En_Justicia

Según la Comisión para la eficiencia de la justicia del Consejo de Europa, nuestros asuntos civiles los despachamos, en primera instancia, en unos 468 días. Nuestros colegas franceses lo hacen en 637 días. Nuestros colegas italianos lo hacen en 674 días.

Nuestros asuntos penales los despachamos, en primera instancia, en unos 247 días. Nuestros colegas italianos lo hacen en 498 días. Nuestros colegas portugueses lo hacen en 280 días.

«¡Al loro, qué no estamos tan mal!» Con esta introducción se quiere poner de manifiesto que la tardanza en resolver asuntos no es una cuestión patria. Ojo con lo delicado del término «tardanza».

Me preocuparía lo mismo que en nuestro país se tardase mil días en resolver un asunto como que se tardase diez. Aquello de «los tiempos judiciales son los que son». Se dice «vísteme despacio, que tengo prisa».

También, con esta introducción, se quiere poner de manifiesto que podemos sacar pecho de los datos.

Estos datos ―remorizados por la pandemia y que no son tan malos―, unido a los menos jueces por habitante de nuestro país frente a otros de nuestro entorno y a la alta litigiosidad, resulta en esas productividades en las que, prácticamente, es como si un juez llevase un juzgado y medio. Incluso dos.

Existe otro mantra, el de que en la justicia española no hay medios ―no hay dinero―. Es absolutamente cierto, tan cierto como que en España hay casi siete jueces menos por cada cien mil habitantes que en los demás países del Consejo de Europa (además, Israel, Marruecos y Kazajistán).

Téngase en cuenta que, además, la llevanza de la instrucción corresponde en nuestro país a los jueces.

Eso sí, a abogados no nos gana nadie. 304 abogados por cada cien mil habitantes frente a la mediana de los 135 abogados por cada cien mil habitantes en los países del Consejo de Europa.

Dicho esto, por no subirme al carro de que la justicia española es lenta y que no hay dinero, a continuación se plantean una serie de medidas que podrían suponer una agilización en los procesos seguidos ante juzgados de instancia e instrucción y que cuestan cero euros. Ello, con pleno conocimiento de que no estoy descubriendo el hilo negro.

Se plantean estas medidas de manera extremadamente sucinta porque hoy es martes y muchos colegas tendrán que hacer frente a esas baldas de las estanterías de sus despachos que son dignas de estudio por ingenieros expertos en mecánica de sólidos deformables.

1. La posible conformidad en los juicios por delito leve ―léase la entrada del blog de cuatro de abril de 2022, https://enjusticia.es/?p=542 ― y la disponibilidad de la acción penal para el perjudicado con el visto bueno del fiscal que resulte en sobreseimiento y archivo de la causa (una suerte de desistimiento penal en instrucción).

• La especificación de los requisitos para la admisibilidad de las peticiones de juicios monitorios en reclamaciones hechas por empresarios a consumidores, como ya lo hace el Reglamento del proceso monitorio europeo. Hartos estamos de pedir liquidaciones detalladas, desgloses y acreditaciones de cesión de deuda.

• El establecimiento del pleito-testigo al estilo de la jurisdicción contencioso administrativa ―extensión de efectos― que pudiese arrogarse la Sala Primera, especialmente útil en cuestiones bancarias-consumidores.

• La inadmisibilidad de plano y sin recurso de todo testigo que se propusiese en la vista o audiencia previa cuando no está debidamente identificado en la demanda y/o contestación y su relación con el hecho litigioso.
• El dictado oral de sentencias en procesos civiles en la que la sucinta motivación de sus fundamentos quedará recogida en soporte audiovisual y con redacción escrita del fallo.

• La facultad del juez ―y no de las partes― de decidir la conveniencia de celebración de vista en juicios verbales de menos de cierta cuantía, pero con recurso de apelación.

• Establecimiento, mejor dicho, restablecimiento de tasas judiciales (reducción de litigiosidad y aumento de ingresos para Justicia).

El escenario internacional tiene señalada una fecha fija en el calendario a fin de dar cabida al diálogo de más alto nivel sobre temas de interés mundial. De forma estrictamente pautada (entre otras, RES 57/301), es a partir del martes de la tercera semana del mes de septiembre cuando se reúne anualmente la Asamblea General de la ONU.

Especialmente, es en su Debate General -que comienza el martes siguiente a la inauguración de dicho periodo ordinario de sesiones con una duración de nueve días hábiles ininterrumpidos-, donde se posan los ojos de los analistas internacionales, y cada vez más, contra todo pronóstico, los del ciudadano de a pie. Ese que todavía asiste perplejo a cómo la crisis energética provocada por una guerra que tiene lugar en el lejano este de Europa, afecta a sus necesidades más prosaicas.

Es por ello que me parece interesante, a la par que oportuno, elaborar una relato de lo acontecido en el último Debate. Lo haré bajo la forma de crónica periodística, en la que destacarán especialmente las intervenciones de los agentes desafiantes del orden mundial vigente, Rusia y China, quienes por cierto envían, significativamente, una representación de segundo orden: sus respectivos Ministros de Asuntos Exteriores.

Podríamos titularlo, por ejemplo…

Septiembre en Nueva York.

En el impasse entre el estío y la época otoñal, los jefes de estado y cancilleres del mundo se dejan caer, como las hojas de un árbol, por la sede de la Organización de las Naciones Unidas para dar cuerpo a un ritual repetido casi ininterrumpidamente desde 1948. “Casi” ininterrumpidamente, porque en el año 2020 el reloj analógico dejó de correr. No solo la actividad mundana del ciudadano promedio. También las instituciones, nacionales e internacionales detuvieron sus máquinas mientras el polvo se adueñaba de sus egregios salones, lo que no impidió celebrar la Asamblea a través de videoconferencia.

Así pues, 2021 fue una ocasión especial con aires de reinauguración. Pero en lugar del olor a fuste de los muebles nuevos, la novedad fue el estreno del Presidente Biden en el estrado global.

Este 2022, el ambiente del Salón de la Asamblea olía a humo, sangre y hambre. La guerra marca la agenda, y sus consecuencias globales se desenvuelven en los discursos de los próceres del mundo como un rollo de papel de cocina.

Cuando toma la palabra el Secretario General Guterres, expone a la ilustre concurrencia, con la precisión del editorialista, una enunciación pausada de las aflicciones del mundo.

A su excelencia le preocupan los conflictos armados, pero no limita su alocución a las breves palabras dedicadas a la guerra en Europa. No será el suyo un discurso que retumbe en los oídos del pueblo ruso, pues más allá de la caracterización del conflicto como una invasión, así como la referencia explícita a las fosas de Izyum, a las que por cierto, denomina “tumbas”,  apenas se advierte una condena tajante al régimen putinista. Preocupan también al Secretario General los conflictos internos congoleños, haitianos o el conflicto Palestino israelí, manifestando tibiamente la ya establecida apuesta por una solución biestatal.

Guterres alerta también sobre el hambre en el mundo. La referencia a la contracción del mercado de fertilizantes como consecuencia de la Guerra, y el destrozo que está causando en la economía agraria africana.

Todo un Secretario General de las Naciones Unidas no puede dejar pasar la ocasión para destacar el fenómeno de división geopolítica que está alterando el mundo post caída del muro. Un extremo sobre el que tendrán mucho que decir las grandes potencias geopolíticas, cuyos altos representantes nos mostrarán a lo largo del periodo de sesiones, cuan fiel es el relato y fundado el miedo que expresa la máxima autoridad de la ONU.

Sin embargo, de manera buscada, y quizás un tanto naíf, el Secretary General hace un llamado histriónico a la esperanza. Una esperanza cuyos contornos dibuja a partir del ejemplo del Buque Brave Comand, que partió de Ucrania con el consenso ruso, para llevar cereales al cuerno de África.

Tiempo ahora para la real politik de los nuevos –y no tan felices- años veinte.  El Presidente Joe Biden toma la palabra con la suavidad del hombre viejo, y la seguridad de quien conoce bien su papel en el contexto internacional.

Sus palabras son, por un lado, el reflejo de un conflicto abierto con la Federación Rusa, y por otro, la vocación yankee de abrirse a la cooperación con los países del orbe que pudieran sentirse desplazados del concierto de las naciones, proponiéndose ampliar el cupo de nuevos estados miembros permanentes a África, Latinoamérica y el Caribe.

De forma implícita niega que la entrada de Ucrania en la OTAN constituyera una amenaza para Rusia, condenando su vocación imperialista. Una Rusia que, dice el Presidente Biden, “está lanzando mentiras, tratando trasladar la culpa por la crisis-crisis alimentaria- hacia las sanciones impuestas por muchos en el mundo ante la agresión sobre Ucrania” (…), “Déjenme ser claro sobre esto- estatuye el Presidente- nuestras sanciones explícitamente autorizan a Rusia a exportar comida y fertilizante (…) es la guerra de Rusia lo que empeora la seguridad alimentaria y sólo Rusia puede terminarla”.

Y es que la crisis alimentaria ha centrado gran parte de los discursos, y en  el caso de Biden, como era de esperar, se introduce una acusación explícita sobre la Federación Rusa. En todo caso, barre para casa cuando habla del Programa humanitario Feed the Future –alimenta el Futuro-. Me pregunto si soy la única que no puede evitar que le evoque recuerdos del programa “America Trabaja” del ficticio Presidente Frank Underwood.

Naturalmente el Presidente, al igual que el canciller Chino, se afana en proveer la idea de buena convivencia entre potencias, en referencia a China, al tiempo que declarara “seremos unos líderes razonables y no queremos obligar a otros a elegir”, en una manifestación de toma de conciencia sobre la extinción del mundo unipolar.

En todo caso, Biden, ha marcado con su discurso, las líneas maestras de una política internacional que vuelve por los cauces previos a la presidencia Trump, cuyo discurso de 2017 fue tan distinto del del actual inquilino de la casa Blanca, pero que debe asumir que el mundo de hoy, no será nunca más el de los años noventa. El de la hegemonía absoluta de los Estados Unidos de América.

La temperatura del hemiciclo se desploma para cuando interviene el Ministro Lavrov. Sus palabras no dejan lugar para la esperanza, y son la expresión oral más gráfica del mundo de 2022.  La Federación Rusa sigue sintiéndose atacada. Atacada por la desinformación y por las pretensiones hegemónicas de EEUU.

La desaparición del mundo unipolar, y la exposición de hitos históricos que realiza el canciller muestran una visión dogmática y unilateral del antiguo imperio. “EEUU divide todo en conmigo o contra mí”, y lanza un guiño a la República Popular China, al advertir del riesgo que entraña la posición de la potencia americana sobre Taiwan.

Pero no solo Estados Unidos recibe las andanadas dialécticas del viejo diplomático moscovita. Las sanciones económicas “ilegales” impuestas por la Unión Europea y su “irresponsable” política en materia de hidrocarburos, son también una alusión de máxima actualidad, y que habla de hasta qué forma la agenda internacional se está viendo mediatizada por la guerra y sus consecuencias.

Definitivamente, Rusia, a través de su representante, hace una invocación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y reivindica la creación del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas.

El tercer gran contendiente del mundo global, el gigante asiático chino, aprovechó su escasa media hora de alocución para resituarse en el mapa. No quiere ser una potencia amenazante, sino un mediador en los conflictos, un defensor activo de la paz y de la no proliferación –el Ministro Yi recuerda que China es la única nación con armamento nuclear, que ha renunciado a ser la primera en usarlo en un potencial conflicto. “La Paz –dice el canciller- no se nota cuando te beneficias de ella, pero no podemos vivir cuando falta”.

No obstante, la voz de la potencia comunista se agrava cuando toca hablar de sus intereses. Taiwán es una reivindicación territorial a la que no están dispuestos a renunciar porque este es un compromiso asumido por las Naciones Unidas en las declaraciones del Cairo y de Postdam.

Como es de ver, sólo las cuatro intervenciones anteriores ya dibujan eso que se ha dado en llamar el mundo multipolar. El mundo del siglo XXI que sustituye a esa arcadia feliz de los años noventa en la que una sola potencia definía las necesidades del mundo. China, antaño vista como un arcaísmo comunista, es ahora una potencia económica que suaviza su imagen pública con tecnología y una posición de moderación y búsqueda activa de la paz.

Estados Unidos y Rusia reverdecen sus conflictos y hostilidades, y por primera vez, en un mundo que hace de la no proliferación nuclear una pretensión irrenunciable, las potencias nucleares vuelven a recordar activamente que lo son.

La agenda internacional viene, como se ha dicho, marcada por la guerra. Pero esa guerra no agota sus consecuencias en sí misma, sino que  extiende el daño económico de forma indudable a través de la peste del hambre.

Sobre todo ello han hablado los dueños de la tierra. Los conocidos y aquellos de los que apenas conocen sus nombres quienes se dedican profesionalmente a la información internacional, e incluso en ocasiones, solo los que lo hacen desde las grandes cabeceras.

El mundo se sitúa en un nuevo comienzo si entendemos que muchos consideraron que la caída del Telón de Acero había sido una especie de “Fin de la Historia”, y en ese nuevo comienzo, los intereses nacionales deben definirse y alinearse a un lado o a otro.

Emmanuel Macron, quien lanzase hace apenas dos años unas incendiarias declaraciones contra la OTAN, realiza una intervención que mezcla el puño de hierro con el guante de seda. El puño de la condena sin paliativos a Rusia, y el guante en que envuelve las facultades negociadoras de su diplomacia. Dice que el mundo se enfrenta a una disyuntiva “la Guerra o la Paz”, y que Rusia conculcó la seguridad colectiva abriendo la puerta a otros conflictos, al tiempo que aboga por la búsqueda de una solución pactada, pero de una solución en la que se reconozca la integridad territorial ucraniana. Pero cuando verdaderamente brama la voz del líder galo es cuando condena sin paliativos a los países neutrales como cómplices de Putin. Macron, además comparte el juicio crítico sobre los referéndums celebrados en el territorio ucraniano bajo el mandato ruso.

La líder británica, la efímera Liz Truss, tuvo ocasión de aprovechar su fugaz mes y medio de mandato asistiendo a una cumbre internacional de semejante calado. Hizo un llamamiento a combatir el autoritarismo y reforzar la economía. Pese a las tensiones que cosen su actual relación con la Unión Europea post Brexit -basada principalmente en el controvertido rechazo al Protocolo para Irlanda del Norte-, es precisamente la invasión rusa de Ucrania un punto en el que ambas potencias sí mantienen un mismo posicionamiento. Desafortunadamente, el riesgo para la seguridad del territorio europeo y la crisis energética unen mucho.

También han tenido su tiempo los líderes de naciones relevantes en la región en guerra. Como el Presidente polaco, con mucho que decir en este conflicto como vecino sufridor, que lanza un anatema contra la guerra y contra Rusia. Y una vez más, contra el hambre, frente al ataque ruso sobre la producción de alimentos que contraviene el Protocolo I de la Convención de Ginebra de 1977.

Y si, también intervino el Primer Ministro español, aunque sus palabras de adhesión a la comunidad internacional y contrarias a la guerra, no suscitaron gran interés en la prensa.

Marta P. Canals Lardiés

Magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona.

Si no estás en las redes sociales no eres nadie. O, al menos, eso nos están haciendo creer. Es innegable que en los últimos años el auge de las nuevas tecnologías ha cambiado de manera radical nuestra forma de vivir. El éxito que tenemos se mide en “likes” o “retweets” y la vida es eso que pasa mientras ves “stories” en Instagram y haces el baile de moda en “Tiktok”.

No cabe duda, se ha cambiado la forma de comunicación interpersonal. Atrás quedaron las llamadas y los SMS. Ahora es la era de los #hashtag#, los trending topic y los reels (si no te suena nada de esto, háztelo mirar). Pertenezco a la generación de los difuntos Messenger y Tuenti. Más tarde Facebook e Instagram también me conquistaron. Y, aun así, me resulta inviable seguir el ritmo frenético de las redes. No tengo Telegram ni controlo Tiktok. Y no, no sigo a ningún Youtuber.

Existe una auténtica sobreexposición de nuestra vida en las redes sociales. Mostramos en ellas los viajes exóticos (y no tan exóticos) que hacemos, nuestros logros personales y laborales, a nuestra familia y, cómo no, el “outfit” del día. Este manejo de las redes sociales (y de Internet en general) genera múltiples conflictos y evoluciona a tal velocidad que el derecho, no en pocas ocasiones, se queda rezagado.

Precisamente, este uso masivo de las redes ha hecho que gane cada vez más importancia la regulación sobre protección de datos personales, aunque, en mi opinión, no deja de ser un tanto paradójico que busquemos esa protección jurídica, mientras exponemos, cada vez más, nuestra vida en las redes.

La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental (véase el artículo 8, apartado 1, de la CDFUE y el artículo 16, apartado 1, del TFUE). Ahora bien, como sabemos, ese derecho a la protección de los datos personales no es un derecho absoluto, sino que debe considerarse en relación con su función en la sociedad y mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales como la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y de información, el derecho a la tutela judicial efectiva o la diversidad cultural, religiosa y lingüística. Pero esa necesidad de publicarlo todo y además de manera inmediata, hace harto complicado que el usuario medio pueda “equilibrar esos derechos” antes de poner su tweet o de subir su post a Instagram. La propia Agencia Española de Protección de Datos alertó que la información de carácter personal que aportamos en la red conlleva una serie de riesgos para nuestra privacidad y seguridad.

En este punto, no puede obviarse que no es lo mismo la protección de datos personales que la protección de la intimidad. El citado derecho a la intimidad atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito reservado, no sólo personal sino también familiar, frente a su divulgación por terceros y a una publicidad no querida. La masiva utilización de las redes, publicando videos e imágenes por doquier, también pone en jaque este derecho a la intimidad.

Otro problema es la llamada reputación digital: con el paso de los años, lo que publicas en Internet se convierte en tu reputación digital que supone que seguidores, familiares, compañeros de trabajo o amigos puedan tener una imagen tuya condicionada a la información personal publicada en la red. Las redes sociales ponen a tu alcance distintos recursos para que puedas divulgar y compartir con otras personas la información que tú quieras sobre tu vida personal o profesional, pero dicha información, aunque la borres, quedará como mínimo registrada en los servidores de la red social y, además, cualquiera que la haya visto podría haber hecho uso de ella, ya sea copiándola o difundiéndola.

Precisamente para evitar las consecuencias negativas de esa reputación digital surgió el tan conocido derecho al olvido, o lo que es lo mismo, la manifestación del derecho de supresión aplicado a los buscadores de internet. Hace referencia al derecho a impedir la difusión de información personal a través de internet cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa. En concreto, incluye el derecho a limitar la difusión universal e indiscriminada de datos personales en los buscadores generales cuando la información es obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público, aunque la publicación original sea legítima.

En resumen, si quieres acceder, rectificar, suprimir tus datos o deseas oponerte a que sean tratados con determinada finalidad o deseas limitar su tratamiento tienes que ejercer tus derechos ante el titular de la web que aparece en el aviso legal. Si quieres eliminar tu información personal de los buscadores de Internet puedes ejercer tu derecho al olvido. Ahora bien, entre el derecho al olvido y el derecho a la libertad de información existe un conflicto que exige la ponderación de la relevancia o interés público de la información y su eventual carácter obsoleto en cada caso para sacrificar uno u otro derecho.

Por otra parte, si este uso correcto de las redes resulta complejo para la población adulta, imagínense para los menores de edad. Los mayores peligros, los más inmediatos, habituales y visibles que se derivan de la exposición de datos descontrolada en las redes sociales por los menores son los que afectan también a su intimidad. Ese mundo digital ha adquirido tal dimensión, que en ocasiones no somos conscientes de que los menores de edad (sin una formación o tutela adecuada en cuanto al uso de las tecnologías y de internet) deambulan en la red junto a ciberdelincuentes, auténticas organizaciones criminales en muchos casos. Cuestiones que no suscitan tanta alarma por tener una pantalla de por medio, pero que sí la suscitarían si deambulasen a su lado por la calle.

Las redes sociales y el uso de las tecnologías de la información han avanzado de tal manera en los últimos años que podríamos decir que de forma paralela a la regulación normativa de aspectos tan esenciales como la protección de datos de carácter personal y la esfera privada, el propio sujeto tiene en su mano la capacidad de configurar esa privacidad y esa protección, asumiendo qué datos expone y a quién, e incluso durante cuánto tiempo.

No obstante, pese a ese abanico de elecciones, en ocasiones ignoramos la inmensidad de ese universo digital e incluso lo confundimos con nuestro círculo más cercano e íntimo, mientras que, por otro lado, exigimos la mayor de las protecciones para nuestros datos personales. Tal es así que llegamos a compartir o publicar cuestiones tan de “andar por casa”, políticamente incorrectas en algunos casos, que sin saberlo condicionan aspectos fundamentales de nuestras vidas. Así, una simple publicación puede llegar a costarnos nuestro puesto de trabajo o echar por tierra toda una trayectoria profesional intachable por el mero hecho de haber realizado un comentario que, siendo honestos, quizás todos habríamos hecho en nuestra casa. Precisamente ahí radica la esencia de este problema, identificamos un mundo lleno de sombras y de algoritmos desconocidos con nuestro entorno más íntimo. Somos capaces de compartir cualquier momento, crítica o reflexión con nuestros cientos de “amigos” a los que hemos visto una vez en la vida. Hay que medir las consecuencias del uso de las redes sociales. La sociedad espera que el derecho solucione problemas que podrían evitarse con un uso razonable y coherente.

Alicia Díaz-Santos Salcedo.

            Pepe, quinto viceportavoz adjunto, estaba estrenando zapatos esa mañana. Le había ayudado a elegirlos su hija pelirroja, quejosa de que a pesar del puesto que tenía su padre, apenas salía en la tele, por la absurda regla de que los distintos portavoces del Gobierno tuvieran carácter rotatorio, de tal forma que cada semana había uno distinto, hasta que salían los veintisiete, y volvían a empezar por el primero.

            Pero ese era su día semestral de gloria, y no lo iba a desaprovechar, pues iba a hacer un anuncio que lo llevaría a la popularidad. Le había costado mucho trabajo convencer a la Subcomisión de Seguimiento del Viceministerio Segundo de la necesidad de que, dentro del plan trienal de la Dirección General de Asuntos Económicos, hubiera un plan subtrienal, con cargo a la Secretaría Primera del Ministerio de Hacienda, que incluyese ayudas de cien euros anuales a los autónomos.

            Es más, él mismo había diseñado el proceso de verificación de requisitos, para lo cual había creado la Subcomisión de Verificación de Requisitos de Ayudas Subtrienales dependiente de la Comisión de Verificación de Requisitos de las Ayudas Trienales, previo informe del Comité de Expertos Independientes para las ayudas a los autónomos, creado ad hoc. Incluso, como toque personal, en su afán de agilización administrativa, había reducido el plazo de presentación de solicitudes de 15 días a dos semanas, lo que fue muy aplaudido en el partido.

            No fue un camino fácil, pues el Consejo de Estado había informado al Ministerio de Economía de que debía reunirse la Comisión de Asuntos Bilaterales antes de que se iniciase el proceso de aprobación de ayudas, y la Federación Provincial de Federaciones Provinciales había intentado evitar la reunión de la Comisión al plantear un conflicto de competencias.

            Y claro, la resolución del Ministerio de Economía no podía ser transmitida al Ministerio de Hacienda en tanto en cuanto el Órgano de Resolución de Conflictos Interministeriales no emitiera informe, previo informe de la Comisión de Informes, que a su vez había delegado su emisión en la Subcomisión de Informes de los Informes.

            Lo cual, por otro lado, había quedado supeditado a que la Federación de Municipios y Autonomías, en su Asamblea anual, no plantease otro conflicto, previa audiencia a los sindicatos y organizaciones empresariales más representativas, conflicto que finalmente no se planteó.

            Paco, autónomo de toda la vida, zapatero desde los dieciséis años, al ver el anuncio de Pepe, pensó que a lo mejor podía pedir la ayuda de cien euros anuales, a pesar de que era algo contrario a sus ideales, ya que entendía que las subvenciones y ayudas se pagaban con los impuestos de los autónomos, por lo que para pagar las subvenciones había que subir los impuestos, lo que haría necesarias más subvenciones, que harían subir más los impuestos. Y todo eso sin contar el coste de gestión.

            Pero, a fin de cuentas, como decía Paca, su mujer, si los demás piden la ayuda, por qué no iba a pedirla él.

            Así que Paco se imprimió las instrucciones simplificadas del Boletín Oficial, donde en apenas cien folios se exponía el proceso abreviado de petición de las ayudas estatales dentro del plan quinquenal de ayudas estatales.

            Era loable el afán de simplificación del Gobierno, que no solo explicaba en qué consistían las ayudas, sino que había elaborado un díptico y un vídeo resumen, con la ayuda del prestigioso Instituto Público de Dípticos, Trípticos, Cuadrípticos, Folletos y Vídeos Resumen, en colaboración con la Academia de Resúmenes y Simplificación de la Información Pública, donde se resumían los requisitos de las ayudas en las Disposiciones Finales duodecies, terdecies, quaterdecies, quinquiesdecies y sexidecies, esta última, eso sí, por remisión a la Orden Septiesdecies del Cuadro Anual de Órdenes e Instrucciones de Tramitación de las Solicitudes Individuales de Personas Físicas a la Administración Estatal. Por lo que al final hubo que imprimir otros noventa y siete folios, pero a Paco no le importó, porque como buen empresario entendía que tales costes no impedían que siguiera siendo rentable solicitar la ayuda.

            Aplicado todo el domingo, Paco fue rellenando el formulario de solicitud de la ayuda, el impreso de protección de datos, la hoja de impacto ambiental, la declaración responsable, el registro de antecedentes penales, la ficha de buen ciudadano, y la comunicación de datos fiscales.

            A lo que adjuntó certificado bancario de su número de cuenta, declaración jurada de no concurrir causa de incompatibilidad con la ayuda solicitada, declaración responsable de abono de la tasa por importe de 6 euros por solicitud de ayuda que se devolvía si se abonaba la ayuda, certificado de estar al corriente con la Seguridad Social, con Hacienda, con el Ayuntamiento, con la Diputación, con los consorcios provinciales, con el área metropolitana, con la Unión Europea y con la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos, certificados que había que solicitado a cada una de tales instituciones por separado, y copia sellada del informe del Departamento de Cambio Climático, Depuraciones, Residuos Inteligentes, Progreso y Resiliencia Transparente que acreditaba no tener pendiente el pago de ninguna tasa de basuras o ecológica.

            También adjuntó a la solicitud la Memoria, la Cuenta Anual, el Balance, la escritura pública de la empresa, y la inscripción registral mercantil de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de flujos en efectivo, entre otros documentos.

            Adjuntó fotocopia de su Documento Nacional de Identidad y del pasaporte, que no lo pedía expresamente ninguna de las setenta y siete reglas simplificadas del proceso abreviado de solicitud, pero por experiencia sabía que era mejor aportarlo.

            Seguía vigente en aquel entonces la opción de presentar la solicitud simplificada en papel o por internet, en virtud del régimen provisional transitorio de la disposición transitoria quincuagésimo nona de una Orden Inter-Ministerial y Vicepresidencial aprobada en la Quinta Conferencia Sectorial de las Reuniones Anuales de Subcomisiones de Asuntos de Coordinación.

            Pero Paco, héroe moderno, curtido en trámites burocráticos, veterano de varios proyectos de modernización y simplificación administrativa, era sabedor de que había que ir tanto por internet como en papel; por si acaso. Y cumplimentó preventivamente la solicitud por ambas vías.

            Colapsada la página web, luego en tareas de mantenimiento, nuevamente colapsada, incompatible con el navegador, precisa de una actualización del sistema, caducado el certificado electrónico, cerrándose la página, luchando contra pop-ups y elementos emergentes, documentos en pdf no aceptados pues debían ir en word, y viceversa, presentación denegada por no comprimir archivos y superar 10mb,  y tras varios mensajes en inglés, not found, error 404, y otras cosas que no entendía, sin un teléfono al que llamar, Paco intentó serenarse, y decidió acudir a la cita previa, que menos mal que pidió, para presentar la solicitud con la documentación adjunta, cita que la Administración le dio justo el último día del plazo en que se podía solicitar la ayuda.

            A las diez y cuarto de la mañana, al volver del desayuno el funcionario competente (un decir), le dijo que el horario de presentación de las solicitudes de los planes trienales o quinquenales de ayudas estatales para el fomento del emprendimiento sostenible terminaba a las diez de la mañana. Y que por él no habría problema, pero que el ordenador no le dejaba admitir la solicitud.  

            Paco no quiso escuchar la frase que intuía que iba a decir el funcionario, así que estaba ya de espaldas y casi llegando a la puerta de salida cuando sonó contra su voluntad:

            ¡Vuelva usted mañana! Pero antes de las diez.

            Menos mal, pensó Paco mientras intentaba reprimir una repentina agresividad, que dos semanas antes de iniciar el proceso de petición de la ayuda había visto llegar en un imponente coche oficial a un político con su hija pelirroja, y le había cobrado cien euros de más por unos zapatos. 

En las siguientes líneas no me propongo más que la mera aportación de información, aderezada, quizás, de alguna consideración al hilo de esta. La razón es que ya se ha dicho mucho -y mejor- sobre el asociacionismo judicial, del que se ha ocupado la Asociación Profesional de la Magistratura en textos como «Pasado y presente del asociacionismo judicial» o la «Historia de la APM», y que también ha sido objeto de atención por otras asociaciones y por diversos profesionales jurídicos no judiciales.

En acceso abierto, en la web poderjudicial.es, se ofrece un apartado dentro de la Estadística Judicial dedicado a «Estructura judicial y recursos humanos en la administración de justicia», en el que se recopilan los datos sobre las asociaciones judiciales de manera actualizada. La más próxima es de fecha de septiembre de 2022, a partir de tres fuentes: los datos recabados para el Registro de Asociaciones, los jueces y magistrados en servicio activo asociados, y el Servicio Central de la Secretaría General (CGPJ).

Según los datos oficiales, actualmente se encuentran inscritas y en activo seis asociaciones: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), la asociación Francisco de Vitoria (AAJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Ágora Judicial (Ágora) y la Asociación Nacional de Jueces (ANJ, sin portavoz designado). Se hace constar una sexta, «Unión Judicial Independiente», disuelta el 16 de noviembre de 2001.

Pues bien, el documento muestra una evolución de los asociados desde 1 de mayo de 2004 hasta 30 de septiembre de 2022:

Estos datos permiten conocer que actualmente el número de jueces en activo son 5.408, y que el porcentaje de asociados entre los jueces en activo es del 55,5%, esto es, 3.000 jueces.

Primera conclusión: Más de la mitad de la Carrera Judicial pertenece a alguna asociación, aunque esto no significa, necesariamente, que los no asociados estén enfrentados o en desacuerdo con alguna o algunas de las asociaciones.

Según los datos anteriores, la distribución de jueces asociados a tales asociaciones queda de la siguiente forma: el 25,05% de los jueces en activo están asociados a APM; el 15,88% a AJFV; el 8,06% están asociados a JJPD; el 6,19% a FJI; y solo el 0,2% a la asociación Ágora; y el 0,07% ANJ. Aunque no aparece en el documento, desde 2015 se encuentra la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), que según su página web integra a 170 juezas (y jueces), lo que representaría un total del 3,14% de la Carrera Judicial.

En cuanto a la evolución de la asociación de jueces se observa una tendencia creciente en tres asociaciones, APM, AJFV y FJI, y decreciente en JJPD, Ágora y ANJ. En el siguiente gráfico se puede observar la tendencia en la asociación de nuevos jueces según las cuatro asociaciones más representativas:

Segunda conclusión: Los porcentajes anteriores muestran la representatividad de cada asociación respecto a la Carrera Judicial, por lo que los medios de comunicación han de ser cautelosos a la hora de atribuir valor de conjunto a opiniones que no sean suficientemente representativas.

Y, finalmente, según el ritmo de crecimiento anual en el asociacionismo, y siendo mayoritaria la APM, si se toma la media de asociación de jueces en cada una de las demás asociaciones, el promedio de crecimiento entre 2004-2022 de APM es de 13 asociados al año, de AFV de 25 asociados al año, de JJPD de -1 asociados al año y de FJI de 10 asociados al año.

Tercera conclusión: Para que la asociación más próxima en número de asociados alcance a la asociación mayoritaria (APM) aún deberían pasar 41 años si la constante de crecimiento se mantuviera[1].

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[1] (1355-859=496; 25-13=12; 496/12=41)

Alfonso Peralta Gutiérrez

Ya en un artículo anterior vine a hablar de las “malas ideas” respecto a la reforma de oposiciones”

Últimamente una de las cuestiones que se ha propuesto en relación a la reforma de las oposiciones a judicatura es un “MIR jurídico”.

Y es que habría que hablar de un MIR jurídico, que no judicial. Puesto que en caso de ser únicamente judicial hemos de plantearnos por qué existe siempre esas ansias de modificar las oposiciones a la carrera judicial y no a notarios, registros, abogados del Estado, TAC, o inspectores de Hacienda o de Trabajo. O por qué casi siempre ese afán se centra mucho más en los jueces que en los fiscales.

Por ello, en caso de esta propuesta, debía ser un “MIR jurídico”, que no judicial, que afectara a todos esos cuerpos jurídicos del estado.

Cuando se propone un “MIR” para jueces o algo tipo los test GRE^[i] o LSAT^[ii] de acceso a las universidades y posgrados anglosajones de la Ivy League, lo primero que habría que preguntarse es si las Facultades de Derecho y Medicina tienen el mismo nivel de exigencia académico y si de una Facultad de Ciencias Jurídicas y con el período de formación inicial actual en prácticas y Escuela Judicial se saldría apto para desempeñar la función judicial. Si la respuesta es negativa, lo que hay que comenzar es a repensar la formación jurídica en las Facultades, comenzar a preocuparnos por situar mejor a las Universidades españolas en la excelencia académica en los rankings internacionales y posteriormente repensar el proceso de formación inicial adaptándolo a períodos más largos de formación, como Alemania o Holanda, donde los jueces en prácticas pueden estar años.

Los planes de estudios de las facultades de Derecho españoles carecen de todo punto de perspectiva práctica y están muy distantes de lo que es la realidad y el día a día de juzgados y tribunales. Así, en el mejor de los casos, existe un Practicum de varias semanas donde el alumno hace prácticas con abogados o en tribunales, y en el peor, esto ni siquiera existe.

Así, mientras por ejemplo el mercado jurídico está demandando profesionales especializados en la asesoría jurídica de la empresa especializados en tecnología. La formación en TICS para mejorar la competitividad de despachos profesionales jurídicas y pymes, y el reto de la transformación digital de todos los sectores y de la sociedad hace necesario estar adaptado a este nuevo marco de derecho y negocio digital. Los planes de estudios de las universidades (la casi total mayoría en España) están totalmente alejados del presente y del futuro sin dar capacitación alguna en materias tan importantes como protección de datos, comercio electrónico, blockchain, big data, cloud computing, inteligencia artificial, drones, robótica, ciberseguridad y cibercriminalidad, o las industrias fintech, martech o insurtech. Materias y conceptos sobre los que pivotan  los negocios

y empresas con mayor crecimiento del presente y del futuro. Así, la formación profesionalizante en estas materias emana principalmente de másteres privados.

Lo que no se puede es pretender una modificación del sistema de acceso que disminuya notablemente los conocimientos jurídicos (por mucho que se arguya la evaluación de otras aptitudes) sin suplir los mismos con una mejor formación universitaria y una modificación del sistema de formación inicial. De igual manera hay que tener en cuenta, que nuestro sistema sale más barato presupuestariamente al estado que otro, al que habría que sumar todo el coste de estudio, diseño y simulacros para realmente verificar que dichos tests son válidos y fiables. Mientras ahora los opositores se sufragan su formación durante varios años y cuando aprueban tras un par de años en la EJ y prácticas están a pleno rendimiento para ejercer la potestad jurisdiccional, en otros países los jueces requieren años de formación y prácticas con un sueldo a costa del estado.

Tampoco podemos olvidar que muchas veces este tipo de tests, no valoran unas verdaderas capacidades o conocimientos sino que es muy importante saber cómo hacerlos bien.

Hemos de añadir además que en España la planta judicial provoca que un juez en su primer destino tenga que ser totalmente polivalente y deba instruir penalmente, sentenciar civilmente, solucionar asuntos de familia, en muchas ocasiones de violencia de género, registro civil, conocer de incapacidades o jurisdicción voluntaria. Es difícil encontrar en el ámbito europeo jueces tan versátiles como los españoles y para llegar a ese resultado no basta con “saber aprender”, puesto que con el inmenso volumen de trabajo y la necesidad de resolver con prontitud, hay que venir aprendido de casa.

Por consiguiente, para introducir un sistema similar no sólo habría que reformar totalmente la formación universitaria jurídica y la formación inicial judicial sino que también habría que reformar la planta y crear juzgados especializados en más materias de tal forma que los jueces no necesiten un conocimiento profundo en tan amplio número de materias.

No deberían despreciarse tanto el sistema de oposiciones cuando ha sido un sistema gracias al cual se han seleccionado a miles de empleados públicos excepcionales y totalmente brillantes, y sobretodo ha conseguido que en un país donde se politizan todas las instituciones, los cuerpos funcionariales se caractericen por su profesionalidad, excelencia, neutralidad, objetividad, mérito y capacidad, libre de injerencias políticas. 

Todo es mejorable, sin duda, pero debemos tener cuidado en no destruir uno de los activos con los que cuenta España, sus cuerpos profesionales que han accedido a la Administración Pública mediante un duro y exigente proceso de capacitación.

Pero las características del actual proceso de selección no son tan importantes cuando se trata de analizar las posibles reformas que se proponen, sino que hay que someter a éstas a un “test de estrés” para sobre todo evitar que pueden dar lugar claramente a discrecionalidad, clientelismos y nepotismos de influencia política.

Frente a ciertas propuestas irreflexivas, existen una serie de reformas que podrían aumentar la transparencia, confianza en el sistema, mayor rendición de cuentas y hacer más efectivo el proceso de selección y que serían muy fáciles y baratas de implantar.

Una sería implantar la grabación de los exámenes orales en la oposición^[iii], así como entrega de copia del acta de evaluación al candidato con la valoración por todos los miembros del tribunal y su puntuación en los distintos aspectos a valorar.

La segunda sería la implantación de preguntas de reserva en el examen tipo test, de forma similar a otras oposiciones para así solventar de forma más sencilla los problemas de impugnaciones, recursos y anulaciones de preguntas.

Una tercera sería homologar la oposición judicaturas/fiscalía a otras nivel A1 con un ejercicio práctico o dictamen. Así, puede tomarse como ejemplo, que se exigen dictámenes o supuestos prácticos evaluables preservando la identidad de los autores para el acceso a la categoría de magistrado por pruebas de especialización. Así, en el caso de la especialización contencioso-administrativa^[iv], finalizadas las sesiones del ejercicio teórico, el Tribunal hará pública la convocatoria para la realización del ejercicio práctico, que consistirá en la redacción de una sentencia sobre la base del supuesto práctico fijado por el Tribunal, con un tiempo disponible que no podrá exceder de cinco horas. En el caso de la especialización mercantil^[v] el ejercicio práctico consistirá en un dictamen, y el Tribunal calificador convocará inmediatamente a las personas aspirantes para que procedan a su lectura, que tendrá lugar en audiencia pública. En caso de introducir un dictamen evaluable, se recomienda para evitar sesgos, arbitrariedad y discriminación social o ideológica que fuera evaluado únicamente por magistrados (quienes han sido formados, entrenados y son los encargados de resolver y valorar los recursos frente a resoluciones judiciales) en un tribunal colegiado con más de dos examinadores, así como con una determinación completa de los elementos reglados a evaluar y adoptando las medidas necesarias para que quede preservado el anonimato de los autores en la corrección.

Cualquier reforma de un calibre como ésta, como es, introducir una prueba nueva eliminatoria en la oposición requeriría un tiempo de carencia y una adaptación progresiva del actual cuerpo de opositores de un mínimo de 5 años y como consecuencia habría muchas posibilidades de que en caso de introducirse fuera un mero trámite como en otras oposiciones. Una inercia que posteriormente sería complejo corregir.

De todos los posibles inconvenientes que tiene el sistema de oposiciones, el principal es el coste de oportunidad enorme de un candidato que después de años preparándolas, no consigue superarlas y con cerca de 30 años tiene que cursar un año más el máster de la abogacía si quiere redirigir su futuro profesional. La obtención del título de abogado requiere un máster con parte teórica y práctica, unas prácticas y un examen tipo test y uno práctico junto con la colegiación.

El tipo test de las oposiciones judicaturas/fiscalía podría homologarse al del examen de la abogacía si se hubiera superado, y el máster consta de 4 cuatrimestres y podría ser homologado a través de una certificación de aprovechamiento de las oposiciones por parte de un magistrado/fiscal preparador acreditado.

Esto facilitaría la reinserción en el mercado laboral del exopositor, el abandono de la preparación no sería tan traumático y reduciría el estrés, la presión y el vértigo para el opositor que se asoma a cierta edad sin haber aprobado. Incluso aun cuando se exigieran unas prácticas y la realización únicamente del caso práctico, la reducción de ese tiempo y del desembolso económico facilitaría esa reorientación profesional.

Por ello, la reforma menos ambiciosa y quizás más factible sería homologar la preparación de oposiciones con el máster de la abogacía, al igual que los alumnos de la Escuela Judicial obtendrán el título oficial de máster universitario, expedido por la UNED, al concluir el curso de formación inicial posterior a la superación de la oposición de ingreso en la Carrera Judicial^[vi].

En caso de reforma las oposiciones a jueces y fiscales, debería partirse de una total y absoluta reforma de la enseñanza en ciencias jurídicas en las universidades españolas. Habría que implantar en dichas facultades un nivel de exigencia muy superior y similar al de las mejores universidades del mundo, y comenzar a preocuparnos por situarlas en la excelencia académica en los rankings internacionales y posteriormente repensar el proceso de formación inicial judicial. Así, para poder eliminar el estudio de oposiciones, los recién graduados deberían salir de las facultades con un nivel de capacidades, habilidades y conocimientos similar al de los opositores, algo que hoy por hoy queda muy lejos.

Una vez conseguido eso, para poder implantar procesos de selección más ágiles, y menos gravosos, debería reformarse conjuntamente el sistema de oposiciones junto con el resto de altos cuerpos jurídicos. Así, podría crearse un proceso de selección similar al alemán de forma unificada para todas las carreras legales (jueces, fiscales, LAJ, notarios, registradores, inspectores de hacienda, trabajo, abogados del estado, diplomáticos, abogados y otros altos funcionarios).

Si se reforman las oposiciones a la carrera judicial/fiscal, han de reformarse todos los sistemas de oposiciones, puesto que de lo contrario, cualquier intento de reformar únicamente las oposiciones a judicatura y fiscalía (o incluso únicamente a jueces) tendrán como fin menoscabar la independencia judicial y buscarán controlar e influir en el acceso de los nuevos miembros del poder judicial.

Una vez conseguido que los graduados en derecho españoles tengan un nivel muy superior y suficiente para poder comenzar a trabajar poco tiempo después, el método más objetivo, donde se valoren los méritos y capacidades de forma igualitaria, eliminar en lo posible el mayor número de sesgos, que reduzca el coste de oportunidad de reinserción en el mercado laboral y sobre todo libre de injerencias políticas que pudieran condicionar la selección a una opción única ideológica o que pudiera dar lugar a favoritismos, nepotismos y amiguismos menoscabando la independencia judicial sería un examen tipo test asimilable a un “MIR jurídico”^[vii].

Así, si el MIR médico tiene un tiempo de preparación de entre 1 a 2 años y lo difícil no es aprobarlo sino conseguir plaza en ciertas especialidades, en el “MIR jurídico”, ocurriría lo mismo, donde la dificultad sería obtener plaza en aquellos cuerpos con menor número de plazas y más candidatos. 

A su vez, en el ámbito judicial no cabe la figura de “residentes” durante años debido a su inconstitucionalidad. La proclamación constitucional de la independencia del poder judicial debe ir acompañada del establecimiento de diversas garantías adecuadas a asegurar su efectividad, como son, entre otras, la inamovilidad, la imparcialidad, el estatuto jurídico de Jueces y Magistrados, y el régimen de responsabilidad.

De esta manera, estaríamos en las mismas que con la inconstitucionalidad de la fase de sustitución y refuerzo, como hace años apunté^[viii]. Ya durante la tramitación parlamentaria existieron dudas sobre la constitucionalidad de esta fase. Así, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, la Izquierda Plural, en sus enmiendas de supresión n. 14 y 24 argumentó que era un contrasentido os que si los jueces estaban en prácticas por no haber culminado su formación se les confiera la confianza y destreza para poder asumir con plena responsabilidad, al término de su periodo formativo, la tarea de administrar Justicia como titulares un órgano unipersonal. Así, lo lógico es, si no han culminado su período de formación, deberían culminarlo antes de ejercer plena jurisdicción con idéntica amplitud a la de los titulares de los órganos jurisdiccionales; y si han culminado su período de formación de tal forma que pueden ejercer la labor jurisdiccional de forma plena, deberán entonces ser nombrados jueces para ejercer la potestad jurisdiccional de forma totalmente independiente, sin estar sujetos a valoración alguna por la Escuela Judicial ni por los Presidentes de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia.

Nos lleva entonces a dos únicas interpretaciones y que vienen a coincidir con las dudas que manifestaron los legisladores sobre este precepto en la tramitación parlamentaria. Si se ejerce la potestad jurisdiccional de forma plena es porque se está suficientemente formado para ser nombrado juez, y por lo tanto no se puede realizar una valoración, influencia o dependencia sobre dicha labor y entonces esta fase en innecesaria y estaría destinada a unas finalidades ajenas a las formativas. Y si por el  contrario, no se está suficientemente formado para ejercer la potestad jurisdiccional con plenitud, entonces no se puede desempeñar dicha labor.

Esta situación plantea dudas sobre asimismo el cumplimiento de la inamovilidad judicial como garantía formal de la independencia judicial. La inamovilidad asegura que el juez no se verá sometido a la hora de decidir a la presión externa que supone la amenaza de pérdida de su destino o de su condición de juez, y con ello refuerza su independencia. La independencia judicial se vería privada de uno de sus soportes más firmes, por grande que fuera la formación jurídica y la probidad moral del juez: de ahí que sea hoy difícil concebir jueces formalmente independientes si no se habla a la vez de jueces inamovibles, y más aún, si se encuentran sometidos a evaluación, con la posibilidad de ser declarados como no aptos.

No es de recibo, que jueces en formación que están ejerciendo la potestad jurisdiccional de forma plena y que han pasado por el mismo proceso de selección, y sin embargo no tengan el mismo estatuto, con el mismo régimen legal de derechos, facultades y deberes, por no haber sido nombrado legalmente.

La independencia judicial ha de ser estatutaria, funcional, y financiera, y en las condiciones antes descritas difícilmente puede decirse que estas tres vertientes de este principio básico en la justicia de un estado democrático y de Derecho se cumplan en la fase regulada en el art. 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En ese momento sería la oportunidad para crear una gran Escuela Nacional de la Administración similar a la francesa École nationale d’administration (ENA) y fusionar el Centro de Estudios Jurídicos, la Escuela Judicial, la Escuela Diplomática, Escuela Hacienda Pública o Instituto Nacional Administración Pública y demás instituciones de tal forma que en una misma institución se agrupe la formación de todos los altos cuerpos jurídicos del estado, aumentando las sinergias, relaciones y compartiendo conocimientos entre los distintos funcionarios. Nadie puede negar la excelencia del alto funcionariado francés, con una administración pública competente, neutral y no politizada.

Sin embargo, habría que evitar de la ENA francesa un proceso tan exigente en asuntos europeos e internacionales, junto con un alto conocimiento de idiomas, que es muy difícil obtener sin estancias en el extranjero, colegios internacionales o una educación elitista. Es en el proceso de formación donde se debería intensificar la enseñanza en dichas materias. De igual manera, los exámenes escritos y el denominado “gran oral” o entrevista pueden favorecer los sesgos “enarcas” lo que provocaría que únicamente un 19% de sus alumnos sean de origen humilde y en su mayoría procedan de familias de altos funcionarios. Todo lo contrario a la Escuela Judicial donde más del 70% no tienen ningún familiar relacionado con el Derecho .

De igual manera este sistema reduciría el coste económico de su preparación, no obstante, al igual que en medicina, su estudio requeriría de preparadores o academias, por lo que debería existir un sistema de becas suficientes y adecuadas para que permitiera la preparación y superación del proceso de selección a los candidatos excelentes pero con menos recursos, siempre respetando los principios de mérito, capacidad y excelencia.

Con la unificación de todas las instituciones existentes se reducirían costes que podrían implementarse en aumentar los períodos de prácticas remunerados a dichos funcionarios, o incluso el tiempo de duración de la formación teórico-práctica en dicha escuela con módulos generales y módulos específicos para cada cuerpo, así como pequeñas prácticas en los distintos puestos de trabajo de altos cuerpos del estado.

Esta formación transversal inicial y dichas prácticas para todos los altos funcionarios permitirían que pudieran existir pasarelas incluso entre distintos altos cuerpos de funcionarios a través de la superación de unos procesos de promoción interna similares al cuarto turno o concurso-oposición. Es inadmisible la existencia de un cuarto turno para jueces, pero no en fiscales, en notarios, en abogados del estado ni en inspectores de hacienda o en LAJ, ¿acaso un buen jurista de larga trayectoria no podría ejercer esas profesiones y sí puede ejercer la de juez? Esto además solventaría la frustración para aquellos que habiendo aprobado no hubieran conseguido plaza en su cuerpo deseado, sin perjuicio de la posibilidad de presentarse al examen en sucesivas ocasiones. Como mínimo, debería plantearse la posibilidad de “pasarela” entre la carrera judicial y fiscal, lo que en España podría ser muy beneficioso para aumentar la independencia del Ministerio Fiscal respecto al Gobierno y quizás sería una de las medidas imprescindibles para que el Fiscalía pudiera asumir realmente la instrucción penal. Ello podría realizarse a través de un concurso-oposición con corto período de formación, similar al cuarto turno.

Esta profunda reforma requeriría decenas de años para su implantación y debería comenzar desde abajo, desde las facultades de derecho y verificando ese aumento de los rendimientos y exigencias académica, así como la mejora de las universidades en el contexto internacional de tal forma que un graduado en Derecho con el tiempo de preparación del “MIR jurídico” junto con la formación teórico-práctica de la Escuela Nacional de Administración alcanzara el mismo nivel de capacitación y ejercicio que en la actualidad tienen los jueces españoles.

Aunque en un contexto jurídico, esta propuesta pueda parecer un tanto descabellada, no lo es, si comprobamos que los médicos españoles son de los más valorados de Europa^[ix] y sin embargo sus exámenes de MIR requieren menos de la mitad de tiempo de preparación que unas oposiciones de alto funcionariado jurídico. La razón es la diferencia absoluta formativa en las facultades de medicina y de derecho.

Otras reformas menos ambiciosas y más a corto plazo de reforma de la formación de jueces y fiscales, sería la enseñanza obligatoria de idiomas extranjeros para los alumnos de la Escuela Judicial y Centro de Estudios Jurídicos, la necesidad de fomentar de la participación de los jueces y fiscales en prácticas en competiciones y en intercambios internacionales, la valoración de las mismas, y un entrenamiento intensivo con tutorías y profesores de idiomas cuasiparticulares para los participantes.

De igual manera, debería ser obligatoria la formación en herramientas tecnológicas para la carrera judicial y un conocimiento en profundidad de los sistemas de gestión procesal y de automatización de procesos, pues se corre el riesgo de una brecha digital y sobretodo en productividad entre aquellos juristas que asuman y aprovechen dichas herramientas frente aquellos que trabajen a la manera “tradicional”. Prescindir de formación en derecho digital será un lujo que muchos juristas no se podrán permitir. Si continuamos con la comparativa respecto a los médicos, sería inconcecible que un médico no utilizara el ecógrafo de último modelo 4D o no asumiera la robótica que puede ayudarle a dar un mejor y más preciso servicio. El crecimiento de legaltech en rondas de inversión y M&A, fondos de litigación y proveedores alternativos de servicios legales producirá el interrogante de si ¿podrá responder la Justicia a una abogacía automatizada sin colapsar irremediablemente?.

Se tratan por tanto de distintas propuestas de reformas que unas podrían implantarse desde ya y mejorar el sistema de selección actual a poco coste, y la principal requiere un “Pacto de Estado de Justicia” y una reforma profunda de Universidades para su implantación de forma efectiva.

La selección por oposiciones no es un sistema perfecto y todo es susceptible de mejorar pero hay que considerarlas como uno de los procesos más transparentes, imparciales, objetivos e igualitarios y sin influencia de componentes políticos e ideológicos. En un país donde el nepotismo, la corrupción y la politización y el tráfico político con las instituciones copan las noticias diarias hay que resaltar el funcionamiento de un proceso basado en el mérito, la capacidad y el esfuerzo. Cambios en la selección del funcionariado en nuestra actual situación del país podrían provocar grandes y graves daños y hemos de ser conscientes de ello por lo que cualquier propuesta hay que analizar profundamente y no tomarla a la ligera.

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[i]       https://www.ets.org/gre/revised_general/about

[ii]         https://www.lsac.org/lsat

[iii]     Nuevo modelo de acceso a la carrera judicial, formación inicial y continuada. Fundación Antonio Carretero. 2008. http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2016/07/NUEVO-MODELO-DE-ACCESO-2008.pdf

[iv]    http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Acceso-a-la-categoria-de-Magistrado-a-especialista/Contencioso/Historico-de-convocatorias/Promocion-y-especializacion–Contencioso-Administrativo-2017–Bases-de-las-convocatorias—Acuerdo-de-11-05-2017-CP-CGPJ-por-el-que-se-convocan-pruebas-de-especializacion-para-la-provision-de-plazas-de-Magistrado-especialista-en-el-orden-jurisdiccional-contencioso-administrativo

[v]     http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Acceso-a-la-categoria-de-Magistrado-a-especialista/Mercantil/Historico-de-convocatorias/Promocion-y-especializacion–Mercantil-2017–Bases-de-las-convocatorias—Acuerdo-de-11-05-2017-CP-CGPJ-por-el-que-se-convocan-pruebas-de-promocion-y-especializacion-en-los-asuntos-propios-de-los-organos-de-lo-mercantil

[vi]    http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-propone-que-los-estudios-de-formacion-inicial-de-acceso-a-la-Carrera-Judicial-tengan-la-condicion-de-master-oficial-universitario

[vii]   Esta propuesta ha sido formulada en distintas ocasiones por Jesús Alfaro Águila-Real. https://cincodias.elpais.com/cincodias/2010/06/14/economia/1276494987_850215.html

[viii]  La inconstitucionalidad de la «fase de sustitución y refuerzo» en la formación de los Jueces Españoles. Alfonso Peralta Gutiérrez. Diario La Ley, ISSN 1989-6913, Nº 9231, 2018. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6485149

[ix]             https://www.saludadiario.es/profesionales/los-medicos-espanoles-son-los-mejor-valorados-de-europa-en-centros-hospitalarios

¿Qué es burocracia? dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul ¿qué es burocracia? ¿Y tú me lo preguntas?

Pues burocracia es, según una cita apócrifa que no sé a quién atribuir (que puede ser de Gandhi, Churchill, Groucho Marx, etc.), el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil.

Piénsese, por ejemplo, en algún deporte. Fútbol. Un partido cualquiera. Cualquiera. La premisa es que hay que marcar gol para ganar el partido y eso se hace llevando la pelota al otro lado e introduciéndola en una zona demarcada ¿Cuántos pases hacen falta para llegar a eso? Los suficientes para generar los espacios que lleven a facilitar la introducción. Ni uno más. Todo exceso es inútil y perseguirá otro fin. Legítimo, puede, pero otro fin.

¿Qué otro fin? Muchas veces otro objetivo complementario. En nuestra analogía, el fin estético de un juego más bonito que limitarse a lo eficaz o, por ejemplo, defenderse con el balón (si yo tengo el balón, no pueden meterme goles). Otras, darle una pátina determinada: modernidad, exclusividad. El esnobismo que supone darle a lo esencial tantos accesorios que frustran su fin. Aunque queda supercuqui, eso sí.

No se puede llevar al extremo, claro. Nos llevaría a asumir sólo lo esencial y olvidar el arte o la estética, elementos esenciales para la emoción humana. Pero hay campos donde esto no juega y, por encima de todo, no cabe sacrificar el fin en favor de la estética. Jugar muy bonito y tener mucho pase estéril que no lleva a meter el gol. El término medio. Es lo difícil.

Desde 2015, con los avances tecnológicos y una pandemia, se ha ido haciendo imperativa la relación telemática del ciudadano con diversos servicios, lo que no tiene por qué ser un problema sino, al contrario, el medio para evitar colas interminables, una mañana perdida o tener que pedir un día en el trabajo para hacerse el DNI, el pasaporte o presentar la solicitud de una beca.

Pero el ciudadano se enfrenta a la brecha digital, formularios no muy intuitivos, lenguaje poco amable y una exigencia, poco empática, de información o documentación de que muchas veces ya dispone la Administración porque, incluso, ella misma lo genera. El ciudadano no tiene que entender que se trata de servicios distintos, o incluso de administraciones distintas, en que una ejecuta lo que otra dispone. No hablemos ya de administraciones con varias lenguas cooficiales.

En todos estos casos acudirá el ciudadano presencialmente, si es que existe la posibilidad, para que pueda, por fin, perder la mañana. Con cita previa, eso sí. Si no hay pandemia, claro.

Es frustrante. En toda su amplia polisemia. Es frustrante porque con tanta exigencia, tanto requisito y tanta garantía se hace imposible que la Administración se equivoque gravemente. Pero también es frustrante para el ciudadano que solo pretende obtener la ayuda a que tiene derecho.

Y ello en aras de una modernidad a la que no se adapta una sociedad a la que no se le da acceso digital en toda su extensión, o de una garantía que, si resulta necesaria, no puede sacrificar los legítimos derechos de los ciudadanos.

El legislador (tan de moda últimamente) diseña las tramitaciones, los procedimientos. Con gran celo los elabora complejos y garantistas pero debe recordarse una máxima: a mayor garantía, mayor dificultad en alcanzar la conclusión. De ahí el término medio. Buscar la garantía procedimental que proteja los derechos, pero evitando los perjuicios de un exceso de rigidez. Vamos, que lo que hay que utilizar es el proceso judicial.

Si, siempre barriendo para casa.

Es que es un proceso muy bueno.

Tiene todas las garantías, pero las interpretamos desde la perspectiva sentada por el Tribunal Constitucional hace tiempo: hay que respetar las normas del proceso, pero, en la interpretación, hay que interpretarlas en sentido favorable al ejercicio de los derechos. Total, que si cabe una interpretación en que el escrito esté en plazo, en plazo está. Y así todo, porque el objetivo es que el procedimiento encauce las acciones, proteja los derechos, pero nunca sea un impedimento para su ejercicio.

Pero para hacer eso tiene que haber un sujeto responsable, alguien que firme con nombre y apellidos y diga “se interpreta así este caso”, que se pueda recurrir o no, ante el mismo u otro órgano. Ahí tenemos a los Letrados de la Administración de Justicia y los Jueces y Magistrados, que firmamos y asumimos lo firmado, de manera que nos responsabilizamos de las interpretaciones y consecuencias de aquellas.

Y aquí es donde debemos valorar nuestra Justicia. Y no podemos olvidar la crítica: es lenta la mayor parte de las veces, y cuenta con muy poquitos medios. Es, de hecho, de lo último que hay en presupuesto, sin que nadie caiga en la cuenta de su importancia. La tiene, sin embargo. Lo que pasa es que solo la tiene una o dos veces en la vida. Un divorcio, una reclamación de cantidad o, ojalá no, un hurto, robo, daños. Y ahí es muy importante, y quizás debería contar con más medios. Pero no hablemos de eso, hablemos de que, con esos pocos medios, hay mucha gente dispuesta a suplir, con su esfuerzo personal, la falta de presupuesto material.

Y en ese esfuerzo, que no se negocia, se encuentran la inmensa mayoría de los Juzgados, que garantizan los derechos de los ciudadanos sin poner trabas ni obstáculos de ninguna naturaleza y buscando soluciones a todos los problemas que se presenten. En los juzgados no hay brecha digital, y se han protegido todos los derechos en la pandemia (recuérdense las cuestiones resueltas por el Tribunal Constitucional).

Total, que nuestra Justicia “tiki taka”, concepto tan denostado últimamente, cumple sus fines y defiende los derechos con la posesión de las garantías y lo hace sin catenaccio burocrático. Y todo eso sin muchos medios. Con la plantilla al completo sería la estrella.