero no solo es esa celebración sino también la maravillosa costumbre española de que, casi todas las fiestas o efemérides, tienen aparejada su propio plato o dulce característico. En este caso, esos huesos de santo, los panellets, los buñuelos, sus castañas asadas… (ayns se me hace la boca agua..).

         Este año para mí, sin embargo, ese día ha sido especial. Cada día que pasa tengo la tentación de llamar por teléfono para contar la última ocurrencia de mis  hijos, para relatar cómo me ha ido el día, aún a sabiendas que en los últimos tiempos, más que un diálogo era un monólogo. Pero llamo y nadie contesta, cuando llego a casa de mi madre, busco en la habitación y él no está. Nunca una ausencia ha estado tan presente. El dolor se apacigua con el tiempo, pero no desaparece, no hay olvido. Sí, me refiero a mi padre, que desgraciadamente falleció hace unos meses, y a quien quiero dedicar estas palabras, así como a todos aquellos que habéis sufrido alguna pérdida, y qué dura es esa pérdida. Por eso, este año, ese Día de los difuntos ha cobrado un especial sentido.

          De él he heredado la afición por la lectura, que ya, a quienes me habéis leído con anterioridad, sabéis que es uno de mis hobbies favoritos. Aún recuerdo que ansiaba que  pasara el mes para que viniera el comercial de El Círculo de Lectores para poder elegir y comprar mi próximo libro. He sido una afortunada de haber compartido con él, aprendido de él, reído con él, y también, cómo no, sufrido con él y por él. Las madres y los padres deberían ser eternos, aunque en el fondo sí creo que lo son, porque siento que me acompaña cada día, en cada momento.

         No obstante, tampoco quiero acabar el blog con este regusto de tristeza, entre otras cosas porque a mi padre no le gustaría, por lo que para terminarlo (para mí el último de este año), y  previamente a agradecer el tiempo invertido en la lectura de mis artículos, quiero daros unas notas:

– Os informo: ¡Sigo en el gimnasio¡¡¡ (aquí me vendría genial poner un emoticono de una flamenca o de un brazo sacando músculo). Ahora bien, no engañemos a nadie,  comenzamos una época especialmente complicada de eventos, comidas… Ya  tengo en noviembre mis primeras comidas de Navidad (no hay tiempo que perder), y ello supone que también ha llegado el momento, inevitable por otro lado, de hablar con el coach (vamos el  monitor/profe del gimnasio de toda la vida pero en fino) y decir “perdona, tenemos que hablar.. vamos a tener una suspensión temporal de la convivencia…  Lo siento mucho, no eres tú, soy yo… Ya en un futuro ya veremos…”

– Al hilo de lo anterior, mi reto del nuevo año es no solo practicar deporte sino también la mente, lo que también finamente se llama mindfulness.  Resulta muy interesante que, ya desde el CGPJ, en el plan de formación ya se intenta poner en valor la salud y bienestar mental, lo que indudablemente es necesario, especialmente teniendo en cuenta la próxima implantación de la tercera fase de los Tribunales de Instancia. Eso sí que va a ser truco o trato y no el de Halloween. En todo caso, si no me adjudicaran el curso que he solicitado, siempre queda una terapia que es infalible:  quedar con las amigas. En ese supuesto, al comentarlo con la pareja/cónyuge el planteamiento habrá de ser distinto que con el “coach” del gimnasio “No es por mí, es por tí y por tu salud”

         La conclusión no es otra que intentéis ser felices.

         Así que con permiso de Mariah Carey y del alcalde de Vigo, Feliz Navidad.

María de las Nieves Rico Márquez

TODOS MENOS TU

TODOS MENOS TU

Mientras media España veía como Fredy Mercury y Montserrat Caballé cantaban aquello de Barcelonaaaaaa y la otra media bajaba a Sevilla, estrenando el AVE -que llegaba puntual- para asistir a la Expo, el maestro de Úbeda, Joaquín Sabina, sacaba una canción que, más que una canción, era una manifestación.

            La cancioncilla comenzaba diciendo:

“Nietos de toreros disfrazados de ciclistas/ ediles socialistas/ putones verbeneros/ peluqueros de esos que se llaman estilistas/ musculitos/ posturitas/ cronistas carroñeros/ divorciadas calentonas con pelo a lo Madonna/ trotamundos/ fantasmas/ soplones de la pasma/ pintorcillos vanguardistas/gremios del diseño…….”

            No transcribo íntegramente la letra de la canción porque estoy segura de que, a estas alturas, el que lee estas líneas ya la está buscando en spoti.

Como decía, la canción es una manifestación que reunía, sin autorización de Delegación de Gobierno, a lo mejor de cada casa que pululaba por el Madrid de principios de los noventa, mezclando a los últimos románticos que se quedaron anclados en la movida madrileña y a las principales figuras de la época de la beutiful people.

            Si nos traslados al momento actual, de la misma manera que ver telediario es como ver una película de Berlanga, -el valenciano no se hubiera imaginado como la realidad superaría  su ficción-, es posible también, en la canción de Sabina, poner nombre a muchos de los que aparecen en la misma, si bien es cierto que ahora tenemos incorporaciones nuevas con hermanos de presidentes, mujeres de presidentes, jueces que citan a mujeres de presidentes un sábado, jueces jubilados que salen en televisión ese mismo sábado criticando al que había hecho la citación en sábado, jueces tuiteros que saben de todo y que dicen nunca valorar el trabajo de otros compañeros, fiscales con un escrito de acusación sobre la mesa y no firmado por ellos sino firmado frente a ellos, ministros que ya no son ministros, que tenían “sobrinas” cobrando sueldos públicos sin trabajar, exmujeres de ministros que salen en televisión contando las infidelidades de su exmarido de la misma manera que salía la que fue exmujer de un alcalde, para luego casarse otra vez con el mismo marido poco tiempo antes de fallecer,  que fue edil de un conocido municipio malagueño y contaba en televisión cómo llegaban las bolsas de basura a casa llenas de billetes cuando el alcalde y ella eran felices, antes de que llegara la tonadillera, tenemos también porteros de clubs que se convierten en asesores del ministro que tenía sobrinas y consejeros de Renfe de la noche a la mañana, profesores de esquí que han dejado altos cargos para volver otra vez a descender cumbres borrascosas, presidentes de aerolíneas rescatadas con mayores cantidades de dinero que las originariamente pedidas, comisionistas que van de programas de televisión  a programas de radio lanzando “bombas” mediáticas pero que no las presentan donde las tienen que presentar, acompañando las correspondientes pruebas y si nos faltaba alguna guinda en el pastel, tenemos por ahí una flotilla que está intentando cruzar el mediterráneo, que salió encabezada por una “activista” que igual te regaña porque no luchas lo suficiente contra el cambio climático que se une a la causa palestina, junto con una que fue alcaldesa de una ciudad del noroeste de España, flotilla que salió el día 31 de agosto de Barcelona y que, a día de hoy, uno de octubre,  aún no ha llegado a su destino…..seguro que los fenicios se cruzaron el Mediterráneo en menos tiempo.

            Leer el anterior párrafo de corrido, de la misma manera que cantar la canción de Sabina, es quedarse, a buen seguro, sin aliento; tanto personal en el mismo momento de la historia es adelanto de algo que no sabemos muy bien como acabará, sólo hemos de concluir en el mismo sentido que la canción….. “estaban todos menos tu/ y yo mas triste que un pingüino en un garaje/ como un borrón en el paisaje de la multitud/ todos menos tu”.

Carmen Romero

Octubre 2025

Una medida anticorrupción fácil, rápida y casi gratis.

Una medida anticorrupción fácil, rápida y casi gratis.

En los últimos tiempos la máxima preocupación de la sociedad gira en torno a la corrupción política con una sensación de total hartazgo ciudadano.

Podría proponer bastante medidas aquí como más jueces y fiscales, más creación de tribunales, más medios para unidades centrales o especializadas de Policía y Guardia Civil como UCO, UDEF, UDYCO, GRECO, EDOA, modificación del delito de blanqueo de capitales , tipificación del delito de enriquecimiento no justificado legalmente, nombramiento de vocales judiciales del CGPJ conforme criterios que fija la UE y GRECO del Consejo de Europa, imparcialidad y criterios en el nombramiento del FGE, ley de lobbies, etc.

Pero me voy a ceñir a una. Seguro que habéis visto titulares de “causa se archiva por transcurrir el plazo de instrucción”, “a la juez X se le pasa el plazo de instrucción”, etc.

No hablaré de lo que me parece el artículo 324 de la LECRIM del plazo de un año de instrucción, de lo que considero la razón de su creación o de unas interpretaciones jurisprudenciales que no comparto.

Creo que lo que normalmente no conoce el ciudadano es que muchas de estas causas se llevan en juzgados colapsados donde se pueden superar las 300-400 causas penales anuales y a la vez existir 1000-1500 causas civiles.

Como comprenderéis por mucho que se intenten revisar las causas anualmente o que se intenten hacer Excel, la sobrecarga de trabajo, el estrés, la presión y falta de medios hace que sea más fácil cometer errores. Es más, cuando yo empecé hace cerca de 10 años, en julio y agosto que todo estaba más tranquilo, nos podíamos dedicar a revisar el juzgado. Ahora, con el volumen de trabajo que hay, en julio y agosto creo que la mayoría nos dedicamos a resolver todo lo pendiente posible sin poder sacar tiempo para revisar los armarios.

Por eso mi propuesta es solo una: alertas automáticas 2 meses antes de finalización de plazo de instrucción con traslado automatizado a las partes para pronunciarse sobre plazo y diligencias y borrador de auto de prórroga de instrucción para supervisión y aprobación judicial.

A los 10 meses desde la fecha de incoación, alerta automática de riesgo de transcurso de plazo para verificar la causa por juez/fiscal con providencia de traslado automatizado a las partes y ministerio fiscal para pronunciamiento sobre prórroga de plazo y diligencias pendientes de acordar y practicar. Transcurridos 30 días y con margen de un mes, borrador automático de prórroga de plazo de instrucción para supervisión y aprobación por el juez (Decisión asistida Art. 57 Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo).

E integrar esto en los sistemas de gestión procesal de todo España desde ya. Para que a ningún juez o fiscal se les pueda pasar el plazo de instrucción de ninguna causa, y menos de corrupción.

Dejo hasta el pseudocódigo hecho por ChatGPT por si sirve:

// Evento: Al incoar la causa

onEvent(«CAUSA_INCOADA») {

 setDate(«fecha_incoacion», currentDate)

 // Programar alerta automática y providencia a los 10 meses

 scheduleTask(«alerta_y_providencia_10_meses», dateAdd(«fecha_incoacion», 10, «meses»))

}

// Tarea automática: Alerta y providencia a los 10 meses

onScheduledTask(«alerta_y_providencia_10_meses») {

 // Alerta de riesgo de vencimiento del plazo

 notify(«JUEZ», «Alerta: Riesgo de transcurso de plazo de instrucción»)

 notify(«FISCAL», «Alerta: Riesgo de transcurso de plazo de instrucción»)

 notify(«PARTES», «Traslado automático: riesgo de vencimiento de plazo de instrucción»)

 setDate(«fecha_alerta», currentDate)

 // Generar providencia automática

 generateDocument(«PROVIDENCIA_TRASLADO», template=»traslado_prorroga_y_diligencias»)

 assignTo(«SISTEMA», «Firmar y notificar providencia automáticamente»)

 // Notificar providencia a partes y Ministerio Fiscal

 notify(«PARTES», «Providencia de traslado para pronunciarse sobre prórroga y diligencias»)

 notify(«FISCAL», «Providencia de traslado para pronunciarse sobre prórroga y diligencias»)

 // Programar verificación en 30 días desde la providencia

 scheduleTask(«verificar_prorroga», dateAdd(«fecha_alerta», 30, «días»))

}

// Tarea automática: Verificación y borrador de prórroga

onScheduledTask(«verificar_prorroga») {

 if (not isClosed(«CAUSA»)) {

 // Generar borrador automático de prórroga

 generateDocument(«BORRADOR_PRORROGA», template=»prorroga_instruccion»)

 // Enviar al juez para revisión y aprobación

 assignTo(«JUEZ», «Supervisar y aprobar borrador de prórroga de instrucción»)

 // Establecer fecha límite con margen de 1 mes

 setDeadline(«BORRADOR_PRORROGA», dateAdd(currentDate, 1, «mes»))

 }

}

«PREFERIRÍA NO HACERLO»

«PREFERIRÍA NO HACERLO»

El calor estival me induce sopor e ideas brumosas sobre lo que viene ocurriendo frente a los muros de la patria mía. El escenario cuyo telón se cerró en julio, que abrirá segundo acto a partir de septiembre, dejó un panorama de una nueva anormalidad preocupante. El contexto es, como en Bartleby, el escribiente, un momento de profunda transformación, en una deriva hacia un sistema cada vez más mecanizado e impersonal, como al que parece abocarse el ahora llamado servicio público de justicia.

Las diversas modificaciones consumadas o proyectadas generan dudas sobre la verdadera eficiencia de lo que refiere como mero servicio, y que constituye una de las tres bases del Estado de Derecho. No se trata únicamente de conjurar los riesgos de empobrecimiento en la independencia y en la calidad de la justicia, sino también de que no se efectúen reformas gatopardianas.

Eran eso de las cuatro cuando, entre la bruma somnolienta, se me apareció Bartleby, esa figura pálida, respetable, e irremediablemente desamparada. Bartleby es un símbolo del rechazo a un sistema vacío, que requiere adaptación sin cuestionamientos, de la ejecución de una tarea por rutina, y que conduce a la reflexión sobre la alienación y la resistencia pasiva.

Me vino entonces el reflejo del proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, que prevé unas medidas que hacen cuestionar su mismo título, es decir, que amplíe y que fortalezca.

La reforma proyectada pretende un cambio de modelo en el acceso a la Judicatura y la Fiscalía, que busca -dice- garantizar la igualdad de oportunidades y «atraer talento» con independencia del origen económico o geográfico, con el fin de que el acceso se produzca exclusivamente por mérito y capacidad. Bajo este pretexto, en las pruebas de acceso «introduce un ejercicio práctico escrito, en sustitución de una de las pruebas orales existentes en la actualidad, y las anonimiza». No parece que el nuevo sistema traiga más igualdad de oportunidades a las que ya existen; y lo de «atraer talento», no se explica bien a qué talento se refiere, cuando éste debe ser el superar, tras el esfuerzo, la oposición, a la que, como prueba de mérito y capacidad, y mutatis mutandis, habría de sujetarse cualquier acceso al cargo, que no ha de soslayarse bajo un supuesto mandato de estabilización de jueces sustitutos y fiscales interinos, en el sentido que puso de relieve el informe del CGPJ al anteproyecto de ley.

Y, así, oníricamente, el juez, como Bartleby, permanece impasible, solo, indiferente al mundo, donde solo se busca el dato, y se orillan las condiciones del ars iudicandi; porque juzgar es una tarea artesana, que no puede replicar un algoritmo sin alma, ni resolverse con modelos preestablecidos. Necesita de conocimientos técnicos (que se adquieren con memorización y práctica, porque no se puede razonar sobre lo que se desconoce), tiempo de reflexión, mucho sentido común, e infraestructura en medios materiales y humanos, y, en definitiva, de inversión, que no gasto. Sobre esto habría que recordar el excelente estudio de Mora-Sanguinetti, que dio muchas claves sobre la verdadera eficiencia en Justicia.

De lo contrario, fácilmente se puede prever a Turkey, Nippers y Ginger Nut en las oficinas judiciales o servicios comunes de los tribunales de instancia: uno productivo por la mañana (hasta las 12h) y caótico por la tarde, otro permanentemente insatisfecho con problemas gástricos, y el último para el que toda la ley cabe en una cáscara de nuez.

En esta ensoñación de verano, el juez se convierte en una especie de Bartleby, con su rechazo silencioso, desplazado de ese entorno, con una inacción activa (I would prefer not to), ante la deshumanización del individuo que, como el Meursault de Camus, es indiferente con su madre, con su novia, con el proceso, con el sistema, con su vida… la apatía absoluta. La oficina se encuentra, con sus paredes y ventanas que dan a muros de ladrillo, encerrada en la claustrofobia existencial y profesional del sedicente servicio público. Bartleby ya no encaja en ese engranaje, y con su voluntad individual se niega a actuar y a justificarse a sí mismo, y por eso se alza en un grito silencioso contra esta alienación, con la que prefiere no participar y a la que resiste con su pasividad.

Así que la frase «preferiría no hacerlo» es un manifiesto para aquellos que se niegan a aceptar lo inaceptable.

José-Ramón de Blas

Sección Territorial Com. Valenciana.

Último blog antes de las vacaciones estivales

Último blog antes de las vacaciones estivales

Pensaba en escribir algo ligero, como decía Nieves en su entrada de la semana pasada, esto del calor, las vacaciones a la vista… pero…

Estoy escuchando la tertulia de la radio en una emisora tranquila, ni pa ti ni pa mí, que luego no tengo ganas de pasarme el día entero de mala leche. Terminando de poner cremas solares, bocatas, botellitas de agua, marchando al summer school; de fondo escucho que van a empezar a analizar uno de los “temas del día”. Ayer el Ministerio de Función Pública y Transformación Digital dio a conocer el documento de “Consenso por una Administración abierta”. El Ministerio, pese al título del documento, y como viene siendo habitual no había, no ya consensuado ni siquiera hablado, con ningún representante de los cuerpos funcionariales afectados, Inspectores de Hacienda, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado… Ahí son nada. ¡Pedazo oposiciones!, como decíamos en la carrera.

Empiezan los tertulianos a analizar, bla bla bla, yo a lo mío que se hace tarde. Niños en el coche, cinturones puestos …, y de repente, escuchas “ a ver, yo lo único que digo es que esto es como el 6º turno de judicatura, por mucho que se opongan hay una realidad ….” . ¡Se acabó!, ya no es que vaya a estar de mala leche todo el día, sino que el taco que he espetado por mi boca ha provocado que una ratoncilla de cinco años se pase todo el camino al cole riéndose y repitiendo el taco… dila tu ahora que no lo diga. Que le voy a hacer, es hija mía.

De verdad, yo no sé si algunos periodistas lo hacen por desconocimiento o por desinformar. Casi preferiría que fuese lo primero. En cualquier caso, las tertulias las escuchan millones de españoles, a los cuales les generas el pensamiento de que existe una bolsa de jueces y magistrados a los cuales los jueces y magistrados de carrera les estamos negando sus derechos laborales, y a esto le acaban de poner un nombre; 6º turno.

También estas generando la opinión pública de que existen unos altos funcionarios de la Administración General del Estado, obsoletos. ¡Nada más lejos de la realidad!. Si algo ha caracterizado a la “alta Administración del Estado” es la capacitación de quienes la componen; hombres y mujeres altamente formados en sus materias, plenamente capacitados, y que han llegado hasta donde han llegado por mérito y capacidad. La mayoría, por no decir, el 99,9% de los “Altos funcionarios del Estado” proceden de familias de clase media o baja que, con un gran esfuerzo por su parte (no son pocos los opositores que trabajan), y por el de sus familias, han superado unas durísimas oposiciones que les ha dado un empaque profesional que es garantía de profesionalidad, independencia y alta cualificación. Y así ha venido siendo durante toda la democracia.

Y si esto es así, si nunca ha habido un atisbo de duda sobre los sistemas de oposición a la Alta Administración, si de ese sistema salen profesionales sobradamente cualificados que se han ido adaptando a los distintos retos que se han venido presentando, entre ellos la pandemia, a la que el texto alude como pretexto para la modificación, no sabemos de qué porque se supero pese a la incompetencia patente de todo el sector político, y ello gracias a unos funcionarios, entre ellos personal sanitario público, que por cierto supera un MIR (un sistema de oposición), que por haber pasado un riguroso sistema de oposición, han sabido dar respuesta a los difíciles retos que en los últimos años se han venido planteando.

La desinformación.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, paralizada en el Congreso de los Diputados, ¡uy perdón!, solo Congreso, a expensas de lo que a bien tengan que pedir 7 diputados que representan a una minoría de la sociedad catalana, no va a suponer una democratización del sistema de acceso a la carrera judicial, ni va a dar cumplimiento a una exigencia del TJUE, ni nada que se le parezca.

Con relación al 6º turno ya tuve ocasión de escribir que;

La Administración Pública, sobre todo la autonómica y local, que no es Poder Judicial, en las últimas décadas ha acudido con gran frecuencia a la figura de los funcionarios interinos para cubrir sus necesidades de personal, olvidando la convocatoria de procesos selectivos de conformidad con la exigencias constitucionales (procesos selectivos de convocatoria de oposiciones basados en los principios de mérito, capacidad, igualdad) , lo que ha dado lugar a toda una serie de pronunciamientos de la justicia española y europea en torno a la aplicación de la Directiva  1999/70/CE, que establece un marco legal para el trabajo de duración determinada en la Unión Europea, garantizando la igualdad de trato para los trabajadores temporales.

Los funcionarios interinos iniciaron reclamaciones frente a las distintas Administraciones, y entre sus exigencias, y amparándose en la citada Directiva 1999/70/CE solicitan que se les convierta a funcionarios de carrera por el hecho de venir prestando sus servicios con carácter interino. Tal solución no ha sido adoptada ni por la Sala Tercera del Tribunal Supremo ni por la justicia europea. Ni se ha establecido ninguna recomendación en tal sentido por la Comisión Europea.

El TJUE lo que ha venido haciendo es manifestar que existe una situación de cumplimiento deficiente o ausencia de medidas de sanción en el derecho nacional frente a lo que se considera abuso de temporalidad. Por lo tanto, ha propuesto la estabilidad laboral como una posible solución, aunque se trata únicamente de una sugerencia, que tiene que estar en consonancia con el derecho nacional. Cosa que tampoco se dice por Europa es que la estabilidad laboral consista en “macro concursos” sin respectar las garantías constitucionales.

La Directiva 1999/70/CE se aplica en el marco de las relaciones laborales de duración determinada sin que se distinga en la misma si el empleador es una persona privada o pública. Por tanto, a la hora de establecer las posibles soluciones al abuso de la temporalidad se habrá de estar al derecho nacional, y dentro de nuestro derecho, o bien a la legislación laboral, o bien a la legislación administrativa, ambas jurídicamente distintas sin necesidad de hacer aquí un minucioso análisis de sus diferencias.

De ahí que las soluciones que se adopten en la jurisdicción social no puedan ser nunca aplicables a la jurisdicción contencioso-administrativa, por ser la naturaleza de la relación que une al empleado con el empleador sustancialmente distinta.

Y además, y lo más importante, se tiene que partir de un presupuesto base, el abuso en la temporalidad. Porque la Directiva no proscribe la existencia de trabajadores temporales, sino el abuso de estos mediante la temporalidad. De hecho, si se analizan los casos concretos de los contratos que han llegado a ser considerados abusivos, se tratan de supuestos de contrataciones de funcionarios interinos que han venido ocupando el mismo puesto de trabajo durante muchos años sin que la Administración convocase la plaza a concurso público.

…

El abuso de temporalidad tiene que hacerse caso por caso, no puede establecerse por ley y con carácter general para un colectivo, porque entonces, no se permitiría el trabajo temporal, cosa que la Directiva 1999/70 CE no dice, y así lo ha subrayado la jurisprudencia europea. Lo que está prohibido es abusar de la temporalidad, no de la existencia de ésta.

Amén de que los jueces sustitutos y magistrados suplentes no sufren un abuso de temporalidad. Y esto ya lo ha dicho la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:542) a propósito de un recurso contencioso administrativo en que la Sala desestima el recurso de un Juez sustituto en el que solicitaba se declarase que la totalidad de la regulación de la LOPJ relativa al referido colectivo era contraria al Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE, al introducir un trato discriminatorio injustificado basado en la naturaleza temporal de su relación de servicios y haber posibilitado un uso abusivo de sus nombramientos , buscando, en última instancia, una equiparación estatutaria total con los integrantes de la Carrera Judicial.

…

Sin embargo, no es el supuesto de la carrera judicial. Las oposiciones a jueces por el turno libre se han convocado con una periodicidad prácticamente anual. Desde el año 2019 y hasta el año 2024 se han convocado anualmente y un total de 847 plazas. Y el denominado cuarto turno se ha convocado en los años 2015, 2018, 2020 y 2023, con un total de 197 plazas, siendo además que la modalidad del cuatro turno, – acceso a la carrera por concurso entre juristas de reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional-, prevé como mérito puntuable haber ejercicio de juez sustituto o magistrado suplente.

Es decir, que en los últimos 7 años se han convocado para el acceso a la carrera judicial un total de 1.044 plazas. Hace referencia la exposición de motivos del Proyecto para justificar el proceso extraordinario de estabilización que el servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial de fecha 1 de enero de 2024, elevan a 913 el número de juezas y jueces sustitutos y magistrados suplentes. Por lo tanto, por los sistemas constitucionales se han convocado plazas de sobra.

Nada impedía que, los jueces sustitutos y magistrados suplentes se presentasen a las oposiciones, como seguro que ha sido el caso de muchos de ellos, por lo tanto, no puede compartirse esa idea del Proyecto de justificar el abuso de temporalidad. Tampoco quiere demonizarse la figura del juez sustituto y magistrado suplente que en su libertad no se ha presentado a las oposiciones, pero sin que ello pueda justificar que se permita excepcionar algo que no tiene justificación.

En fin, ya termino que, de mejor o peor ánimo hemos de irnos de vacaciones para coger fuerzas. Nos espera un año judicial intenso.

¡Buen verano a todos!

Sonia Martín Pastor.

Magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Palma de Mallorca.

DIARIO DE UN@ JUEZ DE PUEBLO

DIARIO DE UN@ JUEZ DE PUEBLO

  Sin darnos cuenta ya estamos en julio y para mí es el último blog  que escribo previo a las vacaciones de verano. Como viene siendo habitual procuro que mis artículos sean livianos, especialmente tras un “curso” tan convulso y durante una época en la que muchos estaréis de vacaciones y por tanto, poco proclives a estudios jurídicos sesudos, o al menos yo reconozco que estoy al límite de las fuerzas.

  Ahora bien, esta circunstancia entraña una dificultad añadida que no es otra la de la elección del tema a abordar. Pero entonces, como en muchas ocasiones en la vida, las cosas surgen por causalidad…. o no.

  Recientemente hubo una reunión de mi promoción para conmemorar los 25 años y a la que desgraciadamente no pude asistir, pero este hecho me hizo evocar mis comienzos en la carrera judicial. Mi primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Utrera, de eso ya hace tanto tiempo que hasta el nombre ha quedado obsoleto. Allí transcurrieron esos primeros años y, paradójicamente, fue donde  mejor y peor lo pasé, porque fueron años de horas de trabajo interminable, guardias complicadas, asuntos civiles aún peores, en los que, por mucho que trabajaras parecía que el trabajo se multiplicaba, pero en los que encontré compañeros/as  maravillosos/as, jueces y secretarios/as judiciales (ayns, nuevamente una nomenclatura superada), pero donde  me ocurrieron las cosas más graciosas y  ahí está el origen de este artículo. Vaya por delante que está hecho con todo el cariño y respeto del mundo.

  No puedo olvidar ese día 29 de abril de un año cualquiera (tampoco hay que dar tantos datos), cuando nada más cruzar el umbral de la puerta del edificio judicial, un guardia civil se cuadró y emitió un sonido tras chocar los tacones de sus zapatos. Sobresaltada me giré para ver quién había venido ante tal muestra de respeto, y no había nadie, ¡es que se estaba cuadrando ante mí¡ Ahí fue cuando fuí consciente de que aquello iba en serio, diría que aún fui más consciente que  cuando nos entregaron los despachos.

  La gente de Utrera  y de los pueblos que conforman el partido  judicial es encantadora, y recomiendo visitarlo porque  además de bonitos, se come muy bien (doy fe porque fueron muchas horas y muchos días allí sin comer en casa), pero creo que hay una recomendación que todo/a juez de pueblo debe saber antes de empezar a trabajar, y no solo es recabar esos valiosos modelos de autos, sentencias tan útiles.., sino el vocabulario del lugar, y muy especialmente sus insultos. Yo así lo hice y me resultó útil para los que por entonces eran los juicios de faltas de injurias. No en todos sitios se insulta igual.

  Como decía tomé posesión un 29 de abril, y para más datos estaba de guardia, que, como no podía ser de otra manera fue complicadísima, con un montón de detenidos que me llevó hasta altas horas de la tarde/noche. Recuerdo que finalizada la jornada  llamé a mi madre para contarle cómo había ido todo  y la pobre, toda preocupada, su   primera pregunta fue “¿pero has comido?”. “ Por favor mamá, cómo voy a parar a comer” respondí casi ofendida. Ay añorada juventud, en lo que todo era posible, no pensabas en la comida ni en el descanso, y no comprendía que  la preocupación de mi madre pudiera ser esa. Ahora, pasado el tiempo, me sorprendo a mí misma cuando recojo a mis hijos del colegio y mi primera pregunta es…. lo habéis adivinado “¿habéis comido?” y añado “¿qué habéis comido?”.

  Las anécdotas de estos primeros destinos son miles: la clásica de dirigirse a la juez como “señorita” o cuando los testigos buscan la Biblia para jurar o prometer (las películas y series americanas han hecho mucho daño). Poco se habla de esos juicios de faltas en que alguna de las partes, sobre todo cuando eran cuestiones vecinales, venían con una carpeta azul, porque ello seguro que venía seguido de la frase “Señoría que esto  no es de ahora, esto viene de antiguo”.

   Pero hay un hecho que recuerdo con mucha gracia. En un interrogatorio de un imputado (sí imputado, que es como se denominaba) en unas diligencias previas (eso por lo visto no ha cambiado, creo)  incoadas en un delito contra la seguridad del tráfico,  me dispuse  a practicar el referido interrogatorio, muy seria y muy “en mi papel”: “D. X ¿no es cierto que usted el día… conducía su vehículo ebrio?”. Silencio. Repito la pregunta porque a lo mejor no me entendió bien. Silencio. ¿Será que quiere acogerse a su derecho a no declarar? Su abogado no decía nada. Y en esto que el  imputado muy serio me contesta “Señoría, yo no iba ebrio, yo iba borracho”. En fin, nada más que añadir, las risas fueron inevitables.

  Además no todo era judicial. Hubo un tiempo que fuí la Decana del partido judicial, lo que suponía, además de reuniones con todas las instancias y autoridades del pueblo, acudir a sus fiestas patronales y eventos varios. Ya os digo que la Escuela Judicial no hace simulaciones sobre   esa fiesta de la Patrona de la Guardia Civil en la que, sin saber cómo, terminabas en el altar de la iglesia junto al alcalde de la localidad. No obstante, reitero  que fueron los mejores años. ¡Qué bien y con qué cariño y respeto nos trataba la Guardia Civil¡ (hablo en pasado porque en los Juzgados de lo Social poca o nula relación hay con la Benemérita).

  Y frente a esto, no hay tema de Carperi, ni Escuela Judicial para la que te prepare, porque  de ambos sales dominando el Derecho, pero no  te prepara para las cuestiones “extrajudiciales” que surgen en un primer destino. Buena prueba de ello es nuestro compañero Alejandro González Mariscal de Gante, cuando siendo titular de un Juzgado de Villajoyosa, en pleno verano, se tuvo que hacer cargo de todos los Juzgados y le llamaron  comunicando que había un menor con heridas que parecían haberse producido con arma blanca acompañado de una mujer, pero que no podían saber lo ocurrido porque hablaban otro idioma. Ante dicha situación inédita y sin saber qué hacer, nuevamente la causalidad (o no) hizo que la limpiadora del centro hospitalario en el que estaban,  reconociera la lengua que hablaban y pudieron descubrir que se trataba de un secuestro internacional, en el que la señora no era la madre del menor, sino una de las autoras del secuestro. Pero es más, es que apareció el otro autor del delito en el mismo hospital. ¿En qué tema de Carperi viene eso?

  Más al sur, una compañera estando en su Juzgado de Lebrija,  en el despacho al que se accedía directamente, sin tener que pasar por la oficina judicial, llegó una señora diciendo “quiero hablar con el Juez”, y ella contestó “sí, dígame”. La señora insistente volvió a preguntar “es que quiero hablar con el Juez” y mi compañera  le dió la misma respuesta, hasta que la compañera dijo “es que la juez soy yo” y ni corta ni perezosa la señora concluyó “bueno pues ya vengo otro día”.

  En el Juzgado del pueblo tienes que estar preparado para todo, hasta para encontrarte con el vendedor de cupones  de la ONCE haciendo su trabajo.

  Además estas pequeñas historias se producen siempre, independientemente de la promoción a la que pertenezcas. Así, nuestra joven compañera de Coria del Río, Ana Cremades Berto, me cuenta que, en un procedimiento de formación de inventario, como una de las partes no quería ver a su ex pareja fingió desmayarse, con lo que ello supuso de alarma entre el personal del Juzgado, llamada a la ambulancia,  que evidentemente cuando llegó pudo comprobar que la señora había fingido. También me relata que, en esta misma localidad sevillana en la que hay una relación con Japón (sería muy largo de contar aquí el motivo de ello),  y de hecho hay muchas personas que se apellidan así, un día llevaron al Juzgado a una  persona apellidada Japón decía a voz en grito que era descendiente de los samuráis, y que no sabían a quién se estaban enfrentando. Todo terminó siendo examinada por el Médico forense.

  Por eso es importante también conocer la idiosincrasia de nuestro lugar de destino.

  Podría estar horas contando estas batallitas, pero sería interminable, pero demuestran  lo que decía al comienzo y es que en ese primer destino es donde  transcurren  los mejores y peores momentos, pero en cualquier caso inolvidables.

  No quiero acabar sin agradecer  a quienes han aportado sus historias para la redacción del artículo y sin los que no hubiera sido posible, y a vosotros por emplear parte de vuestro tiempo en leer estas líneas. Quizás, dependiendo de la acogida del artículo y dado que se han quedado muchas en el tintero, pueda haber futuros artículos con la misma temática,  por lo que espero vuestro feedback.

  Deseo que tengáis unas buenas y merecidas vacaciones.

  Nieves Rico Márquez.

RESPONSABILIDAD  Y CÓDIGO ÉTICO DE LA CLASE POLÍTICA.

RESPONSABILIDAD  Y CÓDIGO ÉTICO DE LA CLASE POLÍTICA.

En estos días agitados y visto el panorama nacional propongo una pequeña reflexión para analizar la responsabilidad y código ético de la clase política.

Como decía Hans Küng, no habrá un nuevo orden mundial sin una nueva ética mundial, una actitud ética global o planetaria.

            La ética política se refiere al comportamiento de los servidores públicos y su puesta en práctica en los asuntos de gobierno y como tal es un asunto global.

Como escalón previo, es sabido que el cuerpo de funcionarios del estado, comunidades autónomas o municipales están sometidos a un régimen disciplinario en el ejercicio de su función con independencia de la responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse de su actuar; debiendo conducirse siguiendo un código ético.

            Los miembros del poder judicial tenemos esta previsión en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Un régimen que, como no podría ser de otra manera, es exigente. Se recoge la responsabilidad penal, civil y disciplinaria de sus miembros respecto a actuaciones llevadas a cabo en el desempeño de sus funciones.

De entre estas destaca la disciplinaria que comprende faltas muy graves, graves y leves así como sanciones que van desde la advertencia hasta la separación del servicio siguiendo procedimiento establecido en todo caso, vid artículos 414 y siguientes.

            La responsabilidad disciplinaria y el código ético de los políticos han de referirse a las normas de conducta y los mecanismos de control que deben seguir los representantes públicos para asegurar un comportamiento íntegro y transparente en el ejercicio de sus funciones. Estos códigos establecen principios, valores y reglas de conducta que buscan prevenir y sancionar conductas inapropiadas, garantizando la confianza pública en las instituciones.

            Hay que partir de la base que en el momento en el que una persona adquiere la condición de empleado o cargo público, además de las obligaciones jurídicas inherentes al mismo, y de las que se pueden derivar distintos tipos de responsabilidad legal en caso de incumplimiento (responsabilidad disciplinaria, penal, civil…), asume un compromiso o responsabilidad de naturaleza moral frente a la institución que representa, la ciudadanía y la sociedad en general.

Así, un empleado o cargo público puede ajustar su comportamiento o conducta a la legalidad, sin que ello sea por tanto generador de responsabilidad jurídica, pero estar, sin embargo, incurriendo paralelamente en conductas éticamente reprochables, impropias del cargo que desempeña o que son contrarias a los principios que deben regir su actuación (integridad, honestidad, ejemplaridad, responsabilidad…), generando otro tipo de responsabilidad, la denominada responsabilidad moral. Es necesario poner de manifiesto y ser conscientes que ese tipo de conductas contrarias al comportamiento ético, a pesar de que pudiensen no generen responsabilidad jurídica, pueden provocar un notable daño en la organización de la que se trate, y en los empleados de la misma, al provocar desconfianza o rechazo de la ciudadanía.

            Surge entonces la necesidad de elaborar un documento que regule los principios y reglas de comportamiento éticos que una organización o institución considera y asume que debe resultar de aplicación a las actividades o actuaciones que desarrolla, tanto en sus relaciones internas como en sus relaciones externas. Este tipo de códigos de conducta suelen tener un contenido básico que incluye un cierto número de pautas mínimas de comportamiento que sus miembros asumen de forma voluntaria, así como unos compromisos de cumplimiento, incluyendo algunos también un procedimiento, más o menos coercitivos, para garantizar su cumplimiento.

            En definitiva, se puede afirmar que las obligaciones deontológicas, tal como se plasman en los códigos de conducta aprobados por las instituciones, corporaciones o colegios profesionales, pueden llegar a convertirse en obligaciones jurídicas.

            Con carácter general, la existencia de los códigos deontológicos resulta útil en la medida que representan el conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían el desempeño de una actividad profesional. De esta manera, es el propio colectivo profesional quien determina las normas que van a regir su actividad lo que, sin duda, resulta ser un factor muy positivo ya que aportan transparencia, confianza y seguridad a la ciudadanía y al propio profesional, respecto cómo y bajo qué principios debe ejercer su actividad profesional o cargo público.

            Además, y con carácter general, a través de los códigos deontológicos se consigue, entre otros, los siguientes objetivos:

– definir el comportamiento adecuado del profesional con sus clientes y con otros profesionales o del cargo público con los ciudadanos.

– delimitar responsabilidades profesionales o del cargo público.

– promover el incremento de conocimientos científicos, técnicos, o de políticas públicas.

            La responsabilidad derivada del cargo parece adaptarse con mayor claridad a lo que, por consenso general, se denomina como responsabilidad política conocida en el mundo anglosajón, y exportado el término a todo occidente como accountability.

            Este tipo de responsabilidad únicamente se predica por los miembros que son parte de la administración pública y sobre todo aquellos que han sido electos por votación popular para desempeñar funciones políticas.

            Sin embargo la responsabilidad política en un sistema democrático es algo que no compete solamente a ciertos individuos que ostentan cargos de mando, sino que debe observarse siempre que cada uno de los individuos tiene un papel y un poder por el cual se encuentra obligado a responder frente a los demás miembros de la sociedad, una relevancia en la toma de decisiones, en su gestión y ejecución.

            Indagando en el tema encontramos un sorprendente desarrollo y bastante extenso de la responsabilidad ética de los partidos políticos en España así, Código ético y de conducta de mayo de 2023 publicado por el Ministerio de Política Territorial. Código ético y de conducta del PSOE, aprobado el 18 de marzo de 2023 y recientemente modificado el 2 de julio de este año (apartado 4.5 igualdad). Código ético y de conducta del Comité de garantías del PP, de mayo de 2023. Código de conducta de Vox 23 de marzo de 2023. Código de documento ético de Podemos sin fecha aunque probablemente de 2021. Acuerdo de las mesas del congreso de los diputados y del senado, de 1 de octubre de 2020, por el que se aprueba el código de conducta de las Cortes Generales.

Códigos de buenas intenciones con refrendo sancionador ya que recogen generalmente una serie de responsabilidades con la consecuencia de ser excluido de la organización quien incurra en una actividad inmoral o poco ética.

            Sobre la ejemplaridad en los cargos públicos se pronunció ya de antiguo el Tribunal Constitucional, en su sentencia 151/1999, de 14 de septiembre, que aludió a la exigencia de “cierta ejemplaridad social a quien ejerce cualquier función pública”, o “las reglas éticas de la neutralidad y la transparencia”. De forma más genérica, el Tribunal empleará, incluso, la expresión moral cívica de una sociedad abierta y democrática en relación con la libertad de expresión (STC 235/2007).

            La deficiente resolución de los conflictos de intereses a través del régimen de incompatibilidades y otras medidas aparece ya en el núcleo jurídico de la propia existencia del problema más allá de la ética o la moral cuando bordea o incluso se adentra en el campo penal fundamentalmente e incluso civil.

            Uno de los aspectos más enfáticamente subrayados cuando se alude a la ética profesional de los empleados públicos (valdría aquí para la clase política) es el que guarda relación con la prevención y resolución de los conflictos de intereses. Aquella situación en que el funcionario asume el riesgo de abusar de su poder, subordinando dicho interés general a su interés particular en forma de ánimo de lucro pecuniario o en especie.

            El Estatuto Básico del Empelado Público se refiere a estos riesgos, en su artículo 53, dentro de los que denomina principios éticos, señalando en su apartado 5 que los empleados públicos se “abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público”.

El mismo artículo, en el apartado 6 señala que “no contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público”.

            Pero como definir la responsabilidad política. Podremos decir que consiste en la conciencia individual y social que se tiene del otro, es el reconocimiento de los demás como sujetos de derecho, que son libres, racionales e iguales en el ejercicio del poder político; así pues, está encaminada a la búsqueda del bien común. 

Esta es más que una conciencia propia, es la aprehensión del rol social que desempeña cada ciudadano en su entorno, es identificar y aceptar el mundo que lo rodea, es la guía para sacar a flote, en los ciudadanos, la responsabilidad frente a los procesos democráticos, constituyéndose como posición ético-política, mediante la cual se estructurará el diálogo entre hombres e instituciones políticas, y se asegura mutuamente su bienestar y la consolidación del espacio público donde interactúan los individuos. Este espacio político se convierte en el ágora, en la forma de la plaza pública en donde los asuntos políticos toman su naturaleza común. Finalmente, consolida así la acción de los sujetos como eje importante para comprender el quehacer político y democrático tan determinante en las sociedades. Así se recoge en la obra Códigos éticos en el marco de las administraciones contemporáneas. Valores para un buen gobierno escrito por Oscar Diego Bautista.

Reproduzco aquí por su interés la tipología de valores para la gestión pública y su clasificación.

• Amabilidad / Buen trato /Cortesía • Honestidad /Honradez /Integridad

/Probidad/ Rectitud

• Armonía / Concordia / Acuerdo • Honor

• Asistencia / Presencia • Humildad /Modestia /Sencillez

• Atención al ciudadano • Iniciativa /Actitud innovadora

• Autoridad • Justicia

• Benevolencia • Lealtad /Fidelidad /Adhesión

• Calidad • Mérito /Merecimiento

• Capacidad /Aptitud /Suficiencia / • Moderación

Idoneidad

• Comunicación /Diálogo • Objetividad

• Confianza /Credibilidad /Fiabilidad • Paciencia /Tranquilidad /Calma

• Confidencialidad /Sigilo profesional • Previsión

• Cooperación /Participación • Profesionalidad /Aptitud /Competencia

• Cuidado /Esmero • Prudencia /Cordura

• Decoro /Decencia /Dignidad • Pulcritud /Buena presencia /Aseo

• Dedicación plena o exclusiva • Puntualidad

• Diligencia /Rapidez /Presteza /Prontitud • Renovación /Actualización

• Disciplina /Obediencia /Orden • Respeto

• Discreción /Reserva /Cautela • Responsabilidad /Cumplimiento

• Discrecionalidad • Sabiduría /Buen juicio /Tino

• Ecuanimidad /Ponderación • Sencillez en la tarea

• Eficiencia • Sensibilidad /Delicadeza /Intuición

• Ejemplaridad • Solidaridad

• Fortaleza /Firmeza • Templanza /Moderación /Continencia

• Franqueza /Sinceridad • Tolerancia /Condescendencia

• Equidad /Imparcialidad / • Transparencia /Claridad

No discriminación /Neutralidad

• Espíritu de servicio /Compromiso • Urbanidad /Educación /Respeto

• Flexibilidad • Valentía /Temple

• Generosidad / Liberalidad • Veracidad /Realidad

            Más allá de estos valores difíciles de encontrar de forma cumulativa desde luego, los diputados y senadores en España tienen una responsabilidad disciplinaria que se rige por los reglamentos de las cámaras (Congreso y Senado) y por la legislación general sobre régimen jurídico del sector público y procedimiento administrativo común, en lo no previsto por dichos reglamentos. Las infracciones pueden llevar a sanciones, y el procedimiento sancionador se ajusta a lo establecido en la normativa aplicable.

            Así pues en el marco de las infracciones, los diputados y senadores están sujetos a responsabilidad disciplinaria por el incumplimiento de sus deberes, como el mantenimiento del orden y la disciplina parlamentaria, así como por faltas de respeto o cortesía.

            Las sanciones por infracciones pueden incluir amonestaciones, suspensiones temporales en el ejercicio de sus funciones, e incluso sanciones económicas.

Y para su imposición existe un procedimiento sancionador que se inicia con la apertura de un expediente disciplinario, que debe garantizar los derechos de defensa del diputado o senador afectado.

            Téngase en cuenta que están protegidos por la inviolabilidad e inmunidad. Es importante distinguir entre una y otra, la inviolabilidad, protege las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones, y la inmunidad,  impide la detención o procesamiento sin autorización de la cámara respectiva.

Tienen un fuero especial ya que, las causas contra diputados y senadores son competencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, como garantía de protección.

Y cautelarmente existe un denominado registro de intereses: ya que los diputados y senadores están obligados a declarar sus actividades y bienes, que se inscribirán en un registro de intereses de cada cámara.

En resumen, la responsabilidad disciplinaria de diputados y senadores se basa en el cumplimiento de sus deberes y en el respeto a las normas de la cámara, con sanciones que buscan mantener el orden y la dignidad de la institución parlamentaria.

            La inviolabilidad supone en nuestro derecho la total irresponsabilidad de que goza el parlamentario por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones. Dicha irresponsabilidad es absoluta y perpetua, quedando liberado el parlamentario, en cualquier tiempo, de las acciones penales, civiles y administrativas que contra él pudieran entablarse. El concepto aparece consagrado constitucionalmente por el artículo 71.1 de la С.Е., así como recogido posteriormente en la inmensa mayoría de los Estatutos de Autonomía.

Las manifestaciones se ciñen al acto parlamentario o vinculado al ejercicio de la función como representante de una determinada fuerza política. Aunque también hay sectores que entienden que pueden considerarse cualquier expresión normal de la lucha política, dinamización y agitación de la vida social hacia donde también se extendería la garantía de inviolabilidad.

Resta destacar aquí las Resoluciones normativas de las Cortes Generales 413/000006 (CD) 509/000010 (S) Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 1 de octubre de 2020, por el que se aprueba el Código de Conducta de las Cortes Generales.

El artículo 2 recoge la observación de unos principios generales de conducta principios generales de conducta: integridad, transparencia, diligencia, honradez, responsabilidad y respeto, tanto a los demás miembros de las Cámaras como a la ciudadanía en general. Así como con acatamiento y respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, especialmente a los Reglamentos de las Cámaras y a las resoluciones que los desarrollan.

El apartado 2 dice que: los miembros de las Cortes Generales ejercerán sus derechos y cumplirán los deberes inherentes a su cargo atendiendo exclusivamente a la consecución del interés general y se abstendrán de buscar u obtener beneficio económico alguno, directo o indirecto, ni recompensa de ningún tipo por ello.

El artículo 8 crea una  oficina de conflicto de intereses y un régimen de infracciones y sanciones.

En definitiva la implantación de los códigos éticos a la clase política, no sólo ha de ser exigible sino que precisamente debería liderar este proceso con firmeza y determinación.

En un momento convulso de nuestra democracia, se debe fortalecer la convicción y confianza de los ciudadanos hacia nuestras instituciones, siendo los parlamentos o asambleas legislativas una pieza esencial en esta tarea.

La clase política como paradigma de comportamiento siguiendo unas reglas o principios morales. Por lo que los códigos éticos se configuran como un pilar fundamental para hacer pública e inquebrantable la confianza entre los ciudadanos y sus representantes.

Los cargos electos deben actuar con conciencia ética. Pero los códigos éticos no pueden convertirse en meras declaraciones de intenciones o programáticas. El control de aplicación y  mejora han de ser continuos y la vigilancia extrema. Ante el incumplimiento la adopción de medidas severas sin esperar a consecuencias jurídicas de índole penal, civil o disciplinaria en su caso.

En definitiva no puede ser un mero catálogo de ideas, debe incluir la revisión de conductas por un órgano rector con potestad sancionadora que procure la exclusión de quien infrinja el código ético. Sería una especie de derecho preventivo y referencia ciudadana a favor de la convivencia y conciencia ética.

Iltma. Sra. Dª. Celia Belhadj Ben Gómez

Magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Sevilla

Doctora en Derecho

¿Dinero por información? Incentivos económicos a denunciantes o testigos en casos de corrupción.

¿Dinero por información? Incentivos económicos a denunciantes o testigos en casos de corrupción.

El pasado 19 de marzo (2025) un medio digital[1] publicaba las manifestaciones realizadas por un empresario quien afirmaba, entre otras cosas, «…yo le podría decir que, casi cada día, el señor Koldo García reportaba o hablaba con el señor Santos Cerdán»¨… ¨siempre que se abordaba un nuevo negocio, Koldo decía: «Voy a hablar con…»; «Esto lo tengo que hablar con Santos Cerdán, hablaba mucho de esta persona».¨

¿Por qué un testigo que aparentemente posee información de esta naturaleza prefiere hablar con un medio de información antes que con la policía o la fiscalía? ¿Qué se puede hacer para incentivar las denuncias por corrupción?

Independientemente del alcance que hayan podido las concretas manifestaciones referidas en el procedimiento que se instruye en la causa especial número 20775/20020 seguida en el Tribunal Supremo (algo que desconozco completamente), me gustaría reflexionar en esta entrada sobre la importancia de los denunciantes, también llamados informantes en la Ley 2/2023 o simplemente testigos, en los procedimientos relacionados con la corrupción, haciendo referencia a la posibilidad de premiar económicamente a quien denuncia la existencia de hechos delictivos en el seno de una empresa u organización legal y entendiendo que el pago podría ser un estímulo para incrementar la persecución de esta clase de delitos que tanto daño ocasionan económico, institucional y social.

Los denunciantes o testigos que presencian un delito o tienen un conocimiento de primera mano de hechos que pueden constituir un delito, son una pieza esencial en la investigación penal de infracciones que se desarrollan en el seno de organizaciones o entidades formadas por varias personas con capacidad para actuar con cierta autonomía. En este tipo de organizaciones las acciones ilícitas suelen revestir cierto oscurantismo, y lo lógico es que se realicen a escondidas del resto de la sociedad. Mas importantes resultan todavía estos testigos cuando de lo que se trata es de denunciar la corrupción, teniendo en cuenta que, al oscurantismo o la opacidad de las actuaciones, se añade la presencia de personas con poder, que pueden abusar de su posición o utilizar su influencia para conseguir la impunidad de sus actos.

¿Puede ser el pago de incentivos económicos una opción?

El pago de incentivos económicos a los testigos o denunciantes resulta plenamente aceptado y regulado en los Estados Unidos.

Esta remuneración puede tener lugar de diversas maneras, las más conocidas son:

Las llamadas acciones “qui tam” Previstas en la False Claim Act[2] (Ley de Reclamaciones Fraudulentas), que permite a cualquier persona ejercer acciones (civiles) y denunciar a quien considere que, a sabiendas, se encuentra en alguno de los supuestos previstos en la Ley[3]. Iniciado el procedimiento el Gobierno (básicamente el Departamento de Justicia o DOJ) puede sumarse al procedimiento, decidir no intervenir en el caso, o solicitar su desestimación. En el caso que el Gobierno intervenga, si el procedimiento termina con una sentencia favorable al denunciante, éste puede ganar entre el 15 y el 25%[4] de la cantidad fijada en la Sentencia (la ley habla de proceeds) que sería algo así como lo que el Gobierno recupera, y que incluye tanto los daños como las sanciones civiles que se pueden imponer. Si el Departamento de Justicia decidió no intervenir y el denunciante obtiene una Sentencia favorable, el importe del beneficio que obtiene el denunciante se eleva a una cantidad entre el 25 y el 30%[5] de los proceeds.

Otros ejemplos son las recompensas a los denunciantes (whisterblowers) previstas en leyes como la “Dodd-Frank” Act[6]; el programa de la SEC (Security and Exchange Commission) que establece que quien proporcione información original que lleve a sanciones monetarias superiores a 1 millón de dólares puede recibir entre 10 % y 30 % de las sanciones monetarias obtenidas[7]; el programa CFTC (Commodity Futures Trading Commission) ofrece también una recompensa de entre el 10% y el 30%[8]. Por su parte la Ley de Protección de las Represalias[9] contra los informantes, si bien no establece recompensas directas, si prevé recompensas para los denunciantes por los perjuicios causados.

¿Cuál es la situación en España?

En España no se prevé la posibilidad de pagos o recompensas a testigos o denunciantes, y ello a pasar de la relevancia del testigo, y su papel clave en la lucha persecución de cualquier delito y en concreto, los delitos de corrupción.

El modo en que los responsables de investigar los delitos (policías, Fiscales o Jueces de Instrucción), pueden llegar a tomar conocimiento de la información relevante que puede reportar un testigo directo de los hechos es diferente según nos encontramos ante una organización criminal (un grupo de personas que se reúnen para delinquir) o se trata de una persona jurídica con un propósito aparentemente licito.

La forma de acceder a la información en las organizaciones criminales, cuyo propósito y actividad es por sí mismo ilícito, suele ser mediante el uso de confidentes, o infiltrados.

En las organizaciones que tienen un fin u objeto social licito, como puede ser una empresa comercial, un partido político o cualquier otra persona jurídica, es más difícil acceder al testigo que ve como se está cometiendo un delito. En estos casos no se puede usar un agente encubierto (salvo que claramente se trate de un grupo de personas que se juntaron para la comisión de alguno de los delitos previstos en el art. 282 bis Ley de Enjuiciamiento Criminal). Lo que sucede cuando se trata de una organización “legal” es que el sistema confía en la propia organización, y su capacidad para identificar las actuaciones presuntamente irregulares o ilícitas que se cometen en su seno.

Así, en España el Código Penal incentiva que sea la propia persona jurídica que establezca un sistema interno capaz de canalizar las denuncias que puedan interponer sus empleados. La existencia de estos canales de denuncia permite a la entidad eximirse de responsabilidad penal. En efecto, los apartados 4 y 5. 3º del art. 31 bis del Código Penal establecen que las personas jurídicas pueden quedar exentas de responsabilidad penal si, entre otras cosas, disponen de un modelo de organización y gestión (compliance) eficazmente implantado, que incluya, entre otras cosas, la obligación de informar de posibles incumplimientos a quien, precisamente, están encargados de vigilar la observancia de este modelo. Aunque el precepto no impone la existencia de un canal de denuncias, si desea beneficiarse de la exención, no cabe duda que, como señala Gimeno Beviá la existencia del canal de denuncias acaba convirtiéndose en una obligación.[10]

Pero, la imposición de un canal de denuncias, ¿permite asegurar que los empleados o miembros de la organización informaran puntualmente de la existencia de irregularidades? Dicho de otra forma, ¿nos podemos quedar tranquilos con “obligación” de tener canales internos de denuncia?

Es discutible que la mera imposición de los canales de denuncias sea suficiente. La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (la ley whisterblower) establece mecanismos de protección adecuada frente a las represalias que pueden sufrir los informantes y fortalecer una cultura de información (art. 1). Sin embargo, la experiencia práctica demuestra que quien denuncia un comportamiento delictivo en una organización asume un riesgo considerable, y en muchas ocasiones pone en peligro su única fuente de ingresos. En mi opinión, la protección que ofrece la Ley 2/2023, podría complementarse con otras medidas, como las recompensas económicas. Desde una visión estrictamente pragmática, si realmente se quiere incentivar a una persona a informar y relatar lo que está sucediendo en las organizaciones donde están integrados (como los empleados de una empresa) el informante tiene que percibir que el beneficio que va a obtener supera con creces el riesgo que asume con la delación. En esas circunstancias, incentivar al informante con una cantidad puede servir claramente de estímulo. Entiendo que ello podría resultar especialmente importante en los casos de corrupción, donde además del riesgo económico, se une la situación de desigualdad motivada por el cargo o posición privilegiada que ostenta el corrupto.

El incentivo económico a los declarantes no es una figura totalmente ajena a nuestro derecho. El Reglamento (UE) Nº 596/2014, de 16 de abril de 2014 (sobre el abuso de mercado), recoge esta posibilidad en el considerando nº 74[11]. Consecuentemente el art. 32.4 del reglamento establece “Los Estados miembros podrán prever, de acuerdo con la normativa nacional aplicable, la concesión de incentivos económicos a las personas que ofrezcan información relevante sobre posibles infracciones del presente Reglamento, siempre que esas personas no estén sometidas a otras obligaciones legales o contractuales previas de facilitar tal información, que esta sea nueva y que dé lugar a la imposición de una sanción administrativa o penal, o a la adopción de otra medida administrativa por infracción del presente Reglamento.”

Aunque en el derecho español esta previsión (que es facultativa) no se ha materializado, podría establecerse no solo para los delitos contra el mercado de valores (284-286 CP), sino también para otros delitos como los relacionados con la corrupción, generando con ello un importante estímulo para que quienes tienen conocimiento de los hechos delictivos informen o denuncien ante las autoridades competentes.

Este tipo de incentivos pueden ser un complemento a la existencia de los canales de denuncia, y las medidas de protección ya previstas en la Ley 2/2023, dotando al sistema de un conjunto de armas para atraer a quienes pueden revertir casos que tanto impacto social, económico e institucional causan.

Tal vez de esta manera, quien tiene conocimiento de que se están cometiendo hechos aparentemente delictivos decida acudir ante las fuerzas y cuerpos de seguridad, o ante la Fiscalía, antes que contar su historia en un medio de comunicación.

Joaquin Gadea Frances


[1] ¨El empresario del 20% señala directamente a Santos Cerdán: «Era el testaferro de Ábalos»¨, publicado  por The Objective el 18/03/2024. https://theobjective.com/espana/politica/2025-03-18/empresarios-santos-cerdan-testaferro-abalos/

[2] False Claims Act, 31 U.S.C. §§ 3729–3733 (2024).

[3] Básicamente, quien, a sabiendas presenta una reclamación falsa ante la Administración pública, provoca que otro presente una reclamación falsa ante la Administración, realiza a sabiendas una declaración o registro falso relevante para obtener el pago de una reclamación falsa por parte de la Administración, conspira para cometer una infracción de las previstas en la False Claims Act (Ley de Reclamaciones Fraudulentas), o intenta deliberadamente eludir o reducir una obligación contraída con la Administración pública.

[4] 31 U.S.C. § 3730(d)(1): «If the Government proceeds … such person shall … receive at least 15 percent but not more than 25 percent of the proceeds of the action or settlement …». El importe varia segun la contribucion que realice el denunciante en el caso

[5] Según 31 U.S.C. § 3730(d)(2): «If the Government does not proceed … the person bringing the action … shall receive … not less than 25 percent and not more than 30 percent of the proceeds of the action or settlement …»

[6] Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Pub. L. No. 111‑203, §§ 922–924, 124 Stat. 1376 (2010).

[7] 15 U.S.C. § 78u‑6(b)(1)

[8] 7 U.S.C. § 26(h)(1)

[9] Anti-Retaliation Act; 31 U.S.C. § 3730(h) (2024)

[10] Menéndez Conca, L. G., «El canal de denuncias como elemento básico del modelo de prevención de delitos (art. 31 bis.5.4.º CP)», Diario LA LEY, nº 10672, 25 de febrero de 2025, con cita a Gimeno Beviá.

[11] “… el presente Reglamento debe garantizar la implantación de mecanismos adecuados para que los confidentes puedan alertar a las autoridades competentes acerca de posibles infracciones y protegerles de represalias. Los Estados miembros deben poder prever incentivos financieros para las personas que ofrecen información relevante sobre posibles infracciones del presente Reglamento. Sin embargo, han de tener derecho a tales incentivos únicamente los confidentes que saquen a la luz nueva información que no estuviera ya sujeta al deber de notificación y que dé lugar a la imposición de sanciones por infracción del presente Reglamento.”