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Categoría: Opinión

2026

2026

  Este es mi último artículo de este año y toca hacer balance.

  Siempre intento dar a este blog una nota de humor o como se dice ahora un tono “cozy”, de un lado, porque no me atrevo a escribir nada jurídico teniendo en cuenta la altura de los/as compañeros/as que me preceden y de otro lado, porque creo, o al menos yo lo necesito, algo liviano que haga más llevadero nuestro día a día.

  No obstante, tengo que reconocer que en esta ocasión me ha costado un poco más y ello porque aún   permanece mi retina las imágenes de la tragedia de Urda. Es por ello que no quiero dejar pasar esta ocasión para rendir mi humilde  homenaje a las víctimas, familiares de las víctimas y todas aquellas personas que, de un modo u otro, participaron en las labores de búsqueda, salvación, auxilio o retirada de restos personales y materiales del referido accidente.

  Esto me hace replantear lo azarosa que es la vida, pues viendo y escuchando testimonios de personas que perdieron ese tren o simplemente eligieron otro por una u otra razón salvaron su vida, mientras que otras, sin justificación ni razón la perdieron. En efecto, pienso en esa persona que cogió ese tren porque tenía que ir a trabajar a Sevilla, o quien, queriendo dar una sorpresa a su familia y sin previo aviso se montó en un vagón determinado que nunca llegó, pero más aún en las personas que durante horas vivieron en la incertidumbre de no saber qué había ocurrido con sus parientes o amigos/as. ¡Qué desazón! Sin embargo, como hay que intentar ver lo positivo de todo,  es de alabar la humanidad de quienes viviendo en Urda o en sus alrededores, sin pensarlo, acudieron al lugar del siniestro a ofrecer toda la ayuda que podían brindar,  así como los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, como siempre, están para ayudar. Especialmente viene a mi memoria la imagen de un Guardia Civil contando, emocionado, cómo una persona murió en sus brazos y eso que para él fue un momento difícil, también ha de ser reconfortante, pues esa persona  no estuvo sola en sus últimos instantes a diferencia de otras tantas.

Reitero, por tanto,  mi humilde homenaje a todos/as ellos/as.

No obstante, hay que seguir y toca hacer balance como decía al comienzo. El 2026 ha sido una montaña rusa en todos los aspectos. Creo que todos los años digo lo mismo, pero es que cada año creo que se supera. En lo profesional ha sido todo un reto, esa implantación de los Tribunales de Instancia,  todo lleno de reuniones, protocolos, protocolos del protocolo, órdenes de servicio, instrucciones…  Todo está muy digitalizado, pero me he tenido que imprimir lo esencial  para intentar poner todo en orden. Solo puedo decir que  ya he completado un AZ y  me da la impresión que no será el único. Ahora bien, estoy  satisfecha porque todo el mundo ha colaborado,  y no ha salido del todo mal. De hecho, hasta un abogado, amablemente, hizo un mapa del edificio con la ubicación  de cada servicio, pues en los primeros momentos  era una sensación de “quién sabe dónde”. Sin embargo esto promete que no va a parar, así que, como en toda buena serie…. Continuará…

En lo personal, soy madre de dos adolescentes. Nada más que añadir Señoría, a definitivas. Añado mensaje para las madres/padres de niños/as pequeños/as que piensan que ahora todo es horrible. Siento decir (va spoiler) que no mejora, solo cambia, como la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma.. Pues eso. No obstante, muy orgullosa de lo que son y cómo son.

También, por fin después de años complicados, hemos podido viajar. Italia siempre es una apuesta segura. Florencia es un lugar donde el arte, en todas sus facetas, rezuma por   toda la ciudad; Pompeya, ciudad en ruinas, que, lejos de hacernos parecer que estamos en un lugar abandonado, inerte, parece aún más viva que en épocas de su mayor esplendor. Ahora, eso sí, no les voy a engañar, un calor insoportable en verano, nada que envidiar a las temperaturas sevillanas.

Y si me lo permiten, finalizaré con dos recomendaciones, sin ser yo experta en nada:

– Una película. Debido al ritmo de vida que llevamos no voy tanto al cine como me gustaría. Me encanta ese ritual de elegir película, comprar palomitas, y pasar  horas viendo una buena película, aunque es cierto que últimamente  no hay película que dure menos de 2  ó 3 horas, que tendrán que pensar en hacer alguna pausita, sin olvidar que dados los precios que tienen  te puede salir igual de caro que ir a cenar. Pero bueno volviendo al tema, fuimos a ver “La Odisea” de Christopher Nolan y la recomiendo. Lo hice sin pretensiones, sin esperar nada, y creo que por eso me gustó. Una película de aventuras, con una escenografía que merece ser vista en el cine, más que en la televisión, adaptación del libro de Homero. Insisto  película de aventuras, entretenida.

– Un libro: “Una vida” de Alejandro Palomas, Ediciones Destino. Es el último libro del autor relativo a un personaje, Amalia, madre de dos hijas y un hijo con vidas dispares, cada uno con su propia mochila, cuyo denominador común es aquélla: tierna, divertida, entrañable, quien está en la etapa final de su vida. Alejandro Palomas no defrauda, ahora bien,  y aviso, no descartaría tener un pañuelo cerca.

Así, termino este 2026. Doy las gracias por todo y pese a todo y a ustedes por emplear parte de su tiempo en leer estas líneas que no tienen más pretensión que amenizarles siquiera sea unos minutos.

Nieves Rico Márquez.

LOS JURADOS, LAS ELECCIONES Y CEUTA

LOS JURADOS, LAS ELECCIONES Y CEUTA

Como ya es habitual en los otoños de los años pares, han empezado a llegar las cartas de los agraciados para ser jurado de su provincia para los años 2027 y 2028.

Algunos serán agraciados por segunda vez al ser elegidos para ser miembros de la mesa electoral para las próximas elecciones generales el próximo 29 de noviembre.

No desfallezca, ser candidato a jurado para los años 2027 y 2028 no significa que vaya a ser jurado del Tribunal de Jurado en un juicio que se celebra en la Audiencia Provincial.

Y si llega a serlo, le pagarán 67 euros al día libres de impuestos y kilometraje si no vive en el municipio de la sede de la Audiencia.  

La probabilidad de que le seleccionen como candidato para jurado es baja. Si España tiene cincuenta millones de habitantes y cincuenta provincias, en cada provincia habitan un millón de españoles, digamos.

No podemos olvidar Ceuta y Melilla, que son ciudades autónomas y no provincias.

Pero también tienen su lista de candidatos a ser jurados para la sección ceutí de la Audiencia Provincial de Cádiz y la sección melillense de la Audiencia Provincial de Málaga.

Pongamos que en cada uno de los cincuenta y dos sorteos entran en la saca algo menos de un millón de nombres.

De la saca con algo menos de un millón de nombres se extrae un número de candidatos a jurado que fija el presidente de la Audiencia Provincial y comunica al delegado provincial de la Oficina del Censo Electoral.

Este numero resulta de multiplicar por cincuenta las causas con jurado que se han enjuiciado el año anterior.

Las causas con jurado que se enjuician anualmente y que determinan el número de candidatos para el siguiente bienio varía sustancialmente entre las cincuenta Audiencias. También la población de sus provincias.

Pero se puede afirmar que es baja la probabilidad de que sea designado como candidato a jurado.

Por ejemplo, en Madrid y en el año 2024, se designaron como candidatos a jurado para los años 2025 y 2026 a unos tres mil de entre siete millones de madrileños.

Puede que como candidato a jurado si quiera sea llamado a causa, porque al acabar el bienio no se ha celebrado tantos juicios por el tribunal de jurado como para ser requerido.

A partir de aquí comienza un periodo de depuración de aptitud, capacidad, incompatibilidad, excusas y prohibiciones para ser jurado.

Si ha sido condenado por delito doloso, está procesado o preso, sea provisional o por condena firme, no puede ser jurado. 

Si es extranjero o menor de edad no puede ser jurado. Tampoco puede ser jurado ni leer esta entrada del blog si no sabe leer o escribir.

Si es Rey de España o de su Familia, presidente de gobierno o de Comunidad Autónoma, ministros y consejeros y hasta directores generales, diputado o senador, juez, fiscal, personal al servicio de la Justicia, delegado de gobierno, policía, agente de prisiones o defensor del pueblo no puede ser jurado.

Confilegal

Entonces, si ha sido designado como candidato a jurado y es español, mayor de edad, está instruido, no es o ha sido delincuente y no es cargo público de los dichos, como candidato designado es apto para ser jurado del Tribunal del Jurado.

Se ha hablado de la capacidad, la aptitud, para ser jurado y la no incompatibilidad por razón del cargo. A partir de ahí, el candidato puede excusarse ―también puede no hacerlo y serlo―.

Por ejemplo, el que haya sido efectivamente jurado, los mayores de sesenta y cinco años, los que viven fuera de España o militares en activo. Las excusas se resuelven en firme por los presidencias del Tribunal de Instancia del partido de residencia del candidato.

Después del primer sorteo para ser candidato a jurado, viene el sorteo de la causa. Es decir, un segundo sorteo donde se designan treinta y seis candidatos para una causa concreta.

Es en ese momento en que el candidato a jurado se convierte en jurado del Tribunal del Jurado para el enjuiciamiento de un asunto cuando aplican las prohibiciones.

Se ha hablado de la aptitud para ser jurado, de la incompatibilidad para ser jurado, de las posibilidades de que se excuse a un candidato y ahora:

¿A quién se le prohíbe ser jurado?

Se prohíbe ser jurado a quien sea familiar de cualquiera de las partes, del magistrado presidente o del fiscal y quien deba tener intervención en la causa como testigo o perito o tenga un interés directo o indirecto en la causa.

No son excusas que resuelve el juez decano, son prohibiciones que se deciden tras una vista ante el magistrado presidente del Tribunal.

Luego está el sorteo del sorteo del sorteo, en el que se eligen a nueve jurados y dos suplentes a los que se les interrogará por si concurren en ellos alguna prohibición, incompatibilidad, excusa o incapacidad.

El magistrado presidente, antes de abrir audiencia preguntará:

«¿Juran o prometen desempeñar bien y fielmente la función del jurado, con imparcialidad, sin odio ni afecto, examinando la acusación, apreciando las pruebas y resolviendo si son culpables o no culpables de los delitos objeto del procedimiento los acusados …, así como guardar secreto de las deliberaciones?»

A partir de ahí, nueve ciudadanos y ciudadanas participan en la Administración de Justicia como dicta la Constitución y lo hacen mediante sus siete votos para la culpabilidad o cinco votos para la inculpabilidad y en la que la abstención favorece al acusado.

Alfonso Zarzalejos Herrero

Juez del Tribunal de Instancia de Betanzos

EL “DERECHO” A LA ÚLTIMA PALABRA

EL “DERECHO” A LA ÚLTIMA PALABRA

            Hay una satisfacción pequeña, algo mezquina y bastante universal en tener la última palabra. No hace falta que sea brillante. Ni siquiera que añada nada. Basta con que llegue después de la del otro. Un “pues eso”, un “tú sabrás” o ese “vale” que, según cómo se pronuncie, puede significar cualquier cosa menos conformidad. La conversación ha terminado, pero alguien ha dejado una bandera clavada en el terreno. No necesariamente tiene razón. Simplemente ha hablado el último.

            Para quienes trabajamos decidiendo controversias, el asunto tiene su gracia. En el trabajo nos corresponde resolver pero fuera de él, conviene recordar que nadie nos ha atribuido competencia sobre la elección del restaurante o la temperatura del aire acondicionado. Aunque a veces actuemos como si el nombramiento incluyera esas materias. Pero ejercer una profesión en la que hay que adoptar decisiones ofrece buenas oportunidades para confundir dos cosas bastante distintas: tener la responsabilidad de concluir y sentir la necesidad de imponerse.

            La última palabra rara vez se presenta como un capricho. Suele venir acompañada de una justificación impecable: “Solo quería aclarar una cosa”. Y quién podría oponerse a una aclaración. Aclarar es bueno. Casi un servicio público. El problema aparece cuando llevamos veinte minutos aclarando y la otra persona empieza a recoger la mesa.

            También están las variantes: “No, si yo no quiero discutir, pero…”, “Déjame que termine” y “Lo único que digo es…”. Esta última tiene mucho mérito, porque suele introducir el cuarto argumento de una intervención que comenzó anunciando que solo iba a decir una cosa. En ocasiones, la conversación podría terminar perfectamente antes de nuestra siguiente frase. El asunto está entendido. Las posiciones son conocidas. No hay ninguna información nueva. Pero queda una pequeña incomodidad: el otro ha dicho algo que no queremos dejar sin respuesta. Y como en estas conversaciones nada precluye, todavía podemos estar metiéndonos en la cama cuando se nos ocurre un “por cierto, sobre lo de antes…”.

            Y ahí regresamos. No para mejorar la conversación (que va), sino para corregir su desenlace. Como si el silencio posterior pudiera interpretarse como una aceptación íntegra de lo manifestado de contrario. Lo curioso es que nosotros mismos rara vez concedemos ese valor al silencio ajeno. Si alguien deja de contestarnos, podemos pensar que se ha cansado, que tiene prisa o que está mirando el horno. Pero si somos nosotros quienes callamos, imaginamos que acabamos de perder una discusión épica.

            En el proceso penal, el derecho a la última palabra tiene un sentido bastante más serio. El artículo 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ofrece al acusado la posibilidad de dirigirse personalmente al tribunal una vez terminadas la acusación y la defensa. No es una cortesía ni un premio a la insistencia, sino una garantía de autodefensa: la oportunidad de añadir, matizar o rectificar lo que considere necesario antes de que el tribunal decida.

            La diferencia con nuestras conversaciones merece alguna atención. Allí se garantiza que una persona pueda defenderse. Aquí, a veces, lo que pretendemos defender es nuestra posición al final de la conversación. No tememos que nadie nos condene. Nos inquieta algo mucho más cotidiano: ¡que el otro se marche sin reconocer que teníamos razón!

            Además, en el juicio hay un turno final. En ciertas discusiones domésticas, en cambio, cada intervención inaugura el derecho a otra última palabra. Y a la última de la última…

            Por supuesto, hay conversaciones que necesitan una decisión: alguien debe elegir una fecha, cerrar un presupuesto o determinar quién recoge a los niños. La convivencia tampoco puede funcionar dejando todos los asuntos pendientes de una reflexión más profunda. Pero otras conversaciones permiten que dos personas sigan pensando cosas distintas. Podemos discrepar sobre una película sin fijar cuál es su valor definitivo. Podemos recordar de manera diferente unas vacaciones. Incluso cabe la posibilidad, difícil pero real, de que a alguien le guste un restaurante que a nosotros nos parece sobrevalorado y la amistad sobreviva sin necesidad de una inspección conjunta de sus reseñas.

            Seamos sinceros, lo que cuesta aceptar no siempre es que el otro no nos haya entendido. A veces nos ha entendido perfectamente. Podría resumir nuestra posición, reproducir nuestros ejemplos y anticipar lo que vamos a decir a continuación. Sencillamente, no está de acuerdo. Y esa posibilidad nos incomoda más de lo que nos gusta reconocer. Porque obliga a admitir que nuestra explicación puede ser clara, nuestro argumento razonable y nuestra convicción sincera, sin que de todo ello nazca una obligación ajena de darnos la razón.

            ¡Ay! La soberbia suele encontrar aquí una forma bastante discreta de manifestarse. No necesita proclamar que somos superiores. Le basta con sugerirnos que, si el otro sigue discrepando, todavía queda algo que debemos explicarle. Repetimos el argumento con otras palabras, aportamos un ejemplo, buscamos una comparación. Cuando nada de eso funciona, hablamos un poco más alto, como si la discrepancia fuera un problema de audición. Naturalmente, también podemos tener razón. Pero tener razón sobre el asunto discutido no nos concede un derecho de ocupación indefinida de la conversación. Ni convierte al interlocutor en alguien que deba permanecer allí hasta que “firme su conformidad”. A veces no queremos ya que el otro comprenda nuestra postura. Queremos presenciar su rendición. Nos bastaría un “sí, tienes razón”, aunque lo dijera mirando el reloj y con la misma convicción con la que se aceptan las condiciones de uso de una aplicación.

            Quizá ahí esté la diferencia más reveladora con el derecho a la última palabra del acusado: se le garantiza que el tribunal escuche lo que tenga que decir en su defensa, pero no que comparta su versión. En nuestras conversaciones, en cambio, a veces entendemos que el otro solo nos ha escuchado de verdad si acaba dándonos la razón; si sigue discrepando, empezamos a pensar que habrá que explicárselo otra vez.

            Pero, oye, renunciar a ese control no significa callar siempre. Sigue siendo cierto que hay afirmaciones que deben discutirse, límites que conviene expresar con claridad y asuntos que no pueden abandonarse con un encogimiento de hombros, y tampoco se trata de pensar que todas las opiniones pesan lo mismo, porque no pesan lo mismo. Pero defender una posición con firmeza es una cosa y prolongar una conversación hasta que el otro se canse es otra bastante distinta, una diferencia que reconocemos enseguida en los demás y que, curiosamente, se nos escapa cuando somos nosotros los que tenemos ganas de seguir.

            En esos momentos ayuda una pregunta poco solemne: ¿nuestra siguiente frase aporta algo o solo nos deja más a gusto? Si aporta un dato, aclara un malentendido o expresa algo importante que todavía no hemos dicho, tiene todo el sentido pronunciarla. Si únicamente repite lo ya dicho con una formulación algo más contundente, puede que lo que necesite defensa ya no sea el argumento, sino otra cosa que se parece mucho al amor propio.

            Y los que dedicamos el día a resolver controversias quizá debamos empezar por aceptar que no todas las diferencias necesitan una resolución, ni nos corresponde dictarla siempre. Fuera del trabajo podemos escuchar sin corregir, discrepar sin reconducir y dejar que alguien conserve una opinión que no compartimos, incluso cuando seguimos convencidos de que la nuestra es mejor.

            También el acusado puede optar por no añadir nada: tener derecho a la última palabra no obliga a utilizarla. Fuera del juicio nos cuesta dejar pasar ese turno imaginario, sobre todo cuando ya tenemos preparada una réplica que nos parece estupenda. Decía Marco Poncio Catón que“La primera virtud es frenar la lengua; y es casi un Dios quien, teniendo razón, sabe callarse”. No pide tanto: nos bastaría con callarnos alguna vez sin tener del todo la razón, y con dejar, de vez en cuando, que la última palabra la ponga otro.

Alicia Díaz-Santos Salcedo

Magistrada. Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía.

La radio

La radio

            Tuve la mala suerte de fracturarme el fémur tras una caída en bicicleta cuando apenas tenía cuatro años, y cumplí los cinco en el hospital, donde estuve ingresado unos meses. O buena suerte, quién sabe.

            Y claro, a un niño de tan tierna edad, pronto los familiares y amigos de mis padres, yo entonces tampoco tenía, lo colmaron de regalos: mi primer reloj, cosas para pintar, ropa, coche teledirigido. Muchos de estos obsequios aún los recuerdo. Otros no. Pero hubo un regalo que nunca olvidaré: un “walkman”. Quizá los más jóvenes lo hayan visto en algún museo.

            Era algo entonces “moderno”, y el que me regalaron particularmente, porque tenía radio, podías meter cintas casete, e incluso podía grabar canciones de la radio en las cintas.

            Fue gracias a ese artilugio que descubrí la radio, que escucho desde pequeño. En la primera comunión me regalaron otro walkman, pero seguí usando el antiguo, que tantas horas juntos le había cogido ya ese cariño extraño que solo se le coge a algunos objetos.

            Más de una vez rebobiné una cinta con un boli, porque se había atascado, operación que debía ejecutarse con sumo cuidado, para no romperla y para que no hubiera pliegues, pues luego podían volver a atascarla o provocar un sonido raro, como cuando se estaban gastando las pilas.

            Con los años abandoné aquel walkman, que aún conservo como reliquia, y que sigue funcionando, pero evolucioné al transistor, y a todo tipo de aparatos de radio, que me han acompañado mientras hacía deporte, o mientras opositaba, con radio clásica de fondo. Un día escribí al buzón del oyente para pedir una pieza entre carperis, enfiteusis y servidumbres. Fue el réquiem de Mozart, y créanme, sonaba más alegre que mis temas.

            Pertenezco a ese selecto club de oyentes que quita el sonido de la tele para ver el fútbol con el audio de la radio, incluso aunque a veces vaya la imagen por un lado y el sonido por otro.

            Los jueces somos muy de escuchar la radio, mientras hacemos las tareas de la casa, mientras trabajamos, o mientras conducimos a nuestros destinos hispánicos, porque es un medio más reflexivo y sosegado, y porque la soledad del juez acaso se mitiga con la compañía radiofónica.

            En mi casa cuando pongo el fútbol siempre me dicen “ya estás con tus amigos de la radio”, y así es, es que son mis amigos. Por eso, ahora estoy de duelo, porque algunos, como Pepe Domingo, nos han abandonado para siempre, y otros, como Alsina o Paco González, se han prejubilado. Hemos pasado tantas horas juntos, que ahora los echo de menos, como la época de mi walkman.

            Con los airpods, espotifais, podcasts, mp3, y demás innovaciones, va cambiando el formato de escucha, como ha sucedido periódicamente desde hace algo más de 100 años, cuando comenzó su andadura la radio, pero, por mi parte, aunque añore a los que se van, seguiré escuchando la radio, al menos, otros cien años más, o hasta que el meteorito, la IA, el efecto 2100, la profecía maya, o cualquiera de los desastres que cada año nos vaticinan el fin del mundo se haga realidad.

Luis Ángel Gollonet Teruel

«Delegar nuestro pensamiento en la inteligencia artificial nos está haciendo cada vez más tontos»

«Delegar nuestro pensamiento en la inteligencia artificial nos está haciendo cada vez más tontos»

Hay algo tentador en que otros hagan por nosotros aquello que nos exige esfuerzo. Pensar, ordenar una idea, buscar una respuesta o enfrentarnos a un problema complejo requiere tiempo y concentración. Si existe una herramienta capaz de hacerlo en unos segundos, es lógico que queramos utilizarla. El problema empieza cuando esa comodidad deja de servirnos para trabajar mejor y empieza, poco a poco, a sustituir el esfuerzo que nos permitía aprender, razonar y construir nuestro propio criterio. Cuando una tarea exige esfuerzo, concentración o tiempo, buscamos una forma de hacerla más sencilla. Inventamos herramientas, procedimientos y máquinas para ahorrarnos trabajo y, en general, eso ha sido una magnífica noticia. La calculadora nos evitó tener que hacer determinadas operaciones de memoria, los buscadores nos permitieron dejar de almacenar cantidades ingentes de información, el GPS consiguió que ya no necesitáramos aprendernos las carreteras y ahora la inteligencia artificial promete llevar esa delegación un paso más allá: no solo puede hacer determinadas tareas por nosotros, sino que puede ayudarnos a pensar.

Puede resumir un documento, explicar una teoría, proponer argumentos, encontrar contraargumentos, redactar un informe, comparar opciones, ordenar información y sugerir una respuesta. Puede hacerlo, además, en cuestión de segundos y con una capacidad para procesar información que ningún ser humano puede igualar. Es extraordinariamente útil. Y precisamente por eso deberíamos preocuparnos un poco. Porque quizá el problema de la inteligencia artificial no sea que algún día piense demasiado bien, sino que nosotros terminemos acostumbrándonos a pensar demasiado poco.

La idea que me interesa plantear es sencilla: pensar también se entrena. Comprender un texto difícil exige esfuerzo. Escribir implica ordenar las ideas. Resolver un problema nos obliga a enfrentarnos a nuestra propia ignorancia. Intentar defender una posición y después buscar argumentos en contra nos ayuda a detectar nuestros errores. Incluso equivocarse tiene una función. Cuando intentamos recordar algo y no lo conseguimos inmediatamente, cuando tratamos de explicar una cuestión y descubrimos que en realidad no la comprendemos tan bien como pensábamos, cuando escribimos un párrafo y después lo eliminamos porque no termina de funcionar, estamos haciendo algo más que perder el tiempo. Estamos aprendiendo.

El problema aparece cuando empezamos a considerar ese esfuerzo como un acto ineficaz que debe ser eliminado. Si una inteligencia artificial puede resumirnos un libro en treinta segundos, ¿para qué leerlo? Si puede redactarnos un informe en dos minutos, ¿para qué sentarnos a escribir? Si puede ofrecernos diez argumentos sobre una cuestión, ¿para qué dedicar una tarde a construirlos nosotros mismos? Si puede explicarnos una sentencia, ¿para qué enfrentarnos directamente al texto? La respuesta evidente es que no siempre necesitamos hacerlo. Sería absurdo defender que debemos renunciar a las herramientas que precisamente hemos creado para hacernos la vida más fácil. Pero existe una diferencia que quizá sea mucho más importante de lo que parece: una cosa es delegar una tarea y otra muy distinta es delegar el proceso intelectual que nos hacía capaces de realizarla.

La cuestión no es nueva. Cada avance tecnológico ha trasladado determinadas capacidades desde las personas hacia las herramientas. El GPS es un ejemplo sencillo: nos permite llegar a cualquier lugar sin conocer el camino y eso es magnífico, pero también significa que podemos recorrer una ciudad durante años sin desarrollar una representación mental especialmente buena de ella. No es ninguna tragedia, por supuesto, pero demuestra algo importante: cuando dejamos de utilizar una capacidad, esa capacidad deja de ejercitarse. Con la inteligencia artificial ocurre algo parecido, aunque a una escala mucho mayor, porque ya no estamos hablando únicamente de memoria espacial o de cálculo. Estamos hablando de capacidades intelectuales que consideramos esenciales: escribir, sintetizar, argumentar, distinguir lo relevante de lo accesorio, formular hipótesis, cuestionar una respuesta, establecer conexiones y tomar decisiones.

Y aquí aparece una paradoja especialmente interesante. Cuanto mejor funciona la herramienta, mayor es la tentación de utilizarla como sustituto. Una inteligencia artificial que produce un texto mediocre nos obliga a intervenir, corregir y pensar. Una que produce un texto excelente puede conseguir que dejemos de hacerlo. Una respuesta mal construida despierta nuestras sospechas; una respuesta perfectamente redactada y llena de argumentos puede provocar justamente lo contrario: la sensación de que ya no hay nada más que hacer.

Pero una respuesta convincente no es necesariamente una respuesta correcta. Y una respuesta correcta tampoco significa necesariamente que nosotros hayamos aprendido algo al obtenerla. Un estudiante que copia una respuesta correcta no ha aprendido necesariamente aquello que la respuesta contiene. Un profesional que recibe un análisis impecable de una inteligencia artificial no necesariamente ha desarrollado el razonamiento que conduce hasta él. Y una persona que utiliza permanentemente una herramienta para decidir qué pensar puede acabar teniendo respuestas para muchas cosas sin haber desarrollado suficientemente su propio criterio. Quizá por eso deberíamos empezar a hablar no solo de inteligencia artificial, sino también de dependencia intelectual. La pregunta no es solamente cuánto puede hacer la IA. La pregunta es: ¿cuánto estamos dejando de hacer nosotros porque puede hacerlo ella?

En el mundo jurídico esta cuestión adquiere una dimensión especial. Porque quienes trabajamos con el Derecho sabemos que nuestra actividad no consiste simplemente en encontrar una respuesta. Una decisión judicial no es una búsqueda en una base de datos ni una operación matemática cuyo resultado pueda separarse del proceso que conduce hasta él. Hay hechos que deben ser comprendidos, argumentos que deben ser contrastados, normas que deben ser interpretadas y pruebas que deben ser valoradas. Hay que decidir qué es relevante y qué no lo es, qué argumentos resultan convincentes y cuáles deben ser rechazados cuando existen posiciones enfrentadas. Y hay algo más que quizá sea todavía más importante: hay que hacerse responsable de la decisión.

La inteligencia artificial puede ser extraordinariamente útil en ese proceso. Puede ayudarnos a localizar información, detectar cuestiones que quizá no habíamos considerado, resumir documentación extensa, comparar argumentos, identificar contradicciones o mejorar la claridad de un texto. Puede permitirnos ahorrar horas de trabajo mecánico y dedicar más tiempo a aquello que realmente importa. Pero precisamente por eso deberíamos establecer una frontera clara: la IA puede asistir al razonamiento jurídico; no debería sustituirlo.

Hay una diferencia fundamental entre preguntarle a una herramienta qué cuestiones deberíamos tener en cuenta para analizar un determinado problema y pedirle que analice el problema y nos diga cuál es la solución. En el primer caso estamos utilizando la IA como un instrumento para ampliar nuestro campo de visión; en el segundo corremos el riesgo de convertirla en el sujeto que realiza una parte esencial de nuestro trabajo intelectual. Y cuanto más convincente sea su respuesta, más difícil puede resultar detectar dónde hemos dejado de pensar nosotros.

Pero quizá la forma más peligrosa de delegación sea precisamente la que apenas percibimos. No consiste en aceptar sin más lo que dice la inteligencia artificial. Consiste en dejar que la IA piense primero y nosotros después. Parece una diferencia pequeña, pero no lo es. Imaginemos que tenemos que resolver una cuestión compleja. Antes de utilizar ninguna herramienta nos vemos obligados a identificar el problema, formular una hipótesis y construir una primera respuesta. Después utilizamos la IA para contrastarla, buscar puntos ciegos o plantearnos argumentos que no habíamos considerado. En ese caso tenemos un criterio propio con el que comparar la respuesta de la máquina.

Ahora imaginemos lo contrario. Introducimos el problema, recibimos un análisis de dos páginas y, a partir de ahí, empezamos a trabajar sobre él. Es posible que el análisis sea correcto. Pero también es posible que hayamos aceptado, sin darnos cuenta, el marco mental que la herramienta ha elegido para nosotros. Y quizá esa sea una de las formas más profundas de dependencia: no que la máquina nos dé la respuesta, sino que nos determine la respuesta al problema que le planteamos.

Esto resulta especialmente delicado en el ámbito judicial. Porque la motivación de una resolución no es un ejercicio puramente formal. La motivación expresa un proceso intelectual y jurídico mediante el cual quien decide explica por qué, a partir de unos hechos, unas pruebas y unas normas, llega a una determinada conclusión y no a otra.  Y ahí está precisamente la cuestión: no basta con que el resultado tenga apariencia de razonamiento; es necesario que detrás exista realmente un proceso de análisis, valoración y decisión.

Y hay otra cuestión que tampoco deberíamos ignorar: la inteligencia artificial puede equivocarse, pero puede hacerlo de una manera extraordinariamente convincente. Puede interpretar mal un hecho, utilizar de forma inadecuada una norma, confundir conceptos o proporcionar una referencia que después resulte necesario verificar. El problema no es simplemente que pueda cometer errores. Los seres humanos también los cometemos constantemente. El verdadero problema es que puede presentarlos con una seguridad y una fluidez que hacen que bajemos la guardia. Por eso el llamado sesgo de automatización adquiere tanta importancia. Tendemos a confiar en los sistemas automáticos, especialmente cuando percibimos que son sofisticados o cuando habitualmente funcionan bien. Si una herramienta nos ha proporcionado cien respuestas correctas, podemos empezar a comprobar con menos atención la número ciento uno. Y precisamente ahí puede aparecer el problema. No se trata, sin embargo, de volver atrás ni de construir una especie de nostalgia por un mundo anterior a la inteligencia artificial. No tiene sentido. La cuestión no es elegir entre tecnología y pensamiento humano, sino decidir qué queremos que la tecnología haga por nosotros y qué capacidades queremos seguir ejercitando nosotros mismos.

Quizá tengamos que aceptar una idea que parece contradictoria: aprender a utilizar bien la inteligencia artificial implica también aprender cuándo no utilizarla. Puede ser útil enfrentarnos primero a un problema y utilizar después la IA para buscar puntos ciegos. Puede ser conveniente redactar primero nuestras propias conclusiones y pedir posteriormente a la herramienta que intente destruirlas. Puede ser más formativo leer primero una sentencia y pedir después un resumen, en lugar de leer únicamente el resumen. Puede ser mucho más interesante utilizar la IA como un interlocutor crítico que como un redactor fantasma.

Porque, en definitiva, la mejor utilización de la inteligencia artificial no será necesariamente aquella que nos permita hacer menos, sino aquella que nos permita pensar mejor. Y esta cuestión debería preocuparnos especialmente en una profesión como la judicial. La inteligencia artificial puede hacernos más rápidos, puede hacernos más eficientes. Pero solo si seguimos siendo nosotros quienes decidimos qué hacer con aquello que nos ofrece. Una herramienta que nos ayuda a encontrar un argumento que no habíamos visto puede ampliar nuestro razonamiento. Una herramienta que nos obliga a considerar una posición contraria puede mejorar nuestra decisión. Una herramienta que nos permite dedicar menos tiempo a tareas repetitivas puede devolvernos tiempo para estudiar, reflexionar y decidir. Pero una herramienta que empieza a realizar por nosotros el esfuerzo intelectual que constituye precisamente el núcleo de nuestra profesión puede producir el efecto contrario.

Por eso quizá deberíamos formularnos una pregunta distinta cuando hablamos de inteligencia artificial. No solamente: “¿Puede hacerlo la IA?”. Esa respuesta, cada día más, será afirmativa. Tampoco únicamente: “¿Lo puede hacer mejor o más rápido que yo?”. En muchas ocasiones, también. La pregunta verdaderamente importante es otra: “¿Debería dejar que lo hiciera por mí?”

Porque quizá dentro de unos años no recordemos qué herramienta utilizábamos para redactar un informe, buscar una sentencia o resumir un expediente. Pero sí podríamos descubrir que hemos perdido algo mucho más difícil de recuperar: la costumbre de enfrentarnos personalmente a los problemas antes de pedirle a una máquina que los resuelva.

El verdadero reto de la inteligencia artificial no consiste, por tanto, en conseguir que las máquinas piensen como nosotros. Tampoco en impedir que las utilicemos. Consiste en encontrar el equilibrio que nos permita aprovechar una tecnología extraordinariamente poderosa sin convertirla, poco a poco y casi sin darnos cuenta, en una prótesis permanente de nuestro propio criterio. Porque el problema quizá no sea que la inteligencia artificial piense. El problema es que, si delegamos demasiado nuestro pensamiento, podemos terminar dejando de pensar nosotros.

Javier Lapeña Azurmendi

LEY DE NIETOS

LEY DE NIETOS

Mi entrada no va a ser tan divertida como la de Nieves y las mil y una aventuras de nuestros primeros destinos, ¡Nieves querida, igual tienes que hacer un libro jajajajjjaa! Avísame que yo también tengo unas cuantas anécdotas muy divertidas.

Sabéis los que me leéis que me gusta coger algún tema de actualidad socio-político y sin dar una opinión ideológica sobre el mismo, que yo no soy política ni contertulia ni ganas, mostrar una posición jurídica sobre el tema sin los “sesgos” esos tan famosos que por lo visto tenemos todos los jueces, y que yo, por cierto, no me encuentro por ningún sitio.

En las televisiones, radios, redes sociales, uno de los temas candentes es la “ley de nietos” o lo que es lo mismo la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

Dispone la citada disposición

1. Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil. Igualmente, podrán adquirir la nacionalidad española las personas que se encuentren en los siguientes supuestos:

a) Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

b) Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

2. En todos los supuestos, esta declaración deberá formalizarse en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley. Al terminar este plazo, el Consejo de Ministros podrá acordar su prórroga por un año.

De lo expuesto se deduce que se puede adquirir la nacionalidad española quienes sean hijos o nietos de españoles y estos hubieren perdido la nacionalidad española, bien porque los padres o los abuelos la perdieron por consecuencia de que se hubieran tenido que exiliar tras la guerra civil, o bien porque su madre perdió la nacionalidad española al casarse con un ciudadano extranjero antes de la Constitución de 1978, (hoy no la perdería) o bien porque sus padres se les hubiese concedido la nacionalidad española conforme a la Ley de Memoria Histórica.

Y digo que pueden adquirir porque puede que no se quiera adquirir la nacionalidad española o porque solicitándola no se cumplan los requisitos.

Con anterioridad a la entrada en vigor tanto de la derogada Ley de Memoria Histórica como de la actual Ley de Memoria Democrática, y conviviendo con ésta última el Código Civil establece que;

– tienen derecho a optar por la nacionalidad española; Aquellas personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España.

– por la residencia en España de un año adquieren la nacionalidad; El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles.

Lo ruidoso de la Ley de Memoria Democrática es su primer apartado; adquieren la nacionalidad española los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil  en que la principal diferencia con la regulación del Código Civil es que la persona no tiene que residir en España durante un año para poder adquirir la nacionalidad española, y el año de residencia se suple por ser hijo o nieto de exiliado.

Se establecen como requisitos;

  1. Anexo debidamente cumplimentado y firmado.
  2. Documento que acredite la identidad del solicitante.
  3. Certificación literal de nacimiento del solicitante, expedida por el Registro Civil local en que conste inscrita.
  4. Certificación literal de nacimiento del padre, madre, abuelo o abuela del solicitante, que originalmente hubieran sido españoles.
  5. Si la solicitud se formula como nieto/a de abuelo/a originariamente español, certificación literal de nacimiento del padre o madre –el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles– del solicitante.
  6. La acreditación de la condición de exiliado del padre, madre, abuelo o abuela mediante la aportación de alguno de los siguientes documentos:
    1. Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados que prueba directamente y por sí sola el exilio.
    2. Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias.
    3. Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

Los documentos numerados en los apartados b) y c) anteriores constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos:

1.Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida.

2.Certificación del registro de matrícula de la Oficina Consular española

3.Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras.

4.Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país.

5.Documentación de la época del país de acogida en el que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.

Se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, debiendo acreditarse, en estos supuestos, la salida del territorio español mediante cualquiera de los documentos enumerados en este punto.

Deberá acreditarse la condición de exiliado cuando la salida de España se hubiera producido entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978.


Según datos del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes desde el año 2021-2026 se han concedido 1.030.641 nacionalidades por residencia.

Según el Balance de la Actividad Consular 2025, las Oficinas Consulares han  tramitado las solicitudes de nacionalidad presentadas al amparo de la Disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Desde octubre de 2022 hasta la finalización de la vigencia de dicha disposición, en octubre de 2025, se recibieron en la red consular 1.064.131 solicitudes, habiendo sido aprobados 490.431 expedientes y habiéndose practicado 255.163 inscripciones. Hasta el 22 de octubre de 2025 se recibieron además 1.389.194 solicitudes de cita previa, que están siendo procesadas desde la finalización del plazo de vigencia de la Disposición adicional octava.

Según el propio ministro de exteriores hasta el 31 de marzo de 2026 se han practicado 306.500 inscripciones en el Registro Civil Consular.

Siendo español residente en el extranjero, para poder votar en la Elecciones Generales, en las Elecciones Autonómicas y en las Elecciones al Parlamento Europeo, se deberá estar inscrito como residentes en el Registro de Matrícula Consular (registro que gestionan las Oficinas Consulares de España en el extranjero) y en el censo de electores residentes ausentes (CERA) vigente para las correspondientes elecciones, que será el cerrado el día primero del segundo mes anterior a la convocatoria.

Y a la pregunta de, a que circunscripción electoral van los votos de los españoles no residentes en España, la respuesta la ofrece el artículo 4 de la Orden EHA/642/2011, de 25 de marzo, por la que se dictan normas técnicas para la actualización mensual del Censo Electoral. Dicho precepto establece que;

1. El municipio de inscripción en España a efectos electorales se determinará según los criterios siguientes:

a) Para quienes hayan residido en España, el municipio de su última residencia.

b) Para los que no hayan residido en España, el municipio de mayor arraigo, propio o de alguno de los ascendientes.

2. Los electores que soliciten la inscripción en un municipio distinto al de su última residencia en España deberán presentar una declaración explicativa de su elección aportando los documentos que lo justifiquen.

3. En su defecto el municipio de inscripción en España a efectos electorales lo determinará de oficio la Oficina Consular con los datos que disponga.

4. El municipio de inscripción en España a efectos electorales así determinado permanecerá inalterable salvo que se modifiquen las circunstancias que lo motivaron o salvo que se haya determinado de oficio por las Oficinas Consulares.

Y para finalizar la entrada, a la pregunta de quién puede impugnar el censo electoral, la respuesta es el propio interesado a efectos de rectificación de datos y los representantes de las candidaturas o representantes de los partidos, federaciones y coaliciones con relación al censo de las circunscripciones que hubieren registrado un incremento de residentes significativo y no justificado.

Sonia Martín Pastor.

Magistrada de la Sección Contencioso Administrativa del Tribunal de Instancia de Palma.

DIARIO DE UN@ JUEZ DE PUEBLO (II)

DIARIO DE UN@ JUEZ DE PUEBLO (II)

         Pues nada aquí estamos nuevamente como quien no quiere la cosa, sentada frente al ordenador en una asfixiante tarde de verano, pensando sobre qué podía escribir, y recordé mi artículo del año pasado sobre anécdotas judiciales en el pueblo, pero que se puede hacer extensiva a anécdotas judiciales en general. He entendido que no sólo era conveniente, sino necesario, primero porque estoy con el “efecto frenazo” (parafraseando a mi compañera  Celia Belhadj en su artículo de la semana pasada y cuya lectura recomiendo), sino también porque estamos en un momento tan convulso (qué gracioso que esto mismo lo dije el año pasado, desconociendo lo que se avecinaba), que se hace imprescindible algo ligero. Vaya por delante que siempre lo escribo con el máximo cariño y siempre con la intención de arrancar una sonrisa, que falta nos hace.

         Me remonto a mis inicios en Utrera y un clásico es que las personas que llegan a la sala de vistas no saben dónde sentarse. Recuerdo un día que un señor entró en la sala de vistas para celebrar lo que era un juicio de faltas (amenazas o injurias era), en el que comparecía como denunciante e iba pertrechado con una carpeta azul, de esas clásicas de toda la vida, y esa carpeta abultaba. Eso ya era mala señal, porque eso iba acompañado normalmente de la frase “Señoría que esto viene de antiguo…” y de ahí que fuera con toda esa documentación acreditativa de esta circunstancia. Pues bien, el señor ni corto ni perezoso se sentó en estrados, a mi derecha. Amablemente le indiqué que ahí no podía estar, que sólo podían los/as Letrados/as. El señor contrariado se sentó en la mesa contigua, que estaba en la misma línea, pero a distinta altura, reservada para los/as Auxilios judiciales. Nuevamente, le informé que ahí tampoco podía estar, que tenía que sentarse en el primer banco de la derecha. Claro el denunciante mostró su absoluta disconformidad “¡es que así no tengo sitio donde poner todos los papeles que había traído!”.

         La implantación de los Tribunales de Instancia no sólo trae quebraderos de cabeza, sino también ciertos momentos de gloria. Efectivamente, en el edificio donde estoy ubicada ha habido una reorganización de la plantilla y despachos. Tan es así que un Letrado de los que habitualmente acuden a la jurisdicción social ha confeccionado un plano, del que me dio el oportuno traslado, y se lo agradezco porque ha sido muy útil, pero ahora ir al Noga es como entrar en cualquier edificio que visitas en tus viajes, que junto con la entrada (en este caso la citación judicial) va acompañado el oportuno plano. Bueno no sé si un edificio turístico o más bien un scape room. Es por eso que he decidido renombrar al edificio y llamarle “El quién sabe dónde” (esto evidentemente no lo entenderán los/as más jóvenes).

         El cansancio hace mella en todos y los nervios de algunos/as profesionales en sala también. Hace pocas semanas, en un juicio, un Letrado constantemente me decía “señorita..” “con la venia de su señorita…”, y cuando se daba cuenta rectificaba. Al pobre lo vi tan apurado que de forma espontánea me salió decirle  (también para relajar esa tensión que  padecía”): “Señor Letrado  hace unos años esa forma de dirigirse hacia mí me parecería una ofensa, pero he de reconocer que ahora me hace hasta ilusión..” (.. lo peor de todo es que es verdad).

         También se han vivido grandes momentos en  el Registro Civil, que, hasta hace poco, era dirigido por Magistrados/as.  Para empezar el dress code para las bodas era inexistente, pues te veías a parejas  elegantes, hasta otras que parecía que se casaban en la Catedral de Sevilla, sin olvidar que también había quienes iban en vaqueros y sin prácticamente acompañantes. Para eso, nuestro compañero David Candilejo Blanco, me  cuenta que cuando terminó de celebrar una boda, un señor mayor se le acercó con un fajo de billetes y le preguntó que cuánto se debía, que él lo pagaba todo porque era el padrino. Evidentemente, la respuesta fue que no se pagaba nada. También me cuenta que una señora no estaba conforme con que su hijo se casara “por lo civil”, por lo que, ni corta ni perezosa, cuando David iba a leer los artículos del Código civil, dijo “ellos se habrán casado por lo civil, pero yo soy la suegra y aquí se va a rezar”. David le dijo que no se podía, y ella dijo que se rezaba. Creo que ya sabéis cómo acabó la historia… Se rezó un Padrenuestro, todo ello bajo la mirada, entre atónita y enfadada, de la novia.  Otra historia que me cuenta David es que, precisamente en un juicio de faltas, un joven comenzó hablando muy alto hasta el punto de  que el Ministerio Fiscal le hizo la señal con las manos de que bajara el tono, pero el muchacho lo malinterpretó  y se arrodilló para continuar su exposición. 

         Para terminar, también nuestro compañero Salvador Sánchez-Gey González me ha hecho su aportación. Para poner la situación en su debido contexto hemos de recordar que era habitual, en esos juicios de faltas (ya veis que daban mucho juego), que se dictaran sentencias “in voce”, cuando alguna parte no comparecía, o había perdón del ofendido o en situaciones similares. Pero, he ahí que nuestro querido Salvador, en sus primeras actuaciones como Juez dictaba estas sentencias orales de forma habitual, hasta que un día lo hizo en un juicio en el que había “contradicción”, en concreto en un juicio de amenazas entre vecinas. La sentencia fue absolutoria. La denunciante sorprendida con el resultado manifestó ¿Pero esto qué es? Nuestro Juez le explicó que ya había dictado sentencia, pero que en cuanto que la recibiera en su domicilio podría recurrirla. La señora, que no estaba conforme, le reiteró “¿pero cómo va a ser? Que me amenaza, que un día me va a matar, ¿qué pasa si me mata?”  Salvador intentaba tranquilizarla,  y tratando de explicarle otra vez lo que podía hacer, pero ella no estaba conforme. Ya finalmente perdió la paciencia y le dijo: “Mire señora si la mata lo denuncia usted, porque eso es denunciable”. La señora se calló y se marchó sin nada más que añadir ante tal afirmación. Evidentemente, el Secretario Judicial  (ahora LAJ), que estaban en sala, le dijo “Salvador ¿te has dado cuenta de lo que le has dicho?”, “Claro, que denuncie”- respondió. La reacción no se hizo esperar “¡Pero cómo va a denunciar si la matan! ¿con una guija?”.

         Y así de este modo termino este artículo, ante todo agradeciendo la generosidad de David y Salvador por compartir sus anécdotas y sin los cuales este artículo no habría sido posible, y  a vosotros/as,  lectores/as, os  deseo  que descanséis y disfrutéis de vuestras vacaciones como queráis (solos/as, acompañados/as, viajando,  en casa).

            Nieves Rico Márquez.

Magistrada  Presidenta de la Sección Social del Tribunal de Instancia de Sevilla, Plaza nº4. 

VACACIONES. EFECTO FRENAZO Y SÍNDROME DEL OCIO.

VACACIONES. EFECTO FRENAZO Y SÍNDROME DEL OCIO.

            Llega el verano, el calor aprieta y las neuronas piden descanso. Merecido descanso. Vivimos en un mundo obsesionado y exigente con la productividad, el crecimiento personal y la máxima de “aprovechar el tiempo” todo ello siendo felices (happycracia).

            PRIMERA FASE PREVACACIONES. Próximo ya el periodo vacacional y nos motivan los planes para el descanso, viajes, campo, playa …relax donde sea. Pero, sin actividad concreta y con todo el día por delante a veces se produce lo que se conoce como el efecto frenazo y síndrome del ocio.

            El efecto frenazo se origina porque a veces te pones enfermo, te sientes agotado, justo al empezar las vacaciones. Te pasas los últimos meses corriendo maratones diarios en el despacho (en nuestra nueva y eficiente oficina LO 1/2025), entregas de última hora, respuesta a notas/tareas, incidentes y causas… Todo ello mientras que tu mantra era “tranquilidad ya casi llegan las vacaciones… queda poco”. Eres una persona ocupadísima que llega a todo hasta el final.

            El síndrome del frenazo (también conocido en psicología y medicina como “leisure sickness.  o «enfermedad del ocio») es un fenómeno supercomún. Es exactamente lo que ocurre cuando pasas de un periodo de estrés o actividad laboral feroz a la calma total de las vacaciones, y tu cuerpo, en lugar de disfrutar, se colapsa o se enferma.

            Parece una broma de mal gusto de nuestra biología, pero tiene una explicación médica y psicológica muy lógica.

            Cuando estás bajo una intensa actividad y estrés crónico, tu cuerpo activa el modo supervivencia. Tu cerebro produce un flujo constante de dos hormonas: cortisol y adrenalina. Este combo te mantiene alerta, con la energía por las nubes y, además, hiperactivo tu sistema inmunológico para que no se abra paso la enfermedad mientras hay que estar alerta.

El problema viene cuando desconectas de golpe:

            Se produce una caída en picado, al relajarte, los niveles de adrenalina y cortisol caen drásticamente.

            La tregua inmunológica de tu sistema inmune, que estaba hipervigilante, baja la guardia. Es justo en esa ventana de vulnerabilidad cuando los virus que andaban rondando deciden atacar.

            La factura física en tus músculos tensionados se relajan de golpe, lo que a menudo se traduce en dolores contracturales o migrañas.

En definitiva, tu cuerpo no te está traicionando; simplemente está aprovechando que por fin has parado para pasarle la factura a tu salud y obligarte a descansar de verdad.

            El síndrome del frenazo suele manifestarse durante los primeros 2 a 5 días de descanso con:

                        Migrañas o dolores de cabeza: Provocados por la descompresión y la relajación repentina de los vasos sanguíneos y músculos del cuello.

                        Resfriados, gripes o dolores de garganta: tu sistema inmune baja la guardia y eres más propenso a infecciones leves.

                        Fatiga extrema: una sensación de cansancio tan profunda que te cuesta hasta levantarte de la tumbona.

                        Dolores musculares:Contracturas que «aparecen» de la nada cuando el cuerpo se destensa.

                        Problemas digestivos o cambios en el sueño: Tu ritmo biológico (ritmo circadiano) se descoloca por completo.

            Y qué hacer para solucionarlo me pregunto. Aquí apunto algunos remedios que he encontrado. El primero un desescalado gradual, en vez de ser hiperproductivos antes de las vacaciones bajar el ritmo poco a poco. Claro esto lo veo difícil pues la tentación de dejarlo todo en orden es alta y falsa, pues a la vuelta nos esperan las notas/tarea, los juicios, las ejecuciones, las consultas…todo lo que dejamos atrás es un espejismo.

            Hay que bajar el ritmo de forma consciente. Delega, cierra lo imprescindible y deja los temas complejos para la vuelta. Si eres capaz que casi nunca lo somos.

            Otro consejo que he encontrado es moverse. El ejercicio ligero es un excelente regulador hormonal. Dar un paseo, nadar un poco o hacer algo de yoga durante los primeros días de vacaciones ayudará a quemar el exceso de hormonas del estrés acumuladas sin agotar tus reservas de energía.

Cuando ya tu cuerpo y mente van aceptando el nuevo ritmo, puedes llegar a la segunda fase.

            SEGUNDA FASE, DISFRUTAR LAS VACACIONES.  El síndrome del ocio, la paradoja del tiempo libre en la sociedad moderna.

            Muchas personas construyen su identidad alrededor de la productividad y el trabajo. En consecuencia, cuando disponen de tiempo libre, pueden experimentar sentimientos de vacío, inutilidad o falta de propósito.

            La ausencia de tareas y obligaciones les obliga a enfrentarse a emociones, preocupaciones o conflictos internos que permanecían ocultos bajo el ritmo acelerado de la vida diaria.

            Las consecuencias del síndrome del ocio pueden afectar significativamente la calidad de vida. Quienes lo padecen suelen tener dificultades para disfrutar de vacaciones, fines de semana o actividades recreativas. En algunos casos, esta situación puede derivar en problemas de salud mental, como ansiedad crónica o agotamiento emocional, especialmente cuando la persona no logra establecer un equilibrio adecuado entre trabajo y descanso.

            El síndrome del ocio refleja una de las contradicciones más significativas de la sociedad contemporánea: la dificultad de disfrutar plenamente del tiempo libre en un contexto donde la productividad ocupa un lugar central. Comprender este fenómeno permite reconocer la importancia del equilibrio entre actividad laboral y esparcimiento para preservar la salud física y emocional. En última instancia, aprender a disfrutar del ocio constituye una habilidad esencial para alcanzar una mejor calidad de vida y un bienestar integral.

             La prevención del síndrome del ocio exige reconocer que el bienestar no depende únicamente del esfuerzo y el rendimiento, sino también de la capacidad para disfrutar del tiempo libre, cultivar intereses personales y cuidar la salud mental. En un mundo cada vez más acelerado, aprender a descansar se convierte en una habilidad tan valiosa como la capacidad de trabajar.

            Las vacaciones son para cambiar de actividad. Darle a tu cuerpo y mente la oportunidad de reemprender, recomenzar, reiniciar, no son para rendir y darle productividad.

            La clave principal es desconectar de la rutina diaria y reducir los niveles de exigencia personal. El verdadero descanso no es solo dejar de trabajar físicamente, sino lograr liberar la mente de las preocupaciones habituales.

            Se aconseja por médicos y psicólogos, escuchar al cuerpo. Hacer lo que te pida, dormir, descansar, jugar, hacer deporte, bañarte, leer… A menudo nos autoexigimos «aprovechar al máximo» las vacaciones desde el minuto uno, llenando la agenda de excursiones y actividades. A lo mejor es más rentable pasar los dos primeros días tirado en una hamaca leyendo o durmiendo la siesta. Tu salud mental te lo agradecerá. Cero culpas. Las vacaciones no son para rendir.

            Nuestra cultura idolatra la productividad, hasta el punto de que nos sentimos culpables por estar cansados. Pero el descanso no es un premio que tienes que ganarte, es una necesidad biológica.

            Reducir la exigencia a todos los niveles, dejar paso a la improvisación, ser flexibles y desconectar del trabajo. Buscar un tiempo de calidad priorizando las actividades con la familia y amigos, reconectar con uno mismo, dedicar momentos a la lectura, meditación o hobbies que descuidamos frecuentemente durante el año.

            Existen distintos beneficios contrastados que nos aportan las vacaciones. Al realizar actividades agradables, nuestro cuerpo libera endorfinas; y por su parte, cuando descansamos liberamos serotonina. El resultado es la mejora de nuestro humor y estamos mejor con los que nos rodean. También se reduce el estrés al no estar sometido a situaciones de presión de nuestra rutina diaria (cumplir plazos en el trabajo, horarios o las prisas). Al estar más relajados y sin estrés, se incrementa nuestra capacidad creativa, ya que pensamos de otra forma. Desde este estado de relax nuestra mente es capaz de pensar mejor y crear nuevas ideas.

            Otro de los beneficios es la mejora de nuestras relaciones sociales y familiares, ya que pasamos más tiempo con nuestros seres queridos en un estado relajado y distendido. Esto permite que la comunicación y la forma de relacionarnos sea diferente y mejor. Como consecuencia se produce una mayor unión y acercamiento entre las personas.

            Para prevenir este síndrome, los especialistas recomiendan adoptar hábitos saludables de gestión del tiempo. Entre ellos destacan la práctica regular de actividades recreativas, el desarrollo de aficiones personales, la realización de ejercicio físico y la incorporación de técnicas de relajación, como la meditación o la respiración consciente. Asimismo, resulta fundamental aprender a valorar el descanso como una necesidad legítima y no como una pérdida de tiempo.

            Así que, si este año te da el «frenazo», no te enfades con tu cuerpo. Dale las gracias por haber aguantado el tipo durante el año, tómate un té, descansa y dale el tiempo que necesita para volver a equilibrarse.

            Hay que disfrutar de las vacaciones sin otra ambición que el descanso y objetivos de bajo nivel para recuperar energía que después llega el síndrome postvacacional y vuelta a empezar.

¡Felices y merecidas vacaciones! A la vuelta ya veremos que otro síndrome nos aguarda.

En Sevilla a 23 de junio de 2026.

Celia Belhadj Ben Gómez

Magistrada y doctora en derecho.

LA FIABILIDAD DEL RECONOCIMIENTO EN RUEDA Y LA FALIBILIDAD DEL RECUERDO HUMANO

LA FIABILIDAD DEL RECONOCIMIENTO EN RUEDA Y LA FALIBILIDAD DEL RECUERDO HUMANO

En otras entradas he hablado del ADN y de las huellas dactilares y su infalibilidad, salvo error en la toma de muestras o en el cotejo.

Hoy se habla de la falibilidad de la mente y del recuerdo humano y de su mayor reflejo jurídico, el testigo.

Quizás el artículo 410 LECRIM debería decir que los testigos serán llamados para declarar sobre lo que recordasen, más que sobre «cuanto supieren».

 Esta entrada habla de lo falible de los testigos y del reconocimiento en rueda.

La famosa «rueda de reconocimiento», es una diligencia que se practica en fase de instrucción con la que se pretende el reconocimiento, ante el juez, de la persona ―el inculpado― a quien el testigo «hubiese hecho referencia en sus declaraciones» de entre tantas otras «de circunstancias exteriores semejantes» (artículos 368 y 369 LECRIM).

Lo primero: ¿Por qué se llama reconocimiento en rueda si están en fila?

Poco se sabe sobre el origen, pero sí existe consenso en que la palabra «rueda», en este contexto como en la expresión «rueda de prensa», hace referencia a un grupo de personas, un corro o un corrillo.

No existe constancia documental de que el reconocimiento se hiciese disponiendo en un círculo ―rueda― a los que iban a ser reconocidos y el testigo en medio, que es además una idea peregrina.

En derecho anglosajón y con algo más de tino quizás, a esta diligencia, que es policial y no judicial, se dice lineup o line-up. Como también se usa en el fútbol para referirse a la alineación. 

Lo segundo: ¿Por qué se ha mantenido incólume el artículo 369 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1882?

No soy crítico con una norma solo porque sea antigua, muy al contrario. Entiendo que pudiera ser revolucionario positivizar esta diligencia en 1882, pero ha quedado vacío de contenido, aunque se ha llenado jurisprudencialmente.

Por lo menos, la Ley Orgánica Procesal Militar de 1989 dispone que el grupo que deba ser reconocido debe ser compuesto por cinco personas, además de la persona o personas reconocidas.

Además, a modo de curiosidad, si el delito se hubiera cometido vestido uniforme militar, todas las personas que intervengan en la rueda deberán vestir el mismo uniforme.

El artículo 369 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debería introducir los siguientes elementos:

  • Que sea obligatorio y no potestativo para el juez que el testigo esté en «un punto en que no pudiere ser visto».
  • Que se fije el número de personas que deban intervenir en la rueda, además del investigado y las posibilidades de cambiar a alguno de ellos por la defensa y por la acusación ―como la recusación de jurados―.
  • Que se fijen las condiciones de la diligencia: las clásicas de presencia de defensa, fiscal, acusaciones, juez y acta del letrado de la administración de justicia.
  • Que el juez deba informar al testigo de que la persona a que se refiere en sus declaraciones puede estar o puede no estar entre los integrantes de la rueda.

El investigado está, por supuesto, pero puede no ser la persona autora de los hechos.

  • Que el reconocimiento sea sucesivo y no simultáneo.

Cuando el reconocimiento es sucesivo, el testigo debe decir, uno a uno y respecto de todos los de la rueda, si es la persona que reconoce como autora de los hechos que se denuncian. Si dice que no, se pasa al siguiente, sin saber como será el aspecto físico del siguiente (Steblay N, Dysart J, Fulero S, Lindsay RC, 2011).

En el reconocimiento simultáneo, al ver todos los rostros juntos, el testigo puede elaborar inconscientemente un juicio comparativo entre todas las caras y «hacer una única estimación de qué individuo se acerca más a lo que recuerda, aunque no coincida por completo a dicho recuerdo» (San Juan, C y Ocáriz, E., 2023).

Esta probabilidad disminuye considerablemente en el reconocimiento sucesivo y entronca con la siguiente cuestión.

Lo tercero: ¿Cómo de falible es el recuerdo humano y como incide en el reconocimiento en rueda?

Existe un sesgo de elección o de decisión.

Un testigo puede sentirse presionado, aunque lo cierto sea que no es así, para identificar a alguien.

Se ha de tener en cuenta que un testigo no actúa con nuestros estándares de garantía.

Imagínense al testigo, después de pensar que por qué se dice reconocimiento en rueda si están en fila, puede pensar «está aquí el juez, el fiscal, la acusación, la defensa, la letrada de la administración de justicia, el funcionario de auxilio judicial, el investigado y otros tantos; tendré que identificar a alguien, ¿no?».

Piénsese cuando se está ante un testigo que es la víctima y las «ganas» que tendrá de identificar a alguien.

Con esto no se pretende criticar a un testigo no comprometido con la presunción de inocencia y el derecho de defensa del investigado. Es la naturaleza humana y la necesidad casi primitiva de ponerle cara a quién le haya hecho lo que le hizo.

Recuerdan perfectamente dónde estaban y qué hacían cuando explotaron los trenes en Madrid el 11 de marzo de 2004 ―hace 22 años― o cuando estrellaron los aviones el 11 de septiembre de 2001 ―hace 25 años―, ¿verdad? ¿Están tan seguros?

Los flashbulb memories ―por el flas de bombilla de las cámaras antiguas― son recuerdos de los que se tiene una seguridad absoluta, una precisión absoluta y que son totalmente resistentes al paso del tiempo.

Lean los estudios de la American Psychological Association sobre lo preguntado a las mismas personas sobre su recuerdo una semana después del 11S, ocho semanas después y treinta y dos semanas después.

Lean también como al cabo de un año se consolida el recuerdo, se «solidifica» el erróneo recuerdo que alcanzaba a un 40% de los entrevistados (Murray L., Bridget, 2011).

También existe el riesgo de que en el juicio oral se produzca un source-monitoring error, un error de monitorización de la fuente (Acuña P., Vanessa, Maldonado O., Rocío, Deischler A., Christian, & Cavieres F., Álvaro, 2019).

El testigo ha reconocido a una persona de entre tantas en fotografías mostradas por la policía y recuerda su cara ―la foto―. El testigo ha reconocido a una persona en una rueda de reconocimiento y recuerda su cara.

Esa persona reconocida en la fotografía y en la rueda es la que se sienta en el banquillo de los acusados. La acusación le pregunta: ¿la persona que le hizo eso es la persona que está ahí sentada?

En España los acusados no están engrilletados de pies y manos en el juicio ni visten mono naranja, pero a buen seguro el testigo víctima dirá que sí, que la persona que le hizo eso está ahí sentada.

Pero, ¿es el acusado el que hizo eso que se juzga o es el acusado la persona que aparecía en la fotografía que le enseñó la policía y la persona que reconoció en la rueda junto a otros?

Es decir, se puede arrastrar el error primigenio al juicio oral. Es una «concatenación» fatal (San Juan, C y Ocáriz, E., 2023).

Este peligro de «concatenación» se acrecienta si el testigo ha reconocido al sospechoso en un reconocimiento fotográfico ante la policía, luego lo ha visto a todas horas y en todas las televisiones y ya, luego, es llamado al reconocimiento en rueda.

Si un testigo reconoce sin ambages al acusado como el autor de los hechos juzgados, la defensa lo tiene muy cuesta arriba.

Si un testigo no reconoce al acusado como el autor de los hechos, la acusación lo tiene muy cuesta arriba. Como el guante de O.J. Simpson.

En España, por ejemplo, está el caso de Ahmed Tommouhi y de Romano Van der Dussen.

Pasaron en prisión 15 y 13 años, cuyas condenas por violación se fundaron principalmente en el reconocimiento de las víctimas y testigos y fueron exculpados por pruebas de ADN.

Esto no es una crítica a nuestro sistema judicial ni a los jueces que dictaron aquellas sentencias, porque, igual que la mente y el recuerdo humano son falibles, también lo son los jueces.

El reconocimiento fotográfico es una diligencia policial útil para dirigir una investigación contra un sospechoso;

el reconocimiento en rueda es una diligencia de instrucción útil y pertinente para identificar a un investigado como autor del hecho criminal que se investiga;

el reconocimiento del testigo en juicio es una prueba de cargo ―o descargo― más.

Pero, todo ello ha de ser valorado en sentencia según la sana crítica del juez, tenida muy en cuenta la falibilidad de la mente y recuerdo humano y el posible arrastre de un primigenio error de identificación.

 Porque la mente no es un ordenador, registra caprichosamente, archiva defectuosamente, construye, deconstruye y reconstruye.

Tapa «huecos» con otras cosas que no han ocurrido, que no han ocurrido así o que, incluso, han sido soñadas.

Se nos hacen familiares caras de personas que no hemos visto en la vida. Creemos que hemos vivido cosas que nunca hemos vivido.

Alfonso Zarzalejos Herrero

Juez del Tribunal de Instancia de Betanzos

TRIBUNALES DE INSTANCIA: ¿EFICIENCIA O GESTIÓN DE LA ESCASEZ?

TRIBUNALES DE INSTANCIA: ¿EFICIENCIA O GESTIÓN DE LA ESCASEZ?

Los Tribunales de Instancia ya están aquí.

La reforma más importante de la organización judicial española en décadas ha dejado de ser una promesa legislativa. Ya no hablamos de futuro. Hablamos del modo en que empieza a organizarse, cada día, la Justicia española.

Y por eso llega la verdadera prueba.

No la prueba de la ley. Esa ya se superó en el Parlamento.

La prueba de la realidad.

Porque una ley puede cambiar nombres, estructuras, órganos y organigramas. Puede suprimir juzgados, crear tribunales, rediseñar oficinas, repartir funciones y multiplicar esquemas de coordinación. Todo eso puede hacerse en el BOE.

Lo difícil es otra cosa.

Lo difícil es que el ciudadano reciba una Justicia mejor.

La reforma se ha presentado como una apuesta por la eficiencia. Compartir recursos, evitar duplicidades, aprovechar mejor los medios existentes y ordenar de forma más racional el funcionamiento de los órganos judiciales. Dicho así, el objetivo parece impecable. Nadie puede oponerse a una Justicia más rápida, más ágil y eficaz.

La cuestión es si eso es realmente lo que se está construyendo.

Porque la pregunta incómoda es otra:

¿Estamos ante una reforma pensada para mejorar la Justicia o ante una reforma pensada para gestionar mejor su escasez?

Conviene aclararlo desde el principio. Las dudas sobre el nuevo modelo no nacen de la nostalgia. Nadie sostiene seriamente que la Justicia deba seguir funcionando igual que hace treinta años. Las organizaciones evolucionan. La sociedad cambia. Los conflictos se transforman. La Justicia también debe hacerlo.

El problema no es querer avanzar.

El problema es pretender correr en Ascot cuando llevamos años dando vueltas en una noria. Para correr hace falta entrenamiento, preparación, progresión, medios y una pista razonable. No basta con ponerle dorsal al caballo.

La Justicia española arrastra desde hace décadas problemas perfectamente conocidos: falta de jueces, plantillas insuficientes, infraestructuras limitadas, sistemas tecnológicos mejorables y una carga de trabajo creciente. Sobre esa realidad se ha construido una reforma organizativa enormemente ambiciosa.

Y ahí surge la cuestión fundamental.

¿Viene acompañada de los medios necesarios para funcionar o se confía en que la mera reorganización compense por sí sola todas las carencias acumuladas durante años?

Porque ninguna organización se vuelve eficiente por decreto.

Una oficina saturada no deja de estar saturada porque cambie de nombre. Un procedimiento atrasado no se acelera, precisamente, por circular por una estructura más compleja. Una plantilla insuficiente no se multiplica por integrarse en una unidad superior. Y un ciudadano que espera una resolución no necesita que le expliquen el nuevo organigrama. No necesita líneas de colores en el suelo que le lleven al Servicio Común de Tramitación. Necesita su Sentencia.

Y en todo esto, una cuestión que afecta directamente al corazón del servicio público de Justicia: el progresivo alejamiento del juez respecto de los asuntos.

Durante años se ha repetido que los jueces deben dedicarse exclusivamente a juzgar. La frase parece razonable. Incluso atractiva. Pero conviene no simplificar demasiado.

Un juez no decide sobre conflictos abstractos. Decide sobre procedimientos específicos que afectan a personas concretas. Detrás de cada expediente hay un problema real: una deuda, una sanción, una incapacidad, una licencia, una familia, una empresa, una Administración, un ciudadano que espera.

Para resolver adecuadamente no basta con recibir un expediente al final del camino y dictar una resolución jurídicamente correcta. También es necesario conocer cómo ha evolucionado el procedimiento, dónde aparecen los retrasos, qué incidencias se repiten y qué obstáculos están impidiendo que la respuesta judicial llegue a tiempo.

Cuando el juez se aleja excesivamente de la vida real de los asuntos, pierde capacidad para detectar problemas y corregir disfunciones. Y eso termina afectando al ciudadano.

La tutela judicial efectiva no consiste únicamente en obtener una Sentencia. Consiste también en que exista una dirección real del procedimiento, en que alguien pueda reaccionar cuando las cosas dejan de funcionar y en que el proceso no se convierta en un itinerario opaco por una organización inabarcable.

La cercanía del juez al asunto no es una comodidad corporativa.

Es una garantía.

Aquí aparece una paradoja poco comentada. Muchas organizaciones modernas, incluidas algunas de las más eficientes, han evolucionado hacia equipos pequeños, identificables y con responsabilidades claras. Unidades de trabajo que conocen el proyecto, se responsabilizan de él y pueden reaccionar cuando surge un problema.

Con todos sus defectos, el juzgado tradicional funcionaba en buena medida de esa manera.

Era una unidad reconocible. Quien tenía un problema sabía dónde estaba. Quien debía resolverlo también. Juez, Letrado de la Administración de Justicia y funcionarios compartían los mismos asuntos, conocían sus dificultades y podían detectar rápidamente dónde se producía una incidencia.

No era perfecto. Ni mucho menos. Pero era identificable.

La reforma corre el riesgo de avanzar en sentido contrario.

Los procedimientos pasan a circular por estructuras más amplias, con más niveles de coordinación, mayor especialización funcional y una separación más marcada entre quienes intervienen en las distintas fases de la tramitación.

Eso puede aportar ventajas organizativas. Sería absurdo negarlo. Compartir medios puede ser útil. Ordenar recursos puede ser necesario. Evitar duplicidades puede ser razonable.

Pero también existe un riesgo evidente: la burocratización.

Y la burocratización rara vez acerca el servicio al ciudadano.

Normalmente supone más trámites, más interlocutores, más circuitos internos y más distancia entre quien tiene un problema y quien puede solucionarlo.

El riesgo de las estructuras demasiado complejas no es que nadie trabaje. Probablemente trabajará mucha gente. El riesgo es que todos trabajen sobre una pequeña parte del problema mientras nadie vea el problema completo.

Cuando un asunto deja de pertenecer a una unidad concreta y pasa a circular por una estructura cada vez más amplia, puede ocurrir algo muy humano y peligroso: que todos participen en su gestión, pero nadie se sienta verdaderamente responsable de su resultado.

Porque cuando un procedimiento deja de ser el problema de alguien para convertirse en el problema de todos, corre el riesgo de terminar sin ser realmente el problema de nadie.

La eficiencia no puede consistir en diluir responsabilidades. Tampoco en crear más capas de organización para explicar por qué las cosas siguen tardando lo mismo. La eficiencia, si quiere merecer ese nombre, debe traducirse en algo comprensible para el ciudadano: menos espera, más claridad, mayor calidad de respuesta y una Justicia más cercana.

No basta con que el sistema sea ordenado desde arriba. Tiene que funcionar desde abajo.

Las mejores reformas suelen ser las que conservan cierta humildad frente a la realidad. Las que saben que los problemas no desaparecen porque se les cambie el nombre. Las que dejan margen para corregir, adaptar y aprender de la experiencia práctica. Las que entienden que un modelo organizativo no es bueno porque sea teóricamente elegante, sino porque mejora la vida de quienes tienen que usarlo.

La realidad siempre termina examinando las teorías.

Y ese examen es precisamente el que ahora deben superar los Tribunales de Instancia.

No basta con que hayan sido implantados.

Deben demostrar que mejoran el servicio público de Justicia.

Deben demostrar que reducen tiempos sin aumentar burocracia.

Deben demostrar que mantienen al juez cerca de los asuntos.

Deben demostrar que la eficiencia significa prestar un mejor servicio al ciudadano, no simplemente administrar de otra manera la escasez existente.

Porque la Justicia necesita organización, sin duda. Pero necesita también algo mucho más elemental: jueces suficientes, funcionarios suficientes, medios suficientes y herramientas que funcionen.

Lo contrario puede llevarnos a una paradoja difícil de explicar: construir una estructura más compleja, más costosa y aparatosa para prestar, en el fondo, el mismo servicio de siempre.

Los organigramas rara vez resuelven por sí solos los problemas.

La experiencia demuestra que las organizaciones fracasan cuando confunden la gestión con la solución.

Los Tribunales de Instancia todavía están a tiempo de demostrar que esta reforma pertenece al grupo de las soluciones y no al de las simples reorganizaciones.

Pero la prueba no estará en los cuadros, ni en las normas internas, ni en los discursos sobre la modernización.

Estará en algo mucho más sencillo.

El día en que un ciudadano presente una demanda y obtenga una respuesta más rápida, más cercana y de mayor calidad gracias a esta reforma, podremos decir que la eficiencia era realmente eficiencia.

Hasta entonces, la pregunta sigue abierta.

¿Estamos modernizando la Justicia o simplemente estamos aprendiendo a gestionar la escasez?

Alejandro González Mariscal de Gante