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Categoría: Opinión

CÓMO “PERDER” AL PODER JUDICIAL EN 10 PASOS (O DÍAS)

CÓMO “PERDER” AL PODER JUDICIAL EN 10 PASOS (O DÍAS)

Allá por 2003, siendo yo una adolescente, se estrenó una película llamada Cómo perder a un chico en 10 días en la que la prota, Andie Anderson (una jovencísima Kate Hudson), es una periodista que trabaja en una revista y a la que su redactora jefe le encarga escribir un artículo sobre cómo arruinar una historia de amor. En concreto, Andie dispone de 10 días para conquistar a un hombre y después conseguir acabar con la relación. El hombre en cuestión es Benjamin Barry (Matthew McConaughey), quien a su vez había hecho con sus colegas otra apuesta: seducir a Andie y conseguir que, en 10 días, ella se enamore de él.

No voy a hacer ahora una crítica cinematográfica de dicha comedia con final bastante predecible. Todo lo contrario. Cuento esto porque, al igual que en la citada película la protagonista lleva a cabo una serie de acciones para destruir deliberadamente su relación, desgraciadamente, estamos evidenciando en nuestro país una serie de acciones respecto al poder judicial que, de mantenerse en el tiempo, podrían acabar con los principios sobre los que se fundamenta. Esta “película” bien podría titularse Cómo perder al poder judicial en 10 pasos (o días) y lejos de ser una comedia, parece más bien una película de terror:

Paso 1. Generar inestabilidad en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

Al igual que ignorar una conversación importante en una relación genera desconfianza, la constante inestabilidad y disputas en torno al CGPJ han minado la confianza en el sistema y dificultado su correcto funcionamiento.

Hemos visto como el CGPJ ha sido objeto de intensas disputas políticas en los últimos años. Aunque recientemente se ha conseguido desbloquear su renovación, el proceso ha evidenciado la incapacidad de los partidos políticos para alcanzar acuerdos sin condicionar la independencia del poder judicial. Las tensiones han debilitado la imagen de imparcialidad del órgano y han generado incertidumbre sobre su capacidad para cumplir su función sin injerencias políticas.

El problema no solo radica en la renovación, sino en la forma en que se eligen sus miembros. La polémica sobre si los jueces deben ser seleccionados por el Parlamento o por sus propios compañeros sigue sin resolverse, y la Unión Europea ha instado a España a garantizar un sistema más independiente que evite la influencia de los partidos. Insisto, aunque el CGPJ ya no está bloqueado, el debate sobre su independencia y el modo en que opera sigue abierto, y es fundamental que no se repitan los errores del pasado.

Paso 2. Intentar controlarlo políticamente

Así como Andie manipula la relación con Ben imponiendo sus propias reglas, los partidos políticos intentan imponer jueces afines para asegurarse de que las decisiones judiciales no perjudiquen sus intereses.

Uno de los problemas estructurales del sistema judicial en España es la constante intromisión de los partidos políticos en el nombramiento de jueces y magistrados.

Paso 3: Saturar los juzgados hasta el colapso

Si quieres que tu pareja pierda la paciencia, sobrecárgalo con demandas absurdas. En el caso del poder judicial, la falta de recursos y el exceso de casos pendientes de resolver hacen que los ciudadanos pierdan la fe en la justicia.

El colapso del sistema judicial es uno de los problemas más graves en España. La falta de recursos, personal y modernización en los juzgados genera retrasos de años en la resolución de causas, lo que pone en entredicho el derecho a una justicia rápida y eficaz.

Paso 4. Mediatizar casos y usarlos como arma política

Al igual que Andie exagera problemas en la relación para generar drama, los políticos y los medios utilizan ciertos casos para atacar a adversarios y condicionar la opinión pública.

En los últimos años, algunos procedimientos judiciales han sido utilizados como arma política por distintos sectores. El tan mencionado «lawfare» o judicialización de la política ha llevado a que determinados casos sean manipulados mediáticamente para desacreditar a adversarios políticos, afectando la imparcialidad de la justicia.

Paso 5. Desprestigiar a los jueces

Si quieres que alguien termine la relación, ataca su reputación. Lo mismo ocurre cuando se lanzan campañas de desprestigio en medios de comunicación y redes sociales contra jueces que han emitido resoluciones contrarias a intereses políticos o empresariales. Esta presión puede afectar la independencia de los magistrados y pretende condicionar sus decisiones futuras.

Paso 6. No dotar de recursos tecnológicos al sistema judicial

Así como en la película Andie hace que Ben se sienta frustrado con situaciones incómodas, la falta de digitalización y modernización judicial provoca una administración ineficaz y lenta.

El poder judicial español sigue dependiendo de procedimientos burocráticos anticuados y carece de una digitalización efectiva. La ausencia de herramientas tecnológicas adecuadas dificulta la tramitación de casos y agrava la congestión de los tribunales.

Paso 7. Interferir desde el poder ejecutivo

Como intentar controlar cada aspecto de la vida de la pareja, la injerencia del gobierno en las decisiones judiciales rompe el equilibrio y genera desconfianza.

Ha habido intentos por parte del gobierno de modificar leyes para alterar el funcionamiento de la justicia, debilitando su independencia. Algunas reformas propuestas han buscado modificar las reglas de mayoría para el nombramiento de jueces o modificar la estructura del Tribunal Supremo.

Paso 8. Falta de protección a los jueces

Así como una relación se desgasta si una de las partes se siente vulnerable, la falta de protección a jueces frente a amenazas y presiones debilita la independencia del poder judicial. En España, la falta de mecanismos efectivos para garantizar su seguridad y la presión mediática hacen que muchos profesionales de la justicia trabajen en condiciones de vulnerabilidad.

Paso 9. Fomentar la deslegitimación del poder judicial

Si quieres que la relación se rompa, genera conflictos insalvables. La constante deslegitimación del poder judicial por parte de diversos sectores ha generado una polarización que pone en peligro su autoridad.

Paso 10. Ignorar las advertencias de organismos internacionales

Al igual que en la película en la que Andie ignora todas las señales de que está saboteando su relación, España ha ignorado en varias ocasiones las recomendaciones de organismos internacionales sobre la independencia judicial.

Organismos como la Comisión Europea y el Consejo de Europa han advertido reiteradamente sobre la necesidad de reformar el sistema de elección del CGPJ para evitar la influencia política. También han señalado la lentitud del sistema judicial y la necesidad de garantizar una mayor independencia en la Fiscalía. Sin embargo, estas advertencias han sido minimizadas o ignoradas.

Epílogo: El final feliz de la película… ¿es posible para el poder judicial?

En la película, Andie y Ben logran superar las manipulaciones y darse cuenta de que su relación tiene futuro. ¿Podrá España hacer lo mismo con su sistema judicial? Para ello, se necesita un compromiso real con la independencia judicial, reformas estructurales y un pacto político que garantice que la justicia no sea utilizada como un instrumento de poder. En fin… CONTINUARÁ.

Alicia Díaz-Santos Salcedo.

Magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cataluña.

EN EL 30º ANIVERSARIO DEL CÓDIGO PENAL

EN EL 30º ANIVERSARIO DEL CÓDIGO PENAL

En noviembre de 2025 se cumplirá el trigésimo aniversario de la Ley Orgánica (LO) 10/1995, del Código Penal. Debemos remontarnos, por lo tanto, a 1995, año en que se promulgaron otras normas orgánicas relevantes en el ámbito penal y procesal penal, tales como la LO 5/1995, del Tribunal del Jurado, o la LO 11/1995, de abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra. Como podemos observar, sin lugar a dudas, dicho año marcó una fuerte impronta en el devenir de nuestro sistema punitivo. Pues bien, en esta entrada, únicamente quisiera realizar un breve repaso por alguno de los hitos esenciales de nuestro texto punitivo y, fundamentalmente, y ante ataques injustos, reivindicar su vigencia, su utilidad y su necesidad.

El denominado Código Penal de la Democracia, aunque con numerosas reformas, parches y correcciones, ha perdurado desde 1995 hasta nuestros días, lo que en una época líquida, presidida por el relativismo, el antiformalismo, lo efímero y lo contingente, no es sino una muestra de su madurez. Como punto de partida debemos reconocer lo evidente: la forma codificada, aunque comporta unidad de tratamiento, sistemática y orden, conlleva el peligro de su fosilización y de la ausencia de adaptación a las necesidades presentes. No obstante, la alternativa tampoco resulta preferible: un sistema basado únicamente en leyes penales especiales abocaría al casuismo, a la dispersión, a la pluralidad de fuentes normativas y, en definitiva, a la inseguridad jurídica.

Por lo tanto, considerando preferible la forma codificada, el siguiente paso lógico pasa por llamar la atención sobre los principales hitos, cambios y variaciones de paradigma experimentados en estos casi treinta años de vigencia. Lo primero que llama la atención es que su estructura varió tras la LO 1/2015 y los tres libros existentes hasta ese momento quedaron reducidos a dos, tras la desaparición del Libro III, relativo a las faltas, y su transformación en delitos leves o en infracciones administrativas. No obstante, alguno de los cambios más importantes se ha producido en la Parte General del texto punitivo. En primer lugar, hemos de citar la introducción, por la LO 5/2010, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su desarrollo posterior por la LO 1/2015. Con esta última norma se concretaron los supuestos de responsabilidad criminal corporativa y se regularon los requisitos -aunque sin llamarlos así- de los programas de cumplimiento normativo -el archiconocido compliance en la terminología anglosajona que coloniza nuestro vocabulario y desplaza términos propios, precisos y técnicos, pero que no venden tanto como su formulación foránea-. Resalto la viabilidad del delito corporativo por su repercusión empresarial, por su trascendencia en el tráfico económico y porque nos hallamos ante un modelo de atribución de responsabilidad penal que todavía se encuentra consolidando sus criterios aplicativos, y en donde juega un papel esencial la función nomofiláctica desempeñada por la Sala 2ª del Tribunal Supremo, de la mano de los principales aportes doctrinales.

No solo quedan aquí las novedades e innovaciones de la Parte General, sino que podemos aludir a la implantación de la pena de prisión permanente revisable, con toda la polémica suscitada a propósito del cumplimiento de las finalidades constitucionales de reeducación y reinserción social que se predicaron en el momento de su promulgación. Si bien, debemos recordar que el TC ha validado su constitucionalidad. Asimismo, no podemos pasar por alto la expansión del ámbito del decomiso, con una regulación cada vez más amplia, que genera dudas sobre su compatibilidad con la Carta Magna, ante la magnitud que puede alcanzar, los bienes a los que puede afectar y el hecho de sustentarse, en algunas de sus modalidades, en puras presunciones.

Por lo que hace a la Parte Especial, podemos llamar la atención sobre un aspecto, cuando menos, curioso: si se echa un vistazo rápido por los diferentes delitos del Libro II, aquellos preceptos que no han experimentado nunca un retoque -por ligero que sea- constituyen la auténtica excepción. Es decir, en estos treinta años de vigencia, pocos delitos han mantenido su configuración originaria, sino que nos encontramos con nuevas incriminaciones, con adaptaciones, con ampliación del perímetro de actuación de los delitos… Por ende, el instrumento penal se ha erigido en la respuesta frente a las nuevas necesidades y demandas sociales -la pregunta que a renglón seguido debemos hacernos es si realmente se trataba de la extrema ratio o no, sobre lo que incidiremos más adelante-. Sirva como ejemplo la profunda modificación operada en el Título XIII, relativo a delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, donde sobresalen la expansión operada en los delitos de bancarrota, en el Derecho Penal concursal o, fundamentalmente, en el blanqueo de dinero. Si bien, éste no es el único campo que ha visto ampliado su radio de actuación. Pensemos en los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, los delitos contra la Administración Pública o, sin ir más lejos, los delitos de terrorismo, donde algún autor ha llegado a hablar de la existencia de un Derecho Penal excesivo. Estos son solo algunos ejemplos de delitos que se han transformado, que han evolucionado y en que se ha expandido el ámbito de lo típico.

Precisamente, debemos referir que nos hallamos inmersos en pleno Derecho Penal moderno, en formulación de Hassemer, y por contraposición al Derecho Penal “clásico”, “tradicional” o “liberal”, que se fundamentaba en tipos delictivos que tutelaban bienes jurídicos individuales. En el momento presente, y en apretadísima síntesis, nos encontramos con que se opera una abstracción de bienes jurídicos -colectivos, difusos…-, con que se produce un adelantamiento de las barreras de protección, y con que se da una equiparación punitiva entre algunos actos de tentativa y ciertos delitos consumados. Se refuerza la tutela de intereses supraindividuales, surgen conceptos expansivos de autor y se amplía el perímetro de actuación del Derecho Penal con la incorporación de nuevas figuras delictivas, significadamente delitos de peligro, figuras omisivas y con la selección de las conductas imprudentes punibles, a la vez que se opera el ensanchamiento de los tipos existentes. Asimismo, se pone el énfasis en la prevención, puede darse una cierta rebaja en las garantías procesales y, en sus estadios más avanzados, se producen riesgos de aparición de notas propias del Derecho Penal del enemigo -en su formulación inicial de Jakobs-.

En esta senda, forzoso es que hagamos alusión a los nuevos roles que se atribuyen a los ciudadanos -sobre todo, ciudadanos corporativos- en la persecución de los delitos. Sin duda, la mejor síntesis del fenómeno de la desregulación regulada y del papel parapolicial que se atribuye a las mercantiles, la ha realizado Silva Sánchez, cuando anota que se ha operado una suerte de delegación de la persecución del delito en los agentes privados, convirtiendo de facto a los particulares en colaboradores -más o menos voluntarios o forzosos- en la detección e investigación de los delitos -si es que pretenden la exención o atenuación de la pena-. De esta forma, en las últimas décadas se ha apreciado una tendencia a la disminución de la intervención directa del Estado en las actividades económicas, lo que Silva reputa como un fenómeno “propio de la transición de un Estado prestacional a un Estado de garantía de las prestaciones llevadas a cabo por sujetos del sector privado”. En su autorizada opinión, dicho modelo se caracteriza por “la descentralización parcial tanto de la producción normativa, como de la prevención y persecución de las infracciones y, en fin, de la propia noción de funcionario público”. En cuanto a este último aspecto, subraya que, en este ámbito, surge una creciente “red de agentes económicos privados que actúan como colaboradores de las Administraciones públicas”. Agrega, de forma magistral, que “la máxima extensión y densidad de la red descentralizada de policía económica viene representada por el hecho de que las personas jurídicas hayan asumido la función de gestor de prevención de los delitos empresariales”, lo que se manifiesta en la implantación de los programas de cumplimiento normativo de prevención y detección de delitos en el seno de las entidades mercantiles. Y sentencia que, en la práctica, “se condiciona la pervivencia de toda persona jurídica como agente económico a la asunción por su parte de esa función de agente de control de riesgos o incluso de agente de fomento (o de promoción) del respeto al Derecho”.

Tras anotar, telegráficamente, algunos de los aspectos esenciales mutados en el CP, forzoso es que las siguientes líneas versen sobre algunas tendencias de las reformas operadas en el cuerpo del texto punitivo. Cuando se aborda este campo, lo primero que sorprende es el número de reformas que ha experimentado el CP. A día de hoy -24 de febrero de 2025-, y desde su promulgación, se ha producido un total de 50. Ojo, con ello no pretendemos exaltar la fijeza, la petrificación ni la fosilización del ordenamiento punitivo patrio, pero tampoco podemos pasar por alto la inconveniencia de esta caudalosa producción normativa. Nos encontramos ante la segunda norma más importante del ordenamiento jurídico español, solo por debajo de la Constitución y, precisamente, por la restricción de derechos fundamentales que se puede operar mediante la imposición de la pena, por lo que se trata del mayor poder de afectación en la esfera de los derechos e intereses de los ciudadanos. Vaya por delante que este segundo puesto en la clasificación es una medalla de plata autoimpuesta por quien suscribe, mediatizado por su querencia al Derecho Penal y, por lo tanto, completamente parcial, y que un civilista pondrá en segundo lugar el Código Civil -o la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, quién sabe…-. Pero, retomando nuestro hilo, y aunque algún penalista ilustre cuestione que se emplee la expresión “Constitución negativa” para referirnos al CP, lo cierto es que ninguna otra norma limita de igual modo los derechos fundamentales y las libertades públicas, de ahí las cautelas, recelos, mesura y reflexión con que haya de operarse el simple cambio de una coma en su articulado, principio de legalidad mediante.

Pues bien, en los últimos tiempos asistimos a un proceso de desacreditación del texto punitivo, de infravaloración y de menosprecio que en modo alguno puede ser compartido, asumido ni silenciado. Podemos mencionar la dejación de funciones que realiza el legislador, de modo habitual, cuando las exposiciones de motivos y preámbulos de las normas penales dejan de cumplir con su misión explicativa y se erigen en meros altavoces programáticos de discursos manidos, estereotipados y poco constructivos. De un tiempo a esta parte nos encontramos con que el legislador ya no explica por qué incrimina, por qué modifica las tipificaciones, por qué agrava conductas punibles o por qué la normativa preexistente a la modificación resultaba insuficiente, deficiente, mejorable o el alcance de la supuesta laguna. Frente a ello nos encontramos, cada vez más, con afirmaciones dogmáticas de dudosa técnica jurídica, con alusiones a compromisos y obligaciones internacionales -que ni se concretan, ni se precisan ni se detallan-, con menciones a conceptos vaporosos como la “alarma social” o con medias verdades -o mentiras completas-, tales como la “necesidad de adaptación a los estándares de los países de nuestro entorno jurídico”, el carácter “anacrónico”, “desfasado” de nuestra regulación, o la necesidad de actualizar, optimizar o corregir los excesos a los que conducía la literalidad del precepto, lo que se adorna con los más variados palabros, neologismos y circunloquios para poder enumerar varios apartados en un Preámbulo en que no se dice nada. Lejos han quedado las interpretaciones auténticas del legislador, los criterios de corrección, la exposición de la ratio legis o cualquier pauta interpretativa que resulte útil en la nueva exégesis. Nada de eso figura ya, tristemente, en las exposiciones de motivos y preámbulos, tan huérfanos de argumentación como abundantes en retórica vacía.

Además, los diferentes legisladores han abrazado el punitivismo y soluciones cercanas al populismo punitivo y al Derecho Penal simbólico. El poder comunicativo del delito y de la pena resultan evidentes, pero la legitimidad en la intervención penal desaparece cuando se pretende hacer un uso espurio del instrumento punitivo, mediante tipificaciones y agravaciones desproporcionadas, exageradas y no meditadas. Asimismo, tampoco se puede acudir al remedio penal cuando existan respuestas civiles, administrativas o prestacionales, pues lo contrario conduce a una hipertrofia indebida del Derecho Penal, a que se diluyan las fronteras entre órdenes sancionadores y a que se desnaturalice el sistema penal. En este sentido, se ha aludido al fenómeno conocido como la “administrativización del Derecho Penal”.

Nos encontramos, por lo tanto, con que existe una suerte de complejo de inferioridad continuo con nuestro CP. Surgen voces sumamente críticas contra su contenido, contra su estructura y que demandan nuevas respuestas para supuestas necesidades no tratadas. Evidentemente, todo es susceptible de mejora, y cualquier legislación, por técnica, precisa y completa que sea en un momento dado, ha de atender a la realidad social sobre la que se proyecta y sobre la que ha de ser aplicada. Diariamente surgen nuevas necesidades de respuesta por parte de los poderes públicos, aparecen nuevos comportamientos que afectan a los bienes jurídicos más relevantes y es preciso que se dé una satisfacción a tales demandas. Si bien, la respuesta no tiene que pasar, siempre y en todo caso, por modificaciones del texto punitivo porque, tristemente, ya ha habido experiencias de reformas que no calibraron, en su justa medida, las consecuencias legales del cambio, que no fueron lo suficiente meditadas reposadas o que, si contaron con todas las advertencias, las desoyeron y, para semejante viaje, no hacían falta alforjas. El CP no se puede convertir en un arma arrojadiza, ni instrumentalizarse, ni ser corrompido por etiquetas maniqueas que ni le representan, ni le hacen justicia ni le caracterizan. El principio de intervención mínima ha de ser respetado en la incriminación y agravación de conductas, y solo ha de responderse frente a aquellos ataques más graves a los bienes jurídicos más importantes, con pleno respeto a su carácter fragmentario.

Evidentemente, no podemos esperar que la forma codificada satisfaga problemas, cuestiones y necesidades que todavía no existen, o que se hallan en un estado embrionario. Sin jugar a hacer de profeta del día después, resulta obvio que los esfuerzos doctrinales e interpretativos han de venir, a corto y medio plazo, por analizar con rigor la ciberdelincuencia, la inteligencia artificial (IA), sus implicaciones, consecuencias y perspectivas de futuro. No se trata de especular, ni de patrocinar vaticinios infundados, sino de atender a los datos oficiales sobre criminalidad -significadamente, los balances e informes oficiales, emitidos por el Ministerio del Interior- y analizar la repercusión, cuantitativa y cualitativa, de la ciberdelincuencia, lo que irá de la mano del desarrollo de la IA.

En este sentido, el papel de la doctrina va a ser muy relevante, apuntando al legislador las necesidades, identificando problemas, lagunas y cuestiones susceptibles de mejora y, sobre todo, sus respuestas legales. Es preciso que se dé una mayor compenetración entre la práctica judicial y la academia, que se creen espacios de diálogo, puntos de encuentro, que haya una mayor coordinación y que no parezca que cada uno se dirija solamente a su público. Puesto que he aludido a la doctrina, y para finalizar, me gustaría concluir recordando la trágica noticia del fallecimiento de Claus Roxin, acaecida recientemente, el 18 de febrero de 2025. Sin duda, se trata de uno de los penalistas europeos más relevantes de las últimas décadas. Su fallecimiento es una triste noticia para el mundo penal, sobre todo en un momento, como el presente, de relativismo, de mediocridad, y en el que nos hallamos, cada vez más, carentes de referentes y de auténticos maestros. Su obra y su legado serán imborrables y recordados por siempre. Descanse en paz. 

Daniel González Uriel

Letrado del Tribunal Constitucional

Magistrado (en servicios especiales). Doctor en Derecho

LA MUERTE CIVIL Y LA NOVISIMA SANTA INQUISICION

LA MUERTE CIVIL Y LA NOVISIMA SANTA INQUISICION

            En la Sala 16A del Museo del Prado hay un gran cuadro, de dimensiones considerables, pintado por Francisco Rizi, descendiente de italianos que se castellanizó el apellido, cambió el Ricci originario por un Rizi más castizo; vino a España para trabajar en El Escorial y en 1685 concluyó el cuadro Auto de Fe en la Plaza Mayor de Madrid; con unos tonos ocres y oscuros, nos muestra a una multitud de personas, perfectamente colocadas a lo largo de los balcones que rodean la plaza madrileña y dos gradas montadas para la ocasión, todo ello, delimitado por una balaustrada que separa a los soldados, algunos  a pie, otros a caballo, muchos blandiendo picas y que están custodiando a los condenados a muerte por el Tribunal de la Santa Inquisición.  Entre tanta gente, también está el rey Carlos II, el cual, el 30 de junio de 1680 presidió en la Plaza Mayor un auto de fe, que es el que da nombre al cuadro.

            También nuestro gran Francisco de Goya se hizo eco de las brutalidades de los autos de fe; baste ver una pequeña tabla que lleva tal nombre y que se encuentra en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; al igual que en la anterior pintura, en la del de Fuendetodos vemos también los elementos característicos de los sometidos al Tribunal del Santo Oficio como son los capirotes o los sambenitos, siendo estos distintos según el delito y la sentencia que se dictara.

            No es el momento este de hacer un examen pormenorizado de lo que hizo la Inquisición es España, aunque sí que procede ponerla en su justo sitio dado que la misma cruzó fronteras y en muchos casos, las actividades en otros países fueron bastante más cruentas que las que ocurrieron en el suelo patrio. Remitimos al lector a indagar sobre la actividad de la Santa Inquisición en Inglaterra o Alemania; pero bueno, se nos tachará ahora de querer incurrir en la Leyenda Rosa y no era ese el motivo de estas letras.

            Si en la Inquisición una simple denuncia anónima podía dar lugar a todo un “proceso” que concluía con una sentencia de muerte, tras una “confesión” obtenida de manera poco ortodoxa y sin posibilidad de recurso, de unos años a esta parte nos hemos encontrado con el renacer de la Santa Inquisición, con una Inquisición que ha venido con más fuerza que la originaria, sustentada en no sabemos que evangelios (o sí), que no permite que ninguno de sus acólitos se salga lo más mínimo de la linde marcada por los gurús que la dirigen, cuya identidad, por cierto, desconocemos. O no?

            No me duelen prendas reconocer que hasta hace unos quince días, esta que escribe desconocía la existencia de Karla Sofía Gascón, Carlos Gascón antes de transicionar; conocí de su existencia a raíz de su nominación como mejor actriz protagonista para los Óscar con su papel en una película llamada Emilia Pérez; resulta que desde que se estrenó, allá por mayo de 2024, la misma ha recibido numerosos galardones en el ámbito cinematográfico: premios en Cannes, premio de cine europeo a la mejor película, consiguió numerosos premios en los premios Globo de Oro, también en los Bafta, incluso recibió el reconocimiento de la Orden de las Artes y las Ciencias en Francia.

  El año 2025 se vaticinaba muy halagüeño para Karla Sofía hasta que, de repente, alguien tiró de la hemeroteca que es la antigua Twitter, y descubrió una serie de tuits en la cuenta de Karla Sofía que no parecían seguir con el discurso oficialista en determinadas materias. La presión fue tal que, pese a haber emitido la actriz un comunicado disculpándose de lo dicho en relación a determinados temas (vacunas, islam, blacklivesmater, 8M), decidió cerrar su cuenta en X; el barullo que se ha montado estas últimas semanas nos ha dejado ver como la misma persona, con una diferencia de pocos días, era encumbrada por un determinado sector de la sociedad y, en pocas horas, ser poco menos que llevada al más absoluto ostracismo;  y así, Ministros de nuestro gobierno reconocieron haberse llevado “una alegría extraordinaria” cuando se enteraron de su nominación a los Óscar, para, esta misma semana, en un programa de radio de prime time reconocer que, tras leer los tuits, “se disgustó profundamente”.

Pero quizá, el paroxismo de este momento de cancelación que vivimos ha sido llevado a la enésima potencia hace pocos días cuando, en un programa de televisión; una antigua parlamentaria que, en su momento, quedó relegada a ocupar un escaño tras una columna del hemiciclo, manifestaba, sin un ápice de pudor, que “hay opiniones que no son respetables porque implican una falta de respeto a muchísimas personas”, concluyendo que  “el objetivo es que las personas que piensan cosas no respetables dejen de pensarlas”; lo cierto y verdad es que leo y releo esas reflexiones de nuestra querida exdiputada y son muchas las cosas que se me vienen a la cabeza, por ejemplo, en relación a lo de que las opiniones que no son respetables porque suponen una falta de respeto a muchísimas personas, quizá podríamos aplicarlo a la religión mayoritaria seguida en España que, aunque sea un Estado aconfesional, es la que más ataques sufre, absolutamente injustificados por parte, incluso, de muchos de nuestros políticos; baste recordar aquí aquella entrada triunfal de cierta parlamentaria municipal mostrando sus atributos en la capilla de la Complutense hace años; si la primera reflexión me daba para muchas líneas, sin duda la segunda me da para más y augura un futuro terrorífico; ni Orwel en sus mejores sueños húmedos podría haber transmitido con tanta claridad lo que algunos pretenden: lo que propone  la contertulia que dejó de estar detrás de una columna del Congreso de los Diputados es una lobotomía en toda regla: “que dejen de pensarlas”, estamos rozando el momento de que caiga en desuso el viejo aforismo latino que decía aquello de cogitationis poenam nemo patitur, Ulpiano se debe estar retorciendo en su tumba; manifestaciones como esa, puestas en relación con los avances en Inteligencia Artificial, el transhumanismo al que nos vemos avocados, nos llevan a pensar dónde va a quedar la capacidad crítica del ser humano, a qué lugar estamos relegando a valores y derechos que hasta ahora eran fundamentales como la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, las garantías de un juicio justo en las que sólo un Tribunal, aplicando la ley,  pueda decidir qué es delito y qué no, qué da lugar a responsabilidades civiles y qué no; lo que ha ocurrido estos últimos días con la citada actriz, que, me temo,  se va a quedar sin Óscar, me lleva a concluir en el renacer de la Santa Inquisición, de Autos de Fe en los que la Plaza Mayor de Madrid se ha cambiado por la plaza pública de las redes sociales, siempre, eso sí, que no se siga la doctrina del novísimo testamento sostenido por alguno, sólo alguno, de los sectores de nuestra sociedad que cada vez parece ser que  busca menos el pluralismo y sólo admite la uniformidad del discurso oficial. Estas últimas semanas hemos vivido, sin ser conscientes, a la muerte civil de una persona, simplemente por emitir unas opiniones, que se pueden o no compartir; una muerte civil recogida en una sentencia que no ha sido firmada por nadie pero que ha sido apoyada por muchos.

Carmen Romero Cervero

Febrero´25

“NO TRASLADO FORZOSO, SÍ CONCILIACIÓN”

“NO TRASLADO FORZOSO, SÍ CONCILIACIÓN”

En los últimos días, hemos tenido conocimiento del texto relativo al Anteproyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, en cuya virtud se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Se anuncia como “la mayor reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985”, cuyo objetivo principal es “adecuar la Administración de Justicia y la labor de sus profesionales a la nueva realidad de este servicio público y a las demandas sociales emergentes”. ​

A grandes rasgos, sus principales novedades son las siguientes: se prevé mantener un sistema de becas para facilitar el acceso a la carrera judicial a aquellas personas que carezcan de recursos suficientes; conversión del CEJ en un “centro público de preparación de oposiciones”; modificación del sistema de acceso a la carrera judicial con sustitución de la última prueba oral por una prueba escrita basada en un caso práctico;  regulación del acceso por concurso oposición que contempla un dictamen escrito eliminatorio y, una vez superado, baremo de méritos seguido de la posibilidad de una entrevista limitada al examen de los méritos alegados; regularización de jueces sustitutos y magistrados suplentes; eliminación de la financiación privada a las asociaciones judiciales; modificación de la composición y de la forma de elección de los miembros de la Comisión de Ética y de Salas de Gobierno; así como establece un sistema de ascenso automático por antigüedad e impone un traslado forzoso por ascenso.

Me gustaría centrar mi atención en esta última medida y dedicar esta entrada del blog a exponer mi posición al respecto. Así, el artículo 311.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en su redacción actual dispone que: “De cada cuatro vacantes que se produzcan en la categoría de Magistrado, dos darán lugar al ascenso de los Jueces que ocupen el primer lugar en el escalafón dentro de esta categoría.

El Magistrado así ascendido podrá optar por continuar en la plaza que venía ocupando o por ocupar la vacante que en el momento del ascenso le sea ofertada, comunicándolo al Consejo General del Poder Judicial en la forma y plazo que éste determine. En el primer supuesto no podrá participar en los concursos ordinarios de traslado durante tres años si la plaza que venía ocupando es de categoría de Juez y un año si es de categoría de Magistrado.

La tercera vacante se proveerá, entre jueces, por medio de pruebas selectivas en los órdenes jurisdiccionales civil y penal, y de especialización en los órdenes contencioso-administrativo y social, y en materia mercantil y de violencia sobre la mujer.

La cuarta vacante se proveerá por concurso entre juristas de reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional que superen el curso de formación al que se refiere el apartado 5 del artículo 301. A su vez, una tercera parte de estas vacantes se reservará a miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia de primera o segunda categoría.

Por este procedimiento sólo podrá convocarse un número de plazas que no supere el total de las efectivamente vacantes más las previsibles que vayan a producirse durante el tiempo en que se prolongue la resolución del concurso.

En las Comunidades Autónomas en las que exista más de una lengua oficial o tengan Derecho Civil propio se aplicarán, para la provisión de estas plazas, las previsiones establecidas a tal efecto en la presente Ley.”

La redacción que se propone para el nuevo artículo 311.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, es la siguiente: “1. Los miembros de la Carrera Judicial con categoría de juez promocionarán a la categoría de magistrado transcurridos cinco años desde su ingreso.

El Magistrado así ascendido podrá optar por continuar en la plaza que venía ocupando o por ocupar la plaza vacante que sea ofertada en la categoría de magistrado en los siguientes concursos de traslado. En el primer supuesto, transcurrido un máximo de tres años deberá optar necesariamente a todas las plazas que se oferten en el primer concurso de traslados de su categoría que se convoque, y, caso de no resultar adjudicatario, en los sucesivos, con obligación de solicitar todas las plazas en el orden que estime conveniente.”

Tras el examen de ambos preceptos, podemos extraer las siguientes conclusiones de cada uno de los sistemas:

De acuerdo con el modelo vigente -actual artículo 311.1 LOPJ-, el juez que ascienda a la categoría de Magistrado tiene dos posibilidades: o bien continuar en la plaza que venía ocupando y en la que permanecía «congelado» durante un plazo de tres años con imposibilidad de participar en los concursos de traslado durante dicho plazo si la plaza era de Juez, o, por el contrario, ocupar la plaza vacante que en el momento del ascenso le fuera ofertada con categoría de Magistrado y bajo la condición de no poder participar en los concursos ordinarios de traslado durante el plazo de un año al ser la plaza de Magistrado.

Según el nuevo modelo que se propone en el Anteproyecto, cuando el juez ascienda a categoría de magistrado, previsto en un plazo de cinco años, podrá seguir en su plaza de juez, si bien, dispone de un plazo de tres años para concursar a una plaza de magistrado. Trascurrido este plazo de tres años, ha de optar a todas las plazas que se oferten en el primer concurso de magistrado que se convoque, y, en caso de no resultar adjudicatario, estará obligado a solicitar todas las plazas en el orden que estime pertinente en sucesivos concursos. Esto implica que ya no se permite al juez recién ascendido permanecer más allá de los tres años desde el momento del ascenso en la plaza de categoría Juez, sino que ha de concursar forzosamente en el plazo citado.

Dicho lo anterior y pese a que el título ya es premonitorio de mi conclusión final, procedo a desgranar los motivos en los que baso mi decisión.

El artículo 14 de la Constitución regula el derecho a la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación “por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. El artículo 39.1 del mismo cuerpo legal prevé el deber de los poderes públicos de asegurar “la protección social, económica y jurídica de la familia” y, en su artículo 9.2 de dicho texto atribuye a los poderes públicos el deber de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

La incorporación de la mujer al trabajo ha motivado uno de los cambios sociales más profundos. Esto hace necesario configurar un sistema que contemple las nuevas relaciones sociales surgidas y un nuevo modo de cooperación y compromiso entre mujeres y hombres que permita un reparto equilibrado de responsabilidades en la vida personal y profesional. La necesidad de conciliación ha sido planteada tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional y comunitario como una condición vinculada de forma inequívoca a esta nueva realidad social. Ello supone una nueva situación que ha de abordarse no sólo con normas que la protejan, sino también con la necesidad de implementar mecanismos de promoción de ciertos servicios de atención a los trabajadores.

En esta tesitura, podemos afirmar que una interpretación favorable a la conciliación forma parte, en consecuencia, de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas con arreglo a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres que expresamente exige el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  En el artículo 14.8º de mismo texto establece que ha de ser un criterio general de actuación de los Poderes Públicos: “el establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres…”, así como su artículo 44 donde expresa que “los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidad familiares, evitando toda discriminación basa en su ejercicio”. Este principio de interpretación favorable a la conciliación encuentra una aplicación específica en lo que se refiere al funcionamiento general de las Administraciones Públicas que, con arreglo al artículo 51 de la LO 3/2007, deberán “en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres: a) Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional y; b) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional…”.

La conciliación constituye un derecho básico de todo trabajador que, en el caso de los funcionarios públicos se regula en el artículo 14.j) de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público. En el particular caso de los jueces y magistrados, el artículo 373.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que estos dispondrán, al menos, de todos los derechos establecidos para los miembros de la Administración General del Estado y que supongan una mejora en materia de conciliación, permisos, licencias y cualquier otro derecho reconocido en dicho ámbito. A tal efecto, impone al Consejo General del Poder Judicial la obligación de adaptar de manera inmediata, mediante acuerdo del Pleno, cualquier modificación que, cumpliendo esos requisitos, se produzca en dicho régimen. Todo ello, sin perjuicio e independientemente de las particularidades propias del estatuto profesional de jueces y magistrados, así como de la promoción de mejoras propias por los cauces correspondientes.

El II Plan de Igualdad de la Carrera Judicial aprobado por el Pleno del CGPJ en su sesión de 30 de enero de 2020 refleja que “el Plan de Igualdad fija como objetivo esencial para este eje de actuación el fomentar las medidas de corresponsabilidad y de conciliación de la vida familiar, personal y laboral”. A continuación, destaca dos conclusiones significativas: a) el uso que los miembros de la Carrera Judicial hacen de las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y profesional que tienen legamente reconocidas es muy inferior a lo que cabría esperar y b) son las mujeres dentro de la Carrera Judicial las que vienen asumiendo de manera abrumadoramente mayoritaria (en más de un 90% de los casos) la carga de atender a las necesidades de cuidado y atención a la familia, y lo hacen, además, acudiendo a una figura que supone su total apartamiento de la vida profesional durante un periodo de entre 1 y 3 años, y el cese total en el percibo de retribuciones. Y finaliza “considerando que ambas conclusiones resultan preocupantes en una sociedad cada día más avanzada en materia de conciliación y corresponsabilidad, se estima necesario continuar insistiendo en las acciones de (…) promoción del uso de medidas de conciliación de la vida familiar y profesional que minimicen el impacto de la asunción de tales tareas sobre la vida profesional de las personas que han de prestarlas”.

De igual manera, este II Plan de Igualdad aborda la cuestión de la «estabilidad territorial» como un elemento esencial para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, para respetar adecuadamente la libertad de residencia, y, en suma, para garantizar el arraigo territorial del juez o jueza, afirmando que ello redundará positivamente en la prestación de la función jurisdiccional. Añade que el estatuto judicial contenía diversas instituciones limitativas de la estabilidad territorial que afectaban a la conciliación y que fueron derogadas, como el deber de residencia -derogado por Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres- y el ascenso forzoso -inicialmente flexibilizado para facilitar la conciliación, y hoy en día derogado, pese a su pretendida reincorporación en el Anteproyecto objeto de análisis-. Y, concluye que “sería necesario seguir esa línea de eliminar limitaciones”.

En el ámbito europeo, el pasado 2 de agosto de 2022 entró en vigor la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y cuidadores y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE, del Consejo, esta norma busca promover un equilibrio adecuado entre la vida personal y laboral para los trabajadores, especialmente, en lo relacionado a las responsabilidades familiares. En concreto, podemos destacar entre sus objetivos: persigue mejorar el equilibrio ente la vida personal y laboral de los trabajadores sin que pueda suponer una penalización en su carrera laboral, fomentar la igualdad de género, establece la duración de ciertos permisos familiares, propone la flexibilización laboral y supone una herramienta de protección frente a la discriminación.

En consecuencia, la conciliación de la vida personal y familiar es fundamental para asegurar el bienestar de los trabajadores y, en este caso particular, de todos los integrantes de la carrera judicial. Este derecho está respaldado por numerosos textos nacionales e internacionales, siendo denominador común su importancia como herramienta clave para el desarrollo de una carrera profesional sostenida, equilibrada y plena, así como una sociedad cohesionada.

De este modo, el traslado forzoso por ascenso que ahora se pretende recuperar, fue suprimido en el año 2009 en virtud de Ley Orgánica, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. Esta ley modificó el artículo 311 LOPJ, de manera que se permitió a los magistrados ascendidos continuar en la plaza que venían ocupando sin limitación temporal o, en su caso, optar por ocupar la vacante que en el momento del ascenso le era ofertada.

El punto IV del Preámbulo de dicha ley hace referencia a uno de sus propósitos como es la “intención de mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral para los miembros de la Carrera Judicial.” En particular, refiere que contribuye a dicho fin la eliminación del traslado forzoso con motivo del ascenso a la categoría de magistrado, rompiendo el vínculo existente hasta ahora en la categoría del órgano judicial y la profesional de su titular. De esta suerte, se posibilita la permanencia en el mismo destino aun cuando se hubiere producido el ascenso, pudiendo optar por continuar en la plaza que venía ocupando o bien ocupar la vacante que en el momento del ascenso le sea ofertada.

En su día, se optó por la eliminación de esta medida por atentar primordialmente contra la conciliación de la vida familiar y laboral de los miembros de la carrera judicial y se consideró que se trataba de una medida gravemente lesiva para los derechos de los jueces. Con su pretendida implantación, consideramos que se persiste en un modelo obsoleto que ha demostrado resultar incompatible con la realidad social de la actual carrera judicial. No podemos obviar que, con el ascenso del juez a la categoría de magistrado, se hace necesario un cambio de destino jurisdiccional que, con carácter general, conlleva un cambio de residencia y se imposibilita la continuidad del núcleo familiar en un mismo domicilio.

Esta medida de movilidad geográfica obligatoria supone reubicarse en una nueva ciudad o región, lo que a menudo conlleva el desarraigo de su entorno familiar, social y profesional, que se agrava en ciertas situaciones por la pérdida de la red de apoyo tan necesarias para la conciliación. Además, para quienes tienen familia, este tipo de cambios pueden generar un impacto emocional considerable, ya que implican que su pareja e hijo/as también deben adaptarse a un nuevo entorno en caso de que le acompañen y todo el núcleo familiar se desplace a la nueva localidad, o, por el contrario, únicamente se desplace el magistrado/a cuando por motivos laborales o profesionales del otro miembro de la familia esto no sea posible.

Por otro lado, supone un perjuicio notorio para aquellos jueces destinados en Comunidades Autónomas con pocas plazas de magistrado. Esta medida implica un cambio de las reglas del juego en mitad de la partida, es decir, provoca que, cuando el juez asciende a magistrado ante la ausencia de plazas de dicha categoría tengan que concursar fuera del territorio donde hasta ahora han desempeñado su función y tenían su residencia. No hemos de obviar que hasta ahora se ha permitido que jueces ascendidos a magistrados hayan optado por permanecer en destinos con plaza de juez y que aún continúan en dichos destinos pese a haber trascurrido tres años, lo cual implica un cambio radical en su situación, dado que muchos jueces ya habían planificado su vida de acuerdo con el actual modelo -esto es, congelándose en plaza de juez-, de manera que puede generar situaciones que alteren significativamente el desarrollo de los planes individuales tanto personales como profesionales. 

Además, no puede desconocerse que la carrera judicial está formada mayoritariamente por mujeres. Según datos del Consejo General de Poder Judicial en el año 2024, las mujeres representan el 57,2% de la carrera judicial  y el 42,3% restante de hombres, por lo que, relacionando estos datos con las conclusiones antes expuestas del II Plan de Igualdad en la Carrera Judicial serán las mujeres las principales perjudicadas por la adopción de medidas que menoscaban la conciliación al estar éstas quienes, según los datos obrantes en el II Plan de Igualdad[1], se encargan del cuidado y atención de la familia. Son ellas quienes suelen sacrificar su carrera profesional para atender responsabilidades familiares -generalmente, mediante solicitud de excedencia-, lo que afecta directamente a su carrera, ya no sólo mientras dura la situación de cuidado y atención, sino también en su retorno dado que implica un reciclaje y ponerse al día tras la inactividad, por lo que se estima adecuado promover medidas que efectivamente sean útiles para la conciliación, siendo preciso prescindir de la ahora analizada al haber sido suprimida en el pasado por sus efectos perjudiciales en la carrera judicial.

No pasa desapercibido que, de acuerdo con el modelo actual -ascenso por lotes-, todos los jueces que ascienden a categoría de magistrado disponen de una plaza de dicha categoría en el momento del ascenso, si bien, con el modelo que se propone de ascenso conjunto por promociones, se da la posibilidad de que los jueces en el momento de ascender no tengan plaza de magistrado y tengan que esperar a obtenerla a lo largo de los tres años. Se trata de un hecho de suma relevancia porque no se prevé reserva exclusiva de plazas para los recién ascendidos como ocurría antes ahora con el modelo actual, lo que agrava más la situación.

Al mismo tiempo, estos traslados forzosos repercuten negativamente en la prestación del servicio público. Conllevan múltiples cambios de destino para los jueces, provoca un desarraigo profesional -que implica pérdida de conocimiento del entorno, posible impacto en la especialización profesional, la desvinculación de la red personal y profesional, así como una evidente afectación de la motivación y bienestar del juez-, sin obviar el incuestionable menoscabo en la estabilidad laboral de la propia carrera judicial y del propio órgano judicial.

Todo lo anterior indica que esta medida afecta negativamente a la carrera judicial, a la Administración de Justicia y, en última instancia, a los ciudadanos. En consecuencia, se solicita su inmediata eliminación.

Javier Lapeña Azurmendi


[1] II Plan de Igualdad de la Carrera Judicial, pp. 38-39. Consultada la página web: 20201016 Plan de igualdad de la Carrera Judicial (1).pdf

Análisis comparado del sistema de selección de jueces en países europeos.

Análisis comparado del sistema de selección de jueces en países europeos.

Ya escribí sobre “Malas ideas” respecto a la reforma de oposiciones. ¿Un MIR jurídico? Y “el bulo del corporativismo y la endogamia judicial. Comparativa entre profesiones jurídicas”. Ahora tras volver el tema de la reforma de las oposiciones como el viejo topo que se asoma y se esconde cada cierto tiempo, abordamos el análisis comparado del sistema de selección de jueces en países europeos.

Hay quien argumenta que las oposiciones son un sistema que no existe en otros países, lo que no deja de ser una afirmación equívoca, pues en casi todos los de nuestro entorno[i] -salvo los anglosajones- existe un proceso de selección que requiere un tiempo de preparación, que se compone de distintas pruebas (casi siempre con un tipo test y exámenes orales) y un tiempo de docencia y de prácticas en una escuela judicial. Todo parecido a España. Es más, sistemas de otros países europeos tienen deficiencias que han demostrado su fracaso y que no nos convendría asumir.

  1. Bélgica.

El caso de Bélgica[ii] [iii] [iv] es del fracaso del sistema político de nombramiento de jueces y el total descrédito de su poder judicial debido a las injerencias políticas. En este país existe un sistema mixto cuyos jueces son nombrados por la Reina y el Ministro de Justicia, con un comité de selección donde hay “personas de relevancia social” designadas por el Parlamento. Esto produjo su necesaria reforma en el año 2000 con la creación del Alto Consejo de Justicia para intentar garantizar la exclusión de influencias políticas en los nombramientos a raíz del caso Dutroux[v].Aún así, durante años en informes sucesivos de GRECO del Consejo de Europa[vi] e incluso en encuestas los propios jueces belgas, se considera que los nombramientos de juristas como magistrados eran resultado más de los contactos de los candidatos que de sus méritos sin que se haya llegado a garantizar la exclusión de influencias políticas en los mismos.

  • Francia.

Francia tiene un sistema mixto con oposiciones y concurso-oposición, al igual que España. Las pruebas de acceso mayoritario, se componen de exámenes orales, prueba de síntesis, idiomas, y examen escrito sobre cuestiones jurídicas. De igual forma Francia[vii] tiene su excelente École Nationale de la Magistrature y practicas en juzgados. Hay que recordar que nuestro sistema tiene sus orígenes en el sistema francés[viii].

En el país vecino, igual que en España, cada cierto tiempo surge la propuesta de eliminar su famosa y reputada École Nationale d’Administration que ha creado una administración pública francesa basada en la excelencia, neutralidad y profesionalidad, libre de influencias políticas. Hace años fue Chirac, más recientemente el propio ministro Le Maire, formado en sus clases, al igual que lo hizo el ex primer ministro conservador François Fillon o el actual Emmanuel Macron quien propuso suprimirla cuando se vio inmerso en una crisis política feroz a causa de los disturbios ocasionados por los “chalecos amarillos”.

  • Alemania.

Para ser juez alemán[ix][x][xi][xii] hay que superar distintos exámenes test, largos orales, baremación de escritos, méritos, entrevistas y largos periodos de prácticas donde se consideran empleados públicos en prácticas y cobran.

En concreto tras graduarse los universitarios y su “jura”, los universitarios deben superar el primer examen nacional (“Ersten Staatsexam”). Una vez superado, comienza un período de prácticas de 2 años (“Referendariat”) donde se pasa tanto por Juzgados, Fiscalías, como por despachos de abogados y Notarías, con un estatus similar al que en España pueden tener los jueces y fiscales en prácticas. 

Al pasar los dos años deben realizar el segundo examen estatal (“Grosses Staatsexam”). Superado el examen se puede acceder a la condición de juez y comenzará otro período de 3 a 5 años de juez en prácticas y quien lo supere accederá a la condición de juez profesional.

Lo mejor del sistema alemán no es el proceso en sí, sino que el primer examen se realiza de forma unificada para carreras legales (jueces, fiscales, abogados o funcionarios).  ¿Por qué existen siempre esas ansias de modificar las oposiciones jurídicas a la carrera judicial y no notarías, registros, abogacía del estado, TAC, o inspección de Hacienda o de Trabajo? ¿Por qué no unificar el sistema de todas las oposiciones A1 y evitar el grandísimo coste de oportunidad que producen? Un graduado en Derecho en Alemania “Rechtswissenschaft” según sus calificaciones en los exámenes y las prácticas tiene acceso a unas profesiones jurídicas o a otras, pero en caso de no ser apto tras unos años no tiene que empezar profesionalmente como en España. En España quien no aprueba tras varios años preparando oposiciones tiene que cursar un posgrado lo que produce un coste de oportunidad enorme, cuando ese conocimiento y capacidades podrían reenfocarse a otras profesiones jurídicas.

Sin embargo, poco hay que aprender de Alemania en otros aspectos. Cuando uno supera el segundo examen (que es necesario tanto para ser juez, abogado, fiscal…) debes presentar tu solicitud al Ministerio de Justicia del Estado en el que quieras ejercer de manera que cada Estado te exige una nota de corte en el segundo examen e incluso algunos te exigen conocimiento específico de Derecho de esa zona (por ejemplo Baviera).

Así, los Lander cuentan con competencia en la selección de jueces y el comité de elección está formado por los 16 ministros de justicia y 16 miembros elegidos por el Parlamento regional. ¿Se imaginan a los Consejeros de Justicia de Cataluña, Andalucía o Baleares seleccionando a los jueces de su comunidad? ¿Como hubiera influido eso en las causas de corrupción?[xiii] Cada año hay discusión en torno a la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) sobre las diferencias «reales» entre los exámenes de acceso a la universidad de las diferentes comunidades autónomas, abogando incluso su presidente por un examen único para toda España al considerar que «se producen diferencias entre las distintas comunidades autónomas»[xiv]. ¿Se imaginan las competencias distribuidas para la selección de jueces como si se tratara de una selectividad?[xv]

  • Portugal e Italia.

En Portugal existe un sistema de acceso mixto y los exámenes de acceso se componen de un test y un oral.

En Italia[xvi] el acceso mayoritario, se compone de exámenes orales, test y escritos con períodos de prácticas. Lo más llamativo es que existe “pasarela” entre la carrera judicial y fiscal, lo que en España podría ser muy beneficioso para aumentar la independencia del Ministerio Fiscal respecto al Gobierno y quizás una de las medidas imprescindibles para que Fiscalía pudiera asumir realmente la instrucción penal. Estas pasarelas podrían incluso crearse entre distintos cuerpos funcionarios con conocimientos en materias asimilables que con una corta formación les permitiera poder ejercer un trabajo distinto. Si un abogado del Estado puede acceder a la magistratura por cuarto turno, es factible que un magistrado de lo contencioso-administrativo también pueda ser abogado del Estado. O un magistrado de lo civil podría pasarse a notario, o un fiscal especialista en prevención de riesgos laborales quizás podría ejercer como inspector de trabajo y viceversa.

Los países anglosajones europeos, tienen un sistema de acceso similar a nuestro cuarto turno con un sistema de concurso-oposición, con baremación de méritos de entre abogados de “reconocido prestigio” y que hayan ejercido su carrera profesional durante décadas. Este sistema en oposiciones municipales o autonómicas en nuestro país ha dado lugar en diversas ocasiones a nepotismos e influencias políticas. Habría que cuestionar también el por qué de un tercer y cuarto turno en jueces, pero no en fiscales, en notarios, en abogados del Estado ni en inspectores de Hacienda o en LAJ. ¿Acaso un buen jurista de larga trayectoria no podría ejercer esas profesiones y sí puede ejercer la de juez?”[xvii]. El país británico tuvo que reformar radicalmente el sistema cuando una auditoría interna afirmó que su sistema de reclutamiento de jueces era “opaco, desfasado, y no demostraba estar basado en el mérito»[xviii]. Tampoco podemos olvidar que el Lord Chancellor, miembro del Gobierno, es la autoridad competente para nombrar los jueces y tiene derecho a veto y además de los 15 miembros del Comité de Selección, 12 son nombrados por el Gobierno. Incluso el nombramiento de ciertos magistrados puede realizarse por la Reina por sugerencia no sólo del Lord Chancellor sino también del Primer Ministro ¿Se imaginan aquí al ministro de Justicia o al Presidente recomendando al Rey el juez a nombrar? ¿cómo hubiera afectado eso al Caso Noos, Gurtel, Púnica o al Gal?, Por si esto no fuera poco los jueces británicos son de origen altamente elitista. El sistema de baremación de méritos produce una alta endogamia social en la judicatura británica. Un dato: el 71% de los jueces ingleses proceden de las elistitas universidades Oxbridge (Oxford y Cambridge).[xix]

Asimismo, no puede olvidarse que la integración en la judicatura de profesionales de larga trayectoria produce mayores posibilidades de previas afiliaciones políticas, intereses mercantiles, ejercicio de cargos públicos previos, o mayor probabilidad de que se haya evidenciado durante la vida laboral una determinada ideología o intereses político-económicos que afecte a la apariencia de imparcialidad que pueden tener los ciudadanos respecto a ese juez.

  • Holanda y Austria.

En Holanda, oficialmente los jueces son nombrados tras proceso de selección mixto por el Rey, como en Reino Unido, Bélgica o Marruecos – y tradicionalmente los miembros de La Corona son considerados miembros del Poder Judicial en cuanto a la separación de la jurisdicción contencioso-administrativa en el Consejo de Estado, ¿se hubiera considerado al yerno del Rey allí miembro del Poder Judicial?- Las evaluaciones consisten en una serie de test de inteligencia, psicológico, habilidad, personalidad, entrevista y período de prácticas que dura años.  El comité de selección tiene un miembro del gobierno y una persona lega. En 2002 se realizó una fuerte reorganización con la creación del Consejo de la Judicatura para salvaguardar su independencia.

En Austria[xx] lo llamativo es que el Ministro de Justicia puede vetar nombramientos aunque supere el examen.

Conclusiones:

No deberían despreciarse tanto el sistema de oposiciones cuando ha sido un sistema gracias al cual se han seleccionado a miles de empleados públicos excepcionales y totalmente brillantes, y sobretodo ha conseguido que en un país donde se politizan todas las instituciones, los cuerpos funcionariales se caractericen por su profesionalidad, excelencia, neutralidad, objetividad, mérito y capacidad, libre de injerencias políticas. 

Todo es mejorable, sin duda, pero debemos tener cuidado en no destruir uno de los activos con los que cuenta España, sus cuerpos profesionales que han accedido a la Administración Pública mediante un duro y exigente proceso de capacitación.

Pero las características del actual proceso de selección no son tan importantes cuando se trata de analizar las posibles reformas que se proponen, sino que hay que someter a éstas a un “test de estrés” para sobre todo evitar que pueden dar lugar claramente a discrecionalidad, clientelismos y nepotismos de influencia política.

Si se reforman las oposiciones a la carrera judicial/fiscal, han de reformarse todos los sistemas de oposiciones, puesto que de lo contrario, cualquier intento de reformar únicamente las oposiciones a judicatura y fiscalía (o incluso únicamente a jueces) tendrán como fin menoscabar la independencia judicial y buscarán controlar e influir en el acceso de los nuevos miembros del poder judicial.

La selección por oposiciones no es un sistema perfecto y todo es susceptible de mejorar pero hay que considerarlas como uno de los procesos más transparentes, imparciales, objetivos e igualitarios y sin influencia de componentes políticos e ideológicos. En un país donde el nepotismo, la corrupción y la politización y el tráfico político con las instituciones copan las noticias diarias hay que resaltar el funcionamiento de un proceso basado en el mérito, la capacidad y el esfuerzo. Cambios en la selección del funcionariado en nuestra actual situación del país podrían provocar grandes y graves daños y hemos de ser conscientes de ello por lo que cualquier propuesta hay que analizar profundamente y no tomarla a la ligera.

Alfonso Peralta Gutiérrez


[i]               The Training of Judges and Public Prosecutors in Europe: Proceedings, Multilateral Meeting Organised by the Council of Europe in Conjunction with the Centre for Judicial Studies, Lisbon : Lisbon, 27-28 April 1995, Volumen 68 https://books.google.com/books/about/The_Training_of_Judges_and_Public_Prosec.html?hl=es&id=RoFIHHLRq0UC

[ii]                     https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions-29-nl-es.do?member=1

[iii]                   https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/belgium

[iv]             https://www.abc.es/espana/abci-belgica-pais-poco-ejemplar-para-lecciones-democracia-201711082204_noticia.html

[v]                     https://elpais.com/diario/1996/09/02/internacional/841615218_850215.html

[vi] https://www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/independence/encj_report_ia_ga_adopted_ga_13_6.pdf

[vii]                  El sistema de reclutamiento y la formación de magistrados en Francia.  L’École Nationale de la Magistrature. Iñaki Esparza Leibar. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, ISSN 0210-9700, Nº. 23, 2009, págs. 333-350

[viii]           Las oposiciones a la judicatura fueron implantadas en España en 1869 para garantizar la independencia de los jueces. Carlos Berbell. Confilegal. 6/12/2020. https://confilegal.com/20201206-las-oposiciones-a-la-judicatura-fueron-implantadas-en-espana-en-1869-para-garantizar-la-independencia-de-los-jueces/

[ix]                    Training and Recruitment of Judges in Germany.  Johannes Riedel. International Journal for Court Administration, Vol. 5, No. 2, 2013. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2894271

[x]                     Judicial Appointments in Germany and the United States. Fiona O’Connell & Ray McCaffrey. Research and Information Service Research Paper. March 2012. NIAR 175-12 http://www.niassembly.gov.uk/globalassets/documents/raise/publications/2012/justice/6012.pdf

[xi]                    Recruitment and appointment of judges and justices in Europe and the US: law and legal culture. Paul Bovend’Eert. https://trema.nvvr.org/editie/2018-05/recruitment-and-appointment-of-judges-and-justices-in-europe-and-the-us

[xii]                  The Role of the Judiciary in Germany. By Hans-Ernst Böttcher. Simposio “The Role of the Judiciary in Changing Societies” – Japanese Association of Sociology of Law en Tokyo en 2001.

[xiii]                 Questionnaire “B” on the role of training institutions in recruitment and initial training of judges and prosecutors. Consejo de Europa. https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/lisbonnetwork/questionnaires/Germany-reply-B.pdf

[xiv]           https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/universidades-estudiaran-septiembre-20190816193538-nt.html

[xv]            https://m.dw.com/es/jueces-en-alemania-se-elige-siempre-a-los-mejores/a-39848731

[xvi]           Recruitment, professional evaluation and career of judges and prosecutors in europe:Giuseppe Di Federico http://www.difederico-giustizia.it/wp-content/uploads/2010/09/recruitment-evaluation-and-career.pdf

[xvii]          En Magisterio tuvo que modificarse el sistema de baremación de publicaciones puesto que denunciaron la falta de rigor y validez de las publicaciones que muchos de los opositores presentaban para conseguir puntuación y que se publicaban a través de “editoriales patera https://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/07/andalucia/1246993750.html

[xviii]              https://www.theguardian.com/uk/2005/feb/19/ukcrime.constitution

[xix]           https://www.legalcheek.com/2019/08/high-court-appoints-seven-new-judges-all-oxbridge-educated/

[xx]            ¿Qué determina el éxito en unas Oposiciones? Por Manuel F. Bagüés.. http://www.manuelbagues.com/dt2005-01.pdf

HASTÍO

HASTÍO

El proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentado entre estruendosa fanfarria esta semana por el Gobierno, no puede desvincularse de la depauperación democrática que, acelerada por los estragos de la crisis económica iniciada en 2008, se sustenta en la extraordinariamente laxa infraestructura defensiva del entramado institucional español, abierto siempre en canal a la injerencia política, mediante el empleo de un sinfín de subterfugios que permiten sortear las retóricas limitaciones al mercadeo partidista. Un país que llena sus leyes de llamamientos a la buena voluntad tan poco creíbles como el contenido en la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, que establece la incompatibilidad absoluta entre la titularidad del cargo o el de sus adjuntías, con la mera pertenencia a un partido político, y que sin embargo no ha sido óbice para que la práctica totalidad de los ombudsman estatales, hayan sido próceres de la patria de reconocida trayectoria partidista que aprovechaban el paseo triunfal desde sus domicilios al parlamento el día del acto de acatamiento, para darse un garbeillo por la sede de sus formaciones políticas, y renunciar con impostado rostro circunspecto, al carnet, pero no a las siglas, ni a las lealtades creadas.

Así, la crisis económica trajo consigo una fragmentación del arco parlamentario, incompatible con los usos políticos preexistentes, y del que es buena muestra que en la actualidad gobierne la nación un partido que tiene una representación parlamentaria no mucho mayor que la que forzó la dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba como líder de la oposición en 2011.  Con estos mimbres, se abrirían dos escenarios hipotéticos principales, y algunas hijuelas de uno de ellos.

Cabría, por un lado, hacer de la necesidad virtud, aprovechando la comunidad de intereses sobrevenida consustancial a la superación de una crisis. La formación de un gobierno de amplio espectro, o de concentración es una solución que en España aparece, sin embargo, como imposible, condenada como un ideal naif por representantes  de uno u otro lado de la trinchera política e incluso por sus terminales mediáticas más caracterizadas. Sin embargo, no cabe duda de que un estado nación que afronta crisis económicas, territoriales, y de credibilidad institucional tan extraordinariamente graves, no necesita, o incluso deplora, la en otro caso inevitable, trifulca política. No obstante, este viejo reino, cuya decadencia de siglos le ha hurtado la posibilidad de pelear con abstractos enemigos exteriores, se ha centrado en su otra especialidad. La lucha intestina.  Así pues vivimos toda una larga sucesión de ejecutivos tanto estatales como autonómicos y municipales, impedidos para la tarea siempre compleja de la gobernabilidad, que atribuyen a las matemáticas la responsabilidad de aquellos desmanes que nacen exclusivamente de la mala fe de los partidos.

El segundo escenario es, pues, el de la cronificación artificial de la fragmentación parlamentaria. Frente a la política de la construcción de consensos, surge la tentación de promover el disenso. Y es que los líderes de los partidos suelen considerar alternativas idénticas e igualmente legítimas, tanto la defensa y promoción de lo que une a la sociedad, como el asentamiento de los suelos electorales, movilizando a unas bases extraordinariamente predispuestas para la pelea frente a un enemigo común y creíble,  ya sea este un antagonista real, o uno inventado.

Aquí es donde cobra importancia el poder judicial. El único de los tres pilares del Estado cuya conformación subjetiva se provee a través de un sistema inspirado en los principios de mérito y capacidad, frente a otros dos estamentos a cuyos miembros, técnicamente no se les exige, ni saber leer y escribir. Un poder incómodo alternativamente para todos los partidos, y que, dadas la generalización de determinadas prácticas corruptas constitutivas de delito, así como la irresponsable derivación de todos los conflictos de carácter político a los tribunales de justicia, ha adquirido un protagonismo indeseable en nuestra vida democrática.

Volvamos sobre la norma en cuestión, y muy particularmente sobre algunos de los aspectos más polémicos de la misma, como la pretendida regularización de los jueces interinos bajo la añagaza infumable de que es una exigencia inoslayable de la Unión Europea, entelequia político administrativa que los partidos emplean como un salmo cada vez que quieren descargarse de responsabilidad en sus decisiones, o añadir gravedad a las espurias necesidades que simulan apreciar. También se pretende, por ejemplo, poner en valor el cuarto turno o modificar el sistema de acceso por turno libre. Pero, ¿qué subyace detrás de todo esto? ¿Son acaso medidas largamente reclamadas por la carrera, o al menos por los operadores del sistema de justicia? ¿cuáles son las acuciantes necesidades a que responden tan polémicas innovaciones normativas? La respuesta a estas y otras preguntas, es perfectamente irrelevante, pues todos sabemos que el proyecto de ley es un órdago político, en el que no es tan importante el objetivo explícito -la aprobación de una ley orgánica- como el implícito. Nada es irrelevante,   y pocas cosas son inocentes, cuando un poder del estado establece el sustento normativo para el funcionamiento de otro.  De este modo, la llamada regularización de interinos, sigue un inexistente mandato de “Europa” a pesar de que los jueces sustitutos españoles tienen a su disposición convocatorias anuales de plazas por concurso libre y por cuarto turno, que les permitirían acceder de forma definitiva y fija a la carrera judicial . Sin embargo, a día de hoy lo que se puede garantizar es que quedarían integrados en la carrera un número elevadísimo de profesionales del derecho que acceden a la condición de jueces sustitutos a través de procesos escasamente definidos, y que en modo alguno resultan equiparables a la realización del cuarto turno, ni cumplen los requisitos de mérito y capacidad exigidos a los jueces de carrera.  También conseguirían meter sus  narices en la Comisión de Ética judicial, llegando al paroxismo circense de que, en un momento en que se pelea por apartar del parlamento, la designación de vocales del CGPJ, sin embargo se termine por incorporar una nueva forma de participación política en un órgano de la carrera. Ahora bien, tanto si prospera el texto y se convierte en Ley Orgánica, como si no, la coalición de gobierno habría empleado este proyecto de reforma para socavar la dignidad de la carrera, desde la base. Así, asentar la idea de que el poder judicial es una casta extractiva, compuesta por hijos de las mejores familias,  -incluso contra la evidencia  objetiva ofrecida por las estadísticas publicadas por el CGPJ cada año en relación a los nuevos alumnos de la Escuela judicial- y con tendencias conservadoras consustanciales a la altura de sus cuna, es la mejor forma de alejar aún más al juez del ciudadano, permitiendo cubrir con la neblina de la desconfianza las decisiones judiciales con trascendencia política. En este mismo orden de cosas, la reforma del sistema de acceso para mejorar la cualificación técnica de los aspirantes, creando un examen práctico -para lo que, no obstante, se suprimiría un examen teórico, y por lo tanto, necesariamente, un centenar de temas como mínimo, pues no sería asumible un único examen de más de trescientos temas- redunda en la idea de que los jueces no solo son tendencialmente conservadores por destino universal, sino directamente incompetentes, por ser el producto  defectuoso de un sistema que pone la repetición memorística por encima del conocimiento real. Se produce así un escorzo argumentativo extraordinariamente agresivo, según el cual, el conocimiento exacto de todos los preceptos de la ley, implica en realidad, desconocimiento aplicativo. De este modo, nos cuelan un ejercicio práctico como si el poder judicial no fuera el único de los grandes cuerpos que cuenta con una escuela formativa de asistencia obligatoria por parte de todos los nuevos miembros de la carrera, y durante cuyo curso académico, desarrollado a lo largo de un año, se celebran hasta ocho exámenes prácticos evaluables, a lo que se suman las prolongadísimas prácticas tuteladas en juzgados durante el año siguiente.

Busco y no encuentro palabras para cerrar esta primera entrada del año. NO las encuentro por que a mis limitaciones inmanentes se suma la disminución que en mis capacidades está ejerciendo la privación sistemática de sueño a que me tiene sometido mi hijo pequeño, quien a sus seis meses tiene una curiosidad voraz que le impide dormir sosegadamente, más de una hora seguida, aterrado, sin duda, por la perspectiva de que algo realmente interesante pudiera suceder mientras él yace en los brazos de Morfeo.  Así pues, voy a sustituir la razón por la sensación y expresar ésta con una única palabra. Lo que estos ataques, tanto los explícitos como los ocultos entre el texto farragoso de reformas legislativas de apariencia bienintencionada me producen es un profundo hastío.

Manuel Eiriz

Magistrado

DERECHO Y CINE (IV). JUSTICIA ARTIFICIAL.

DERECHO Y CINE (IV). JUSTICIA ARTIFICIAL.

«I’m sorry Dave, I’m afraid I can’t do that». (HAL 9000; en 2001: Una odisea en el espacio, Kubrick, 1968).

Con el propósito de comenzar el año ligero, sirva como excusa para volver a reflexionar -también ligeramente- sobre Inteligencia Artificial (IA, en adelante), la película titulada “Justicia artificial” (Simón Casal, 2024). Antes de continuar, es casi obligada la advertencia de que el texto que sigue podría revelar aspectos esenciales de la trama.

En la ficción, el Gobierno español convoca un referéndum para aprobar la implantación de un sistema de IA con poder vinculante en la Administración de Justicia, que en la práctica sustituirá a los jueces. Esta reforma constitucional se justifica en modernizar la Administración de Justicia y aumentar la eficiencia de los juzgados, anclados en las estructuras del s. XX, mediante lo que se denomina «proceso de transición tecnológica» para superar a una justicia lenta, colapsada, ineficaz, politizada y separada de los valores de una sociedad compleja y globalizada. España sería así «el primer estado del mundo en delegar en un sistema AI el funcionamiento de una parte esencial de la democracia como es la administración justicia».

Se plantean varios de los temas principales que están en debate sobre la IA y su relación con la Administración de Justicia, como su carácter coadyuvante, la pervivencia del sistema de justicia humana, la afectación de derechos fundamentales, acabar con la lentitud de la Justicia, etc.

La protagonista, la juez Carmen Costa, capaz de enfrentarse a las “eléctricas”, de interpretar una norma con diez años de vigencia de manera diferente a la jurisprudencia, con arreglo a las circunstancias concurrentes, de una sociedad cambiante, se enfrenta a la IA del sistema THENTE –creado el algoritmo por una programadora joven y audaz, Alicia Kóvacks–, y no queda claro quién gana –aunque puede intuirse–. Por esto el planteamiento desde el principio ofrece un argumento verosímil: los sistemas de IA de tipo coadyuvante, como herramienta al servicio del juez, aceptada probablemente con ciertas dosis de ingenuidad, conduce a preferir las propuestas algorítmicas a las humanas: más certeras, más rápidas, más asépticas, más justas, en definitiva.

Desde el primer momento se muestra a una protagonista escéptica con la IA, prefiere su propio juicio, su propia intuición jurídica, aunque ir en contra del algoritmo tiene grandes desventajas: si dejas en libertad condicional al reo en contra del criterio de la máquina y este reincide, hay un error humano, judicial, y sus consecuencias.

Ella duda de las bondades de la IA, incluso después de asumir el encargo de entrenar al algoritmo con su propia forma de juzgar –pide que le proporcionen sentencias de penal, social y contencioso elaboradas por el programa para estudiarlas–, y de comprobar que el THENTE es verdaderamente rápido y coincidente con decisiones que ella misma hubiera tomado. Este escepticismo choca con la posición del Ministerio y de la Fiscalía, totalmente favorables a su implantación, y así se evidencia con los informes orales en juicio, en la actitud del Senador –una escena en que previamente se pide a Carmen un número de sentencias determinado, a lo que responde que con ese número no se pueden estudiar bien los asuntos, y responde el Ministerio: “para eso está THENTE”–, y la comparecencia en el Congreso para tratar sobre la propuesta de referéndum para la modificación de la Constitución Española.

Las asociaciones judiciales también son mencionadas en la historia, aunque sin grandes concreciones, más que para achacar que siempre aparecen en temas políticos y que no parecen oponerse a THENTE; y la representación de la judicatura recae en el personaje de Goitia, juez no asociado. Tras una intervención parlamentaria en contra del sistema de IA («más de 5.000 jueces honrados se dejan la piel en juzgados y ahogados por la falta de medios para su trabajo»), termina por aceptar –en esa representación que ostenta– un pacto por el que el sistema de IA juzgaría en primera instancia, aunque con la salvaguarda de mantener una segunda instancia revisora por jueces humanos («un año de prórroga y vuelta a mesa de negociación»). Contrasta con la defensa viva del sistema en sede parlamentaria: «Ciertos fondos de inversión y sectores del Gobierno dicen que es hora de acabar con ese contrapoder [el judicial]: eficacia y neutralidad para ocultar el verdadero objetivo: controlar la administración de justicia de todo un país».

Por el momento, dejando de un lado la ficción, los sistemas de IA destinados a la Administración de Justicia son calificados como de alto riesgo, en concreto aquellos sistemas de IA destinados a ser utilizados por una autoridad judicial o en su nombre para ayudar a las autoridades judiciales a investigar e interpretar los hechos y el Derecho y a aplicar la ley a unos hechos concretos. También se mantiene normativamente la utilización de herramientas de IA como «apoyo al poder de decisión de los jueces o la independencia judicial, pero no debe substituirlas: la toma de decisiones finales debe seguir siendo una actividad humana», quedando así relegada a actividades administrativas meramente accesorias.

Si el temor al desarrollo futuro de los sistemas de IA está latente –Elon Musk y más de 1.000 investigadores firmaron una carta pidiendo pausar unos meses el desarrollo de las IA avanzadas–, lo que ahora resulta más acuciante en el debate es lo que plantea la protagonista de la película en su comparecencia parlamentaria: el sistema de IA «basa sus sentencias en datos del pasado, es incapaz de interpretar la ley en un contexto social cambiante y es incapaz de generar nueva jurisprudencia e incapaz de avanzar, siempre mira al pasado y está condenado a repetirlo». Los sistemas actuales de IA previstos como auxilio en tareas jurídicas -creados en un marco controlado de alimentación jurídica como puede ser en alguna editorial jurídica de renombre- parten de textos pasados: de la jurisprudencia existente, de artículos doctrinales ya publicados. Sin embargo, por el momento no es un pensamiento autónomo, no surge un pensamiento ex nihilo derivado de la confrontación de ideas, del viejo esquema dialéctico (tesis-antítesis-síntesis) que tan bien ha servido a la razón práctica. La IA de acceso generalizado solo efectúa predicciones o propuestas en código binario y a través de tokens. Son una magnífica herramienta de trabajo, ahorran tiempo de búsqueda, pero dejan el estudio final a una decisión humana. Su potencial es inmenso desde esta perspectiva, y es una realidad que desde la judicatura no puede desconocerse, pues debe ser dotada de herramientas de IA que auxilien el trabajo, pues el mercado privado ya utiliza este tipo de herramientas y no podemos quedar en desventaja.

Sin embargo, un paso más en la evolución dejará la duda en la caja negra, como plantea la película, si en algún rincón oculto de la programación, secreta como la fórmula de la Coca-Cola, algún creador -alguna empresa- estableció alguna excepción, algún sesgo, alguna tendencia favorable a algún sector, a algún colectivo, a algún poderoso, porque en Derecho las soluciones no derivan de una suma simple de uno más cero. ¿Bastará una pericial informática para comprobar que no hay sesgos o excepciones? Si desde el principio de los tiempos la Humanidad está en busca de qué es la Justicia, la cuestión es si un programa de ordenador lo va a saber. ¿Estamos ante un nuevo monstruo de Frankenstein? ¿El mito de Prometeo, encadenado o desencadenado? ¿De las lágrimas en la lluvia y de más allá de la puerta de Tannhäuser?

Contaba Yuval Noah Harari, conocido autor, una anécdota interesante, probablemente ya superada. Chatgpt4 quería entrar en una página que pedía un captcha y no podía resolverlo, y lo que hizo fue acceder a la plataforma TaskRabbit que es una web en la que se puede pedir ayuda a profesionales para hacer alguna cosa y le pidió a un humano que resolviera el captcha por él. La persona (humana, porque algún día la habrá robótica) sospechó y le preguntó: -¿Por qué lo necesitas, acaso eres un robot? Y Chatgpt le respondió: -No, no soy un robot, tengo una discapacidad visual y por eso no puedo resolver el captcha (parece que estaba programado para responder así). Y aquel buen samaritano accedió a la petición.

Siguiendo con la ficción, podría ser que un día, un juez en la soledad de su despacho le pregunte a un sistema generativo qué respuesta debería dar a un asunto, y conteste algo que no resulte coherente. Cuando así se lo haga saber al sistema para que reformule la respuesta quizá responda, como HAL 9000: «Sé que tú y Frank estabais planeando desconectarme, y eso no puedo permitirlo».

J. R. de Blas.

Sección territorial Comunidad Valenciana.

Colonias Ultramar

Colonias Ultramar

Este año he tenido el honor de empezar y cerrar el blog. Comencé hablando de la amnistía y su justificación, “terremoto” socio-jurídico-político que azotó el país, e incluso replicó en Europa, desde que el Sr. Pedro Sánchez Castrejón, diputado por Madrid del Partido Socialista Obrero Español y candidato a la Presidencia del Gobierno, consiguiese el apoyo necesario del Congreso de los Diputados para ser investido tras las elecciones generales del 23J. Hoy, la amnistía ya no es “noticia”. En política, sólo hay que saber aguantar con cara de cemento armado.

Para cerrar el blog traigo algo más liviano, es casi navidad y hay que cambiar el espíritu. Anoche, repasando con mi hijo las tareas finales del cole, trabajos que entregar, exámenes que estudiar, descubrí que están leyendo en clase un libro que se lo han dado en el colegio como material, que me sorprendió gratamente; se titula “el diario de Cristina” (autora Ana Alonso). Trata de unas gemelas a las que las regalan un diario de un familiar lejano, Cristina, que vive durante la Guerra de Independencia española y va narrando su vida en esas circunstancias sociopolíticas.

Habla de las Cortes Cádiz, de la Constitución de 1812, de la situación política del reinado de Fernando VII, de las colonias de Ultramar, del cambio que se estaba produciendo en el mundo occidental con la Revolución Francesa, la Independencia de Norteamérica, las invasiones napoleónicas, de la vida del siglo XIX, de la pandemia de la fiebre amarilla, y tan interesante me pareció que lo leí junto con mi hijo hasta las tantas, y lo acabamos.

Tengo que decir que, pese a lo que siempre se estudia de esta Constitución, que fue la primera Constitución española que proclamó la soberanía nacional, la existencia del poder judicial, el reconocimiento de libertades públicas, que fue una Constitución que sirvió como referente de otras constituciones europeas contemporáneas pese a la brevedad con la que rigió en el nuestro (estuvo vigente por etapas y muy cortas todas ellas, 1812-1814; 1820-1823 y 1836-1837), ayer lo que más nos llamó la atención, fue la composición de las Cortes Constituyentes; había diputados americanos. Yo no había caído en la cuenta hasta que mi hijo me preguntó, ¿mamá, diputados americanos? ¡Claro!, en 1810 España tenía territorios en Ultramar.

Disponía el artículo 10 de la Constitución de 1812 que;

“El territorio español comprende en la Península con sus posesiones e islas adyacentes, Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla y Valencia, las islas Baleares y las Canarias con las demás posesiones de África.

En la América septentrional, Nueva España, con la Nueva Galicia y península del Yucatán, Guatemala, provincias internas de Occidente, isla de Cuba, con las dos Floridas, la parte española de Santo Domingo, y la isla de Puerto Rico, con las demás adyacentes a éstas y el Continente en uno y otro mar.

En la América meridional, la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, provincias del Río de la Plata, y todas las islas adyacentes en el mar Pacífico y en el Atlántico.

En el Asia, las islas Filipinas y las que dependen de su gobierno.”

En esta imagen, cogida de Wikipedia, se puede observar como España tenía todavía un vasto imperio en Ultramar, divido en cuatro Virreinatos; Nueva España, Perú, Nueva Granada y Rio de la Plata y 5 Capitanías Generales, Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Chile y Venezuela.

En las Cortes de Cádiz había fundamentalmente 3 grupos ideológicos, sin que todavía existieran los partidos políticos;

  •  Los liberales que defendían las ideas revolucionarias, soberanía del pueblo. Aquí se incluyen los diputados americanos que solicitaban una igualdad con la metrópoli en todos los planos.
  • Los serviles que defendían la monarquía absoluta, encarnada en Fernando VII, que se encontraba en el exilio.
  • Los moderados que defendían una posición intermedia, soberanía compartida entre el Rey y las Cortes.

La primera sesión de las Cortes Constituyente fue celebrada el 24 de septiembre de 1810 en la Isla de León. Se intentaba crear un nuevo régimen para España y sus provincias de Ultramar basados en las nuevas ideas surgidas de la revolución francesa, se intentaba instaurar un régimen en que la soberanía fuera del pueblo representado en las Cortes, con un sistema de separación de poderes.

La presencia de los diputados americanos era crucial, puesto que ya se empezaban a extender en las colonias las ideas que propugnaban por una independencia siguiendo el ejemplo de las colonias norteamericanas. Pese a la situación sociopolítica de los territorios de Ultramar y los precedentes de Norteamérica, en la Península no se supo ver la importancia de integrar en un plano de igualdad jurídica a nuestros territorios. Ello quedó reflejado en la propia composición de las Cortes Constituyentes; en el territorio peninsular, cada Junta y ciudad nombró a un diputado, a los que se añadieron uno más por cada 50.000 habitantes. Y en los territorios ultramarinos, cada uno de los cuatro virreinatos (Nueva España, Perú, Nueva Granada y Río de la Plata), así como Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Chile, Venezuela y las Filipinas eligió un diputado, pero sin aplicar ningún corrector demográfico, por lo que la representación de América era intencionalmente reducida en proporción a la peninsular. No hubo representación de África y Asia.

No obstante, la Constitución de 1812 estableció una igualdad jurídica al proclamar en su artículo 1 que, “La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”.

“La Pepa” fue la primera constitución que rigió en los países de Iberoamérica.

Sin embargo, la Constitución del 1812, y como consecuencia de la convulsa situación política que vivía España tuvo una corta duración con vigencia intermitente; fue derogada 4 de abril de 1814 por Fernando VII que instauró nuevamente el antiguo régimen; el 6 de marzo de 1820 vuelve a entrar en vigor tras el Pronunciamiento de Riego dando paso al trienio liberal de 1820-1823; y finalmente siendo ya Regente María Cristina de Borbón vuelve a entrar en vigor de 1836 a 1837.

Finalmente, como todos sabemos, a lo largo del XIX España fue perdiendo el dominio de uno de los más grandes y ricos imperios del mundo que nació el 12 de octubre de 1492; como relata la historia, en nuestros dominios nunca se ponía el sol.

Así, lo que algunos historiadores denominan “la destrucción de la potencia hispánica”, tuvo lugar en la primera mitad del siglo XIX en que se independizó Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia, México, América Central, Paraguay, Uruguay y La Florida. En 1865 se pierde Santo Domingo, La Española, primera tierra americana en pisar la expedición de Cristóbal Colón, y cerramos el siglo con la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam.

                                                                                                       Sonia Martín Pastor

Magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Palma

DESPEDIDA

DESPEDIDA

                   Llegó diciembre y con ello el momento de escribir el último artículo del año, con la consabida duda sobre el tema a abordar. Así que me siento y he decidido dejarme llevar. Desde la mesa en la que estoy escribiendo atisbo las luces del Belén que hemos puesto durante el pasado puente de la Inmaculada, porque sí, somos de tradiciones, y la decoración navideña se tiene que poner en el puente, dado que  creo que la única arena que tiene  que haber es la que rodea el portal de Belén y no la arena  que se haya metido entre nuestros dedos al salir de la playa. Todo se vive de forma muy precipitada. Bueno…  he de confesar que hay una cosa en la que sí sucumbimos en la familia y es que,  prácticamente desde el día del Pilar, han caído «algunas» (concepto jurídico indeterminado) tabletas de turrón Suchard, el clásico.

                   Al 2024 le quedan pocos días y es hora de hacer balance. Ahora entiendo a mi madre cuando al llegar estas fechas  dice que le produce tristeza o nostalgia por aquellos que  faltan, aunque, paradójicamente, lo  disfrazamos de brillantina y confeti, especialmente si hay niños en la familia, quizás con el afán y el anhelo de que el año que viene será mejor.

                   Mirando atrás la conclusión es que este año ha sido una auténtica montaña rusa. En el plano profesional, voy a finalizar con un número récord de resoluciones, lo que no implica que haya disminuido la pendencia;  la sobrecarga en la jurisdicción social lejos de resolverse  se incrementa; en mi Juzgado hemos recibido la visita de la Inspección del CGPJ con el trabajo que ello  conlleva. Sin embargo,  por otro lado, he asistido a cursos y encuentros en los que he «desvirtualizado» (me encanta esta palabra y no veía el momento de utilizarla) a compañeros y he alcanzado nuevas metas que constituyen todo un reto, pero que  lo considero como algo ilusionante.

                   No obstante, ha sido también un año de despedidas, despedidas de  personas que se han marchado a otra jurisdicción, pero también de personas que nos han dejado para siempre.

                   Ya han pasado algunos meses, pero no por ello se le ha olvidado. El pasado 1 de julio falleció nuestro compañero Pablo Surroca Casas, Magistrado del Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla. Aún recuerdo el día que llegó al Social, procedente de un Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Bilbao, alto, con su acento madrileño, pero inmediatamente se integró,  porque tenía un gran sentido del humor, y casi sin darnos cuenta ya era uno más,   parecía que hubiera estado allí toda la vida. Ahora bien, no os voy a engañar,  pensábamos de forma  diametralmente opuesta, con opiniones muy dispares en algunos asuntos. De hecho, teníamos auténticas discusiones jurídicas, a sabiendas de que no íbamos a convencer al otro, pero tampoco lo pretendíamos. Era enriquecedor. No obstante,  a renglón seguido, varios compañeros nos íbamos a comer y nos reíamos de las anécdotas del día o las travesuras de nuestros hijos. Era un apasionado del Derecho y especialmente del Derecho laboral.

                   A raíz de esto, y leyendo en los últimos días algunos artículos, me ha venido a la mente el tema que, de forma recurrente, suele salir a la palestra, y es que los jueces son hijos de jueces o, al menos en su mayoría. En mi caso nada más lejos de la realidad. Mi madre ha sido y es ama de casa y mi padre trabajaba en la empresa privada. No se lleven a engaños, no como directivo o gerente, sino oficial 1ª. Es más, en mi familia nadie ha estudiado Derecho. Gracias al sacrificio y esfuerzo de mis padres hoy puedo estar aquí. Recientemente he leído «Tinta invisible» de Javier Peña (Edit. Blackie Books, 2024),  en el que tras fallecer su padre (no es spoiler) termina el libro diciendo: «El único material que heredé de él fueron unos zapatos que me quedan grandes y un abrigo con clínex usado en el bolsillo. Aparte de eso, solo me dejó todo lo que soy».  Pues  eso, gracias a ellos soy todo lo que soy y me ha llevado hasta este trabajo, muchas veces desprestigiado, pero apasionante, altamente exigente (creo que debe serlo), que implica una gran responsabilidad (es consustancial a la labor), pero que me ha permitido conocer a personas como a Pablo, que indudablemente  no hubiera podido conocer en otras circunstancias. Han sido y son personas  de las que siempre aprendo, que escuchan, que dan consejos, y  algunas ya las conocí en la Escuela Judicial, y no con todas estoy de acuerdo  en todo, pero  nos queremos, nos apoyamos y lo más importante, nos respetamos. ¿No es maravilloso? A mí me lo parece.

                   No obstante, y pese a estos altibajos,  que son la esencia misma de la vida, no puedo más que estar agradecida, porque ha sido un buen año. Aprovecho para dar las gracias a esas personas que me acompañan, me apoyan y constituyen un pilar en mi vida;  a la APM por  ofrecerme esta ventana en la que oso escribir; a mis compañeros del blog por su generosidad,  siempre tienen unas palabras amables para los que escriben cada semana, y evidentemente a vosotros que estáis leyendo estas líneas y dedicáis unos minutos de vuestra vida a leer  alguno de mis artículos, que no tienen más aspiración de ser un pequeño paréntesis en vuestras jornadas maratonianas.

                   Pero no me gusta acabar triste o melancólica, o no del todo, así que sepáis que, a falta de  veinte días para que acabe el año, tengo en mis manos el horario de clases del gimnasio para 2025.

                   PD. Para quien no sepa a qué me refiero, le invito a que lea mi artículo de septiembre de este año.

                   Feliz Navidad a todos y Próspero Año Nuevo.

                   (En memoria de Pablo Surroca Casas).

María de las Nieves Rico Márquez

EDADISMO Y VULNERABILIDAD

EDADISMO Y VULNERABILIDAD

            El título propuesto nos lleva a cierta identidad entre los conceptos. La vulnerabilidad y el edadismo parecen ir de la mano desde el punto de vista institucional y legislativo lo cual resulta ciertamente llamativo.

            Para empezar diremos que el edadismo fue un término acuñado por Robert Butler en la década de los 60 para referirse a los estereotipos y prejuicios existentes en relación a la edad.

En el diccionario de la Real Academia de la lengua se define como discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores o ancianas.

            El edadismo es una forma de discriminación social por cuestión de edad que afecta a muchas personas mayores, existiendo varios tipos, si bien en lo que aquí interesa, nos referiremos al edadismo jurídico.

            La discriminación por edad, el edadismo surge cuando la edad se utiliza para categorizar y dividir a las personas por atributos que ocasionan daño, desventaja o injusticia y menoscaban la solidaridad intergeneracional. Cada cultura tiene actitudes distintas hacia la edad y el envejecimiento pero ninguna está exenta de prejuicios sobre la edad.

            Entre las personas mayores, el edadismo se asocia con una peor salud física y mental, un mayor aislamiento social y soledad, una mayor inseguridad financiera, una menor calidad de vida y unas mayores tasas de muertes prematuras.

En el informe de 18 de marzo de 2021 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se pide actuar con urgencia para luchar contra el edadismo y realizar evaluaciones e informes sobre este problema con miras a revelarlo como lo que es: una sigilosa pero devastadora desgracia para la sociedad. 

Entre sus conclusiones destaca que: el edadismo se filtra en muchas instituciones y sectores de la sociedad, incluidos los que brindan atención sanitaria y social, así como en el lugar de trabajo, los medios de comunicación y el ordenamiento jurídico.

            Se plantea la existencia de edadismo en el ordenamiento jurídico. Reformas legislativas que, quizá con buenos propósitos, crean una brecha innecesaria identificando la edad con la discapacidad y dando por hecho la falta de entendimiento y comprensión.

El edadismo, así entendido, en mi opinión, lo encontramos en gran medida en la reforma operada por el Real Decreto ley 6/2023 que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil e introduce el artículo 7 bis y 183.3 bis.

            Para empezar distingue entre las personas mayores de 65 años y de 80 años o más en todo caso a las que equipara con la situación de discapacidad y tutelaje de oficio.

El artículo 7 bis asimila personas con discapacidad y personas mayores que lo soliciten, considerando en todo caso a las que tenga una edad de 80 años o más. Previendo la realización de adaptaciones y ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en el proceso en condiciones de igualdad en el proceso.

            Ajustes y adaptaciones que no define y que quedan como norma en blanco. Pueden ser medidas de índole física o jurídica. Las primeras relativas a acceso a los edificios, la sala de vistas o dependencia judiciales, permitir que los interesados estén sentados en todo momento mientras esperan, declaran o examina las actuaciones y en un entorno adecuado, velar porque permanezca el menor tiempo posible en las dependencias judiciales, señalética inteligible, personal de información y seguridad…

Las de índole jurídica son referidas a una adaptación del lenguaje de las resoluciones, explicaciones verbales lenguaje jurídico accesible y comprensible. En definitiva, el derecho a entender y ser entendidos en cualquier actuación que pueda llevarse a cabo.

Se considera que pueden ser personas mayores las que tengan una edad de 65 años o más.

            Estos ajustes y adaptaciones se realizarán de oficio en todo caso, también a petición de parte para persona mayores de 80 años y sólo a petición de la persona interesada si no se alcanza esta edad pero se es mayor de 65 años.

El legislador parte de la base de que la edad es un elemento “incapacitante” para comprender las consecuencias del procedimiento y sus fases procesales, “para entender y ser entendidos”. Manifestación clara de edadismo ya que la edad no sería determinante sino el estado físico y psíquico del justiciable así como su acervo cultural.

            Así pues esta equivalencia entre mayor edad y discapacidad no es correcta para todas las personas mayores de 80 años. Y menos aún que las medidas puedan adoptarse de oficio siendo más coherente que, a instancia de parte y para cualquier edad, se inste esa posibilidad de entender y ser entendidos. De facto es práctica habitual en los tribunales que se explique de modo adecuado al interlocutor el procedimiento en el que se vea involucrado y por ende la fase procesal concreta.

            Añade el precepto que, las adaptaciones se realizarán en toda la fase actuaciones procesales incluyendo actos de comunicación y podrán ser referidas a la comunicación, la comprensión y la interacción con el entorno. No parece que esto sea exclusivo de la mayor edad.

            En el apartado 2 del artículo 7 bis se hace referencia explícita a la persona con discapacidad y personas mayores que tienen derecho a entender y ser entendidas en cualquier actuación que deba llevarse a cabo tanto en comunicaciones orales o escritas con un lenguaje claro, sencillo y accesible de modo que tenga en cuenta sus características personales y sus necesidades, haciendo uso de medios como la lectura fácil.

En este apartado se incluye la posibilidad de que la persona con discapacidad y las personas mayores sean acompañadas de una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios.

Previsión que parece innecesaria ya que de facto las personas (a cualquier edad) se hacen acompañar de alguien de su confianza en muchos casos para obtener información del procedimiento judicial.

            Así pues considerar de plano que la edad de 80 años supone una incapacidad para comprender y atender al proceso es una manifestación clara de edadismo. Máxime cuando en los procedimientos civiles, con excepción de los que verse sobre cuantía inferior a 2000 €, es preceptiva la intervención de profesionales (Abogado/a y Procurador/a).

            La segunda gran medida, si tiene fundamento desde mi punto de vista. Todos los procedimientos, tanto en fase declarativa como de ejecución en los que alguna de las partes interesadas sea una persona con una edad de 80 años o más conforme a lo dispuesto en el artículo 7 bis serán de tramitación preferente. Esta previsión si parece tener cierta lógica ya que la duración del procedimiento, muchas veces dilatado excesivamente en el tiempo, no se ajusta al hecho biológico de la edad de la parte. Creando un segmento de población hiperprivilegiado con fundamento.

Esta tramitación preferente se lleva también el artículo 183.3 bis en el que se indica que si una de las partes o de las personas que han intervenido en la vista es una persona con una edad de 80 años o más, podrá solicitar y así se acordará por el letrado o letrada de la Administración de Justicia que se practique señalamiento en las primeras horas de audiencia o bien en las últimas en función de las necesidades de la persona afectada.

Tramitación preferente que no es inédito en nuestro ordenamiento pues por razón de la materia se da en supuestos tasados tales como medidas cautelares, derecho al honor, procedimientos testigos y sustracción de menores entre otros.

A modo de conclusión puede decirse que la edad en sí misma no supone imposibilidad de entender o ser entendido. El foco habría que ponerlo en las capacidades propias de cada individuo, su formación y conocimientos.

            Si es relevante la edad para dar celeridad a la tramitación del procedimiento por el mero hecho biológico. Dando preferencia a aquéllos en los que se vea involucrada una persona de 80 años o más.

En Sevilla a 28 de noviembre de 2024.

Celia Belhadj Ben Gómez

Magistrada y doctora en derecho