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Categoría: Opinión

Amor de madre

Amor de madre

Ser madre supone, sin duda, un antes y un después en la vida de cualquier mujer. Hace cuatro años, experimenté esa revolución por primera vez con el nacimiento de mi hija mayor. Hoy, con tres hijos en el mundo, puedo confirmar que la maternidad me ha cambiado de una forma que jamás habría imaginado. Y es que hasta que no se experimenta, una no comprende que el “amor de madre” es distinto a cualquier otro.

En primer lugar, no puede negarse que ser madre te enseña a reordenar tus prioridades porque gran parte de lo que antes parecía vital, ahora pasa a un segundo plano.

La maternidad es también una “escuela de humildad” porque, por mucho que planifiques, la vida con niños pequeños está llena de imprevistos. Una aprende a relativizar, a dejar de buscar la perfección y a disfrutar más de los pequeños momentos.

Si hay algo que la maternidad te enseña, es que la paciencia no viene de serie: se construye a base de noches sin dormir, montañas de juguetes en el suelo y negociaciones dignas de la ONU para que se pongan los zapatos. Sobrevivir al día sin perder la calma es casi un deporte olímpico.

Y cómo no, el gran reto: la conciliación. Porque ser madre en estos tiempos es una de las tareas más heroicas, mal remuneradas y peor conciliadas de la historia moderna. La maternidad no tiene horario ni contrato. Empieza con náuseas y termina (si es que alguna vez termina) con llamadas a medianoche para saber cómo se pone la lavadora. Es un cargo vitalicio, sin vacaciones ni licencias remuneradas y con un nivel de multitarea que haría palidecer a cualquier CEO.

Ahora bien, cuando a eso le sumamos la jornada laboral, la cosa se pone interesante. ¿Conciliación? A veces parece más una ironía que un derecho. La conciliación es esa cosa que aparece en los programas electorales y en los PowerPoint de recursos humanos, siempre acompañada de imágenes de madres sonrientes, bebés dormidos y ordenadores portátiles perfectamente limpios (¿eso existe?). En la vida real, la conciliación se parece más a una videollamada de trabajo mientras tu hijo grita que se ha metido plastilina en la nariz.

Conciliar no es solo tener horarios flexibles. Es hacer malabares con las horas, negociar con la culpa, correr maratones de supermercado a la guardería, trabajar con el oído atento al monitor del bebé y aprender a responder correos con una mano mientras con la otra das puré. Es descubrir que tienes una capacidad infinita de adaptación… y una reserva secreta de “gusanitos” en el bolso.

Tampoco ayuda el hecho de que nos vendan la imagen de la mujer todoterreno: profesional brillante, madre presente, esposa cariñosa, con uñas impecables y comida orgánica en el “táper”. Pero la realidad es otra. La verdadera heroína moderna es la que sabe que no puede con todo, pero lo intenta igual mientras se toma el café frío todas las mañanas.

Por no hablar de la culpa: ¿Estoy dedicando suficiente tiempo a mis hijos? ¿Estoy rindiendo en el trabajo como debería? ¿Qué era eso que me gustaba hacer antes de ser madre? Ah, sí… dormir. Porque en ese camino por lograr la “utopía” de la conciliación, he tenido que aprender a gestionar la culpa, esa compañera silenciosa que aparece cuando una siente que no llega a todo, que no está lo suficiente en casa o que no puede asistir a una función escolar por un juicio inaplazable. La conciliación, en mi experiencia, no es un estado permanente, sino un equilibrio inestable que se reajusta cada día.

Pero si hay algo que he aprendido con todo esto de la maternidad es a valorar más a mi propia madre. De niña no siempre (vamos, casi nunca) comprendía sus cansancios, sus “no” sin explicación (“porque yo lo digo”), su manera de preocuparse por todo. De adolescentes quizás cuestionamos sus decisiones, sus límites, sus negativas. Pero cuando llega ese momento en que tú también sostienes a un hijo en brazos, todo cobra sentido. Empiezas a ver a tu madre no solo como madre, sino como mujer: con miedos, sueños, frustraciones y esperanzas. Te das cuenta de cuánto renunció y cuánto amó. De pronto, cada frase que te dijo, cada gesto, cada cansancio, cada “cómete eso que no se tira la comida” cobra un sentido profundo. Te conviertes en madre y, en ese momento, tu madre deja de ser solo “mamá” para ser una especie de superheroína silenciosa, una figura que lo hizo todo sin que tú lo vieras, sin que lo valoraras lo suficiente.

De pequeña pensabas que tu madre era exagerada. ¿De verdad era para tanto preocuparse porque salías sin chaqueta? ¿Por qué insistía en que llamaras cuando llegaras? ¿Por qué te despertaba con ese tono chirriante de “¡Arriba, que se hace tarde!” como si fuera el fin del mundo? Ahora, siendo madre tú, te descubres a ti misma diciendo las mismas frases. Y no solo eso: te conviertes en tu madre. Mismo tono, misma mirada de advertencia, misma capacidad de detectar fiebre con el dorso de la mano. Es como un “hechizo intergeneracional”. Pero lo más impactante no es repetir sus frases, sino entender el fondo emocional de todo aquello que antes te parecía rutina o exageración. Entiendes el miedo, la culpa, la ternura infinita. Entiendes ese “amor de madre”.  

Y además eran otros tiempos. Tu madre no hablaba de “conciliación”. No hacía discursos sobre el reparto de tareas ni llevaba camisetas con lemas feministas. Ella simplemente hacía lo que había que hacer: levantarse antes que todos, preparar desayunos, correr al trabajo, recoger a los niños, hacer la compra, lavar la ropa, poner lavadoras, ayudar con los deberes, y quizá, con suerte, sentarse diez minutos al final del día. ¡Y lo hacía sin Google Calendar, sin podcasts de crianza positiva, sin grupo de WhatsApp de madres! Lo hacía sola muchas veces, o con un sistema de apoyo limitado, y sin que nadie le aplaudiera por ello. La maternidad hoy tiene foros, blogs, psicólogas especializadas, grupos de lactancia, memes sobre madres agotadas… Pero nuestras madres venían de otra época: la de aguantarse. Y tú, como hija, tampoco ayudabas mucho. Si acaso protestabas porque no te compró los vaqueros de moda. Ahora que estoy en su lugar, entiendo lo desgastante que puede ser todo, y me sorprende recordar que ella siempre estaba ahí. Incluso cuando yo no se lo agradecía, incluso cuando era una adolescente insoportable.

Ser madre te cambia para siempre. Te transforma el cuerpo, el sueño, la paciencia… y la forma en la que miras a tu propia madre. Y te preguntas: ¿Le habré agradecido suficiente a mi madre todo esto? ¿Se lo dije alguna vez? Porque una cosa es admirarla en silencio y otra muy distinta decirle: “Gracias mamá. No sabía lo que hacías por mí… hasta ahora.”

Alicia Díaz-Santos Salcedo.

Magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cataluña.

EL CONCURSO SIN MASA

EL CONCURSO SIN MASA

El artículo 470 del TRLC establecía en su redacción anterior a la Ley 16/2022 que “el juez podrá acordar en el mismo auto de declaración de concurso la conclusión del procedimiento cuando aprecie de manera evidente que la masa activa presumiblemente será insuficiente para la satisfacción de los posibles gastos del procedimiento, y además, que no es previsible el ejercicio de acciones de reintegración o de responsabilidad de terceros ni la calificación del concurso como culpable.”

La citada causa de conclusión operaba con independencia de la existencia de algunos bienes en el concurso o del mayor o menor importe de los créditos contra la masa, lo que ponía de manifiesto la inutilidad de seguir adelante con el procedimiento concursal cuando la masa activa se agota con el pago de los créditos contra la masa, y aún así tampoco hay liquidez suficiente o garantía suficiente de que la habrá para atender el pago de tales créditos. Es decir, la Ley se decantaba por poner fin a un procedimiento que ya no reporta ninguna ventaja sobre la ejecución singular que pueden llevar a cabo los acreedores que siguen siéndolo del concursado, y ello porque si no hay dinero para pagar los créditos contra la masa, que son los primeros en pagarse, tampoco la habrá para pagar al resto de los acreedores. Además se produce un supuesto de paralización del procedimiento concursal al no contar este con recursos para seguir adelante.

La principal ventaja asociada al archivo exprés era, el notable ahorro de costes que conlleva. Así, en frecuente que la tramitación del concurso se revele inoperante e inviable, ya que lo único que logra es generar unos costes -en la forma de créditos contra la masa- que no podrán ser atendidos por la inexistencia de activos libres para hacer frente a su pago. Esta indeseable situación -nacimiento de unos costes propios del concurso que no serán satisfechos con los bienes y derechos que integran la masa activa- se aprecia con nitidez en concursos en los que los únicos activos pertenecientes al deudor se encuentran altamente hipotecados: esta circunstancia hará poco probable la existencia de sobrante, por lo que se encontrará plenamente justificada la conclusión del concurso al tenor del artículo 470 TRLC.

Las especialidades en caso de concurso de persona natural se regulaban en el artículo 472 del TRLC que dispone que :

_ Si el concursado fuera persona natural, el juez, en el mismo auto que acuerde la conclusión, designará un administrador concursal que deberá liquidar los bienes existentes y pagar los créditos contra la masa siguiendo el orden establecido en esta ley para el supuesto de insuficiencia de masa.

_ Una vez comunicada al juzgado la finalización de la liquidación, el deudor, dentro de los quince días siguientes, podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho ante el juez del concurso, siendo de aplicación la tramitación, los requisitos y los efectos establecidos en esta ley.

A partir de la entrada en vigor de la Ley 16/2022 resultan derogados los referidos artículos y desaparece la posibilidad de declarar y concluir el concurso en el mismo auto de declaración, instaurándose en nuestra legislación un nuevo concurso sin masa con las especialidades que vamos a ver y que pretende dotar de una mayor protección a los acreedores, posibilitándoles que soliciten la designación de un administrador concursal a los efectos de emisión de un informe con anterioridad a la conclusión del concurso.

El artículo 37 bis del TRLC regula el concurso sin masa, señalando que » Se considera que existe concurso sin masa cuando concurran los supuestos siguientes por este orden:

a) El concursado carezca de bienes y derechos que sean legalmente embargables.

b) El coste de realización de los bienes y derechos del concursado fuera manifiestamente desproporcionado respecto al previsible valor venal.

c) Los bienes y derechos del concursado libres de cargas fueran de valor inferior al previsible coste del procedimiento.

d) Los gravámenes y las cargas existentes sobre los bienes y derechos del concursado lo sean por importe superior al valor de mercado de esos bienes y derechos”.

El Tribunal de Mercantil de Sevilla en los acuerdos sobre concurso sin masa establece que :

“Para que estemos ante un concurso sin masa debe concurrir alguno de los cuatro supuestos que regula el artículo 37 bis del TRLC. Estos supuestos pivotan en torno a varios elementos: Existencia de bienes y derechos embargables, valor de éstos, importe garantizado, coste de realización y coste previsible del procedimiento concursal.

De estos supuestos, el que mayores problemas pudiera suscitar para poder entender acreditada su concurrencia al analizar la solicitud de declaración de concurso es el relativo a la existencia de bienes o derechos gravados cuyo valor es inferior al de la carga, pues la valoración pudiera ser incierta y es preciso conocer la deuda garantizada pendiente.

Para solventar estos problemas, sería conveniente que el solicitante aportase con la solicitud de declaración de concurso, por una parte, una valoración técnica del bien o derecho que resulte suficiente para que el juez del concurso pueda apreciar que es inferior al coste de realización, al previsible coste del procedimiento y al importe de los gravámenes y las cargas existentes y, por otra parte, un documento que informe del importe pendiente de la deuda garantizada.

En cualquier caso, resulta adecuado que se acuerde la averiguación del patrimonial del deudor a través del punto neutro judicial en la diligencia de ordenación por la que se de cuenta de la solicitud de concurso.”


Los acuerdos de los jueces mercantiles de Madrid consideran que :

“El TRLC enumera en sus artículos 6 y 7 del TRLC la documentación que debe acompañarse con la solicitud de concurso y, en el art. 501.3 TRLC, aquella que debe presentarse con la solicitud de exoneración.

Si bien, en los concursos sin masa, a fin de agilizar su tramitación y dotar al juez de más elementos de juicio para valorar adecuadamente si estamos o no ante un concurso con masa, es recomendable que el deudor aporte desde el inicio:

_ Tres últimas nóminas

_ Declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondientes a los tres últimos años anteriores a la fecha de la solicitud que hubieran presentado o debido presentar.

_ Antecedentes penales.

De no aportarla, podrá ser requerido al efecto por el juzgado.

Lógicamente, de aportar dicha documentación, ya no será necesario que la vuelta a aportar de nuevo con la solicitud de exoneración al obrar en autos, salvo que se hubiera producido algún cambio relevante en sus circunstancias.“

Así mismo los acuerdos de los jueces mercantiles de Madrid exponen que :


“Cierto es que, con la solicitud de concurso, el deudor debe aportar un inventario de bienes y derechos, presumiendo el legislador que es completo y veraz. Sin embargo, la praxis judicial ha puesto de manifiesto que ello no siempre es así.

Por tanto, como buena práctica y con el fin de buscar un justo equilibrio entre el derecho del deudor a la exoneración y la tutela judicial efectiva de los acreedores, es recomendable que, antes de declarar el concurso, las oficinas judiciales realicen una averiguación patrimonial del deudor a través del punto neutro judicial, a fin de comprobar si dicha información es efectivamente completa y si estamos o no ante un concurso sin masa. De hecho, de haber discrepancias sustanciales entre lo declarado por el deudor y el resultado de la búsqueda judicial, pudiera ser tenido en cuenta por el juez, a la hora de valorar si estamos ante un deudor incurso en la conducta prohibida del art. 487.1.5º del TRLC y, como tal, no merecedor de la segunda oportunidad.”

El artículo 37 ter regula las especialidades de la declaración de concurso sin masa, y establece que si de la solicitud de declaración de concurso y de los documentos que la acompañen resultare que el deudor se encuentra en cualquiera de las situaciones a que se refiere el artículo anterior, el juez  acordará :

1 Dictará auto declarando el concurso de acreedores, con expresión del pasivo que resulte de la documentación, sin más pronunciamientos,

2 Ordenaná la remisión telemática al «Boletín Oficial del Estado» para su publicación en el suplemento del tablón edictal judicial único

3 Ordenará la publicación en el Registro público concursal con llamamiento al acreedor o a los acreedores que representen, al menos, el cinco por ciento del pasivo a fin de que, en el plazo de quince días a contar del siguiente a la publicación del edicto, puedan solicitar el nombramiento de un administrador concursal para que presente informe razonado y documentado sobre los siguientes extremos:

1.º Si existen indicios suficientes de que el deudor hubiera realizado actos perjudiciales para la masa activa que sean rescindibles conforme a lo establecido en esta ley.

2.º Si existen indicios suficientes para el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica concursada, o contra la persona natural designada por la persona jurídica administradora para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de administrador persona jurídica y contra la persona, cualquiera que sea su denominación, que tenga atribuidas facultades de más alta dirección de la sociedad cuando no exista delegación permanente de facultades del consejo en uno o varios consejeros delegados.

3.º Si existen indicios suficientes de que el concurso pudiera ser calificado de culpable.

En el caso de que, dentro de plazo, acreedor o acreedores que representen, al menos, el cinco por ciento del pasivo formularan solicitud de nombramiento de administrador concursal para que emita el informe a que se refiere el artículo anterior, el juez, mediante auto, procederá al nombramiento para que, en el plazo de un mes a contar desde la aceptación, emita el informe solicitado.

En el caso de que, dentro de plazo, ningún legitimado hubiera formulado esa solicitud, el deudor que fuera persona natural podrá presentar solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho.

El auto de declaración de concurso, en caso de que el deudor fuera empleador, se notificará a la representación legal de las personas trabajadoras.

El Tribunal Mercantil de Sevilla en los acuerdos sobre el concurso sin masa destaca que :

“La nueva regulación hace descansar sobre los acreedores el peso de tener que solicitar, en el plazo de quince días, el nombramiento de administración concursal si entienden que el concurso debe continuar con una tramitación completa.

Para fijar el día inicial del cómputo del plazo la ley hace referencia al “siguiente a la publicación del edicto”, en singular, cuando son dos las publicaciones que se realizan, una en el Boletín Oficial del Estado y otra en el Registro público concursal.

Ante esta falta de correlación lo razonable es atender a la última de las publicaciones, ya que, en caso contrario, es decir, si tenemos en cuenta la primera, carecería de sentido efectuar la segunda.

Por otra parte, se plantea un problema de legitimación, puesto que la norma la limita “al acreedor o a los acreedores que representen, al menos, el cinco por ciento del pasivo” y no se establece trámite alguno para que los acreedores pueden discutir el importe del crédito que el deudor le ha reconocido en la lista de acreedores que presentó (si es inferior al cinco por ciento del pasivo y el acreedor considera que es superior) o la propia existencia del mismo (en el caso de que el deudor no lo hubiera incluido en la lista de acreedores que presentó).

Esta ausencia de regulación de un trámite procesal específico, unida al hecho de que la retribución del administración concursal para la elaboración del informe habrá de ser satisfecha por el acreedor solicitante y que, por ende, no causará perjuicio a terceros, nos aboca a pensar que será en la solicitud en la que el acreedor o los acreedores deberán aportar documentación que acredite indiciariamente la existencia y el importe del crédito, de manera que el juez, al resolver sobre la solicitud, habrá de analizar la legitimación del solicitante sin necesidad de dar audiencia al deudor.

El Auto del Juzgado Mercantil número 1 de La Coruña de 14 de Noviembre de 2023 expone que el régimen de los artículos 37 bis a quinquies TRLC guarda silencio en relación a cómo debe proceder el juzgado si los acreedores legitimados no solicitan el nombramiento de administrador concursal para que emita el informe sobre los extremos que se detallan en el precepto ut supra reproducido.

Pues bien, ante la pasividad de los acreedores legitimados, que no atienden el llamamiento a los efectos de solicitar el nombramiento de la administración concursal, es procedente acudir al artículo 465 TRLC, en el que se recogen las causas de conclusión del concurso. Así, a pesar de que el supuesto que planteamos carece de encaje exacto en los supuestos que enumera esta disposición, es evidente que, si no se solicita el nombramiento de la administración concursal para que emita el informe o, en su caso, se desatiende la obligación de pago de su retribución por los acreedores que promovieron su nombramiento, el efecto legal automático debe ser la conclusión del concurso y, en ningún caso, el dictado del auto complementario que regula el artículo 37 quinquies -previsto exclusivamente para aquellos casos en que el informe de la administración concursal aprecie los indicios a que se refiere el artículo 37 ter TRLC -.

En cuanto a la causa de conclusión, a falta de una previsión específica, hemos de entender que su encaje se halla en el art. 465.7º TRLC.

Si en el informe el administrador concursal apreciara la existencia de los indicios a que se refiere el artículo 37 ter, el juez dictará auto complementario con los demás pronunciamientos de la declaración de concurso y apertura de la fase de liquidación de la masa activa, continuando el procedimiento conforme a lo establecido en esta ley.

El administrador concursal deberá ejercitar las acciones rescisorias y las acciones sociales de responsabilidad antes de que transcurran dos meses a contar desde la presentación del informe a que se refiere el artículo anterior. Si no lo hiciera, el acreedor o los acreedores que hubieran solicitado el nombramiento de administrador concursal estarán legitimados para el ejercicio de esas acciones dentro de los dos meses siguientes. El régimen de las costas y de los gastos será el establecido en esta ley para los casos de ejercicio subsidiario de acciones por los acreedores.

Manuel Ruiz de Lara

LA VIDA CIRCULAR

LA VIDA CIRCULAR

            De unos años a esta parte vivimos en un sobresalto constante en lo que reformas legislativas se refiere, noticias de tribunales, comunicados de tal o cual político, comunicados de Asociaciones de Jueces y Asociaciones de Fiscales y lo que es una constante es el ataque frontal, infundado y reiterado de la clase política hacia los Jueces siempre que lo que resuelvan no sea de su agrado; las críticas se dispararon exponencialmente desde que importamos el anglicismo lawfare, como si el hecho de usar esa palabra no significara lo que todos sabemos que significa pero que los que echan mano de ella no se atreven a pronunciar.

            Sea como fuere, en una semana como la presente podría dedicar estas líneas a reflexionar sobre el futuro de los jueces sustitutitos y su mal llamada “estabilización porque es lo que nos pide Europa”, también podría reflexionar sobre recientes aforamientos alcanzados in extremis, la disertación también podría dedicarse a las últimas filtraciones de alguien que dice “hacer lo que tiene que hacer como periodista” tratando de conseguir “material” para desacreditar a la UCO,…. pero me van a permitir que, con estos calores que han llegado de golpe, me dedique a reflexionar sobre cosas más de andar por casa.

            Hace unos días fui a comprar un regalo para un amigo; me decanté por una obra de un artesano del lugar donde vivo desde hace más de veintitrés años, es un artesano del barro, hace unas piezas muy interesantes; una de ellas, la que elegí para el regalo al que me vengo refiriendo, es un jarrón que, literalmente, es un círculo y cuyo título es “la vida circular” y este es un concepto muy interesante porque pocas cosas hay más circulares que la vida. Como dijo el gran Morante en una ocasión, las dos cosas más importantes de la vida las hacemos solos: nacer y morir.

            Sobre el nacimiento y la muerte, en la Sala 055B del Museo del Prado hay una tabla de considerables dimensiones (151×61), cuyo título es Las Edades y la Muerte, su autor es Hans Galdung Grien que, como consta en la propia página web de nuestra gran pinacoteca, pertenecía  una familia de abogados y profesores universitarios; en la obra vemos, en su lazo izquierdo, una joven que trata de cubrir sus partes pudendas con un velo el cual es sujetado por una anciana, dando la sensación de que está tirando de él y cuyo brazo derecho se apoya en el hombro derecho de la joven; a su vez, el brazo izquierdo de la anciana está sujeto por una figura esquelética, que sujeta en su mano derecha un reloj de arena  y en su mano izquierda una lanza partida en varios trozos, cuya punta descansa en la parte inferior derecha del cuadro, sobre la que reposa la mano de un bebé que está  aparentemente dormido, aunque algunos autores piensan que está muerto. La escena se completa con un árbol seco, que trata de enmarcar a los personajes, cerrando la composición por la parte izquierda superior y con un pequeño crucifijo que sale del astro sol, colocado en el extremo superior derecho de la obra; por último, abajo, a la izquierda, nos encontramos con una lechuza, símbolo de la sabiduría. Al fondo y de una manera casi difusa, podemos ver la laguna Estigia y a un probable Caronte, que agarra del pelo a otro personaje, invitándole a cruzar hacia el otro lado de aquella, esta vez Caronte no lleva barca y anda sobre las aguas, tras las cuales podemos imaginar las llamaradas  del infierno.

            En ese cuadro tenemos todas las edades del ser humano: tenemos al recién nacido, que duerme en la parte baja del cuadro; tenemos a una joven que luce en parte su lozanía, de cuya mejilla derecha brota una lágrima; junto a ella, una anciana con  cabello blanco y los pechos caídos, a la que una figura esquelética, representando la muerte, sujeta por el brazo, mientras observa un reloj de arena representando el inexorable paso del tiempo.

            Uniendo este cuadro con el jarrón al que antes me refería y que llevaba por nombre “vida circular”, una llega a la conclusión de que lo que empezamos haciendo de pequeños, lo terminamos haciendo de ancianos; cambiamos la sillita de paseo del niño que aún no sabe andar, por la silla de ruedas del anciano que es incapaz de dar un paso por sí solo; cambiamos el tacatá de alegres colores para que el niño aprenda a caminar por el andador en el que se apoya el anciano que ve como sus piernas flojean; cambiamos el pañal del bebé por el de la incontinencia del adulto; cambiamos la guarde de los niños por el centro de día de los abuelos; reciclamos los primeros puzles de nuestros hijos para que ahora nuestros padres estén neurológicamente estimulados; el trenecito en el que iban de excursión nuestros hijos por las ciudades, ahora es utilizado también por sus abuelos para pasar una mañana entretenidos.

Cuando una observa detenidamente  las semejanzas de las cosas que hacen los niños y las que ahora hacen muchos mayores, llega a la conclusión de que, durante un tiempo, emiten en la misma frecuencia, de ahí la relación tan especial que tienen muchos nietos con sus abuelos, el ritmo que llevan los niños se asemeja, en muchas ocasiones, al de los ancianos, por eso estos no necesitan tener paciencia para que su nieto les cuente con pelos y señales como ha arrancado las alas a una mosca que ha cazado en el parque y no necesitan paciencia porque van los dos, el nieto y el abuelo, al mismo paso, sin la prisa que nos atenaza a los que ya no somos niños y aún no hemos llegado a ser ancianos.

            Y al final, como decía Morante, nacemos y morimos solos y la vida es eso que pasa mientras algunos se buscan un aforamiento, otros estabilizan jueces sustitutos, otras buscan pruebas contra la UCO y en esta vida, en palabras del Santo, “a cada uno por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7:16).

Carmen Romero

Mayo 2025

¿Datos de tráfico como prueba en proceso civil?

¿Datos de tráfico como prueba en proceso civil?

Cada vez es más habitual en procesos civiles, de familia, o incluso en cuestiones relacionadas con el ámbito mercantil, pretender obtener como prueba datos de tráfico. Estos datos pueden incluir conexiones IP, certificación de envío de correos electrónicos, geolocalizaciones, mensajes en redes sociales y demás información relacionada con el tráfico de datos que sin otra forma de prueba o acreditación, pretende alguna de las partes para obtener estos datossolicitar la intervención de grandes plataformas digitales, conocidas como plataformas en línea de muy gran tamaño (VLOP) o motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño (VLOSEs), según lo define la Ley de Servicios Digitales[i]. Esta tendencia refleja la creciente importancia de la tecnología y la información digital en la resolución de disputas legales en unas relaciones sociales y un mundo plenamente interconectado. Se pretende que dichos datos puedan desempeñar un papel fundamental en el establecimiento de hechos, la verificación de reclamaciones y el sostenimiento de las pretensiones en el proceso civil, lo que subraya la importancia de las pruebas digitales en los marcos legales contemporáneos.

La definición de datos electrónicos de tráfico que hace el artículo 588 ter b de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no es demasiado ilustrativa “A los efectos previstos en este artículo, se entenderá por datos electrónicos de tráfico o asociados todos aquellos que se generan como consecuencia de la conducción de la comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas, de su puesta a disposición del usuario, así como de la prestación de un servicio de la sociedad de la información o comunicación telemática de naturaleza análoga”.

En su artículo 1, de la Ley 25/2007, se definen como los datos “generados o tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas o redes públicas de comunicación”

Por lo que podemos concluir que datos de tráfico se han considerado por la Directiva 2006/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de marzo de 2006 sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE y la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones: aquellos datos necesarios para rastrear e identificar el origen de una comunicación y su destino, para identificar la fecha, hora y duración de una comunicación, el equipo de comunicación de los usuarios y para identificar la localización del equipo de comunicación móvil, datos entre los que figuran el nombre y la dirección del abonado o usuario registrado, los números de teléfono de origen y destino y una dirección IP para los servicios de Internet. Estos datos permiten, en particular, saber con qué persona se ha comunicado un abonado o un usuario registrado y de qué modo, así como determinar el momento de la comunicación y el lugar desde la que ésta se ha producido. Además, permiten conocer la frecuencia de las comunicaciones del abonado o del usuario registrado con determinadas personas durante un período concreto.

En definitiva, en toda comunicación electrónica podemos distinguir: tres grupos de datos: de contenido (el mensaje transmitido), de tráfico (metadatos anexos a ese mensaje) y de abonado (permiten identificar a la persona que realiza la comunicación).

Los datos que deben conservarse y cederse por las operadoras serán los dispuestos en el Art. 3 de la Ley 25/2007. No obstante, la LECrim amplía el abanico de datos, ya que no son sólo los que las operadoras tienen la obligación de conservar en cumplimiento de la Ley 25/2007, sino también a los que se conserven por propia iniciativa por motivos comerciales o de otra índole (artículo 588 ter j de la LECrim).

Todo ello se rige conforme Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.

Esta ley en su artículo primero establece en su artículo 1º tiene por objeto la regulación de la obligación de los operadores de conservar los datos generados o tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación, así como el deber de cesión de dichos datos a los agentes facultados siempre que les sean requeridos a través de la correspondiente autorización judicial con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el Código Penal o en las leyes penales especiales.

2. Esta Ley se aplicará a los datos de tráfico y de localización sobre personas físicas y jurídicas y a los datos relacionados necesarios para identificar al abonado o usuario registrado.

Esta ley dice claramente que la cesión de los datos de tráfico y de identificación de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el Código Penal o en las leyes penales especiales. Lo mismo se establece en el período de conservación de datos en el Artículo 5º. Es verdad que se ha planteado la posibilidad de cesión para delitos menos graves y leves, y así se ha admitido entre otras, en la Sentencia de 2 de octubre de 2018 (C207/16) del TJUE que considera que tales accesos de titularidades constituyen una injerencia en los derechos fundamentales no grave y, por consiguiente, requieren resolución judicial fundada aunque sea en el ámbito de un delito menos grave. Sin embargo, lo que resulta inadmisible y carece de soporte legal es la cesión de datos de tráfico en proceso civil con ausencia de delito ya que la ley 25/2007 lo permite únicamente para delitos graves y el TJUE.

Este mismo criterio ha sido compartido en las dos únicas resoluciones judiciales encontradas sobre esta materia en el CENDOJ. La primera de la AP Barcelona, en el lejano 2009 por un ponente actual magistrado del Tribunal Supremo (Roj: AAP B 9428/2009 –  ECLI:ES:APB:2009:9428A Sección: 15; Nº de Recurso: 369/2009; Nº de Resolución: 202/2009; Fecha de Resolución: 15/12/2009; Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO) donde si bien el objeto era la posibilidad de obtención de datos de titulares de IP de usuarios de intercambio de archivos de plataformas p2p a través de diligencias preliminares, no obstante, dice claramente, «La  Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones (por la que se transpone la  Directiva 2006/24/CE, de 15 de marzo , sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones, que modifica la  Directiva 2002/58  /CE), tan sólo impone «la obligación de los operadores de conservar los datos generados o tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación, así como el deber de cesión de dichos datos a los agentes facultados siempre que les sean requeridos a través de la correspondiente autorización judicial con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el Código Penal o en las leyes penales especiales», pero no para preparar una reclamación civil».

De este modo, se aprecia que en nuestro derecho no existe ningún deber legal de colaboración impuesto a las entidades suministradoras de acceso a Internet para suministrar la información interesada por la actora, para justificar una reclamación civil. Y la ausencia de este deber no contraría la normativa comunitaria, que restringe dicho deber de colaboración únicamente en relación con la persecución de delitos, sin perjuicio de la valoración que el legislador nacional pudiera realizar a la hora de introducir este deber de colaboración para proteger los derechos de propiedad intelectual en caso de infracciones civiles, a la vista de los derechos afectados. Pero esta ponderación no le corresponde hacerla al juzgador, sino al legislador, quien si lo estima oportuno impondrá expresamente este deber de colaboración y con ello habrá pie para acordar las diligencias preliminares.

En el mismo sentido pero mucho más reciente, el Auto de la misma Audiencia Provincial de Barcelona de 2 de noviembre de 2020, (Roj: AAP B 9849/2020 – ECLI:ES:APB:2020:9849A; Sección: 11; Nº de Recurso: 203/2020; Nº de Resolución: 631/2020; Fecha de Resolución: 02/11/2020; Ponente: MIREIA BORGUÑO VENTURA). En este caso se pretende la obtención de los datos para la adopción de las diligencias preliminares como medida previa al proceso de protección del derecho al honor: » La claridad del precepto no puede ofrecer duda alguna sobre la imposibilidad de requerir a las entidades prestadoras del servicio de Internet para que cedan sus datos para finalidades distintas de las previstas en la ley, en este caso para promover un litigio civil para la defensa del derecho al honor. Dicha regulación endurece incluso el marco normativo precedente constituido por el  art. 12 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico , en cuyos apartados 2 y 3 se establecía que los operadores de tales servicios no podían utilizar los datos retenidos para fines distintos de los indicados en el apartado siguiente u otros que estén permitidos por la Ley, el cual precisaba que los datos debían conservarse para su utilización en el marco de una investigación criminal o para la salvaguardia de la seguridad pública y la defensa nacional.

                 Precisado lo anterior, como es obvio, la protección de la intimidad, de la confidencialidad de las comunicaciones y de los datos de tráfico asociadas a ellas en el ámbito de las comunicaciones electrónicas no es absoluta, y es el legislador, valorando la posible colisión con otros derechos, el que establece las excepciones que justifican la comunicación de los datos retenidos, excepciones entre las que, actualmente, no se encuentra facilitar los datos a los jueces y tribunales para que un perjudicado promueva un procedimiento civil».

Así, en estos casos, sin la posibilidad de acudir a los datos de tráfico en pleitos civiles cuando la parte a quien interese la eficacia de un documento electrónico lo solicite o se impugne su autenticidad, integridad, precisión de fecha y hora u otras características del documento electrónico que un servicio electrónico de confianza no cualificado de los previstos en el Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, permita acreditar, se procederá con arreglo a lo establecido en el apartado 2 del presente artículo y en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 y decisión de Ejecución (UE) 2015/1505 de la Comisión de 8 de septiembre de 2015 por la que se establecen las especificaciones técnicas y los formatos relacionados con las listas de confianza de conformidad con el artículo 22, apartado 5, del Reglamento (UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo. Si se hubiera utilizado algún servicio de confianza cualificado de los previstos en el Reglamento citado en el apartado anterior, se presumirá que el documento reúne la característica cuestionada y que el servicio de confianza se ha prestado correctamente si figuraba, en el momento relevante a los efectos de la discrepancia, en la lista de confianza de prestadores y servicios cualificados.

Alfonso Peralta Gutiérrez


[i] Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1201 de la Comisión de 21 de junio de 2023 relativo a las disposiciones detalladas para la tramitación de determinados procedimientos por parte de la Comisión con arreglo al Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo («Ley de Servicios Digitales»).

Aproximación (frustrada) a la evolución normativa de la participación de la mujer en las procesiones de Semana Santa a la luz del derecho canónico

Aproximación (frustrada) a la evolución normativa de la participación de la mujer en las procesiones de Semana Santa a la luz del derecho canónico

El domingo día 11 de mayo, una de las más antiguas y emblemáticas cofradías de Semana Santa de una ciudad tan cofrade como la de León, la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Veracruz, celebra una Junta General Extraordinaria a la que están llamados los más de dos mil hermanos y hermanas de una asociación que quedó conformada a fines del Siglo XIX sobre la unión de dos cofradías de historia ya entonces varias veces centenaria. Sacramental una de ellas, la de Minerva, y puramente penitencial la de La Vera-Cruz . El motivo de esta reunión excepcional del máximo órgano de decisión cofrade no es otro que consultar a los hermanos acerca de la posible modificación del artículo 16 de su norma estatutaria, que todavía hoy, en el año 2025, reza literalmente lo siguiente: “item ordenamos: que las hermanas de esta nuestra cofradía deberán asistir a todos los actos de la cofradía a la manera tradicional, es decir, con traje de calle, o atuendo de Manola”. Dicho en román paladín, que las mujeres al corriente de pago de sus cuotas en tan histórica agrupación de fieles, gozan de un elenco de derechos restringido respecto del de los papones varones, pues a la imposibilidad de procesionar entunicada, se encadenan toda una serie de restricciones subsecuentes, tales como la de pujar -portar los pasos sobre sus hombros, al estilo leonés-, o integrar la junta de seises -la directiva de la hermandad-. No es este el momento de hacer una valoración del precepto, pues resultaría ventajista ahora hacer leña del que podría ser árbol caído en unos días, ni tampoco es tiempo de agitar un avispero preventivamente ante la perspectiva de que la modificación estatutaria no prosperase. Se trata, en uno u otro caso, sólo de la norma particularísima de una Cofradía de Semana Santa, que podría hacer correr ríos de tinta en aquella vieja capital del más olvidado, sacrificado y noble de los reinos españoles, pero que no tiene entidad social, ni interés jurídico como para trasladar aquel debate a este u otro instrumento de expresión y comunicación, de ámbito superior al local leonés. No obstante, tal efeméride me habilita a mi para justificar la apertura de una cuestión que debo adelantar a este punto, que no queda cerrada, de acuerdo con mis escasas capacidades, y nula formación en la materia jurídico canónica.

Existe un consenso en la literatura cofrade, acerca de que la mujer tuvo restringida su participación en las procesiones de Semana Santa,  ataviada a la usanza de los cofrades y cubierta con capillo, capirote, capuz, capucha, capuchón, antifaz, o cualquier otro término de los que se emplean para denominar la prenda con la que los penitentes cubren sus cabeza, hasta la aprobación del vigente código de derecho canónico, en 1983. Esta norma vino a sustituir al texto de 1917, que si bien nació de una loable pretensión unificadora del derecho eclesiástico, bien pronto mostró visos de obsolescencia, que ya resultaban imposibles de disimular en la nueva Iglesia posterior al Concilio Vaticano II. De tal  manera habría sido la paulatina adaptación de la regulación sectorial y territorial en los diversos episcopados a la nueva norma codificada, así como su materialización concreta en el derecho positivo de carácter estatutario particular de cada cofradía, la que habría abierto la puerta a la participación de pleno derecho de la mujer en los cortejos procesionales desde los años ochenta del siglo XX.  

Digo que existe un consenso en la literatura cofrade al situar en este contexto la plena habilitación normativa de la participación de la mujer en las procesiones, puesto que es un hecho incontrovertible que será a partir de este momento cuando paulatinamente, de forma lenta pero inexorable, la mayoría de las cofradías de España se han venido adaptando a esta realidad. No bien es cierto que aún hoy hay muchas hermandades exclusivamente masculinas, o netamente femeninas -sólo en León, de entre  las dieciséis cofradías, distinguimos tres agrupacioness de hombres y una de mujeres, sin incluir el extraño tertium genus que se podría deshacer con la votación del domingo-. De tal manera, por lo tanto, no hay debate acerca del momento y la causa última de esta modernización en la organización cofrade. Ahora bien, dónde me he encontrado con un obstáculo insalvable, o, al menos, insalvado por mi,  es a la hora de identificar con precisión la concreta norma o canon, que regulaba tan específica restricción de los derechos de las cofradas -término éste que más que un neologismo bienpensante, es en realidad un vocablo antiguo  que viene ya empleado para referirse a las mujeres pertenecientes a la hermandad, en fecha tan lejana como el 4 de febrero de 1611, en la norma fundacional de la cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León, hermandad mixta en origen y a lo largo de la mayor parte de sus cuatro siglos de historia, pero que devino exclusivamente masculina, precisamente en un momento indeterminado de principios del siglo XX.- Así es. No he sabido dar, ni en el primitivo Código de Derecho Canónico, ni en el texto actual, con disposición expresa alguna que estableciera o levantase tal veto, no ya a la pertenencia de las mujeres a las cofradías, que como tal nunca se produjo de manera generalizada, sino a su participación en las procesiones vestida del mismo modo que los hombres, que es lo verdaderamente relevante, puesto que solo a partir del momento en que se elimina la restricción, empezamos a niñas y mujeres como penitentes encapuchadas. Se diría que una y otra realidad normativas, más que aplicación estricta de preceptos cristalizados en la legislación codificada, son el producto de un contexto, más restrictivo en el primer caso, e indiscutiblemente liberalizador en el segundo. Así,  concretados dichos contextos generales en el desarrollo regulatorio realizado a nivel de cada una de las provincias eclesiásticas y episcopados, podría ello haber permitido que se tuviera por supuesta esta restricción, o por levantada después. Dicho de otro modo, que el contexto social y religioso de cada tiempo histórico que servía y sirve como telón de fondo de toda la liturgia católica, llevaba aparejada, quizás por asimiliación a otras restricciones, o a la desaparición definitiva de éstas, un concreto tratamiento jurídico de la participación de la mujer en los actos rituales.

No obstante, soy consciente de que la naturaleza científica de la cuestión que planteo impide que, sin más, de por supuesta una solución tan ambigua como la que propongo, pero al mismo tiempo, el carácter jurídico algo más desenfadado que preside en definitiva este espacio, me permite plantear al lector la cuestión de manera algo abstracta, y abierta a las aportaciones de personas mejor informadas o con más capacidad indagatoria, y todo ello no obstante el compromiso por mi parte, de completar de manera más prolija la aproximación a la cuestión en una próxima entrada.  

Manuel Eiriz.

Magistrado

Los coches rojos corren más

Los coches rojos corren más

Desde pequeño me lo decían. Un Ferrari. Un Porsche. El GTI. Eran rojos –o debían serlo–. Y generaba buena sensación que tu coche, un utilitario sencillo, fuese rojo… corría más.

Dicen que la Justicia va lenta. Que está saturada. Que necesita un cambio profundo. Y la nueva Ley Orgánica 1/2025 promete transformarlo todo. La modernización se escribe en mayúsculas, pero el presupuesto va en letra pequeña.

La Justicia española lleva años circulando cuesta arriba. Ahora nos dicen que será más “eficiente”. Y si hace falta, pintaremos unas llamas. Pero, ¿y si a pesar de la reforma no lo consigue? Será culpa del conductor. Otra vez.

La eficiencia disfrazada de milagro

El diagnóstico lleva décadas repitiéndose: lentitud, colapso, falta de medios. Lo saben todos los operadores jurídicos. Y en lugar de inversión, la solución parece pasar por eficiencia. Eficiencia como sistema. Eficiencia como dogma.

Pero eficiencia no es eficacia. Es hacer más con menos. Algo que los juzgados llevan haciendo años. La LO 1/2025 eleva esa situación a modelo. Pero sin dotación suficiente, el riesgo es que institucionalice la precariedad.

Más cerca… y más lejos

Tribunales de Instancia, Oficinas de Justicia en los municipios, servicios comunes reordenados. Todo suena moderno, técnico, prometedor. Pero sin medios materiales ni humanos, el riesgo es que todo se quede en una operación cosmética. Una reforma real exige planificación, dotación y acompañamiento.

Y aquí aparece la paradoja: sacamos al juez del juzgado – que deja de existir como tal – y lo trasladamos a una macro-estructura. Al mismo tiempo, acercamos la Justicia al ciudadano con oficinas municipales, pero alejamos al juez. Se descentraliza la ventanilla, pero se centraliza la decisión. Lo que debería reforzar el acceso, puede debilitar la confianza si no se implementa con sensibilidad institucional. La Justicia gana presencia en el territorio, pero puede perder proximidad en la decisión.

Hablar de transformación sin abordar esta base material y simbólica es reformar sin sostener. Hablar de eficiencia sin garantizar eficacia es reformar sin transformar.

Tecnología sin soporte, digitalización sin medios

Automatizar procedimientos, racionalizar agendas, implementar nuevas herramientas digitales. Es necesario, sin duda. Pero no es automático. Requiere formación, soporte técnico, interoperabilidad real. Y eso no siempre está garantizado.

Lo que debería aligerar, puede acabar sobrecargando. Si los sistemas fallan, si no hay formación o si la transición no está acompasada, el peso recaerá sobre quienes están dentro: jueces, LAJ y funcionarios. Otra vez.

Desigualdad como resultado previsible

La implantación del nuevo modelo dependerá de la capacidad organizativa de cada Comunidad Autónoma. Un diseño pensado para la homogeneidad corre el riesgo de generar una Justicia a distintas velocidades.

Esto compromete la igualdad de acceso. Y, en última instancia, el principio de unidad del Estado de derecho.

El primer día: ¿qué puede salir mal?

La pregunta no es irónica. Toda reforma con ambición estructural comporta riesgos, pero la cuestión clave es por qué se aplica un modelo tan exigente sobre un sistema ya tensionado, sin pruebas previas.

Una ley ambiciosa como la LO 1/2025 requiere una implantación igual de ambiciosa. Pero el día que entre en vigor, se producirán fricciones reales y previsibles si no se acompasa su despliegue a la realidad judicial. Algunos problemas son casi inevitables:

  • Dudas sobre el reparto de asuntos en los nuevos Tribunales de Instancia: aún sin criterios uniformes y con normas pendientes de interpretación o desarrollo reglamentario.
  • Descoordinación entre Secciones y Oficinas Judiciales por falta de formación o protocolos claros.
  • Desigual en la implantación territorial: algunos partidos judiciales estarán en condiciones de aplicar el nuevo modelo, otros no.
  • Falta de interoperabilidad entre sistemas informáticos, especialmente entre CCAA con competencias transferidas y el resto del Estado.
  • Ausencia de adaptación física: hay juzgados que no tienen espacios para alojar la nueva estructura colegiada ni infraestructuras para la inmediatez digital.
  • Incidencias en el servicio de atención al público y en registros civiles municipales, convertidos ahora en Oficinas de Justicia, que no contarán desde el primer día con los medios prometidos.
  • ¿Y el Juez? En su primer día desconoce cuál es su sala de vistas, sus juicios o con quien le corresponde celebrarlos. Si es trabajo de oficina le llegarán una serie de asuntos por resolver, pero no sabrá de dónde vienen ni a donde van. Números.

Todo ello se traduce en un inicio accidentado que puede afectar no solo a la organización interna, sino también a la confianza del ciudadano en la Justicia.

Eficiencia no es justicia

Porque ser eficiente no significa ser justo. Y menos aún en un servicio público que no tiene como objetivo optimizar costes, sino garantizar derechos.

La eficiencia bien entendida es una herramienta. Puede ayudar a mejorar procedimientos, reducir demoras, usar mejor los recursos disponibles. Pero cuando se convierte en finalidad, cuando sustituye a la idea de eficacia, cuando se presenta como solución para todo, entonces deja de ser útil para ser tiránica.

La Justicia necesita cambios, sí, pero no a cualquier precio. Necesita coherencia entre la norma y el presupuesto. No importa la promesa, importa el resultado.

Basta con que funcione

La Justicia no necesita correr más. Necesita llegar mejor. Porque cuando se convierte en una carrera por optimizar recursos, quien pierde no es solo el sistema, sino las personas que dependen de él. El verdadero progreso no se mide en velocidad, sino en garantía de derechos.

Y eso nos incluye a todos: a quienes juzgan, a quienes sostienen la maquinaria, y a quienes acuden a ella en busca de amparo. Si de verdad creemos que la Justicia es un servicio público esencial, entonces no basta con reformarla. Hay que sostenerla.

No hace falta que parezca un Ferrari. Basta con que funcione. Porque detrás de los números hay personas. Y lo que se pide no es que se reorganice, sino que se resuelva.

Alejandro González Mariscal de Gante

PRESUNCIÓN DE VERDAD

PRESUNCIÓN DE VERDAD

Hace unos meses, a propósito de la ley del “solo sí es sí”, escribía en el blog haciendo un recorrido histórico-legislativo de la regulación en los distintos códigos penales españoles de los delitos que atentan contra la libertad e integridad sexual, y en el que manifestada la obviedad de la frase acuñada del “solo sí es sí”.

Desde la primera regulación de estos delitos, la ausencia de consentimiento del sujeto pasivo es la piedra angular del mismo, si no existe, entramos en el tipo delictivo.

Por ello decía que, pretender defender que es a partir de la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual cuando se garantiza que solo sí es sí resulta un tanto … grosero. Sobre todo, si se lee detenidamente la ley, puesto que la misma no aporta ningún criterio interpretativo, únicamente redefinió la nomenglatura de los tipos penales con la consecuencia que se derivó en relación a las penas. 

El problema, a mi juicio, radica, desde siempre, no en el sí es sí, sino en poder demostrar que no fue sí sino no, sobre todo en aquellos casos límites en el que no hay unas evidencias patentes, y nos encontramos con la disyuntiva de, el testimonio de la víctima frente al testimonio del acusado. Es decir, nos encontramos ante un canon de suficiencia probatoria.

Esto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de Derecho Humanos, y la tradición de un Estado de Derecho, viene resolviéndolo conforme al principio de presunción de inocencia, plasmado como derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución.

Así la sentencia de Pleno del Tribunal Constitucional STC 72/24 de 20 de junio, establece;

i) La primera STS 23/23 de 20 de enero, establece entre otras cosas lo siguiente, FTO.5º «(…) Cabe recordar que cuando de lo que se trata es de declarar acreditada de manera suficiente la hipótesis acusatoria ( STS 762/2022, de 15 de septiembre ), el canon de suficiencia probatoria debe ser, en virtud del principio de presunción de inocencia, particularmente exigente. Los resultados probatorios deben permitir justificar que dicha hipótesis no solo se corresponde a lo acontecido sino también que las otras hipótesis alternativas en liza carecen de una mínima probabilidad atendible de producción. (..). (…) Como consecuencia, y de contrario, surge la obligación de declarar no acreditada la hipótesis acusatoria cuando la prueba practicada arroja un resultado abierto. Lo que se dará cuando la hipótesis defensiva singular o la hipótesis presuntiva general de no participación que garantiza, de partida, el principio de presunción de inocencia, como regla de juicio, aparezcan, desde criterios racionales de valoración, también como probables, aun cuando lo sean en un grado menor que la tesis acusatoria. Insistimos, el problema se centra en el diálogo entre dos hipótesis, una acusatoria y otra defensiva, pero que no parten, ni mucho menos, de las mismas exigencias de acreditación. La primera, reclama un fundamento probatorio que arroje resultados que en términos fenomenológicos resulten altísimamente concluyentes. La segunda hipótesis, la defensiva, no. (…) (..)Este doble estándar responde a las diferentes funciones que cumplen. La primera, la acusatoria, está llamada a servir de fundamento a la condena y, con ella, a la privación de libertad o de derechos de una persona. Por tanto, está sometida al principio constitucional de la presunción de inocencia como regla epistémica de juicio, por lo que debe quedar acreditada más allá de toda duda razonable. La función de la segunda, la hipótesis defensiva, es muy diferente: es la de debilitar, en su caso, el aspecto conclusivo de la primera. No, de forma necesaria, excluirla.

La presunción de inocencia no exige, sin riesgo de desnaturalizar su ontológica dimensión político-constitucional como garantía de la libertad de los ciudadanos y límite al poder de castigar del Estado, que la hipótesis alternativa defensiva se acredite también más allá de toda duda razonable, como una suerte de contra-hipótesis extintiva o excluyente de la acusatoria. Sigue manteniendo nuestra jurisprudencia, que para que despliegue efectos el componente reactivo del derecho a la presunción de inocencia basta con que la hipótesis de no participación -la especifica identificada por la defensa o la genérica de la que parte toda persona acusada por el simple hecho de serlo- goce de un umbral de atendibilidad suficiente para generar una duda epistémica razonable. Esto es, una duda basada en razones, justificada razonablemente y no arbitraria. (..) La consistencia de la duda razonable no se justifica en sí misma sino contrastándola con los argumentos que fundan la condena. Como a la inversa, la contundencia de la hipótesis de condena tampoco se mide en sí sino según su capacidad para neutralizar la propuesta absolutoria -vid. STS 229/2021, de 11 de marzo -(…)»

Y hasta aquí, lo que parece algo fuera de toda duda.

Sin embargo, la vicepresidenta primera del Gobierno de España, en un mitin político, a raíz de la Sentencia núm. 109/2025 de 28 de marzo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el que se absuelve de un delito de agresión sexual a un conocido futbolista manifiesta; «Qué vergüenza que la presunción de inocencia esté por delante de mujeres»

Por su parte, la ministra de Igualdad manifestó que, “Creo que no se puede estar permanentemente cuestionando la voz y la palabra de las mujeres y que cuando hay dos palabras, la que vale más es la palabra del hombre frente a la voz de las mujeres».

Aunque posteriormente matizaron las declaraciones, yo, que soy mujer y madre, de niño y niña, no puedo sentirme más desolada. La presunción de inocencia no tiene género. Estamos llegando a un punto de no retorno que produce vértigo. Uno, una, debe tener una responsabilidad en las palabras que dice, cómo las dice y ante quién las dice. Estas declaraciones, tergiversadas, han tenido una gran repercusión mediática, y solo puedo pensar en esas mujeres, víctimas de violencia de género o de agresión sexual que, ante tales declaraciones, retransmitidas en todos los medios y pseudo medios de comunicación y redes sociales, se les traslada una idea de que la justicia, el juez, la jueza, no la va a creer, no la va a ayudar.

Según los datos oficiales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, de las mujeres fallecidas en el año 2024 a manos de sus parejas o exparejas, que fueron 48, solo 16 habían presentado denuncia previa.

El Poder Judicial, y quienes lo integramos, hombres y mujeres, o más bien juezas, jueces, magistrados, magistradas, estamos para salvaguardar los derechos de los ciudadanos, esos que se plasman en el texto constitucional.

El otro día, me hacían una entrevista a propósito del día internacional de la jueza, y la periodista me pregunto, ¿es diferente la sentencia según te juzgue un hombre o una mujer?. La respuesta categórica es NO. No se juzga como hombre o mujer, se juzga como integrante de un Poder del Estado desde la aplicación de la ley, del derecho. La perspectiva de género no puede ser más, a mi modo de ver, que un criterio de interpretación en la aplicación de la norma, como puedan serlo otros, pero no puede convertirse en una presunción de verdad. Lo que diga la mujer, por el hecho de ser mujer es verdad. Y yo me pregunto, ¿para todo?. 

Las palabras fueron matizadas por la vicepresidenta primera, “Desde mi punto de vista, la presunción de inocencia no puede ser incompatible con la credibilidad y con la fiabilidad del testimonio de las víctimas”. Pues claro, ya lo dice la Sentencia.

Sonia Martín Pastor.

Magistrada del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº3 de Palma de Mallorca.

UNAS PÁGINAS MÁS….

UNAS PÁGINAS MÁS….

          Me asomo a la ventana con una taza de café y no puedo evitar revivir lo sucedido el día anterior. Ese momento tenía que llegar, ese en el que tu hijo, con el corazón en un puño, te mira a los ojos y te confiesa que le han engañado, que le han hecho daño.  Se te rompe el alma, no he podido evitarlo. Desearías cogerle en brazos y mecerle como cuando era un bebé, desearías acabar con aquella persona que le ha causado ese dolor, pero lo que te sale es acariciarle y susurrarle “No te preocupes, se te pasará”. Sabes que es verdad, pero también, y eso no se lo quieres desvelar, no será la última vez que le suceda, pero que esas experiencias, junto con los valores que le hemos intentado inculcar, le harán ser el hombre en el que se convertirá….

          El día avanza. Quedé con mis amigas en un  restaurante que han inaugurado recientemente, de esos que pagas más por el diseño del local y del plato que por su contenido. Nos ponemos al día, nos reímos. En un instante me paro, las miro y me pregunto ¿cuánto hacía que no  nos veíamos?  Da igual, es indiferente, la amistad no se mide en minutos, días o meses. Pero  todo acabó con un “¿Por qué no……?

          Pues ese por qué no se tradujo en que meses  después nos embarcamos en un crucero de una naviera americana, en el que nada era minimalista, ni sencillo, todo era un puro espectáculo. Decidimos descansar  antes de la cena. En efecto, tras colocar mi equipaje, me tumbé en la cama y desde allí podía ver el Mar Mediterráneo, esperándonos como  un buen anfitrión.

          Perdí la noción del tiempo, abrí los ojos y ví la puerta del baño entreabierta, la luz encendida. Creía que la había apagado, o quizás no, ¡estaba tan cansada! Me acerqué  y ví una sombra. ¿Qué es eso? O mejor dicho ¿quién es? Había un cuerpo en el suelo. Probablemente fuera una empleada que se coló en la habitación y se tropezó. No sabía qué hacer, y mi instinto me llevó a  agacharme para comprobar su estado, pero, en ese momento, sentí el aliento de una persona cerca de mi  oreja y de repente todo se volvió oscuro…..

          ¿Todo esto es real, soy yo? No, o puede ser que sí… Estas y otras historias pueden formar parte de algún libro, puedes ser   uno de sus personajes, libros que se convierten en válvulas de escape ante la cruda realidad.  ¡Cuántas veces los ávidos lectores hemos dicho eso de una página más! En estos días  ver el telediario o leer el BOE se ha convertido en una auténtica actividad de riesgo

          Hace escasos días, en la localidad en la que vivo, tuvo lugar la Feria del Libro, en la que pasaron escritores como Paloma Sánchez-Garnica, Julia Navarro, Sara Mesa, María Oruña, Lorenzo Silva y otros muchos. Esto, unido a que en el mes de abril se celebra el Día del libro, me condujo a escribir este artículo.

          Curioseando por internet descubrí que la Feria del Libro de Madrid fuera de las primeras en España y, a instancias de Vicente Clavel, el 6 de febrero de 1926, el Rey Alfonso XIII aprobó el Real Decreto por el que se instauró el Día del Libro, que inicialmente se celebró el 7 de octubre, fecha de nacimiento de Cervantes, hasta que posteriormente se trasladó al 23 de abril, fecha de su fallecimiento, así como fecha de nacimiento de William Shakespeare.

          Recuerdo  de mi  época de Barcelona cómo se celebraba el  día de Sant Jordi, coincidente con el 23 de abril. Qué bonita tradición la de regalar una rosa y un libro, una de las cosas mejores que nos proporciona la naturaleza y el ser humano,  aunque ambos no están exentos de espinas.

          Se dice, sin embargo, que leer es un acto solitario. En cierto modo es así. Te aíslas de todo, y ahí estáis, el libro y tú, como si de un duelo se tratara, esperando cómo avanza cada uno y quién romperá el corazón a quién.  Pero también puede ser origen de un acto social. Os explico.

          Hace unos años descubrí una pequeña librería cerca del trabajo, recomendación de una amiga. Se llama La Librería Ambulante y al frente de ella están Juanjo y Tamara. Juanjo no vende libros, Juanjo es un librero. Cada mes acudo puntual a mi cita con ellos y lo primero que me recibe son las sonrisas de los dos. Tras una conversación más o menos extensa, y más o menos superficial, llega el momento clave: qué libro elegir. Muchas veces Juanjo te mira, te examina, y concluye “Ya sé cuál tienes que leer”. No veo el libro, ni leo sinopsis, voy a ciegas. Él lo empaqueta con sumo cuidado, como si de un ritual se tratara, y te lo entrega como el médico que entrega  a su paciente la receta con el tratamiento que le prescribe. Espero llegar a casa, abrirlo, y siempre me sorprendo con algún detalle que ha incluido. Termino el libro en cuestión  y, para sorpresa de nadie, Juanjo atinó con el tratamiento adecuado, con ese libro de efecto sanador.

          Decía que leer  o el mundo de la lectura pudiera pensarse que es algo  para disfrutar en soledad. Pues no es una afirmación del todo correcta. En la librería se organizan lecturas conjuntas, lo que supone que, además de comentar en un grupo de mensajería rápida, todos los meses acudimos allí para poner en común las impresiones sobre el libro elegido, todo ello  acompañado con algunos víveres que nos endulzan la mañana, como por ejemplo magdalenas caseras que he llevado, bajo demanda y hay pruebas gráficas de ello. Lo que más  me sorprende y satisface es que, pese a la creencia popular, hay mucha gente joven leyendo y compartiendo reflexiones maduras, aunque también es cierto que el grupo está conformado por  personas de todas las edades, géneros, procedencias…   Estas reuniones son imprevisibles, nunca sabes en qué derivarán. De hecho, en uno  de los últimos encuentros, terminamos hablando de Isabel Pantoja ¿Tenía algo que ver con el libro? No ¿Fue divertido y enriquecedor? Sin duda.

          Por eso, leer puede ser lo que quieras que sea, algo solitario o en comunidad, una vía de escape o  de conocimiento. Leer es soñar con los ojos abiertos.

          Quiero acabar con dos frases de autores del  Siglo de oro español:

          “Libro cerrado, no saca Letrado” (Lope de Vega).

          “Lee y conducirás, no leas y serás conducido” (Santa Teresa de Jesús).

          ¡Feliz Día del Libro!

María de las Nieves Rico Márquez

MASC. CORREOS ELECTRÓNICOS ENTRE ABOGADOS.

MASC. CORREOS ELECTRÓNICOS ENTRE ABOGADOS.

            El día próximo 3 de abril de 2025 entrará en vigor la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Procesal, según dispone la regla general de entrada en vigor de la reforma.

            Propongo un análisis somero del título II, capítulo I, artículos 3 a 19. Medidas en materia de eficiencia procesal del servicio público de justicia. En concreto medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional.

            La exposición de motivos de la ley persigue cumplir con la máxima de la ilustración y del proceso codificador: antes de entrar en el templo de la justicia, se ha de pasar por el templo de la concordia se trata de potenciar la negociación entre las partes directamente o ante un tercero neutral.

            La reforma supone un cambio de paradigma. Pasaremos de un sistema que trae un conflicto enviado a los tribunales, a un nuevo sistema que tras el conflicto va a enviar a los medios de solución alternativa de conflictos (MASC) y, si no hay acuerdo a los tribunales.    

            Ello supone no se admitirán demandas si no se acredita haber hecho uso de un proceso de negociación previo llevado a cabo o la imposibilidad del mismo conforme lo establecido en el artículo 264. 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

            Se trata de un requisito de procedibilidad, como medida innovadora para actualizar y mejorar la eficiencia del sistema judicial en España. Obligando a las partes, en el ámbito jurisdiccional civil, a intentar un mecanismo adecuado de solución de controversias antes de interponer una demanda judicial.

A través de mediación, conciliación, opinión de un experto independiente u otras actividades negociadoras, las partes deben buscar un acuerdo previo, cuya acreditación e necesario para la admisión de la demanda. La normativa busca reducir la sobrecarga de los tribunales, fomentar la autocomposición y ofrecer alternativas ajustadas a las necesidades de los litigantes.

            El mencionado artículo 264 recoge los documentos que deben acompañarse la demanda o contestación y entre ellos el documento que acredite haberse intentado la actividad negociadora previa la vía judicial cuando la ley exige dicho intento como requisito de procedibilidad declaración responsable de la parte. La imposibilidad de llevar a cabo la actividad negociadora previa a la vía judicial por desconocer el domicilio de la parte demandada o el medio en el que puede ser requerido.

Condicionan la admisión de la demanda, y sin su presentación no se puede admitir a trámite la misma. Su falta de aportación es un defecto subsanable, ( artículos 231 y 403 de la LEC, 11.3 y 243 de la LOPJ y 24 de la CE).  Claro está subsanación supone que el intento de negociación ha sido previo la interposición de la demanda en todo caso.

            Los antecedentes legislativos más recientes tales como la Ley 5/2012 de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles, no consiguieron desarrollar el desafío inicial y augurado.

Los MASC pues son una medida muy entusiasta aplicada con anterioridad y reformada su implantación ante el escaso éxito de la misma.

            El modelo de justicia sostenible viene a imponer en realidad una carga de parte a quien pretende ejercitar una acción ya antes del inicio del procedimiento. Impulsando una autonomía de la voluntad que implica una deconstrucción del modelo de justicia paradigmático todo ello en busca de una justicia sostenible.

Todo ello de la mano de una filosofía sobre el modelo de justicia integral que implica una referencia reformista respecto a las costas ya la tasación, alzando la confidencialidad sólo en el supuesto de conflicto a la hora de tasarlas, impugnarla por indebidas o excesivas.

            Se establece un sistema más oneroso. Se parte de la regla general de los MASC como servicio privado de justicia; la idea de que cada persona que interviene abone sus gastos, al menos los honorarios de abogado y honorarios y de un tercero neutral.

            Será necesaria la complicidad de la abogacía desde un cambio de pensamiento hacia una cultura más colaborativa por lo que habrá que ir más allá de la norma.

            Es por ello que se teme que la actividad que se denomina justicia deliberativa finalmente pueda reducirse a meros requisitos burocráticos.

            Hasta ahora bastaba, en caso de allanamiento, la aportación de cualquier documento para acreditar requerimiento fehaciente y justificado en materia de imposición de costas. Se presume la mala fe cuando este medie y se hubiese rechazado el acuerdo ofrecido o la participación en un medio adecuado de solución de controversias.

Y, cuando el requisito de reclamación extrajudicial es preceptivo, léase oferta motivada, un mero burofax e incluso aportación de correos electrónicos se venían valorando por los tribunales como argumento para la imposición de las costas.

            Destacaremos los correos electrónicos entre profesionales que en muchas ocasiones viene acompañando a la demanda/contestación para acreditar el contenido de las negociaciones previas y la posición jurídica sobre las partes en relación a la controversia.

            El correo electrónico, está admitido indirectamente por el artículo 7.1, aunque a efectos de interrupción y suspensión de la prescripción y caducidad (figuras distintas al requisito de procedibilidad y propensas a la mayor conservación de derechos y, por tanto, más flexible), admiten que dichos actos tengan lugar “a través del medio de comunicación electrónico empleado por las partes en sus relaciones previas”.

El correo electrónico, por sí mismo, no sirve para acreditar o presumir la acreditación de la recepción en aquellos casos en que no se hubiera pactado en el contrato, salvo que se acompañe con

otros medios de comunicación o sea el canal habitual de comunicación entre las partes.

            Debe ser analizado bajo el prisma del régimen de confidencialidad y protección de datos que ahora se extiende a los MASC de forma más rigurosa en el artículo 9.

Tanto el proceso de negociación como la documentación utilizada en el mismo son confidenciales, salvo la información relativa a si las partes acudieron al intento de negociación previa y al objeto de controversia.

            Esta obligación se extiende a las partes y a los abogados/abogadas intervinientes y en su caso a la tercera persona neutral que intervenga. Existe un deber de secreto profesional.

            Las recientes conclusiones de las jornadas de Presidentes de Audiencias Provinciales sobre los MASC Y LO 1/2025 tratan el tema en los siguientes términos: La confidencialidad del proceso de negociación y de la documentación utilizada (artículo 9 LO 1/2025) es compatible con la obligación de probar el contenido de la solicitud, propuesta inicial o invitación a negociar y la definición de su objeto, para acreditar ante el juez el inicio y el fracaso del intento de acuerdo (artículo 10 LO 1/2025).

Y añaden, a la dispensa escrita, expresa y recíproca de todas las partes (artículo 9.2 LO 1/2025) como excepción a la confidencialidad del proceso de negociación se equipara la advertencia previa y explícita de poder utilizar el contenido de las comunicaciones –entre profesionales de la abogacía- en juicio (art. 16.3 de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa).

El proceso de negociación y la documentación utilizada en el mismo son confidenciales, salvo la información relativa a si las partes acudieron al intento de negociación previa y al objeto de controversia.

            En consecuencia, no podrán abogados/abogadas intervinientes aportar documentación derivada del proceso de negociación o relacionada con el mismo con las excepciones que prevé el artículo 9 en su apartado 2. Esto es, cuando las partes de manera expresa y por escrito se hayan dispensado recíprocamente o al abogado/abogada o a la tercera persona neutral del deber de confidencialidad.

            Cuando se esté tramitando la impugnación de la tasación de costas y la solicitud de exoneración o moderación de las mismas según lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y a esos únicos fines, sin que pueda utilizarse para otros diferentes en procesos posteriores.

            Cuando, mediante resolución judicial motivada, sea solicitada por los jueces y juezas del orden jurisdiccional penal y finalmente cuando sea necesario por razones de orden público, en particular cuando así lo requiera la protección del interés superior del menor o la prevención de daños a la integridad física o psicológica de una persona.

            Si alguna de las partes pretendiese la aportación como prueba en el proceso de la información confidencial, no será admitida por los tribunales en aplicación de lo dispuesto en el artículo 283.3.

Y es más en caso de que se revele información o se aporte documentación en infracción de lo dispuesto en el artículo 9, la autoridad judicial la inadmitirá y dispondrá que no se incorpore al expediente, sin perjuicio, además de la responsabilidad que dicha infracción genere los términos previstos en el ordenamiento jurídico.

Se tratarían cualquier caso de una prueba ilícita.

            La forma de acreditación del intento de negociación y terminación del proceso sin acuerdo pasa por establecido el artículo 10, certificación, documento firmado por las partes intervinientes en los términos allí establecidos. En ningún caso correo electrónico que ilustre la negociación previa.

            Hasta ahora ha sido bastante frecuente que este tipo de comunicaciones se aportaron a los tribunales en aras acreditar los términos es la negociación previa.

Sin embargo, esta actividad estaba prohibida y ahora aún más por cuanto es un documento que no debe admitirse. No basta este intento de negociación y esta documental para entender cumplido el requisito de procedibilidad y carga procesal de parte antes de interponer una demanda ante los tribunales.

La redacción del artículo 16 de la ley de defensa es concluyente, al desarrollar la garantía de confidencialidad de las comunicaciones y secreto profesional. En lo que aquí interesa, sobre todo su apartado 2 que indica que: «Las comunicaciones mantenidas exclusivamente entre los defensores de las partes con ocasión de un litigio o procedimiento, cualquiera que sea el momento en el que tengan lugar o su finalidad, incluso en fase extrajudicial, son confidenciales y no podrán hacerse valer en juicio ni tendrán valor probatorio, excepto en los casos en los que se hayan obtenido de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal u otras leyes de aplicación o en que su aportación o revelación haya sido autorizada conforme a la regulación profesional vigente» .

            La prohibición de la aportación documental y fundamentalmente los correos electrónicos se establece con toda claridad en el apartado 3: «No se admitirán los documentos, cualquiera que sea su soporte, que contravengan la anterior prohibición, salvo que expresamente sea aceptada su aportación por los profesionales de la abogacía concernidos o las referidas comunicaciones se hayan realizado con la advertencia expresa y explícita de poder ser utilizadas en juicio » .

 El secreto profesional incluirá la inviolabilidad y el secreto de todos los documentos y comunicaciones del profesional de la abogacía, que estén relacionados con el ejercicio de sus deberes de defensa.

Así pues para acreditar un intento de negociación previa y entender el requisito cumplido habrán de aportarse los documentos que recogen los artículos 17 de la Ley de Mediación, 16 a 18 de la Ley Orgánica 1/2025, 103.2 bis de la Ley Hipotecaria y 139 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria.

            Si el propósito de la ley no cristaliza en la sociedad, nos encontraremos con un notable incremento de demandas de conciliación ante los tribunales y la simple aportación de burofaxes con detalles estereotipados sobre el intento de conciliación.

El peligro de que los profesionales traten este requisito de procedibilidad como un obstáculo y busquen la fórmula, banalizando el objetivo, de convertirlo en un protocolo rutinario.

En Sevilla a 1 de abril de 2025

Celia Belhadj Ben Gómez

Magistrada y Doctora en derecho

LEÓN, CUNA DEL PARLAMENTARISMO

LEÓN, CUNA DEL PARLAMENTARISMO

En esta entrada también hablaremos de historia. Como cuando se escribió sobre las huellas dactilares, sobre el domingo como séptimo día de la semana civil o sobre las togas, garnachas y golillas.

En este jueves nos remontamos a antes de los Estados Generales de Francia de o de la primera Dieta del Sacro Imperio. Antes incluso que la Carta Magna de 1215 de Juan I de Inglaterra, Juan sin Tierra ―son los ingleses los que, una vez más, se llevaron la fama―.

Sí, nos remontamos al año 1188.

Nos trasladamos al León de Alfonso IX. Entramos en la Colegiata de San Isidoro. Hacemos un parón en el Panteón de los Reyes y miramos hacia arriba para admirar la Capilla Sixtina del románico. Nos dirigimos al claustro.

Claustro de la Real Colegiata de San Isidoro de León

Sea por necesidad o sea por deseo ―y más bien lo primero― ante una pujante burguesía urbana, revueltas antiseñoriales y un reino casi quebrado por las constantes guerras que el pródigo rey Fernando II mantuvo durante su reinado contra almohades, castellanos y portugueses, su hijo Alfonso IX convocó extraordinaria Curia Regia.

Estas protocortes se celebraron en alguna fecha indeterminada de la primavera o verano de 1188, en el primer año de su reinado.

De Zarateman – Trabajo propio, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=134069361

Lo fundamental de las Cortes de León es que en ellas no solo estaba representada la nobleza y el clero, sino también las ciudades y villas.

Es decir, estaba representada la nobleza, el clero y la plebe; a través de ciudadanos u «hombres buenos» elegidos en los distintos Consejos del Reino.

Lo auténticamente único de las Cortes de León es que en ellas el Rey promulgó los «Decreta» que, según la UNESCO, son el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo.

Los Decreta, inscritos en el Programa Memoria del Mundo, documentan:

«La presencia del pueblo en la toma de decisiones a nivel del reino junto al monarca y los estamentos privilegiados de la época, como eran la Nobleza y la Iglesia».

Por ello, es tan interesante e importante para la historia del parlamentarismo europeo lo que dicen los Decreta ―su fondo―, como su fuente.

Sobre los Decreta de León hay que decir que no conservamos el texto original y los conocemos a través de otros manuscritos medievales.

Según la versión española de los Decreta hecha por Archivos Estatales, el primero de sus diecisiete Decretos dice:

«En el nombre de Dios, yo don Alfonso, rey de León y de Galicia, habiendo celebrado curia en León, con el arzobispo [de Santiago de Compostela] y los obispos y los magnates de mi reino, y con los ciudadanos elegidos de cada una de las ciudades, establecí y confirmé bajo juramento que a todos los de mi reino, tanto clérigos como laicos, les respetaría las buenas costumbres que tienen establecidas por mis antecesores».

También promete el Rey que no hará  «guerra ni paz ni pacto a no ser con el consejo de los obispos, nobles y hombres buenos, por cuyo consejo debo regirme» (Decreto IV).

Recuerden el artículo 63.2 de nuestra Constitución:

«Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz».

Jura también el Rey que ni él «ni otro cualquiera entre por la fuerza en casa de otro o le haga algún daño en ella o en sus bienes […]» (Decreto XII). El Rey, asimismo, dispone que ni él «ni otro de mi reino destruya la casa o invada o tale las viñas y los árboles de otro» (Decreto V).

Recuerden el artículo 18.2 CE cuando dice que:

 «El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito»

O el artículo 33.1 CE en el que «[s]e reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia».

Con los Decreta de León no podemos hablar de democracia, ni pluralismo político, ni libertad ni igualdad.

Su singularidad histórica radica en la representatividad de la Curia, no solo integrada por nobles y cleros, sino también por ciudadanos, esos «hombres buenos» elegidos en los distintos Consejos del Reino.

Su singularidad histórica también radica en que es el propio Rey el que decreta limitar su poder. Por ejemplo, al obligarse a no hacer la guerra o la paz sin oír a la Curia.

Estos Decretos, aunque limitan el poder del Rey, sin duda lo consolida y lo legitima. Instituye la representación de las villas y ciudades. Crea un original modelo de administración y gobierno.

Ello, con el fin último de «mantener la justicia y conservar la paz en mi reino» con el juramento de que los obispos, caballeros y ciudadanos «sean fieles en mi consejo» (Decreto XVII).

Entradas anteriores: https://enjusticia.es/?author=32

FUENTES: Ministerio de Cultura, Congreso de los Diputados, UNESCO, Museo de San Isidoro – Real Colegiata. Alonso García, María Nieves. «Los Decreta de León de 1188 como piedra fundacional del Estado de derecho y la legalidad».